La deuda del Congreso con la Comisión de Disciplina Judicial

Se cumplen poco más de dos años y cuatro meses desde que el Consejo de Estado tumbó, por inconstitucionales, las ternas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura y la Presidencia para elegir a los siete magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial, órgano creado en la reforma de equilibrio poderes de 2015 para reemplazar a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En esa misma decisión, el alto tribunal señaló que la reforma había establecido que esta elección y la de otros magistrados de altas corporaciones tenía que ser reglamentada bajo una ley estatutaria, por lo que exhortó al Congreso para que lo hiciera en menos de un año.

El pronunciamiento del Consejo de Estado fue hecho el 15 de diciembre de 2017 y, desde entonces, ningún proyecto de ley ha llegado a feliz término para solventar esta situación, por lo que no se ha podido dar el nacimiento oficial del órgano competente para vigilar la conducta disciplinable de los funcionarios y empleados judiciales y de los abogados. La deuda que tiene el Congreso ha hecho que la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura siga con vida, a pesar de que su acta de defunción fue firmada a mediados de 2015, y que varios de sus magistrados estén de forma interina o con sus periodos ya vencidos (llevan once años en el cargo, cuando la Constitución establece un máximo de ocho).

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Ante este panorama, considerado por varios expertos como inconstitucional, cuatro senadores (Eduardo Enríquez Maya, Esperanza Andrade Serrano, Germán Varón Cotrino y Juan Carlos García) radicaron el año pasado, en la Comisión Primera del Senado, un proyecto con el que esperan reglamentar las elecciones de los miembros de la Comisión de Disciplina Judicial. El texto, que tiene 22 artículos, define unos lineamientos claros para que Presidencia y Consejo Superior de la Judicatura realicen la convocatoria y envíen las ternas al Congreso.

En concreto, la iniciativa, radicada el 16 de octubre de 2019, establece los requisitos y procedimientos para la convocatoria, el perfil de los candidatos, las inhabilidades, el proceso de la convocatoria —que busca ante todo la claridad de los factores que se evaluarán y los criterios de ponderación—, la conformación de las ternas (compuestas por seis aspirantes cada una) y el envío de estas al Congreso de la República (tres ternas por Presidencia y cuatro por el Consejo Superior de la Judicatura). Tal como quedó en la reforma de equilibrio de poderes, será el Legislativo, en sala plena, el que escogerá a los siete magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial.

Es claro que esta ley, completamente procedimental, es esencial para destrabar una elección que lleva esperando el país desde hace poco menos de cinco años. Sin embargo, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya, uno de sus autores y principales impulsores, reconoce que es insuficiente ante lo que pide el Consejo de Estado y lo que estipula el artículo 126 de la Constitución, uno de los parágrafos cambiados en la reforma de equilibrio de poderes. Este apartado de la carta magna establece que, “salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley”.

Según Enríquez Maya, este artículo, cambiado en la mencionada reforma, “quedó tan mal hecho que va tocar sacar una ley para cada elección (magistrados de las altas cortes y procurador, entre otras corporaciones) y eso es materialmente imposible”. El senador agregó que la reforma de 2015 “ha generado un problema muy delicado”. Esta afirmación se ve materializada también en el artículo 231 de la Constitución, en donde se establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado también tendrán que ser elegidos a través de una convocatoria pública reglada; sin embargo, ambas corporaciones han llevado a cabo sus elecciones sin considerar este criterio.

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No solo el senador Enríquez Maya ha hecho esta observación. En diálogo con El Espectador, Julia Emma Garzón, presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y magistrada que lleva once años en el cargo, catalogó que la justicia estaba en “interinidad” porque ninguna de las elecciones hechas en los últimos años en las dos altas cortes se ha hecho bajo la mediación de convocatorias públicas regladas. Una postura similar a la expresada por Ramiro Bejarano en las páginas de este diario, que en su columna del 2 de febrero de 2019 aseguró que había irregularidades en la elección de los magistrados, pues no “agotaron” un procedimiento de convocatoria pública.

A pesar de las alertas y de varias exhortaciones del Consejo de Estado, el Congreso no ha tomado cartas en el asunto ni ha tramitado, hasta el momento, un proyecto que reglamente las elecciones de los altos tribunales del país, tal cual quedó consignado en la Constitución con el equilibrio de poderes. El último intento fue impulsado en el Legislativo por Enrique Gil Botero, siendo ministro de Justicia del gobierno de Juan Manuel Santos. En los últimos días de su administración, radicó un proyecto de ley en el que se reglamentaban las elecciones no solo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sino también de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura.

En sus diez artículos, esta iniciativa contemplaba los principios, criterios y el desarrollo de las convocatorias públicas para elegir a los magistrados de esos altos tribunales e, incluso, establecía los parámetros para las corporaciones que elegían a sus miembros por sí mismas, como es el caso de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el proyecto no alcanzó a ser debatido ni una sola vez, pues fue retirado por Gloria María Borrero, la primera ministra de Justicia del gobierno de Iván Duque, quien curiosamente había sido una de las solicitantes de esta ley cuando fue directora ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia.

Luego de que este proyecto fuera dado de baja, no ha existido otro desde el poder Ejecutivo para reglamentar la elección de todas las corporaciones. Desde el Ministerio de Justicia se tiene pronosticado radicar una reforma a toda la rama. No obstante, este aspecto, el de las convocatorias regladas, no es tocado ni mencionado en un primer borrador revelado a la opinión pública. Es más, en este prospecto de proyecto de ley se recalca que los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado deben ser elegidos con una convocatoria pública reglada previa y, además, se agrega el cargo de procurador general dentro del listado de nombramientos que debe realizarse bajo este tipo de convocatorias.

El senador Enríquez Maya reconoció también que habría sido más provechoso presentar un proyecto de ley en el que se incluyeran todas las corporaciones afectadas por la reforma de equilibrio de poderes, pero “es muy complejo consensuar a todos los implicados. No puedo mover todo ese andamiaje”. Por eso, al cumplirse cuatro años desde que se promulgó dicha reforma constitucional, el congresista le apostó a presentar una propuesta en la que se regulan las elecciones de los magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial, que es lo más urgente, ya que “está en el aire y el Gobierno ha querido manejarlo a través del Consejo de Estado”.

Este último punto expuesto por el congresista conservador hace referencia a que desde la Presidencia se han enviado varios cuestionamientos a la Sala de Conceptos del Consejo de Estado sobre esta situación y cómo proceder para elegir a los magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial. En un último pronunciamiento, el alto tribunal le indicó que podía enviar las ternas al Congreso bajo el principio de analogía con la ley que reglamentó la elección de contralor. Sin embargo, ante la contingencia por el coronavirus, tanto el posible envío del listado de candidatos como el trámite legislativo están frenados. De esta manera, todo parece indicar que la Comisión de Disciplina Judicial cumplirá cinco años en el papel, pero ni un día de funciones.

Se cumplen poco más de dos años y cuatro meses desde que el Consejo de Estado tumbó, por inconstitucionales, las ternas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura y la Presidencia para elegir a los siete magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial, órgano creado en la reforma de equilibrio poderes de 2015 para reemplazar a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En esa misma decisión, el alto tribunal señaló que la reforma había establecido que esta elección y la de otros magistrados de altas corporaciones tenía que ser reglamentada bajo una ley estatutaria, por lo que exhortó al Congreso para que lo hiciera en menos de un año.

El pronunciamiento del Consejo de Estado fue hecho el 15 de diciembre de 2017 y, desde entonces, ningún proyecto de ley ha llegado a feliz término para solventar esta situación, por lo que no se ha podido dar el nacimiento oficial del órgano competente para vigilar la conducta disciplinable de los funcionarios y empleados judiciales y de los abogados. La deuda que tiene el Congreso ha hecho que la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura siga con vida, a pesar de que su acta de defunción fue firmada a mediados de 2015, y que varios de sus magistrados estén de forma interina o con sus periodos ya vencidos (llevan once años en el cargo, cuando la Constitución establece un máximo de ocho).

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Ante este panorama, considerado por varios expertos como inconstitucional, cuatro senadores (Eduardo Enríquez Maya, Esperanza Andrade Serrano, Germán Varón Cotrino y Juan Carlos García) radicaron el año pasado, en la Comisión Primera del Senado, un proyecto con el que esperan reglamentar las elecciones de los miembros de la Comisión de Disciplina Judicial. El texto, que tiene 22 artículos, define unos lineamientos claros para que Presidencia y Consejo Superior de la Judicatura realicen la convocatoria y envíen las ternas al Congreso.

En concreto, la iniciativa, radicada el 16 de octubre de 2019, establece los requisitos y procedimientos para la convocatoria, el perfil de los candidatos, las inhabilidades, el proceso de la convocatoria —que busca ante todo la claridad de los factores que se evaluarán y los criterios de ponderación—, la conformación de las ternas (compuestas por seis aspirantes cada una) y el envío de estas al Congreso de la República (tres ternas por Presidencia y cuatro por el Consejo Superior de la Judicatura). Tal como quedó en la reforma de equilibrio de poderes, será el Legislativo, en sala plena, el que escogerá a los siete magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial.

Es claro que esta ley, completamente procedimental, es esencial para destrabar una elección que lleva esperando el país desde hace poco menos de cinco años. Sin embargo, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya, uno de sus autores y principales impulsores, reconoce que es insuficiente ante lo que pide el Consejo de Estado y lo que estipula el artículo 126 de la Constitución, uno de los parágrafos cambiados en la reforma de equilibrio de poderes. Este apartado de la carta magna establece que, “salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley”.

Según Enríquez Maya, este artículo, cambiado en la mencionada reforma, “quedó tan mal hecho que va tocar sacar una ley para cada elección (magistrados de las altas cortes y procurador, entre otras corporaciones) y eso es materialmente imposible”. El senador agregó que la reforma de 2015 “ha generado un problema muy delicado”. Esta afirmación se ve materializada también en el artículo 231 de la Constitución, en donde se establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado también tendrán que ser elegidos a través de una convocatoria pública reglada; sin embargo, ambas corporaciones han llevado a cabo sus elecciones sin considerar este criterio.

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No solo el senador Enríquez Maya ha hecho esta observación. En diálogo con El Espectador, Julia Emma Garzón, presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y magistrada que lleva once años en el cargo, catalogó que la justicia estaba en “interinidad” porque ninguna de las elecciones hechas en los últimos años en las dos altas cortes se ha hecho bajo la mediación de convocatorias públicas regladas. Una postura similar a la expresada por Ramiro Bejarano en las páginas de este diario, que en su columna del 2 de febrero de 2019 aseguró que había irregularidades en la elección de los magistrados, pues no “agotaron” un procedimiento de convocatoria pública.

A pesar de las alertas y de varias exhortaciones del Consejo de Estado, el Congreso no ha tomado cartas en el asunto ni ha tramitado, hasta el momento, un proyecto que reglamente las elecciones de los altos tribunales del país, tal cual quedó consignado en la Constitución con el equilibrio de poderes. El último intento fue impulsado en el Legislativo por Enrique Gil Botero, siendo ministro de Justicia del gobierno de Juan Manuel Santos. En los últimos días de su administración, radicó un proyecto de ley en el que se reglamentaban las elecciones no solo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sino también de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura.

En sus diez artículos, esta iniciativa contemplaba los principios, criterios y el desarrollo de las convocatorias públicas para elegir a los magistrados de esos altos tribunales e, incluso, establecía los parámetros para las corporaciones que elegían a sus miembros por sí mismas, como es el caso de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el proyecto no alcanzó a ser debatido ni una sola vez, pues fue retirado por Gloria María Borrero, la primera ministra de Justicia del gobierno de Iván Duque, quien curiosamente había sido una de las solicitantes de esta ley cuando fue directora ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia.

Luego de que este proyecto fuera dado de baja, no ha existido otro desde el poder Ejecutivo para reglamentar la elección de todas las corporaciones. Desde el Ministerio de Justicia se tiene pronosticado radicar una reforma a toda la rama. No obstante, este aspecto, el de las convocatorias regladas, no es tocado ni mencionado en un primer borrador revelado a la opinión pública. Es más, en este prospecto de proyecto de ley se recalca que los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado deben ser elegidos con una convocatoria pública reglada previa y, además, se agrega el cargo de procurador general dentro del listado de nombramientos que debe realizarse bajo este tipo de convocatorias.

El senador Enríquez Maya reconoció también que habría sido más provechoso presentar un proyecto de ley en el que se incluyeran todas las corporaciones afectadas por la reforma de equilibrio de poderes, pero “es muy complejo consensuar a todos los implicados. No puedo mover todo ese andamiaje”. Por eso, al cumplirse cuatro años desde que se promulgó dicha reforma constitucional, el congresista le apostó a presentar una propuesta en la que se regulan las elecciones de los magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial, que es lo más urgente, ya que “está en el aire y el Gobierno ha querido manejarlo a través del Consejo de Estado”.

Este último punto expuesto por el congresista conservador hace referencia a que desde la Presidencia se han enviado varios cuestionamientos a la Sala de Conceptos del Consejo de Estado sobre esta situación y cómo proceder para elegir a los magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial. En un último pronunciamiento, el alto tribunal le indicó que podía enviar las ternas al Congreso bajo el principio de analogía con la ley que reglamentó la elección de contralor. Sin embargo, ante la contingencia por el coronavirus, tanto el posible envío del listado de candidatos como el trámite legislativo están frenados. De esta manera, todo parece indicar que la Comisión de Disciplina Judicial cumplirá cinco años en el papel, pero ni un día de funciones.