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Luego de que el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia les pidiera a los presidentes de Senado y Cámara, Juan Diego Gómez y Jennifer Arias, respectivamente, celeridad en la discusión del proyecto de justicia virtual, la Cámara de Representantes les dio la espalda a las peticiones de ese gremio y votó este martes en contra de la justicia penal virtual.
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Sin embargo, desde el Colegio de Abogado Penalistas todavía guardan las esperanzas de que la justicia penal virtual sea una realidad. Todavía falta el debate del proyecto en Senado, que está agendado para mañana (18 de mayo). Por eso, le están haciendo un llamado a los legisladores de la Cámara Alta a negar la proposición que aprobó la Cámara de volver a la presencialidad y acoger el texto original.
La justicia virtual se decretó en el marco de la pandemia y las medidas de prevención de la propagación del coronavirus, sin embargo, hasta el próximo 5 de junio está vigente dicho acto administrativo. Para continuar con esta modalidad que ha mejorado el servicio, se presentaron varias propuestas en el Congreso.
Estas iniciativas eran de origen parlamentario, de Gobierno y la rama judicial. Este último no incluyó en la justicia virtual a los casos penales y fue este el que recibió el mensaje de urgencia por parte del presidente Iván Duque.
Aunque en la aprobación del primer debate en comisiones conjuntas no se incluyó el tema de justicia penal virtual, el ponente en Senado, Germán Varón, se comprometió en añadirlo para las ponencias en segundo debate en Cámara y Senado. Y así fue, no obstante, la Cámara aprobó una proposición que nuevamente dejó este tema al margen del proyecto de ley.
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Para varios sectores de la rama judicial, este proyecto es indispensable. Para Fernando Castillo, magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema, “la iniciativa es muy importante para lograr la continuidad de todos los procesos que se generaron en la pandemia, pero ayuda a que la rama judicial se actualice”.
Y Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados de Penalistas, convertir el decreto de justicia virtual en ley “es sin duda la revolución más grande de la administración de justicia en Colombia”. Para la rama judicial, incluir a la justicia penal en la virtualidad no es conveniente, pues, a juicio de la Sala Penal, las diligencias virtuales afectan el principio de inmediación, que busca el contacto directo con la prueba y los testimonios.
Para el Colegio, la justicia virtual les “ha permitido atender los procesos de forma más eficiente, dado que no se dan extensas jornadas de desplazamientos entre ciudades o la consabidas esperas para que haya una sala de audiencias disponibles”.