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La advertencia
En 2019 fue aprobada la contrarreforma al sistema de control fiscal, la cual convirtió al contralor en el segundo cargo más importante del país, y le otorgó el poder de advertencia sobre sus vigilados.
Ese mismo año señalé que el control concomitante casi que determinaría las decisiones administrativas del funcionario o entidad advertida por corrupción. Tres años después, los hechos confirmaron esta hipótesis de coadmisión.
Esta reforma devolvió la Contraloría a los años setenta, cuando su corrupción era una práctica tan rutinaria que en su momento ayudaría a convocar la Constituyente de 1991. De modo que el cambio de hace tres años obedeció al afán de convertir a la Contraloría en un botín burocrático, que al interés de cumplir su misión —hacer el control fiscal de la nación—.
Sí, esta fue la verdadera intención de quienes redactaron y aprobaron el Acto Legislativo 4 de 2019. Pero sorprende más que la Corte Constitucional lo haya declarado exequible, cuando contradice su propia sentencia C-103 de 2015.
El escándalo de ahora
Por ejemplo, el mes pasado los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nora expusieron los resultados de su investigación sobre la corrupción con los recursos de las regalías para la paz.
Esta investigación delató a los contralores delegados Aníbal José Quiroz y Juan Carlos Gualdrón, quienes objetaron proyectos a municipios afectados por el conflicto armado de manera discrecional, arbitraria, y sin ningún sustento técnico.
Así lo denunciaron los integrantes del Grupo Motor PDET del municipio de Vistahermosa Meta. Ellos expusieron los oficios que Quiroz y Gualdrón enviaban al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD-PAZ) —responsable de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión para la paz—.
Incluso, la flagrante coadministración de los contralores delegados impidió la ejecución de proyectos municipales en vías terciarias. Aun cuando las demás instancias, como el Ministerio de Transporte, ya había emitido un concepto favorable a estos proyectos.
Pero ¿por qué los integrantes del OCAD-PAZ aceptaron esta imposición de la Contraloría?
Emilio José Archila aceptó el bloqueo de proyectos por parte de la Contraloría y nunca mencionó el papel co-administrativo del ente de control. Él afirmó que hizo las correspondientes denuncias sobre las irregularidades de las que tuvo conocimiento.
De Luis Alberto Rodríguez, director del DNP, sabemos que construyó una mansión en las afueras de Valledupar avaluada en dos millones de dólares. No pudo explicar el origen de esos dineros, y nunca se opuso a la exclusión de proyectos por parte de la Contraloría.
Sobre Álvaro Ávila, integrante del OCAD-PAZ y director del Sistema General de Regalías del DNP, fue evidente que cumplió la función de obstaculizar la aprobación de proyectos. Junto con los contralores delegados, presionó a funcionarios del Ministerio de Transporte para que retiraran la favorabilidad a más de la mitad de los proyectos de vías terciarias, ya aprobados para distintos municipios.
Al final, los miembros del OCAD-PAZ aceptaron el papel coadministrativo de Quiroz y Gualdrón. Además, acataron el veto que los contralores hicieron a 99 proyectos correspondientes a las sesiones 52 a la 55 del OCAD-PAZ.
Cómo funcionó el negocio
En la declaración que los alcaldes afectados dieron a los periodistas investigadores, denuncian el entramado de corrupción en el interior del OCAD-PAZ.
Sobre Ávila, un alcalde dijo que este lo citaba y le pedía ciertos puntos por proyecto. Si el proyecto cumplía lo aprobaba, y si no, no lo incluía en el listado que enviaba la Contraloría al OCAD-PAZ.
Otro alcalde afirmó que “si el proyecto no llevaba la bendición de un congresista o de un amigo del alto gobierno, pues no va a pasar, y no lo van a aprobar. También cobran unas dádivas o algún recurso. La tajada tenía que ser de un 10% o 15% para que se pudiera llevar el proyecto a la mesa técnica, y que sea probado”.
Valeria Santos concluye en su investigación que: “todo parece indicar que la Contraloría hace un trabajo sucio apretando a los alcaldes con una figura de control ex ante, o control previo, que Felipe Córdoba se inventó en el 2020. Todo parece indicar que, si los alcaldes no pagaban entre el 1 y el 2% del proyecto a miembros de la Contraloría, estos conceptuaban negativamente los proyectos en los oficios que mandaban al OCAD-PAZ antes de cada sesión. Era algo así como paga o le bajamos el proyecto”.
La elección del contralor
Rodríguez, Quiroz y Gualdrón aspiraban a ser el próximo Contralor General de la República. No es casualidad que ellos tres fueran seleccionados, por el anterior Congreso, entre los diez “mejores” candidatos para ocupar el cargo de Contralor. Seguramente, uno de ellos iba ser el ungido.
No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó rehacer la lista de elegibles para que se subsane el principio de equidad de género; se excluya a un candidato que no cumplía el requisito de edad; y se ponderen los criterios meritocráticos.
El nuevo Congreso elaboró una nueva lista de diez candidatos, donde continúan cuatro de los seis candidatos de la primera apuesta del Contralor Córdoba. María Fernanda Rangel, actual directora de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría, estaría virtualmente elegida como contralora por los partidos tradicionales —mayoría en el Congreso—.
Es previsible que Rangel será la continuidad de la administración de Córdoba en la Contraloría. Esto, no solo por su cercanía personal, sino porque garantizaría que la inflación burocrática a que que ha llegado la Contraloría, continuaría al servicio del clientelismo político.
Así mismo, Rangel sería una garantía de que los desafueros de las últimas semanas del presidente Duque no sean investigados. Así, pasarán desapercibido:
- el destino de los recursos originados en la suspensión de la ley de garantías
- las adjudicaciones de contratos en el cierre de su gobierno
- por ejemplo, la compra de medicamentos con empresas de los Char
- las aspersiones con glifosato.
Adicionalmente, con el control concomitante y de advertencia que tiene la Contraloría, la oposición que respalda a Rangel tendría un incentivo político para paralizar la administración del presidente Gustavo Petro.
Las opciones
Con una Contraloría que tolere y participe en actos de corrupción, será muy difícil derrocar el régimen de los corruptos. Este es uno de los principales desafíos propuesto por el Pacto Histórico.
A diferencia de otros países con mayor grado de desarrollo cultural, educativo, económico, político y social, en Colombia nunca ha sido eficaz que los partidos políticos se inmiscuyan en los organismos de control.
Colombia necesita un contralor o contralora con voluntad y capacidad de poner en riesgo a los corruptos. Aún mejor si se hace de manera independiente, y no contaminado por la politiquería tradicional.
El Pacto Histórico y la coalición más amplía del gobierno, tendrían las siguientes opciones para avanzar en la lucha contra la corrupción:
- Revertir la contrarreforma al control fiscal (Acto Legislativo 4 de 2019). Deben eliminar de la Constitución el control preventivo y concomitante en cabeza de la Contraloría, y volver al diseño institucional que dejaron los constituyentes de 1991.
- Independizar del poder político la nominación y nombramiento del Contralor, del poder político.
- Dejar atrás lo que la industria anticorrupción nos vendió y que nosotros compramos en la Ley 87 de 1993, como modelo de control interno. Esta ha sido absolutamente ineficaz.
- Adoptar un modelo de control interno independiente de los vigilados. Por ejemplo, el que opera con la Intervención General de la Administración del Estado de España (IGAE) sería el que más se aproxima a nuestras necesidades: fusionar los artículos 269 y 354 de la Constitución, para que la Contaduría General de la Nación haga parte de este nuevo diseño institucional de control.
- Utilizar el artículo 113 de la Constitución para articular y fortalecer la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de la fiscalía general de la Nación y la Contraloría. Esto se articularía con el nuevo diseño del control interno y las superintendencias. No es necesario el ineficiente proceso administrativo de responsabilidad fiscal de la Contraloría para recuperar el dinero desviado por los corruptos.
*Luis Hernando Barreto es economista, agrólogo y magister en Estudios Políticos, candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, consultor privado. Esta nota se publica gracias a una alianza entre El Espectador y el portal Razón Pública.
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