Jurisdicción Agraria da vida a 32 juzgados para tramitar gratis conflictos de tierras

Uno de los proyectos más consensuados del Gobierno de Gustavo Petro es, sin duda, la Jurisdicción Agraria Rural, una iniciativa que busca destrabar los procesos en materia de acceso a tierras y ser una vía judicial para dirimir los conflictos agrarios. En el Congreso, por lo menos, la propuesta —en la que fue ponente el senador Alexánder López— fue aprobada en junio de este año con 76 votos a su favor. Y, desde entonces, los ministerios de Justicia y Agricultura llevaron al Capitolio otro articulado que reglamenta la que sería la quinta jurisdicción en Colombia, con la formalización de 32 juzgados agrarios que, entre otras cosas, dirimiría gratis estos conflictos.

Uno de los proyectos más consensuados del Gobierno de Gustavo Petro es, sin duda, la Jurisdicción Agraria Rural, una iniciativa que busca destrabar los procesos en materia de acceso a tierras y ser una vía judicial para dirimir los conflictos agrarios. En el Congreso, por lo menos, la propuesta —en la que fue ponente el senador Alexánder López— fue aprobada en junio de este año con 76 votos a su favor. Y, desde entonces, los ministerios de Justicia y Agricultura llevaron al Capitolio otro articulado que reglamenta la que sería la quinta jurisdicción en Colombia, con la formalización de 32 juzgados agrarios que, entre otras cosas, dirimiría gratis estos conflictos.

El objetivo de esta propuesta no es otro que garantizar el acceso efectivo a la justicia en zonas rurales, un punto que además es deuda del Acuerdo de Paz firmado en 2016, y que pretendía ejecutar una Reforma Rural Integral para subsanar esta problemática. Y, para que la idea comience a andar, el Gobierno propuso que los primeros “pilotos” arranquen con 64 jueces de circuito que centren su labor en las regiones Caribe, Pacífico, Amazonía, Orinoquía y Andina.

Este diario conoció los dos documentos que radicaron el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y la ministra de Agricultura encargada, Aura María Duarte, que plantean que “la competencia material, que determina si un acto de la administración será conocido por la Jurisdicción Agraria y Rural estará ligada a que el acto se encamine a crear, transformar o extinguir relaciones de naturaleza agraria”. En otras palabras, es una propuesta técnica que busca que haya jueces especializados en conflictos por la tierra que puedan administrar justicia con unas bases distintas a las ordinarias.

En la práctica, por ejemplo, eso podría traducirse en el hecho de que los jueces tengan la obligación de trabajar en zonas rurales donde históricamente se ha ausentado el Estado, y que tengan la posibilidad de trasladarse a territorio para recepcionar demandar, practicar pruebas judiciales, hacer entrevistas y ordenar entregas materiales de predios.

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“Los jueces agrarios no serán jueces a la espera de que los ciudadanos toquen las puertas de sus despachos, sino que llegarán a los lugares donde se necesite la administración de justicia y se conectarán directamente con los individuos y comunidades que los requieran”, dice el documento.

Sergio Roldán, docente de derecho agrario de la Universidad Externado, afirmó que la necesidad de una jurisdicción especializada en estos asuntos va más allá de los conflictos por la tierra o los territorios: “Los problemas del campo, por lo general, involucran a más partes, no son solo dos (...) Y el acceso a tierras implica comprar predios, recuperar baldíos, pero también dirimir conflictos medioambientales, el derecho al agua y garantizar la producción de alimentos a través de la agricultura”.

Uno de los puntos sobre los que Roldán llama la atención es en el hecho de que, en la propuesta que entregó el Gobierno al Congreso, no se tiene en cuenta, específicamente, la importancia de los métodos alternativos de resolución de conflictos.

El Ministerio de Justicia, de hecho, tiene una dependencia bajo ese nombre y pretende solucionar conflictos que podrían ser menores para evitar que lleguen a congestionar los despachos judiciales. Y lo hacen a través de los pilares de las mismas comunidades étnicas o campesinas. En la propuesta, que continuará sus debates en febrero de 2024, plantean que debe quedar definido por ley que la defensa de estos procesos debe ser gratuita para las partes y estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Incluso, esbozan el amparo de pobreza, que es la posibilidad que tienen los campesinos, trabajadores de la tierra y grupos étnicos en intervenir judicialmente en los procesos “con independencia de la naturaleza económica del derecho reclamado”.

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Respaldo múltiple

Aunque este ha sido un proyecto de Gobierno, su defensa también ha estado en cabeza de algunos personajes declarados en oposición, como el mismo Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien ha asegurado que, pese a estar lejanos de la coalición petrista, su partido apoya iniciativas que acerquen la ley a la ciudadanía: “Este proyecto busca cerrar brechas sociales y recuperar la confianza”.

El trabajo en torno a la jurisdicción agraria, desde la Comisión Primera de Senado, también ha sido impulsado por el senador Humberto de la Calle, quien propuso que se creara una Corte Rural y Agraria transicional —con una duración de 10 años— para que, en los casos que los conflictos deban escalar a una instancia superior a la de los jueces, se resuelvan allí y no en la Corte Suprema de Justicia o en la Corte Constitucional. Su proposición no tuvo eco y fue criticada el Centro Democrático, cuyos voceros aseguraron que hablar de una nueva alta corte es burocracia.

La senadora María Fernanda Cabal, por su parte, señaló que el proyecto, que crearía 32 juzgados Agrarios y Rurales, al menos cinco tribunales y que estaría integrado por un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y dos togados más del Consejo de Estado, le costaría al país más de $66.000 millones para garantizar su funcionamiento. El Gobierno, en sus cálculos más generales, han estimado que costaría hasta $137.000 millones anuales su puesta en marcha.

Desde esa orilla del uribismo también han calificado la propuesta como un mecanismo de expropiación judicial. Paloma Valencia, incluso, dijo que iban a convertir el campo en una batalla campal al llevar a los jueces los casos no resueltos por la tierra. “Cualquiera que sea empresario entonces entra como delincuente, todas las pruebas son en contra donde estamos hablando de que se hace presunciones en contra de cualquier persona por el hecho de ser propietario. Están judicializando la propiedad rural”, mencionó.

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Se refiere, quizás, al hecho de que no son pocos los conflictos judiciales por la tierra en Colombia en los que hay involucrados empresarios en casos de despojo. En los Montes de María hay al menos 17 empresas privadas señaladas como compradoras masivas de tierra y que figuran como opositores en los procesos de restitución.

Un informe de la Unidad de Restitución de Tierras, conocido por El Espectador, revela que “utilizaron figuras como los usufructos y constitución de patrimonios autónomos para consolidar el acaparamiento de tierras en fenómenos de despojos jurídicos”. El caso abierto más conocido es el de Cementos Argos, firma que niega haber ejecutado acciones ilegales. Es decir, todos esos conflictos por la tierra, agrarios y medioambientales que no han sido resueltos o que se han quedado estancados en la Fiscalía, llegarían a la jurisdicción agraria.

Su funcionamiento será de la mano de la Agencia Nacional de Tierras, que es además la entidad encargada de la recuperación y administración de baldíos, y de otras instancias como la Unidad de Restitución de Tierras, el MinJusticia y el MinAgricultura.

El propósito de la jurisdicción es, entre otras cosas, es seguir allanando el camino para la reforma agraria del Gobierno Petro, que ha comprado 29.000 hectáreas a particulares y ha formalizado 240.000 hectáreas, según cifras de esa cartera. La semilla en asuntos agrarios, por ahora, está sembrada.

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