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La Corte Constitucional le dio una noticia de peso al país: su decisión de ampliar el mandato de la Comisión de la Verdad, institución creada en 2017 a partir del Acuerdo de Paz y puesta en marcha en noviembre de 2018. El decreto-ley que le dio vigencia dictaba que la entidad tendría un período de vida de tres años para cumplir su mandato principal: entregarles a los colombianos un informe final, un relato colectivo sobre la amplia verdad del conflicto armado. Asimismo, la entidad estatal debe entregar una serie de recomendaciones para la no repetición. Ese trabajo titánico debía quedar listo este año y sería dado a conocer el próximo 28 de noviembre.
Sin embargo, gracias la petición de un grupo de víctimas —en compañía de organizaciones como Dejusticia—, sumado a otra serie de cartas enviadas al alto tribunal, una de ellas proveniente de la propia Comisión de la Verdad, resultaron en la determinación de la Corte, que concluyó extender el mandato siete meses más para entregar dicho informe final. Es decir que el país conocerá este importante documento el 27 de junio de 2022, ocho días después de la muy posible segunda vuelta de la elección presidencial. ¿Cómo repercute esta decisión en el escenario electoral, en el que todos buscan votos para hacerse al poder?
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Primero que todo, es pertinente aclarar que la extensión del mandato de una comisión de la verdad no es una cosa extraordinaria o que solo haya pasado en Colombia. Diana Isabel Güiza Gómez, integrante del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional de la Universidad de Notre Dame, trajo a colación un concepto que el Instituto Kroc envió al alto tribunal y muestra, de forma comparativa, que a otras comisiones del mundo también se les ha alargado su vida.
“Estas comparaciones deben ser cautelosas porque otras entidades de este tipo han tenido funciones distintas a la Comisión de la Verdad colombiana. Por ejemplo, la de Sudáfrica y Nepal tuvieron a su cargo otorgar amnistías a los comparecientes, a partir del aporte a la verdad, asuntos que se tienen en cuenta a la hora de definir el tiempo de su trabajo. Aunque esa no es una función la Comisión de la Verdad nuestra, lo relevante es que esa extensión no es algo raro, dado que por distintas circunstancias estas entidades no alcanzan a cumplir sus tareas en el tiempo asignado”, explicó Güiza. “Seis comisiones de la verdad tardaron aproximadamente un 120,5 % más que el plazo al principio previsto. Si lo miramos en tiempos proporcionales, el caso de la Comisión de la Verdad colombiana contempló una ampliación del tiempo menor”, agregó, señalando además que, dadas las condiciones de la pandemia, había razones suficientes para la decisión de la Corte.
Según Güiza Gómez, era algo inevitable que el trabajo de la Comisión quedara en medio de la trinchera político-electoral, incluso si hubiera sacado su informe el 28 de noviembre. “Desde su concepción, quedó incrustada en el calendario electoral, por eso no veo gran diferencia con la decisión de la Corte. Además, desde el plebiscito de 2016, el proceso de paz ha quedado enquistado en ese contexto porque los políticos opositores se han dado cuenta de que les es útil desaprobar el proceso de paz en tiempos de campaña”, expresó. Entonces, como la paz y todo lo que de ella se deriva ha servido de munición en el debate político, la analista manifestó que el reto de los sectores políticos que defienden el trabajo de la Comisión está en que generen un tipo de relato del informe final que logre que este documento no se convierta en munición de campaña de sus detractores.
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Adriana Rudling, experta en justicia transicional, opina que es positivo que el trabajo de la Comisión y su entrega del informe final se dé en un ambiente de elecciones. “Creo que era el mejor escenario frente a lo que podía suceder. Muchos de nosotros estábamos preocupados porque el informe se conociera en noviembre, pues eso abría el interrogante sobre cómo la sociedad se iba a apropiar de los hallazgos y cómo el Estado iba a implementar las recomendaciones. La prórroga que avaló la Corte Constitucional nos expone que el informe se va a conocer cuando ya sepamos quién queda electo como primer mandatario y quiénes son los congresistas. El inicio de un nuevo gobierno y Congreso nos da una mayor capacidad de planeación a largo plazo para utilizar los datos que brinde ese informe”, indicó.
Sin embargo, aseguró que lo que preocupa es la posible filtración de documentos en plena contienda por ganar el Ejecutivo y el Legislativo. “Sabemos que se van a filtrar cosas del informe antes de que este salga a la luz. Eso ha pasado en muchos países y seguro va a generar una conversación nacional al respecto. Esa información que se va a conocer antes de tiempo podría generar muchos daños, y más en el contexto electoral”, advirtió. No obstante, manifestó que, en todo caso, lo peor que le podría pasar al informe final de la Comisión de la Verdad es que no genere ningún impacto y se quede guardado.
“Lo peor que le puede pasar a un informe es que no sea nada, que no haya interacción social con él. En Perú y Guatemala, los informes finales de la verdad fueron objeto de mucha contienda política. Tampoco le sirve a ningún informe volverse una narrativa estática oficial. Es decir, en la medida en que la gente hable del informe, aunque sea incluso con la intención de cuestionar los datos que ahí aparecen, es algo positivo para una comisión y para el proceso de paz. Frente a los ataques de la derecha, desde el encuentro que tuvo la Comisión de la Verdad con el expresidente Uribe, ha habido un acercamiento frágil por parte de algunos integrantes de ese sector político. A ellos, de alguna manera, también les interesa que su narrativa se incluya en el informe final y esto pasa porque están apareciendo grietas en la derecha política”, comentó.
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Por su parte, Astrid Camelo, investigadora en Diacronía, comenta que el informe final, así salga después de la segunda vuelta presidencial, estará muy presente en la carrera electoral. “En algún punto a los candidatos presidenciales les van a preguntar qué harían con los resultados de este documento que presente la Comisión. En términos de política pública, los candidatos tendrán que saber qué contestar, así no sea obligatorio usar el informe final de cara a esas necesidades. Eso debería aparecer en el programa de gobierno si los aspirantes a la Presidencia esperan ganar votos”, argumentó.
A diferencia de otras lecturas, Camelo piensa que implementar la paz, con todo lo que eso implica, seguirá siendo un tema central en la contienda electoral, así haya otras problemáticas urgentes, como la reactivación económica luego de la pandemia. “La paz siempre va ser un fortín político. En este escenario, la reactivación económica va ligada con la paz. Si el país no tiene mecanismos de resolución de conflictos y de reconstrucción de tejido social, no va a lograr reactivar la economía. Ese objetivo no depende solo de inyectar dinero para que los microempresarios, empresarios y restaurantes surjan, sino que es necesario irnos a la base de la desigualdad social y de oportunidades. Eso debe abordarse en las elecciones”, aseguró.
Con todo, de cara al escenario preelectoral y electoral de 2022, hay, por lo menos, otros dos riesgos que tendrá que sortear la Comisión de la Verdad en este período de prórroga. En el primer caso, la discusión del presupuesto que le deben asignar para finalizar el año y poder continuar en el próximo, y en el segundo, su trabajo en plena campaña. En cuanto a los recursos, está pendiente en el Congreso que se radique una proposición en el proyecto del presupuesto de 2022 sobre cuánta debe ser la financiación para la entidad. Y alrededor del trabajo en campo de las elecciones, la pregunta abierta aborda la violencia que seguramente enfrentará el país por el tinte electoral.
“Las elecciones son un período muy violento. Quizás el mayor reto que tendrá la Comisión y las instituciones del Sistema de Justicia Integral de Paz es que su trabajo y la participación de distintas organizaciones de la sociedad civil en esos escenarios no incremente los riesgos de violencia”, concluyó Diana Güiza.