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Guillermo Rivera se quemó en las elecciones legislativas de este año. Ahora, como funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos, tendrá la tarea de velar por el respeto a los derechos humanos en la coyuntura histórica de la posibilidad del fin del conflicto.
¿Cuales son las tareas que le asignó el presidente?
El presidente ha querido darle una mayor relevancia a la política de derechos humanos. Prueba de ello es que esto pasó de ser un programa a una consejería. Él quiere que mejore la calificación en materia de derechos humanos. El hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos haya sacado de esa lista negra en DD.HH. de 2012 es un avance, pero falta por hacer. La clave es que los colombianos interioricen el respeto por los demás y así no contribuyan a la violencia.
En el marco del proceso de paz, ¿tiene algún encargo especial?
Lo principal es avanzar en la creación de una cultura de paz. Tenemos que dar ejemplo para que los ciudadanos incorporen a su cotidianidad el mensaje de la no violencia.
Como congresista fue crítico de fumigación aérea contra los cultivos de uso ilícito, ¿va a trabajar por una política diferente?
En el acuerdo previo que lograron el Gobierno y las Farc sobre drogas quedó claro que, si se llega a un acuerdo final, la erradicación se hará de manera excepcional a través de las aspersiones. Lograr la firma es determinante para que la política de lucha contra las drogas no vulnere derechos de los campesinos.
El conflicto no ha acabado, y son múltiples los actores armados que violan los derechos humanos, ¿cómo llegar a zonas donde persiste la guerra sin depender de un acuerdo con las Farc y del concepto de ‘paz territorial’?
Vamos a llegar con todas las instituciones, esa es mi tarea principal. Con Gina Parody, la ministra de Educación, vamos a actuar de manera articulada en las zonas de conflicto. La oferta de servicios del Estado va a crecer y creemos fundamental que se haga énfasis en la educación de las comunidades en materia de paz y DD.HH. Con el Sena vamos a hacer un curso virtual de derechos humanos que estará enfocado en líderes comunitarios de zonas de conflicto y vamos a desarrollar otras acciones para la prevención del reclutamiento a manos de guerrillas y bandas criminales.
Su oficina depende de la del ministro del posconflicto, mientras el ministro del Interior tiene también la responsabilidad de trabajar por los DD.HH., ¿ya se integró con ellos?
El ministro Juan Fernando Cristo ha sido mi amigo y fuimos socios en algunas propuestas legislativas. Con él vamos a mantener esa buena relación. Del general (r) Óscar Naranjo, creo que es muy competente. En las pocas horas que llevamos trabajando juntos, veo que es proclive al trabajo en equipo y estoy seguro de que le cumpliremos al país.
Los índices de riesgo de las víctimas y de reclamantes de tierras no cambian sustancialmente...
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras les ha permitido a las víctimas ser visibles. En ese sentido, los criminales han visto amenazados sus intereses. Por eso, los líderes sociales han sido objeto de amenazas y persecuciones. Una de nuestras prioridades será lograr que las víctimas puedan ejercer ese liderazgo.
¿Van a diseñar algún plan para acompañar a las víctimas con la salida de los condenados por Justicia y Paz y la inserción de quienes estaban alzados en armas?
El Gobierno es consciente de que el diseño de Justicia y Paz, en la medida en que era un modelo de judicialización uno a uno de los paramilitares, no garantizó que los derechos de las víctimas fueran reconocidos y resarcidos. Está claro que no hay muchas sentencias producto de esa ley. Por eso este gobierno lanzó la Ley de Víctimas, con ella la sola condición de la víctima es suficiente para la garantía de sus derechos. Pero, aparte de eso, tenemos la responsabilidad de garantizar la no repetición y vamos a llevar el Estado a los territorios donde estuvieron los paramilitares o donde persiste el conflicto. Para ello estamos dispuestos a coordinar las instituciones del Estado.
¿Qué cambios hay que hacer en la política para la población LGBTI?
He dicho que tenemos dos áreas de trabajo, una relativa a la población afectada por el conflicto y otra enfocada en los ciudadanos que necesitan ser incluidos para poder desarrollar sus proyectos de vida, esa es la política de la no discriminación. Tenemos que trabajar en la construcción de esa cultura, no basta con sacar más leyes sin que los ciudadanos dejen de excluir a sus pares. De ese enfoque hace parte la comunidad LGBTI.
Como representante usted señaló que la criminalización de las drogas atenta contra los derechos de los consumidores y cultivadores, ¿tiene algo pensado para cambiar esa situación?
El presidente Santos es el primero en ejercicio que ha admitido que hay que hacer un cambio en la guerra contra las drogas. Esos cambios, está claro, no se pueden hacer sin el concurso de la comunidad internacional. Ha dicho que le parece loable la iniciativa de permitir que la marihuana sea usada con fines terapéuticos. Ha dicho que una vez se logre un acuerdo para el fin del conflicto, la aspersión será la última opción para la erradicación. Pero su política ha sido ir paso a paso. Está claro que no estará únicamente en manos mías hacer un cambio en la política de drogas.