Gobierno Petro aceleró trámite de su agenda legislativa con la Jurisdicción Agraria
En el Congreso ya fue radicado uno de los proyectos banderas del Gobierno en esta legislatura, que será seguido por otros como la reforma a la salud y a los servicios públicos. La bancada del Pacto Histórico manifiesta que, pese al apoyo que da a esas iniciativas, no había sido tenida en cuenta para definirlas.
Leonardo Botero Fernández
La radicación del proyecto de ley de Jurisdicción Agraria marca el inicio de la carrera del Gobierno de Gustavo Petro por aprobar varios de sus proyectos claves. Este martes, en la Sala de la Constitución del Congreso, se dieron cita para presentar la propuesta que, según varias voces, es clave para el impulso de la reforma agraria, uno de los ejes de esta administración.
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La radicación del proyecto de ley de Jurisdicción Agraria marca el inicio de la carrera del Gobierno de Gustavo Petro por aprobar varios de sus proyectos claves. Este martes, en la Sala de la Constitución del Congreso, se dieron cita para presentar la propuesta que, según varias voces, es clave para el impulso de la reforma agraria, uno de los ejes de esta administración.
Además, la presentación del proyecto que define, en 80 artículos, la filigrana del funcionamiento de la nueva jurisdicción, se realizó luego de que en la sede del Ministerio del Interior se reuniera una parte significativa de los senadores del Pacto Histórico. Allí estuvieron no solo con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sino también con las ministras de Justicia y Agricultura, Ángela María Buitrago y Martha Carvajalino, respectivamente, y el de Salud, Guillermo Jaramillo. También estuvo presente el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo.
Los nombres de los presentes en la reunión dan pistas de lo que quiere presentar el gobierno en el Congreso. El marcador empieza con el proyecto de la Jurisdicción Agraria, pero también están en fila la nueva reforma a la salud -que está próxima a ser presentada-, el trámite de la reforma laboral que ya va para segundo debate en la Cámara de Representantes y otros proyectos como la reforma a los servicios públicos y un nuevo Código Minero.
Desde la bancada del Pacto Histórico, compuesta por casi 50 congresistas entre representantes y senadores, se muestran prestos a dar la pelea por el programa gobiernista. Sin embargo, la desconfianza y los choques con algunos altos funcionarios aún permea algunas conversaciones, aunque en menor medida.
A ello se suma los retos propios de cada proyecto que, desde ya, dejan ver que las discusiones no serán fáciles. No es sino ver el caso de la reforma a la salud, sobre la que tanto las bancadas de oposición como otros sectores ajenos al gobierno han presentado su propia versión. También ocurre con el proyecto de Jurisdicción Agraria, cuya discusión empieza precedida por las advertencias de que con ésta, el gobierno buscaría la “expropiación exprés”, algo negado por las ministras de Agricultura y de Justicia.
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Lo anterior se suma a que apenas se está descongelando la relación entre la bancada del Pacto y el Gobierno. Según una congresista de la bancada oficialista, en un principio, el diálogo con el ministro Cristo no había sido fluido. Pocos días después de que se instalara la tercera legislatura de este Congreso, se hicieron evidentes grietas entre el Pacto Histórico y el Gobierno, particularmente, con dos funcionarios: el ministro Cristo y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia.
En ese momento, senadores y representantes dijeron a El Espectador que parecía que dichos funcionarios habrían priorizado sus intereses personales, así se distanciaran de los del gobierno. También, que el gobierno no les estaba dando representación en algunas entidades territoriales. Y, por último, aseguraron que no estaban siendo incluidos en la ruta para la presentación de las reformas.
Esas brechas empezaron a ceder el pasado 20 de agosto, cuando un grupo de senadores, entre los que se contaban María José Pizarro, Wilson Arias y Clara López, entre otros, se reunieron con Sarabia. También, este martes, cuando la mayoría de los senadores de la coalición petrista estuvieron en la sede del Ministerio del Interior.
Al respecto, Clara López señala que ha habido una “reconducción” en la relación entre el gobierno y el Pacto en el Congreso: “Ya hemos visto que el gobierno empieza a atendernos. Antes era imposible pedir una cita con funcionarios en la Casa de Nariño. Ahora hay una conversación más fluida y las reuniones que hemos tenido con la directora del Dapre y con el ministro son una demostración de ellos”.
En ese sentido, el senador Robert Daza, originario de Nariño, resalta que, a su juicio, ha habido una “reflexión por parte del gobierno y, principalmente, del presidente Petro sobre la relación con la bancada del Pacto Histórico”.
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Así también lo expresa la senadora Martha Peralta, quien dice que la relación con los voceros del gobierno es buena. Sin embargo, también manifiesta que se le “ha hecho la claridad de que no quiere decir que porque esta sea la bancada la firme, la leal, la tenga que dejar de último o no prestarle atención”.
En todo caso, ese descongelamiento de la tensión se evidenció en el proyecto que se presentó este martes, que define toda la filigrana de la nueva Jurisdicción Agraria, que busca que jueces especializados resuelvan los conflictos de tierras y para la que ya se habían aprobado una reforma constitucional y una ley estatutaria.
Una congresista, que estuvo en la reunión con Cristo, aseguró que, en un principio, el ministro -nombrado a comienzos de julio- hablaba de la Jurisdicción Agraria como un tema que respondía a la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, asegura que es un tema del que “la izquierda ha hablado desde 1930″. Así de esa forma también lo indica la senadora Isabel Zuleta, quien agrega que “esto es el corazón del proyecto político del Pacto Histórico”.
Lo anterior no significa que el camino esté despejado. Como se dijo, ya la oposición ha manifestado su preocupación con la iniciativa, diciendo que, con este, el gobierno promoverá la expropiación administrativa “exprés”, que fue tumbada por la Corte Constitucional en el Plan Nacional de Desarrollo. Al respecto, la ministra Buitrago fue enfática en decir que en el articulado no se contempla el tema. Por su parte, Cristo dijo, tras la radicación del proyecto, que con una Jurisdicción Agraria se elimina la posibilidad de esa figura.
Pero la discusión también es espinosa para otra de las banderas del Gobierno en esta legislatura: la reforma a la salud. Desde hace ya varias semanas se conocen detalles como que el borrador no supera los 50 artículos (aún pendientes por conocerse).
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Según dijo una senadora del Pacto, la reforma no se presentará esta semana, como se llegó a decir, por dos razones: primero, que se está a la espera de que el Ministerio de Hacienda dé el aval fiscal del mismo. Y segundo, que no se ha definido si será una ley ordinaria o una estatutaria. No se trata de una discusión menor, porque de ello dependerá por cuál comisión se presenta. En el caso de que sea una ordinaria, aterrizaría en la Comisión Séptima.
La discusión, dicen algunos, es porque sería más fácil conseguir los apoyos necesarios a que si fuera una ley estatutaria, teniendo que pasar por la Comisión Primera. En todo caso, lo más seguro es que el proyecto sea radicado en la Cámara, donde el Gobierno tiene mayor apoyo.
Por último, el otro gran tema que mueve la agenda legislativa del gobierno por estos días es el del Presupuesto General. Para 2025, el Gobierno espera que el Congreso le apruebe $523 billones, de los que $12 billones se completarían a través de una ley de financiamiento, equiparable con una nueva reforma tributaria.
En todo caso, el camino no está resuelto. Además de enfrentarse a una férrea oposición, el gobierno deberá fortalecer su relación con el Pacto Histórico, que será clave para la defensa del programa oficial en las discusiones que se den en el capitolio. Mientras tanto, esta bancada aún exige que haya una mayor interlocución con ella para impulsar la agenda de una legislatura en la que el gobierno del “cambio” busca ganar el pulso con la oposición, algo que fortalecería su llegada a 2026.
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