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Luego de anunciar que se tramitará con mensaje de urgencia, esto en medio de la polémica por la supuesta inclusión de un artículo para avalar la expropiación exprés, el Gobierno volverá a jugar sus cartas con la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria. Se trata de la iniciativa que define las competencias de un mecanismo con el cual el Ejecutivo busca llevar jueces agrarios a las regiones para resolver pleito por la tenencia de la tierra.
Según el ministro Juan Fernando Cristo, quien ha liderado el trámite junto a sus colegas de Agricultura (Martha Carvajalino) y Justicia (Ángela María Buitrago), esta apuesta es crucial para el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las extintas FARC, particularmente en el punto relacionado con la reforma agraria. Por esa razón, Cristo impulsó el mensaje de urgencia para acelerar la discusión.
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El trámite no será sencillo, en parte por los tiempos, pero también porque se mantiene el temor de la oposición, así como de distintos sectores políticos y económicos, sobre la posibilidad de que reviva la expropiación exprés. Por otra parte, según congresistas de la Comisión Primera del Senado, donde empezará el debate, el tema se ha convertido en otro punto de honor entre Gobierno y oposición.
En la Comisión, con 21 senadores, las fuerzas están equilibradas. Hay siete votos que acompañarán al Gobierno: los cuatro del Pacto Histórico, uno de Comunes, uno de la Alianza Verde y el de Humberto de la Calle; contra los siete votos que suman Cambio Radical, dos de Centro Democrático, La U (Alfredo Deluque, que suele votar contra Petro) y la Alianza Verde (Jota Pe Hernández). Así las cosas, hay siete restantes, de los liberales, los conservadores y uno de La U (Julio Elías Chagüí), que definirán el futuro del proyecto.
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Como ya se mencionó, el punto crítico es el primer parágrafo del artículo 12 de 80, el cual señala que “los procesos agrarios especiales de los que trata la Ley 160 de 1994 contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo”.
Quienes se oponen dicen que con ese punto el Gobierno reviviría la expropiación exprés, que la Corte Constitucional tumbó del Plan Nacional de Desarrollo (PND). La ministra Carvajalino ha dicho que el proyecto no elimina la facultad de acudir a los estrados judiciales para los particulares envueltos en controversias porque se ordene una extinción administrativa. Lo propio ha hecho la bancada oficialista, que insiste en que no cambiarán las reglas de juego.
El ministro Cristo, por su parte, anunció que hay buen ambiente para el debate y que el objetivo central es lograr que el próximo año muchos municipios del país y zonas PDET tengan jueces agrarios que resuelvan los conflictos por la tierra. Este lunes se sabrá que tan enredada o no está la propuesta.
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