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El sábado 2 de octubre, justo el día en que se cumplieron cinco años de la victoria del “No” en el plebiscito que buscaba refrendar los Acuerdos de Paz de La Habana, el Centro Democrático inició una serie de foros que servirán como guía para las encuestas que elegirán a su candidato presidencial para 2022. Y como si no hubiera pasado un día desde ese sorpresivo triunfo, los cinco precandidatos presidenciales uribistas se fueron lanza en ristre en contra de lo pactado con las hoy desmovilizadas Farc y el sistema de justicia transicional creado, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los argumentos fueron similares entre ellos, tildando como un “robo” lo hecho tras el plebiscito por la paz y coincidiendo en que “a la JEP hay que eliminarla o reformarla”.
No es un déjà vu. El evento celebrado en el hotel Tequendama dejó ver que el caballito de batalla del uribismo para 2022 nuevamente buscará capitalizar la animadversión que algunos sectores tienen con el proceso de La Habana. Y aunque se puede decir que es un discurso de campaña, lo cierto es que algunos miembros del Centro Democrático que tienen un asiento en el Congreso ya comenzaron la tarea desde antes, al radicar varios proyectos cuyo objetivo apunta, precisamente, a acabar del todo con el sistema de justicia transicional o, en su defecto, introducir sendas reformas a este. Las iniciativas fueron presentadas sin importar que, normalmente en año electoral, seguramente no van a prosperar e incluso buena parte de ellas ya fueron estudiadas y rechazadas.
A pesar de este panorama, en este período legislativo previo al del proceso electoral, se radicaron tres proyectos que afectan directamente a la JEP. Uno de los textos es de la autoría de las senadoras Milla Romero, quien reemplazó a Álvaro Uribe tras renunciar a su curul, y los otros dos son de Paloma Valencia, también precandidata. El primero tiene un único fin, que es derogar todos los artículos transitorios de la Constitución relacionados con la JEP, lo cual implicaría, en plata blanca, su fin. Romero había radicado este proyecto en la pasada legislatura, pero se hundió por falta de trámite. Según dice, la JEP debe desaparecer debido a que fue creada “con el fin de garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición (…) pero la realidad fáctica nos muestra que ninguno de esos pilares ha sido honrado y protegido”. A consideración de la senadora, casos como el de Álvaro Gómez o las supuestas negativas de las antiguas Farc en aceptar el reclutamiento forzado de menores de edad y la situación con ‘Jesús Santrich’ demostró que no se cumple la garantía de justicia y de no repetición. A esto último agregó el crecimiento de las disidencias. También señaló que la justicia transicional habría sido utilizada “para pagar favores políticos a través de contratistas familiares y cercanos a quienes apoyaron el proceso de La Habana”.
En cuanto a las propuestas de Valencia, las dos también tendrían implicaciones frente al sistema de justicia transicional. La primera iniciativa ya había sido radicada con anterioridad y apunta a crear unas salas especiales en la JEP que asumirían los procesos relacionados con las Fuerzas Armadas. La congresista argumenta que el sistema de justicia transicional no ha logrado el trato diferenciado a los uniformados, algo que prometió el gobierno Santos. En este mismo sentido, señaló que los actuales magistrados de la JEP no les dan garantías a los miembros de la Fuerza Pública procesados en ella.
La segunda propuesta de Paloma Valencia busca eliminar el delito político del ordenamiento jurídico colombiano. Supuestamente, a consideración de la senadora, este tipo de figuras han “gestado una peligrosa legalización o aceptación en el imaginario colectivo colombiano, en el que se considera ‘razonable’ legitimar diferentes tipos de violencia en el país y, al mismo tiempo, utilizarla como vehículo para participar en política y en la vida pública del país”. Sin embargo, en su articulado se habla de eliminar el Marco Jurídico para la Paz, establecido en el artículo 66 transitorio de la Constitución y, con ello, el apartado que le da a la JEP la prelación frente a la Fiscalía en la priorización de los casos del conflicto armado.
Cada uno de los proyectos ha sido asumido por los defensores del Acuerdo como un ataque a los órganos que nacieron del proceso de paz. El Espectador consultó a varios expertos en el sistema de justicia transicional sobre las posibles implicaciones de las propuestas y coincidieron en que es un intento más del uribismo por modificar una negociación con la que nunca estuvo de acuerdo. Sin embargo, buena parte de ellos expresaron que muy probablemente van a fracasar, pues lo pactado en La Habana forma parte de la Constitución, es decir, está blindado. El abogado Diego Martínez, uno de los arquitectos del acto legislativo que creó la JEP, asegura que “son pocas las posibilidades del legislador para modificar el Acuerdo”, pues está elevado en la Carta Política, y la Corte Constitucional ya se pronunció sobre este tema.
A consideración del jurista, aprobar alguno de los tres proyectos del uribismo “sería afectar y sustituir la Constitución” y afectar un “plexo normativo” que sirve de base para la implementación. A su vez, la experta en temas de paz de la Universidad de los Andes Laura Yaneth Rivera opinó que ninguno de los proyectos, de ser aprobados, sobreviviría a un control de constitucionalidad y convencionalidad por parte de la Corte Constitucional. Para la académica, tanto el de eliminar la JEP como el de crear una sala aparte para los militares, “sería inconstitucional”, pues los que ya han comparecido “perderían la seguridad jurídica”, sin importar si son exguerrilleros o miembros de la Fuerza Pública.
En este punto, el profesor Stefan Peters, director del instituto CAPAZ, agregó que la propuesta de eliminar la JEP o de crear una sala especial para uniformados dejaría al país a merced de la Corte Penal Internacional (CPI), que desde hace varios años está estudiando de forma preliminar la situación en Colombia. A esto, añadió Martínez, la CPI ya dijo que “no está de acuerdo” con la creación de dicha sala especial para los militares. Por eso consideró que sería un camino peligroso para la seguridad jurídica de ellos mismos, pues se podrían entender dichos proyectos como “un intento de substraerlos de la justicia”. Además, advirtió que en el acto legislativo que creó la JEP hay una cláusula que no permitiría tales cambios.
Por otro lado, frente al proyecto que busca eliminar el delito político, los expertos también coincidieron en que sería “sustituir la Constitución”. Esto, según Martínez, debido a que “la Constitución del 91, que nace de la negociación con el M-19, es un tratado de paz abierto”. Además, tanto Peters como Rivera señalaron que quitar el delito político de la Carta Magna podría impedir posibles negociaciones con grupos guerrilleros a futuro, ya que llenaría de incertidumbre futuros acercamientos dado que no habría garantías y todas sus conductas, sin distinción, serían procesadas como delitos ordinarios.
Además, ante la posible eliminación del artículo 66 transitorio, que establece el Marco Jurídico para la Paz, el abogado Martínez expresó que podría ser problemático en varios puntos. Por un lado, explicó que mediante este apartado varios exparamilitares estarían intentando entrar a la JEP, por lo que se le cerraría la puerta a la verdad que podrían aportar allí. En segundo lugar, comentó que “podría afectar la división de la labor de la Fiscalía y la JEP”, puesto que en este artículo está consagrada la posibilidad de priorizar al tribunal transicional los delitos más graves: “Es un ‘mico’ escondido que afectaría ese plexo normativo”. A esto, añadieron Peters y Rivera, se le quitaría independencia a la JEP y se desecharía el trabajo de hermenéutica jurídica que han desarrollado para priorizar los casos más graves. “Dejaría sin dientes a la JEP y quedarían dependiendo de la Fiscalía. Es una invasión a esta Jurisdicción”, concluyó Rivera.