La cruel persecución contra las mujeres en Santander de Quilichao, Cauca

Tras las nuevas realidades que se impusieron con el ascenso a la Alcaldía Municipal de la primera mujer por elección popular, la odontóloga Lucy Amparo Guzmán González, también reaparecieron los que sin poder superar frustraciones electorales y la pérdida de potestades corruptas que venían imperando en lo público local, decidieron torpedear y sabotear la voluntad de renovación y pulcritud, que se propuso el nuevo equipo de gobierno.

A Guzmán González la acompañan otras damas con igual compromiso cívico y que, por tanto, también fueron convertidas en víctimas: Sofía Herrera Chávez, directora de Hacienda; Nadimy Lorena Salazar David, directora del Instituto Municipal de Deportes; Gloria Stella Castaño Ramírez, tesorera general; Ana Katherine Vernaza Moreno, secretaria ejecutiva del Despacho; Leidy Patricia Vásquez Carabalí, médica cirujana, quien venía desempeñándose como secretaria de Salud, pero renunció al no resistir la estigmatización por ser afrocolombiana, ni el brutal acorralamiento psicológico que le impusieron los bandidos con los pasquines virtuales. 

Estas mujeres, que apenas van a completar cinco meses de servicio público, a quienes también acompañan Virginia Lorena Gómez Hurtado, secretaria de Fomento Económico y Agroambiental; Ángela Carrasco Alzate, directora del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional; Rubiela Agudelo Carabalí, almacenista; Ángela María Balanta Álvarez, secretaria de Bienestar Social y Participación Comunitaria; Olga Lucia Triana Franco, secretaria de Infraestructura y Equipamiento Municipal, entre muchas otras, por su condición femenina, están sufriendo la estrategia criminal de aterrorizarlas para que abandonen sus cargos.

Lo que buscan es frenar el desarrollo socio-económico del segundo municipio más importante del departamento del Cauca, al que no le quieren permitir la superación de las paupérrimas condiciones que ha padecido y de la corrupción que venía haciendo carrera en la administración pública.

Los bandidos fueron denunciados ante la autoridad competente por las amenazas de muerte, pero los delegados del poder judicial e investigadores también tendrán que estar alertas con aquellos que, valiéndose del anonimato que proporcionan las redes sociales -a través de perfiles falsos y fake news- insisten en la mutación del debate político decente o la natural controversia cívica, que en el desacuerdo permite evaluar y seleccionar las mejores propuestas en beneficio de las comunidades. En cambio, recurren a desesperados actos delincuenciales que llenan de pánico a las mujeres amas de casa, madres de familia, profesionales destacadas, que en un meritorio esfuerzo decidieron, además, entregar sus voluntades al servicio de la comunidad quilichagueña.

Estos sujetos, que no pudiendo asimilar un nuevo ejercicio participación cívica, libre, transparente, optimista y honesto, tratan de impedir que la administración pública cumpla con los objetivos sociales, políticos, económicos que la comunidad quilichagueña le confió, deben ser enfrentados por la cordura, la inteligencia, el sentido común, la solidaridad, el civismo de todos los que habitamos esta tierra, que es orgullo nuestro a pesar de ellos.

Y, en defensa de lo público, debemos unirnos sin temor ni miedo para rechazar sus cobardes amenazas, para decirles a esos delincuentes que seguimos apoyando el cambio, la superación de la pobreza, que no queremos que regrese la descarada corrupción que añoran, y que si amenazan e intimidan a una funcionaria, es a todo un pueblo al que están atacando en su integridad moral.

No puede ningún ciudadano de bien aceptar estigmatizaciones, persecuciones o amenazas de muerte por la condición de género, etnia, cultura, religión o por las creencias políticas de los demás, y menos por sus sueños y optimismos, y mucho menos, porque recibieron el mandato como autoridades legítimas que representan a toda la sociedad. Estas mujeres, con la doctora Lucy Amparo Guzmán González a la cabeza, serán capaces de poner en marcha y ejecutar un nuevo y eficaz Plan de Desarrollo. No pueden los agresores truncar impunemente las esperanzas de toda una ciudad que ya les ha dicho que no en otras ocasiones, porque los conocen.

No podemos permitir que por las evidentes frustraciones de algunos enfermos mentales, hoy quieran acorralar toda una administración pública de la que pretenden su fracaso para lograr su egoísta satisfacción. Es una propuesta absurda, incoherente, nociva, venenosa.

A propósito, es obvio que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma, eso nadie lo discute. Pero, simultáneamente con lo anterior, se cocina la manipulación de personas en una temeraria estrategia para entorpecer el normal desarrollo de las actividades administrativas, intentando, como sea, hacerle daño a la administración pública de Santander de Quilichao.

Se planifica una “tutelatón” bajo el supuesto de reclamar un derecho, pero el fin último es obtener resultados politiqueros, de grupo excluyente, pues se pretende utilizar para fines contrarios al ordenamiento jurídico, haciendo uso inadecuado e irrazonable del derecho, contrario a su contenido esencial y a sus fines.

Lo que se viene buscando, y ya se ensayó, es que en nombre del ejercicio ciudadano de un derecho fundamental, éste se convierta en una situación administrativa que entorpezca las oficinas públicas con la solución masiva de derechos de petición y tutelas, sin un fondo que sea real e idóneo para iniciar la actuación del Estado, afectando el normal desarrollo de la gestión pública, sobrecargando la administración, retrasando los procesos, dando lugar al desgaste administrativo y de recursos públicos. Ése es el objetivo.

En estos promotores no hay buena voluntad, al contrario, pretenden manipular vulgarmente a algunos ciudadanos a causa de los requerimientos que desvían la esencia fundamental del derecho, ya que son masivos, reiterativos, confusos y recurrentes. Esta es, entonces, la combinación de todas las formas para acosar, sin misericordia, con el uso desmesurado y deliberado de peticiones y tutelas en un ejercicio político, que terminará por volver los fallos, no un reconocimiento de los derechos, sino un asunto de deleite utilitario para sus promotores.

El desbarajuste que están impulsando, sin importarles el futuro de Santander de Quilichao, es para volver loco a cualquiera, claro, pero a cualquiera que se deje sorprender sin conocer las causas ni los objetivos, que evidenciados, toca enfrentarlos con gestión eficiente y eficaz, con valentía y respeto, basados en los principios de igualdad, coherencia y seguridad jurídica. La tarea de los quilichagueños es brindar el apoyo moral, cívico, y decente que hoy sus mujeres necesitan, frente a la codicia desbordada de egoístas que creen que los derechos son exclusivos de quienes no tienen más capacidades que el uso de la

Tras las nuevas realidades que se impusieron con el ascenso a la Alcaldía Municipal de la primera mujer por elección popular, la odontóloga Lucy Amparo Guzmán González, también reaparecieron los que sin poder superar frustraciones electorales y la pérdida de potestades corruptas que venían imperando en lo público local, decidieron torpedear y sabotear la voluntad de renovación y pulcritud, que se propuso el nuevo equipo de gobierno.

A Guzmán González la acompañan otras damas con igual compromiso cívico y que, por tanto, también fueron convertidas en víctimas: Sofía Herrera Chávez, directora de Hacienda; Nadimy Lorena Salazar David, directora del Instituto Municipal de Deportes; Gloria Stella Castaño Ramírez, tesorera general; Ana Katherine Vernaza Moreno, secretaria ejecutiva del Despacho; Leidy Patricia Vásquez Carabalí, médica cirujana, quien venía desempeñándose como secretaria de Salud, pero renunció al no resistir la estigmatización por ser afrocolombiana, ni el brutal acorralamiento psicológico que le impusieron los bandidos con los pasquines virtuales. 

Estas mujeres, que apenas van a completar cinco meses de servicio público, a quienes también acompañan Virginia Lorena Gómez Hurtado, secretaria de Fomento Económico y Agroambiental; Ángela Carrasco Alzate, directora del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional; Rubiela Agudelo Carabalí, almacenista; Ángela María Balanta Álvarez, secretaria de Bienestar Social y Participación Comunitaria; Olga Lucia Triana Franco, secretaria de Infraestructura y Equipamiento Municipal, entre muchas otras, por su condición femenina, están sufriendo la estrategia criminal de aterrorizarlas para que abandonen sus cargos.

Lo que buscan es frenar el desarrollo socio-económico del segundo municipio más importante del departamento del Cauca, al que no le quieren permitir la superación de las paupérrimas condiciones que ha padecido y de la corrupción que venía haciendo carrera en la administración pública.

Los bandidos fueron denunciados ante la autoridad competente por las amenazas de muerte, pero los delegados del poder judicial e investigadores también tendrán que estar alertas con aquellos que, valiéndose del anonimato que proporcionan las redes sociales -a través de perfiles falsos y fake news- insisten en la mutación del debate político decente o la natural controversia cívica, que en el desacuerdo permite evaluar y seleccionar las mejores propuestas en beneficio de las comunidades. En cambio, recurren a desesperados actos delincuenciales que llenan de pánico a las mujeres amas de casa, madres de familia, profesionales destacadas, que en un meritorio esfuerzo decidieron, además, entregar sus voluntades al servicio de la comunidad quilichagueña.

Estos sujetos, que no pudiendo asimilar un nuevo ejercicio participación cívica, libre, transparente, optimista y honesto, tratan de impedir que la administración pública cumpla con los objetivos sociales, políticos, económicos que la comunidad quilichagueña le confió, deben ser enfrentados por la cordura, la inteligencia, el sentido común, la solidaridad, el civismo de todos los que habitamos esta tierra, que es orgullo nuestro a pesar de ellos.

Y, en defensa de lo público, debemos unirnos sin temor ni miedo para rechazar sus cobardes amenazas, para decirles a esos delincuentes que seguimos apoyando el cambio, la superación de la pobreza, que no queremos que regrese la descarada corrupción que añoran, y que si amenazan e intimidan a una funcionaria, es a todo un pueblo al que están atacando en su integridad moral.

No puede ningún ciudadano de bien aceptar estigmatizaciones, persecuciones o amenazas de muerte por la condición de género, etnia, cultura, religión o por las creencias políticas de los demás, y menos por sus sueños y optimismos, y mucho menos, porque recibieron el mandato como autoridades legítimas que representan a toda la sociedad. Estas mujeres, con la doctora Lucy Amparo Guzmán González a la cabeza, serán capaces de poner en marcha y ejecutar un nuevo y eficaz Plan de Desarrollo. No pueden los agresores truncar impunemente las esperanzas de toda una ciudad que ya les ha dicho que no en otras ocasiones, porque los conocen.

No podemos permitir que por las evidentes frustraciones de algunos enfermos mentales, hoy quieran acorralar toda una administración pública de la que pretenden su fracaso para lograr su egoísta satisfacción. Es una propuesta absurda, incoherente, nociva, venenosa.

A propósito, es obvio que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma, eso nadie lo discute. Pero, simultáneamente con lo anterior, se cocina la manipulación de personas en una temeraria estrategia para entorpecer el normal desarrollo de las actividades administrativas, intentando, como sea, hacerle daño a la administración pública de Santander de Quilichao.

Se planifica una “tutelatón” bajo el supuesto de reclamar un derecho, pero el fin último es obtener resultados politiqueros, de grupo excluyente, pues se pretende utilizar para fines contrarios al ordenamiento jurídico, haciendo uso inadecuado e irrazonable del derecho, contrario a su contenido esencial y a sus fines.

Lo que se viene buscando, y ya se ensayó, es que en nombre del ejercicio ciudadano de un derecho fundamental, éste se convierta en una situación administrativa que entorpezca las oficinas públicas con la solución masiva de derechos de petición y tutelas, sin un fondo que sea real e idóneo para iniciar la actuación del Estado, afectando el normal desarrollo de la gestión pública, sobrecargando la administración, retrasando los procesos, dando lugar al desgaste administrativo y de recursos públicos. Ése es el objetivo.

En estos promotores no hay buena voluntad, al contrario, pretenden manipular vulgarmente a algunos ciudadanos a causa de los requerimientos que desvían la esencia fundamental del derecho, ya que son masivos, reiterativos, confusos y recurrentes. Esta es, entonces, la combinación de todas las formas para acosar, sin misericordia, con el uso desmesurado y deliberado de peticiones y tutelas en un ejercicio político, que terminará por volver los fallos, no un reconocimiento de los derechos, sino un asunto de deleite utilitario para sus promotores.

El desbarajuste que están impulsando, sin importarles el futuro de Santander de Quilichao, es para volver loco a cualquiera, claro, pero a cualquiera que se deje sorprender sin conocer las causas ni los objetivos, que evidenciados, toca enfrentarlos con gestión eficiente y eficaz, con valentía y respeto, basados en los principios de igualdad, coherencia y seguridad jurídica. La tarea de los quilichagueños es brindar el apoyo moral, cívico, y decente que hoy sus mujeres necesitan, frente a la codicia desbordada de egoístas que creen que los derechos son exclusivos de quienes no tienen más capacidades que el uso de la