Oviedo, Bolívar y los más de 3.500 expedientes de revocatorias que enredan al CNE

Por estos días, los despachos de los magistrados del CNE están abarrotados de expedientes. A las demandas que llegan a diario para pedir que se anulen ciertas candidaturas de políticos que quieren llegar a juntas locales, concejos, alcaldías, asambleas y gobernaciones, se sumó la solicitud de la Procuraduría para revisar las aspiraciones de 660 candidatos.

Por estos días, los despachos de los magistrados del CNE están abarrotados de expedientes. A las demandas que llegan a diario para pedir que se anulen ciertas candidaturas de políticos que quieren llegar a juntas locales, concejos, alcaldías, asambleas y gobernaciones, se sumó la solicitud de la Procuraduría para revisar las aspiraciones de 660 candidatos.

Según las cuentas del Consejo, hay 3.569 solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos —de los cuales 234 ya fueron revocados—, 566 denuncias relacionados con publicidad política, 587 solicitudes sobre trashumancia electoral y 1.562 más por registro de logos de Grupos Significativos de Ciudadanos.

Lea también: Voto dividido: jefes de partidos no logran consenso para las elecciones regionales

“Garantizar que los elegidos estén libres de inhabilidades e incompatibilidades es la misión que nos entrega la ley, y a ello estamos dedicados”, dijo al respecto el magistrado César Lorduy, citando el artículo 265 de la Constitución Política.

A principios de este mes, el CNE inició el estudio de los procesos de revocatoria solicitados por la Procuraduría, para lo cual le pidió al Ministerio del Interior y a la Policía un reporte sobre los antecedentes disciplinarios, fiscales o penales de los implicados. Así mismo, notificó a todos los candidatos y les pidió que enviaran sus argumentos de defensa.

Recomendado: ¿Cuándo sale el listado de los jurados de votación para las elecciones 2023?

Magistrados como Alfonso Campo, Alba Lucía Velásquez y Maritza Martínez ya firmaron los autos administrativos con los cuales se encargan, cada uno, de más de 80 casos de los reportados por el Ministerio Público. Cada uno de los relacionados aparece reseñado en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI), base de datos que la Procuraduría comparó con las de la Registraduría Nacional.

Según la procuradora general, Margarita Cabello, en su informe aparecen anotaciones disciplinarias de 14 aspirantes a alcaldías, 19 a asambleas, 544 para concejos, tres para gobernaciones, 55 para juntas administradoras locales y 25 para ediles de Bogotá.

Los casos claves

Entre los miles de candidatos que se juegan su futuro político en una oficina del CNE, hay varios que tienen altas probabilidades de resultar elegidos el próximo 29 de octubre. Por Bogotá aparecen dos de los que en los últimos meses han ocupado el pódium de las encuestas: Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar.

El primero, como lo reveló El Espectador, es investigado por haber arrendado una oficina de su propiedad al Fondo Nacional de Garantías, a través de un contrato de $106 millones. El problema en este caso es que la Ley 617 de 2000 prohíbe que los candidatos celebren contratos públicos un año antes de las elecciones.

Oviedo se defendió y dijo a este medio que el edificio “es un complejo empresarial y residencial. Ellos (personas del Fondo) preguntaron en portería si había alguna oficina desocupada o en arriendo y les dijeron que la mía (...) Nos acogemos a lo que las autoridades decidan sobre la candidatura. Todo se hizo en el marco de la legalidad”.

No se pierda: CNE estudiará posible revocatoria de candidatura de Oviedo por contrato con el FNG

Por otra parte, su contrincante, Gustavo Bolívar, enfrenta una solicitud de revocatoria presentada por Juana Cataño, excandidata a la Alcaldía de Cali. Ella asegura que, de ganar, Bolívar se encontraría en un periodo de incompatibilidad, ya que el acto administrativo que aprobó su renuncia como senador habría adquirido firmeza el 11 de enero de 2023 o incluso no estaría en firme por fallas en su notificación.

Este martes el candidato se pronunció al respecto y dijo que el CNE no ha emitido un fallo, lo que estaría afectando su posibilidad de adquirir préstamos bancarios para la campaña. “Es una desventaja antidemocrática por cuanto otras campañas ya invierten gruesas sumas de dinero. Por tanto, acudiremos a otras alternativas de financiación como rifas, colectas y una subasta de arte”, dijo Bolívar. Su caso, al igual que el de Oviedo, está en el despacho de Fabiola Márquez.

Fuera de Bogotá, especialmente en el Caribe, varios casos llaman la atención. Una de las candidatas más fuertes para llevarse la Alcaldía de Santa Marta, Patricia Caicedo, hermana del actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, tiene una solicitud de revocatoria pendiente en la oficina del magistrado César Lorduy.

Quien pide retirar su candidatura asegura que, precisamente, Patricia Caicedo está inhabilitada porque su hermano ejerce autoridad administrativa, política, militar y civil sobre Santa Marta, lo cual le daría una ventaja a ella sobre sus contendores. Por ahora, Caicedo no ha sido notificada de una decisión en su contra, por lo que continúa haciendo campaña junto a su fórmula para la gobernación, Rafael Martínez, aliado de su hermano.

Lea: “Elefantes blancos”: así fue el debate de candidatos a la Gobernación de Antioquia

En La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, candidato a la Gobernación que tiene el respaldo de Cambio Radical, La U, ASI, Fuerza de la Paz y el Partido Demócrata Colombiano, también tiene un pendiente con el CNE.

El organismo investiga si está inhabilitado por haber sido gobernador encargado del departamento en julio de 2022, lo que a juicio de quienes demandaron la candidatura lo somete al régimen de prohibiciones, especialmente a la norma que señala que no podría tomar parte en las actividades de partidos políticos 12 meses después del retiro del servicio.

Continuando con el Caribe, en Córdoba está el caso de Erasmo Zuleta Bechara, uno de los dos favoritos en la carrera por la gobernación de ese departamento. Según el demandante de su candidatura, no puede aspirar ya que ha manifestado su apoyo al candidato a la alcaldía del Municipio de Lorica, Carlos Mario Manzur, quien no está avalado por el Partido de la U, lo que configuraría una doble militancia.

Por último, se destaca el caso de Tulio Gómez, candidato a la Gobernación del Valle y expresidente del América de Cali. El CNE, en cabeza del magistrado Lorduy, estudia si Gómez está inhabilitado para ser candidato por haber firmado tres contratos con la Secretaría de Deporte Cali en noviembre de 2022 y enero de 2023.

El CNE informó que, aunque la Registraduría inició la impresión de diseños, formatos y control de calidad a los tarjetones electorales este 10 de septiembre, habrá plazo hasta el 29 del mismo mes para modificarlos teniendo en cuenta los resultados de los procesos de revocatoria, por causas constitucionales, legales o de incumplimiento a la cuota de género mínima del 30 %.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.