Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
“Un principio democrático básico es el de no cambiar las reglas de juego en la mitad del partido”. Esa es una de las frases con las que José Daniel López, representante a la Cámara de Cambio Radical, le pide al presidente Iván Duque que objete el artículo 125 de la aprobada Ley de Presupuesto para 2022, que modifica la Ley de Garantías.
(Encuesta Datexco: En segunda vuelta, Petro ganaría excepto si enfrenta a Fajardo o Galán)
La votación del articulado total para destinar el presupuesto de la nación para el próximo año fue polémico, sobre todo por dicho artículo: muchos y muchas recordarán un video que captó un momento de la discusión final, pero que tomó vuelo en redes sociales cuatro días después. En la grabación se escucha al representante de la U, Anatolio Hernández, que preguntó cómo votar y la respuesta de Jennifer Arias, congresista del Centro Democrático y presidenta de la corporación, quien pronunció “Anatolio, vote sí”, oración que se volvió famosa por la indignación que generó entre los ciudadanos.
Ese episodio lo retomó José Daniel López en la carta que mandó al presidente Duque este martes. Lo destacó como uno de los elementos por los que le solicita que objete el artículo 125 que, como está en el papel, modifica la Ley de Garantías para que las entidades territoriales puedan, en plena carrera electoral, celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. “Fue inducido a votar sí por parte de la presidenta de la Cámara”, recalcó en la misiva.
(Conozca: “Hoy termina la gesta judicial y nace la política”: Enrique Gómez Martínez)
Asimismo, López puntualizó que la discusión de ese artículo fue exprés, sin garantías democráticas. “El debate de la citada reforma adoleció de garantías democráticas elementales, al menos en la plenaria de la Cámara de Representantes. De los 21 parlamentarios que hicimos uso de la palabra, solamente 6 lograron terminar su intervención. Los otros 15 fuimos interrumpidos por la mesa directiva de la corporación. Así, el que era el punto más álgido del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación 2022 terminó evacuado en 45 minutos”, indicó el representante de Cambio Radical.
Además de eso, el congresista reiteró que la aprobación del artículo 125 no solo tuvo fallas éticas, sino también técnicas, pues es una norma de carácter estatutario y fue modificada por medio de una ley ordinaria, cosa que no se puede hacer en la ley y que, señaló López, es la razón principal por la que el jefe de Estado debería impugnar su trámite. Al haber sido gestionada en el marco de un proyecto ordinario, “no se cumplieron requisitos indispensables para su trámite, tales como: haber dado primer debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara; haber sido remitida a la Corte Constitucional para su revisión previa”, expresó el político.
(Más: En el marco de la COP26, Gobierno radicó una vez más el Acuerdo Escazú)
El argumento final de López tiene que ver con la frase mencionada al principio: para él, “no tiene presentación” que ese cambio se diera en medio del calendario preelectoral, pues rompe las condiciones de igualdad y transparencia entre los y las candidatas. El representante dijo que ello no se debía hacer, “menos cuando hablamos de recursos multimillonarios que ahora irán de la Nación a los entes territoriales a través de convenios interadministrativos, recién autorizados, en pleno periodo electoral, disparándose los riesgos de malversación de los dineros públicos”.
En esa línea, le recordó su intervención, cuando fue senador del Centro Democrático, y manifestó rechazó a la modificación de la Ley de Garantías en ese entonces. “El Presidente del Congreso de la República le enviará muy pronto el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación 2022 para su sanción y promulgación. Usted tiene el deber constitucional, democrático y moral de objetar el artículo 125 de la citada iniciativa. Si no lo hiciere, se consumará un plan que parece propio del asalto a un banco, más no de una reforma tramitada por las vías de la institucionalidad: impulsar la derogatoria de una norma estatutaria dentro de una ley ordinaria, para esquivar la revisión previa de la Corte Constitucional”, escribió.
Finalmente, aclaró que en el caso de que Duque no objete el artículo, pasará lo indeseable: que por demoras de la Corte Constitucional, esta se termine pronunciando en el segundo semestre de 2022, cuando “las elecciones ya hayan pasado y la trampa ya se haya consumado”.