Jorge Pretelt, suspendido y a investigación penal por concusión

La posibilidad de que la Corte Constitucional haya sido permeada por la corrupción llevó al Senado de la República a tomar una decisión histórica: la suspensión del magistrado Jorge Ignacio Pretelt del cargo y la remisión de su proceso a la Corte Suprema de Justicia, además del inicio de un juicio político en su contra por indignidad en el mismo Legislativo. Esto porque, a juicio de los senadores, fundamentalmente resultó válida la acusación por el delito de concusión por haber pedido $500 millones para favorecer a la liquidada compañía Fidupetrol en el trámite de una tutela ante el alto tribunal.

Con 55 votos a favor, cinco en contra y el retiro del Centro Democrático de la sesión alegando falta de garantías procesales en una votación que fue pública y transmitida en directo, la plenaria dio vía libre a esta medida que se convierte en un hito por ser la primera vez en que el Senado —tras la investigación de la Cámara— levanta el fuero a un alto dignatario para que sea llevado a una investigación penal por concusión, que es el delito que comete un servidor público cuando, abusando de su cargo o de sus funciones, “constriñe o induce a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite”.

Los hechos que llevaron a esta determinación se remontan al 27 de febrero de 2015, cuando el entonces magistrado Mauricio González Cuervo decidió denunciar a Pretelt ante la Comisión de Acusación, porque días atrás —4 de febrero, el mismo día de la elección de este último como presidente de la Corte Constitucional— el también magistrado Luis Ernesto Vargas le habló de la supuesta petición de coimas por parte del ahora suspendido togado. En su despacho, Vargas le contó a González que el abogado Víctor Pacheco, apoderado de Fidupetrol, lo había buscado para contarle que Pretelt le había pedido $500 millones para fallar una tutela que debía resolver la Corte.

El pleito referido comprometía a la firma Fidupetrol, condenada patrimonialmente por la Corte Suprema de Justicia a pagar $22.500 millones. Días después, el mismo magistrado viajó a Cartagena para entrevistarse con Pacheco. Ese día, el abogado le confirmó su versión y se mostró dispuesto a entregarla a las autoridades. La intención con los $500 millones, cifra que terminó siendo la base de la acusación contra Pretelt, era que se acercara a González —a quien le había correspondido por sorteo la tutela— para que el fallo resultara favorable a los intereses de la liquidada compañía.

En la antesala de la decisión en su contra, Pretelt insistió en su inocencia. “Ni recibí dinero, ni pedí dinero. Cómo me van acusar si desaparecieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Dice el acusador que yo soy inteligente y que no dejé huellas. No, señor. Está demostrado en el expediente que no recibí dinero, que no pedí dinero, y que el abogado Víctor Pacheco no estuvo en mi casa”, sostuvo en su intervención ante la plenaria.

Pretelt dijo después que, aunque lo señalan de fraguar un interés para beneficiar a Fidupetrol, “no hay un solo indicio de que haya favorecido a esa firma (…) el informe tiene unos indicios falsos, absurdos y que no tienen relación con los hechos”. El magistrado igualmente acusó al exfiscal Eduardo Montealegre de estar en una persecución en su contra, argumentando que junto al exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y el secretario de la Comisión de Acusación, Juan Pablo Duque, hicieron todo para impulsar el proceso.

En respuesta al magistrado, el representante Julián Bedoya, instructor del caso, dijo que Pretelt terminó confesando sin querer que sí existió un delito al asegurar que Pacheco —condenado a dos años, cuatro meses y 24 días de prisión por su participación en el pago de sobornos en la Corte Constitucional— hacía lobby ante todas las cortes, con centenares de ingresos probables al Palacio de Justicia.

Al concluir la sesión, intentando quitarle cualquier tipo de alcance político o partidista a la decisión, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, debió salir a aclarar que jamás hubo presiones del Gobierno para suspender al magistrado. Sin embargo, las suspicacias surgieron porque esta semana el presidente Santos exhortó al Congreso a tomar decisiones al respecto.

Sorprendió que el Partido Conservador, casi de manera unánime, tomara una decisión en contra de Pretelt. Los cálculos iniciales daban por descontado que los azules intentarían salvar al magistrado, quien en el pasado era de sus afectos. Sin embargo, casi todos se inclinaron por la suspensión del cargo.

De ser hallado culpable por la Corte Suprema, de conformidad con el Código Penal, el magistrado Jorge Pretelt podría ser condenado a prisión entre seis y diez años, además de recibir una multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De manera complementaria, quedaría inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período que oscila entre cinco y ocho años.

Ahora bien, por los mismos hechos son procesados también el máximo accionista de Fidupetrol, Hérbert Otero; el expresidente de la fiduciaria, Abel Guillermo Caballero, y el expresidente de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil. Todos señalados de haber tenido participación en la presión ejercida a los magistrados para seleccionar la tutela. ¿Sufrirán la misma suerte que Pretelt y Pacheco?

La posibilidad de que la Corte Constitucional haya sido permeada por la corrupción llevó al Senado de la República a tomar una decisión histórica: la suspensión del magistrado Jorge Ignacio Pretelt del cargo y la remisión de su proceso a la Corte Suprema de Justicia, además del inicio de un juicio político en su contra por indignidad en el mismo Legislativo. Esto porque, a juicio de los senadores, fundamentalmente resultó válida la acusación por el delito de concusión por haber pedido $500 millones para favorecer a la liquidada compañía Fidupetrol en el trámite de una tutela ante el alto tribunal.

Con 55 votos a favor, cinco en contra y el retiro del Centro Democrático de la sesión alegando falta de garantías procesales en una votación que fue pública y transmitida en directo, la plenaria dio vía libre a esta medida que se convierte en un hito por ser la primera vez en que el Senado —tras la investigación de la Cámara— levanta el fuero a un alto dignatario para que sea llevado a una investigación penal por concusión, que es el delito que comete un servidor público cuando, abusando de su cargo o de sus funciones, “constriñe o induce a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite”.

Los hechos que llevaron a esta determinación se remontan al 27 de febrero de 2015, cuando el entonces magistrado Mauricio González Cuervo decidió denunciar a Pretelt ante la Comisión de Acusación, porque días atrás —4 de febrero, el mismo día de la elección de este último como presidente de la Corte Constitucional— el también magistrado Luis Ernesto Vargas le habló de la supuesta petición de coimas por parte del ahora suspendido togado. En su despacho, Vargas le contó a González que el abogado Víctor Pacheco, apoderado de Fidupetrol, lo había buscado para contarle que Pretelt le había pedido $500 millones para fallar una tutela que debía resolver la Corte.

El pleito referido comprometía a la firma Fidupetrol, condenada patrimonialmente por la Corte Suprema de Justicia a pagar $22.500 millones. Días después, el mismo magistrado viajó a Cartagena para entrevistarse con Pacheco. Ese día, el abogado le confirmó su versión y se mostró dispuesto a entregarla a las autoridades. La intención con los $500 millones, cifra que terminó siendo la base de la acusación contra Pretelt, era que se acercara a González —a quien le había correspondido por sorteo la tutela— para que el fallo resultara favorable a los intereses de la liquidada compañía.

En la antesala de la decisión en su contra, Pretelt insistió en su inocencia. “Ni recibí dinero, ni pedí dinero. Cómo me van acusar si desaparecieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Dice el acusador que yo soy inteligente y que no dejé huellas. No, señor. Está demostrado en el expediente que no recibí dinero, que no pedí dinero, y que el abogado Víctor Pacheco no estuvo en mi casa”, sostuvo en su intervención ante la plenaria.

Pretelt dijo después que, aunque lo señalan de fraguar un interés para beneficiar a Fidupetrol, “no hay un solo indicio de que haya favorecido a esa firma (…) el informe tiene unos indicios falsos, absurdos y que no tienen relación con los hechos”. El magistrado igualmente acusó al exfiscal Eduardo Montealegre de estar en una persecución en su contra, argumentando que junto al exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y el secretario de la Comisión de Acusación, Juan Pablo Duque, hicieron todo para impulsar el proceso.

En respuesta al magistrado, el representante Julián Bedoya, instructor del caso, dijo que Pretelt terminó confesando sin querer que sí existió un delito al asegurar que Pacheco —condenado a dos años, cuatro meses y 24 días de prisión por su participación en el pago de sobornos en la Corte Constitucional— hacía lobby ante todas las cortes, con centenares de ingresos probables al Palacio de Justicia.

Al concluir la sesión, intentando quitarle cualquier tipo de alcance político o partidista a la decisión, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, debió salir a aclarar que jamás hubo presiones del Gobierno para suspender al magistrado. Sin embargo, las suspicacias surgieron porque esta semana el presidente Santos exhortó al Congreso a tomar decisiones al respecto.

Sorprendió que el Partido Conservador, casi de manera unánime, tomara una decisión en contra de Pretelt. Los cálculos iniciales daban por descontado que los azules intentarían salvar al magistrado, quien en el pasado era de sus afectos. Sin embargo, casi todos se inclinaron por la suspensión del cargo.

De ser hallado culpable por la Corte Suprema, de conformidad con el Código Penal, el magistrado Jorge Pretelt podría ser condenado a prisión entre seis y diez años, además de recibir una multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De manera complementaria, quedaría inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período que oscila entre cinco y ocho años.

Ahora bien, por los mismos hechos son procesados también el máximo accionista de Fidupetrol, Hérbert Otero; el expresidente de la fiduciaria, Abel Guillermo Caballero, y el expresidente de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil. Todos señalados de haber tenido participación en la presión ejercida a los magistrados para seleccionar la tutela. ¿Sufrirán la misma suerte que Pretelt y Pacheco?