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La terna de candidatas que eligió el presidente Gustavo Petro no viene del mundo político. ¿Usted cómo está llevando a cabo esta campaña en la Cámara de Representantes?
En mi caso, me he presentado como una persona con trayectoria académica sólida, con 24 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos. Por ahora lo que he hecho es enviar a los representantes mi perfil para que me conozcan porque no he tenido un relacionamiento permanente con el Congreso. No he tenido una vida política partidista. Sin embargo, tengo una trayectoria y una experiencia que he puesto a disposición de los representantes para que me conozcan. Estoy teniendo comunicaciones directas con representantes y haciendo solicitud de citas con bancadas. En segundo lugar, dejar claro que la Defensoría tiene que ser para todos y todas, una Defensoría plural. Yo haría un trabajo sin discriminación, por ninguna razón, mucho menos política.
Usted es muy cercana al progresismo que encarna el Gobierno Nacional. En caso de quedar elegida, ¿cómo garantizaría la independencia del Ejecutivo?
Yo fui postulada por 580 organizaciones de derechos humanos y de mujeres y un criterio para el ejercicio del Estado debe ser la independencia y la autonomía. A pesar de esa independencia y autonomía, creo que sí tiene que haber colaboración con los otros poderes, con el Congreso de la República para el trámite de iniciativas legislativas, con la Procuraduría General de la Nación, que también hace parte del Ministerio Público, y un diálogo permanente con todas las entidades del Estado. Entonces, creo que el mismo rol constitucional de la Defensoría protege esa independencia y esa autonomía, pero invita a la colaboración armónica con los otros poderes públicos.
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¿Qué les respondería a los congresistas que critican que su trayectoria se ha caracterizado por “atacar” al expresidente Álvaro Uribe?
La respuesta que hemos dado toda la vida es que la misión de las personas defensoras de derechos es jurar la garantía de los derechos. En este caso particular, ha sido acercar las víctimas a la justicia, es un derecho reconocido constitucional, internacionalmente, entonces no puede verse como una persecución, porque es un ejercicio de un derecho.
¿Cree que las demandas que usted presentó contra algunos congresistas de la oposición podrían influir en la votación en la plenaria?
Es importante precisar que Jomary Ortegón no demandó a representantes a la Cámara; la demanda fue presentada por Yessika Hoyos, presidenta del Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
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La Defensoría es una entidad que “no tiene dientes”. Es decir, no acusa ni investiga formalmente, ¿qué giro propone usted para la entidad en ese sentido?
En primer lugar, el trabajo con la Procuraduría General de la Nación, que tiene una función investigativa. El año pasado se firmó un convenio con la Procuraduría para investigar disciplinariamente funcionarios que incumplan, por ejemplo, las alertas tempranas. Este diálogo debe procurar fortalecerse. En segundo lugar, un diálogo con las diferentes entidades en espacios en los que trabaja la Defensoría, en los cuales están las diferentes ramas del poder público y que tienen que ver con construcción de paz. Y en tercer lugar, algo que es inherente a la función de la Defensoría, que es el ejercicio de su magistratura moral, que se ha debilitado en los últimos años. Entonces, la idea es ir recuperando la legitimidad. Y el cuarto punto es el del trabajo con las comunidades. Yo creo que públicamente tiene que haber un control y veeduría ciudadana, pero también participación de las comunidades en el trabajo de la Defensoría.
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