Jóvenes de Primera Línea como voceros de paz: “No es claro lo que van a hacer”

Tras la aprobación y sanción de la Ley de Paz Total o Ley 2272 del 2022, el gobierno de Gustavo Petro no sólo quedó habilitado para negociar con grupos armados, sino que también quedaron definidos los mecanismos para el desarrollo de la paz como política de Estado. En ese marco, el presidente dijo que jóvenes detenidos por acciones cometidas durante las movilizaciones sociales serán nombrados “gestores de paz” y serán suspendidas sus órdenes de captura.

El Gobierno ya emitió el decreto que oficializó este anuncio y, será clave para definir la ruta y las condiciones en las que se llevaría a cabo la propuesta, sin embargo, pese al conocimiento del documento, no cesan las dudas y las críticas.

Así las cosas, el senador Humberto de la Calle ya advierte que “los elementos jurídicos no están claros”; mientras tanto, la oposición dice que la decisión es “abiertamente inconstitucional” y aseguran que demandarán el decreto ante el Consejo de Estado.

(Lea: “Primera Línea: Gustavo Bolívar habla sobre vídeos de supuestas reuniones clandestinas”)

Ese documento, de cuatro páginas, crea la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, que coordinará ese proceso. Estará integrada por los ministros del Interior, Alfonso Prada; Justicia, Néstor Osuna, y Defensa, Iván Velásquez, así como por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, quienes tendrán la tarea de recomendar al presidente los perfiles de las personas que serán liberadas y definir sus condiciones.

La vía para resolver la situación judicial de los jóvenes que participaron en las protestas no es cosa de este documento: la propuesta ya había sido discutida en el Congreso, en donde no fue vista con buenos ojos, por eso, fue excluida del articulado de la Ley de Paz Total. Se trató de un punto que buscaba dar “indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta social”, pero, eso se quedó por fuera.

Si bien ese camino quedó cerrado, el artículo 5 de la ley, aprobado por el Congreso, abrió otra posibilidad para el Gobierno: el mecanismo al que se acogerían los jóvenes sería el de “voceros”, que, según el texto puede ser una “persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado, participa en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos”.

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No obstante, algunos sectores y analistas encuentran algunos problemas en la figura, especialmente porque se está confundiendo a los “voceros” con los “gestores de paz”; igualmente, parece ambiguo el papel que jugarán los jóvenes que se acogerán.

“Por ahora, no es muy claro lo que va a hacer el Gobierno. En el pasado, personas pertenecientes a un grupo armado salían a la libertad para ser mediadores, pero, en este caso, no es claro lo que van a hacer”, dice la profesora María Lucía Zapata, directora de la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Universidad Javeriana.

Zapata agrega que “es muy positivo que los jóvenes trabajen por la paz, pues pueden contribuir con visiones diferentes y actuales, pero, la figura no es la más adecuada (...) Es problemático porque no tenemos claridades sobre qué quiere el gobierno con una figura de esas”, dice.

(Lea también: “Gustavo Petro invita a las Altas Cortes a participar en reforma a la justicia”)

En eso coincide el senador De la Calle, quien señala que los gestores han contribuido a los procesos de paz pero, hacen parte de grupos armados organizados. “No es el caso de la Primera Línea. Y, si se aplica la noción de ‘voceros’, solo se podrían suspender las órdenes de captura, no hay autorización para suspender las medidas de aseguramiento ni suspender la ejecución de las penas”, dice.

En respuesta a esas dudas, el representante Alirio Uribe (Pacto Histórico), quien fue ponente de la Ley de Paz Total y uno de sus promotores, asegura que “ellos no tendrán nada que ver con la mesa de diálogo con el Eln, pues, no son representantes de grupos armados, son voceros de organizaciones sociales que pueden contribuir al proceso de paz”.

Sin embargo, el jefe de la delegación del Gobierno en las negociaciones con el Eln, Otty Patiño, señaló ayer lo contrario. En una rueda de prensa sobre las conclusiones del primer ciclo de diálogos de paz en Caracas dijo que “los gestores de la primera línea podrían apoyar este proceso, necesitamos mucha participación. Necesitamos que el diálogo salga de la mesa y que la ciudadanía participe”, señaló.

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Por su parte, Uribe reconoce que las condiciones y el papel que jugarán todavía no es claro ni está definido, pero que la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, “va a expedir el reglamento, con lo que se van a fijar los criterios y recomendaciones sobre qué es lo que van a hacer los jóvenes para contribuir a la paz y la reconciliación. También van a sacar la primera lista de las personas que puedan tener beneficios”, señala Uribe.

Si bien eso se conocerá esta semana, el representante gobiernista asegura que los jóvenes, una vez excarcelados, jugarían un papel similar al de los gestores de convivencia, que funcionan en Bogotá para las protestas sociales. Precisamente, de acuerdo con la experta, los jóvenes podrían aportar en el “fortalecimiento de capacidades de paz y los procesos de no violencia”, pero, cree que con el Eln, se estarían incluyendo en un proceso en el que no tienen “incidencia directa”.

De acuerdo con Uribe, los jóvenes están dispuestos a aportar a la paz y, la voluntad ha sido verificada por la Comisión de Garantías a la Protesta Social del Congreso, que ha visitado las cárceles, ayudaron a recoger el censo y estuvieron en compañía de los familiares.

Tras la aprobación y sanción de la Ley de Paz Total o Ley 2272 del 2022, el gobierno de Gustavo Petro no sólo quedó habilitado para negociar con grupos armados, sino que también quedaron definidos los mecanismos para el desarrollo de la paz como política de Estado. En ese marco, el presidente dijo que jóvenes detenidos por acciones cometidas durante las movilizaciones sociales serán nombrados “gestores de paz” y serán suspendidas sus órdenes de captura.

El Gobierno ya emitió el decreto que oficializó este anuncio y, será clave para definir la ruta y las condiciones en las que se llevaría a cabo la propuesta, sin embargo, pese al conocimiento del documento, no cesan las dudas y las críticas.

Así las cosas, el senador Humberto de la Calle ya advierte que “los elementos jurídicos no están claros”; mientras tanto, la oposición dice que la decisión es “abiertamente inconstitucional” y aseguran que demandarán el decreto ante el Consejo de Estado.

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Ese documento, de cuatro páginas, crea la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, que coordinará ese proceso. Estará integrada por los ministros del Interior, Alfonso Prada; Justicia, Néstor Osuna, y Defensa, Iván Velásquez, así como por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, quienes tendrán la tarea de recomendar al presidente los perfiles de las personas que serán liberadas y definir sus condiciones.

La vía para resolver la situación judicial de los jóvenes que participaron en las protestas no es cosa de este documento: la propuesta ya había sido discutida en el Congreso, en donde no fue vista con buenos ojos, por eso, fue excluida del articulado de la Ley de Paz Total. Se trató de un punto que buscaba dar “indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta social”, pero, eso se quedó por fuera.

Si bien ese camino quedó cerrado, el artículo 5 de la ley, aprobado por el Congreso, abrió otra posibilidad para el Gobierno: el mecanismo al que se acogerían los jóvenes sería el de “voceros”, que, según el texto puede ser una “persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado, participa en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos”.

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No obstante, algunos sectores y analistas encuentran algunos problemas en la figura, especialmente porque se está confundiendo a los “voceros” con los “gestores de paz”; igualmente, parece ambiguo el papel que jugarán los jóvenes que se acogerán.

“Por ahora, no es muy claro lo que va a hacer el Gobierno. En el pasado, personas pertenecientes a un grupo armado salían a la libertad para ser mediadores, pero, en este caso, no es claro lo que van a hacer”, dice la profesora María Lucía Zapata, directora de la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Universidad Javeriana.

Zapata agrega que “es muy positivo que los jóvenes trabajen por la paz, pues pueden contribuir con visiones diferentes y actuales, pero, la figura no es la más adecuada (...) Es problemático porque no tenemos claridades sobre qué quiere el gobierno con una figura de esas”, dice.

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En eso coincide el senador De la Calle, quien señala que los gestores han contribuido a los procesos de paz pero, hacen parte de grupos armados organizados. “No es el caso de la Primera Línea. Y, si se aplica la noción de ‘voceros’, solo se podrían suspender las órdenes de captura, no hay autorización para suspender las medidas de aseguramiento ni suspender la ejecución de las penas”, dice.

En respuesta a esas dudas, el representante Alirio Uribe (Pacto Histórico), quien fue ponente de la Ley de Paz Total y uno de sus promotores, asegura que “ellos no tendrán nada que ver con la mesa de diálogo con el Eln, pues, no son representantes de grupos armados, son voceros de organizaciones sociales que pueden contribuir al proceso de paz”.

Sin embargo, el jefe de la delegación del Gobierno en las negociaciones con el Eln, Otty Patiño, señaló ayer lo contrario. En una rueda de prensa sobre las conclusiones del primer ciclo de diálogos de paz en Caracas dijo que “los gestores de la primera línea podrían apoyar este proceso, necesitamos mucha participación. Necesitamos que el diálogo salga de la mesa y que la ciudadanía participe”, señaló.

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Por su parte, Uribe reconoce que las condiciones y el papel que jugarán todavía no es claro ni está definido, pero que la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, “va a expedir el reglamento, con lo que se van a fijar los criterios y recomendaciones sobre qué es lo que van a hacer los jóvenes para contribuir a la paz y la reconciliación. También van a sacar la primera lista de las personas que puedan tener beneficios”, señala Uribe.

Si bien eso se conocerá esta semana, el representante gobiernista asegura que los jóvenes, una vez excarcelados, jugarían un papel similar al de los gestores de convivencia, que funcionan en Bogotá para las protestas sociales. Precisamente, de acuerdo con la experta, los jóvenes podrían aportar en el “fortalecimiento de capacidades de paz y los procesos de no violencia”, pero, cree que con el Eln, se estarían incluyendo en un proceso en el que no tienen “incidencia directa”.

De acuerdo con Uribe, los jóvenes están dispuestos a aportar a la paz y, la voluntad ha sido verificada por la Comisión de Garantías a la Protesta Social del Congreso, que ha visitado las cárceles, ayudaron a recoger el censo y estuvieron en compañía de los familiares.