La “asistencia militar” enreda negociación entre el Comité del Paro y el Gobierno

El Comité Nacional del Paro y el Gobierno publicaron comunicados desde sus orillas en los que dejan ver que cada vez se enreda más la concertación preliminar para entrar a negociar medidas que atiendan las necesidades de la gente que sigue manifestándose tras más de un mes de paro nacional. El Comité, que reúne a centrales obreras, estudiantes y organizaciones sociales, reprochó el decreto del presidente Iván Duque que lleva “asistencia militar” a varias ciudades y departamentos; mientras en Palacio contestan, una vez más, que se deben levantar los bloqueos para entrar a negociar.

(Lea también: ¿Cuáles son las peticiones del Comité Nacional del Paro?)

La plataforma que está concertando con el Gobierno se quejó del decreto 575, expedido por Duque luego de que Cali viviera una noche de terror el 28 de mayo. La norma aplica para Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva; cuyos alcaldes y gobernadores deben acordar con Policía y Ejército la “asistencia militar”, para “afrontar y superar los hechos que dan lugar a grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”.

Es decir, coordinar con la Fuerza Pública para levantar los bloqueos existentes y se evite la instalación de nuevos. Organizaciones de derechos humanos y constitucionalistas criticaron la medida, pues se asimila una figura de la conmoción interior sin serlo, pues no pasará por una revisión de la Corte Constitucional. “Se trata de una conmoción interior parcial y de facto, que elude el control constitucional, involucra a los militares en el manejo de la protesta y subordina las autoridades civiles a los mandos militares, configurando con ello un golpe de Estado”, dijo el Comité del Paro en su comunicado.

(Lea también: Gobierno exige que desbloqueos queden en el acuerdo con Comité del Paro)

De hecho, citaron un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, institución multilateral que, tras conocer el decreto del Gobierno Duque, manifestó que, “reitera las obligaciones internacionales del Estado en seguridad interna, y los estándares interamericanos que disponen que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada”. Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch también manifestaron su preocupación.

“El escalamiento de las medidas militares y policivas agravan la ya muy delicada situación de derechos humanos, se bloquea, se malogra y se desperdician los esfuerzos realizados para iniciar la negociación, prolongando innecesariamente y a altísimos costos, una solución, que en todo caso será a través de una negociación”, insistió el Comité del Paro. No obstante, el Gobierno alcanzó a oxigenarse este fin de semana con legitimidad luego de que cientos de ciudadanos salieran a manifestarse en Bogotá en rechazo a los bloqueos de vías y en apoyo a la Fuerza Pública.

“Esta mañana, miles de colombianos en representación de millones han enviado un mensaje claro: No más violencia, no más bloqueos, no más destrucción”, se lee en el encabezado del comunicado de la Casa de Nariño. Luego, el documento pasa a insistir en el que ha sido el discurso del Gobierno desde que comenzaron las manifestaciones y en distintos puntos del país ciudadanos comenzaron a obstaculizar las vías: “Esta práctica nos ha costado a los colombianos, ya demasiado. Esta práctica es ilegal y moralmente inadmisible. La totalidad de estos bloqueos debe terminar inmediatamente”.

Desde el Gobierno insisten que los bloqueos impiden el tránsito libre de las personas y afectan derechos de los ciudadanos. “Para nuestra sorpresa, el Comité Nacional del Paro, en lugar de solidarizarse con los colombianos, ha insistido en su apoyo a los bloqueos”, dijo el Gobierno. Pero el Comité asegura que esta es una exigencia recientemente incorporada por el Ejecutivo, y además acusan a los delegados de Duque de “sacar temas cruciales en los que teníamos acuerdo como la desmilitarización y el no uso de la asistencia militar para la protesta, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas”.

(Lea también: Polémica por pactos firmados entre Gobierno y Comité del Paro en Buenaventura)

Lo anterior, pues el Gobierno dijo que le haría “ajustes” y observaciones a un preacuerdo de garantías que habían firmado ambas partes el pasado 24 de mayo. Luego de que varios puntos del documento, firmado por dos viceministros de Duque, levantaran ampolla entre el Centro Democrático, el ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que debían revisarlo de nuevo. “No se trata de ajustes en la redacción como habían anunciado, se trata de deshacer el preacuerdo logrado y con ello cerrar cualquier posibilidad de la negociación”, respondió el Comité del Paro este domingo.

El Comité Nacional del Paro y el Gobierno publicaron comunicados desde sus orillas en los que dejan ver que cada vez se enreda más la concertación preliminar para entrar a negociar medidas que atiendan las necesidades de la gente que sigue manifestándose tras más de un mes de paro nacional. El Comité, que reúne a centrales obreras, estudiantes y organizaciones sociales, reprochó el decreto del presidente Iván Duque que lleva “asistencia militar” a varias ciudades y departamentos; mientras en Palacio contestan, una vez más, que se deben levantar los bloqueos para entrar a negociar.

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La plataforma que está concertando con el Gobierno se quejó del decreto 575, expedido por Duque luego de que Cali viviera una noche de terror el 28 de mayo. La norma aplica para Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva; cuyos alcaldes y gobernadores deben acordar con Policía y Ejército la “asistencia militar”, para “afrontar y superar los hechos que dan lugar a grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”.

Es decir, coordinar con la Fuerza Pública para levantar los bloqueos existentes y se evite la instalación de nuevos. Organizaciones de derechos humanos y constitucionalistas criticaron la medida, pues se asimila una figura de la conmoción interior sin serlo, pues no pasará por una revisión de la Corte Constitucional. “Se trata de una conmoción interior parcial y de facto, que elude el control constitucional, involucra a los militares en el manejo de la protesta y subordina las autoridades civiles a los mandos militares, configurando con ello un golpe de Estado”, dijo el Comité del Paro en su comunicado.

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De hecho, citaron un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, institución multilateral que, tras conocer el decreto del Gobierno Duque, manifestó que, “reitera las obligaciones internacionales del Estado en seguridad interna, y los estándares interamericanos que disponen que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada”. Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch también manifestaron su preocupación.

“El escalamiento de las medidas militares y policivas agravan la ya muy delicada situación de derechos humanos, se bloquea, se malogra y se desperdician los esfuerzos realizados para iniciar la negociación, prolongando innecesariamente y a altísimos costos, una solución, que en todo caso será a través de una negociación”, insistió el Comité del Paro. No obstante, el Gobierno alcanzó a oxigenarse este fin de semana con legitimidad luego de que cientos de ciudadanos salieran a manifestarse en Bogotá en rechazo a los bloqueos de vías y en apoyo a la Fuerza Pública.

“Esta mañana, miles de colombianos en representación de millones han enviado un mensaje claro: No más violencia, no más bloqueos, no más destrucción”, se lee en el encabezado del comunicado de la Casa de Nariño. Luego, el documento pasa a insistir en el que ha sido el discurso del Gobierno desde que comenzaron las manifestaciones y en distintos puntos del país ciudadanos comenzaron a obstaculizar las vías: “Esta práctica nos ha costado a los colombianos, ya demasiado. Esta práctica es ilegal y moralmente inadmisible. La totalidad de estos bloqueos debe terminar inmediatamente”.

Desde el Gobierno insisten que los bloqueos impiden el tránsito libre de las personas y afectan derechos de los ciudadanos. “Para nuestra sorpresa, el Comité Nacional del Paro, en lugar de solidarizarse con los colombianos, ha insistido en su apoyo a los bloqueos”, dijo el Gobierno. Pero el Comité asegura que esta es una exigencia recientemente incorporada por el Ejecutivo, y además acusan a los delegados de Duque de “sacar temas cruciales en los que teníamos acuerdo como la desmilitarización y el no uso de la asistencia militar para la protesta, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas”.

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Lo anterior, pues el Gobierno dijo que le haría “ajustes” y observaciones a un preacuerdo de garantías que habían firmado ambas partes el pasado 24 de mayo. Luego de que varios puntos del documento, firmado por dos viceministros de Duque, levantaran ampolla entre el Centro Democrático, el ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que debían revisarlo de nuevo. “No se trata de ajustes en la redacción como habían anunciado, se trata de deshacer el preacuerdo logrado y con ello cerrar cualquier posibilidad de la negociación”, respondió el Comité del Paro este domingo.