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En los pasados 10 años, desde el Congreso se ha intentado tramitar la cadena perpetua revisable para violadores de menores de edad. Esta es la primera vez que la iniciativa llega a séptimo debate. La Comisión Primera del Senado tiene la pelota este lunes, cuando se tiene previsto votar por el proyecto. Roy Barreras, de la U y ponente coordinador de la iniciativa, explica cuáles son sus razones por la que pide hundir la propuesta.
¿Por qué dice, a diferencia de los autores del proyecto, que la cadena perpetua contra violadores de niños no protege a los niños?
Aunque todos queremos el más eficaz y severo castigo contra los violadores y asesinos de niños, la reforma constitucional que el Gobierno quiere aprobarles les quedó tan mal hecha que tiene el efecto contrario. Está imponiendo la misma pena perpetua al violador que al asesino. Como no hay ninguna diferencia, al criminal le parece mejor negocio matar al niño para no dejar testigo. Es la misma pena si lo capturan. Lo que hará es estimular mayor número de asesinatos. El proyecto no protege a los niños, le hace más daño.
Usted hace una alerta referente a lo que podría pasar con adolescentes responsables de cometer estos delitos…
Tal y como está escrito el proyecto, se condenaría a cadena perpetua a los adolescentes que tuvieran sexo bajo el efecto del licor, porque como no tiene precisiones, la norma permitiría imponer esa sanción a quien esté es incapacidad de resistir. Una menor de 15 años está en la imposibilidad de resistir bajo los efectos del alcohol. Basta con un padre furioso para demandar al novio de 17 años por tener sexo con la joven en incapacidad de resistir.
Y el tema de la revisión a los 25 años, los autores señalan este punto como lo novedoso del proyecto…
Con esto se permitiría que asesinos y violadores como Garavito o Rafael Uribe Noguera puedan salir después de cumplir 25 años de cárcel. Soy el autor de la ley que permitió castigarlos con 60 años de cárcel y con esta no hay posibilidad de que salgan a los 25 años. Este proyecto termina convirtiéndose en un riesgo de impunidad.
¿Por qué asegura que los violadores y asesinos de niños pueden salir a los 25 años tras la revisión de sus condenas?
Por el principio de favorabilidad que cualquier asesino podría convocar. Si se aprueba la norma, por ejemplo, el señor Garavito, que fue condenado en 1999, en cuatro años podría reclamar la revisión de su condena diciendo que es un pastor cristiano. No sabemos si un juez le dice que no o, si de pronto, le cree que se convirtió pastor cristiano. ¿Por qué le vamos a abrir la puerta?
Es decir, de aprobarse la norma, ¿personas como Garavito o Uribe Noguera pueden pedir la revisión de sus penas, cuando fueron condenados antes del proyecto?
Las reformas constitucionales son atemporales, es decir, se rigen hacia atrás y hacia adelante. La norma constitucional es norma de normas y tiene vigencia inmediatamente. De suerte que al otro día puede haber procesos contra adolescentes que han tenido sexo bajo efectos del licor siendo inocentes. Además, es importante resaltar que la norma no excluye a los menores. El Código Penal excluye a los menores. Ellos no son imputables, pero como la norma quedaría mal escrita, un juez, eventualmente, podría condenar a un menor de 16 por tener relaciones sexuales con su novia de 14 años. Esto desconoce la realidad social y cultural de muchas zonas del país donde los jóvenes empiezan muy rápido su vida sexual.
Además de la condena al abusador o violador es importante garantizar la reparación a la víctima, ¿este proyecto contempla esa dimensión de reparación?
Esta reforma lo impide, al igual que impide la delación de los cómplices. Al estar condenado a cadena perpetua, el criminal no tiene ninguna ventaja o beneficio por reparar a la víctima o delatar algún cómplice. El criminal Uribe Noguera hace parte de una red de pedófilos. Él no ha delatado a nadie porque de nada le sirve hacerlo. Debo confesar que la ley con la que les aumenté la cárcel a 60 años, eso hace 12 años, no sirvió para nada. Después de la ley han aumentado los casos. El año pasado 22.000 niños fueron violados. Más del 90% de los casos fueron perpetrados por los padres, tíos, abuelos, parientes o el proveedor de alimento a niños en situación de pobreza. Solo al 5% de aquellos a quienes les abrieron indagación, que son más de 2.200, apenas 207 fueron condenados. Eso equivale al 0.45% de los reportes, es decir, el 99.55% de los casos en Colombia se encuentran en la impunidad, pese a que hay penas de 60 años, que es igual a una cadena perpetua. En otras palabras, este proyecto no protege a los niños.
En la justificación que hizo contra el proyecto, trajo a colación el artículo 12 y convenciones de derechos humanos suscritos por Colombia que determina que “nadie será sometido a penas crueles”. Es decir, para usted la cadena perpetua es una pena cruel, y la Ley de 60 años de cárcel para alguien que sea condenado a sus 40 le asegura toda una vida encerrado tras las rejas…
Es cierto. Dos cosas, el hecho de reformar solo el artículo 34 (el que prohíbe la cadena perpetua), no el artículo 12, implica una antinomia constitucional. Es Colombia le llamamos una chambonería constitucional, porque si reforman el artículo 34 tienen que reformar el 12. Como autor de esa ley debo confesar que fue inútil y debe de someterse a revisión. Como dije, aumentaron los casos de violación. Hoy no presentaría esa ley. Por otro lado, he propuesto algo muy duro, pero mucho más razonable a mi juicio como médico, y es la castración química, que elimina el instinto sexual del violador, dejando de ser un riesgo para la sociedad. Es otro proyecto y otra discusión.
¿Cree que el proyecto lo presentaron desde la emocionalidad?
No hay ninguna duda. Y lo mismo lo hijo la ministra del Interior hace dos días en otras palabras. Nos preguntó que, si fueran nuestros hijos, ¿qué haríamos? Un gobierno no puede estimular el odio de esa manera. Cualquier padre de familia diría que mataría al violador de su hijo. Eso es estimular la violencia y un gobierno no lo puede hacer. Eso es invitar a los senadores a votar emberracados como el Centro Democrático invitó a votar a los colombianos por el no en el plebiscito. Esa es la costumbre del Centro Democrático, estimular las emociones y no la razón.
Usted alerta que, de aprobarse este proyecto, se abre la puerta para que otros delitos se les imponga la cadena perpetua…
Esa es la falla más protuberante para los expertos penalistas en Colombia. En la audiencia pública en la que invitamos a más de 30 expertos en derecho penal, estos de manera unánime demostraron que el proyecto es un adefesio porque desarticula a todo el sistema penal. Si se establece la cadena perpetua para la violación, por qué no se hace con la tortura, el secuestro, trata de menores, ataques con ácidos, genocidio, terrorismo. Es decir, había que poner la cadena perpetua para todos los delitos atroces y, cuando se hace eso, acaba con la proporcionalidad de la pena, por tanto, daría lo mismo robar que matar y acaba con el margen de discrecionalidad que debe tener el Estado para garantizar que los criminales confiesen y delaten a sus cómplices. Esa es la base del sistema penal acusatorio.
¿Por qué cree que el proyecto, de aprobarse, cae en medio de la revisión constitucional?
Esto rompe con el bloque de inconstitucionalidad y los tratados internacionales. Además, la aprobación de esta reforma constitucional será a través de una red social que es absolutamente ilegal, viola la Ley Quinta y las formas establecidas, de manera que es un engaño al corazón de los colombianos, que, indignados con toda razón, quieren las penas más severas y eficaces, pero es mentira. Es populismo punitivo.
El proyecto le da un año al Gobierno para diseñar una política pública. ¿El Estado no cuenta con ninguna normativa que dicte un protocolo para la prevención y atención de los niños víctimas de violaciones?
Ese es otro engaño a la opinión pública. Hace 14 años existe la ley de infancia y adolescencia y hace cinco años aprobamos la Ley de Cero a Siempre en el gobierno Santos. Eso sí es prevenir a los niños, protegerlos. Que apliquen la ley, que la inviertan más en Bienestar Familiar, que contraten más madres comunitarias, más psicólogos, que hagan más casas de protección al adolescente, que protejan más a las madres cabeza de hogar.