La enredada historia del glifosato

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En poco menos de cuatro décadas en que la guerra contra las drogas se ha desplegado en Colombia, las fumigaciones contra los cultivos ilícitos han estado en el centro de las polémicas entre el Estado y las comunidades agrarias, los defensores de derechos humanos, los ambientalistas, gobiernos de países vecinos e, incluso, con las mismas guerrillas. Un arma de una guerra que no se ha ganado, como ha dicho el Gobierno, y que día a día clama por ser revaluada.

 

De las aspersiones contra los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el ocaso de la década de 1970, a la suspensión de las fumigaciones con glifosato adoptada por el Consejo Nacional de Estupefacientes de la semana pasada, han pasado movilizaciones campesinas, muertos, conflictos entre conceptos científicos, cooperación internacional y conflictos jurídicos del Estado colombiano, entre otros episodios. La historia del glifosato en el país cruza los escenarios del conflicto armado, de la lucha antinarcóticos, de las ideologías, de la pobreza, del choque entre un país tecnocrático y otro desconocido.

 

Durante el gobierno de Julio César Turbay fueron fumigados los cultivos de marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta con diferentes herbicidas. El Consejo Nacional de Plaguicidas dio concepto contrario a la iniciativa gubernamental, pero se impuso la visión del Ejecutivo. El narcotráfico comenzaba a consolidarse como un problema de seguridad.

 

En el período de Belisario Betancur comenzó en pleno el uso del glifosato. Con Jaime Arias como ministro de Salud, el Gobierno pidió a expertos internacionales un estudio sobre la conveniencia de este herbicida. El informe indicó que no era posible establecer las consecuencias de su uso y, por lo tanto, recomendó no implementarlo. Equivalía a “experimentar con seres humanos”, se dijo en su momento, aunque se legalizó su uso por razones de seguridad nacional.

 

El Ministerio de Salud, en el gobierno de César Gaviria, reportó al Ministerio de Justicia y al Consejo Nacional de Estupefacientes las dudas sobre los efectos “colaterales” del glifosato en la salud. El Estado experimentó con otros químicos, pero las aspersiones con glifosato continuaron tras mostrar mayor efectividad que las otras sustancias.

 

Marchas campesinas forzaron al gobierno de Ernesto Samper a negociar en el Guaviare un plan que impedía fumigar sobre cultivos de menos de tres hectáreas. El acuerdo no fue aceptado por la Fiscalía  y la Embajada de los Estados Unidos y, en consecuencia, se cayó.

 

Se dieron “las marchas cocaleras” en Caquetá y Putumayo, sobre todo. Durante tres meses se movilizaron más de 200.000 campesinos, pequeños cultivadores de coca. La movilización campesina más trascendente de la década de los noventa en el país. Después de decenas de manifestantes muertos, las negociaciones con el Ejecutivo terminaron en los “pactos de Orito”, que apuntaron a crear un plan de desarrollo alternativo en esas zonas del sur del país. El Ministerio de Defensa señaló a las Farc como instigadores de la protesta, los pactos no se cumplieron y la presencia paramilitar en ambos departamentos se incrementó.

 

En paralelo a las negociaciones de paz con las Farc, el gobierno de Andrés Pastrana consolidó con los Estados Unidos el Plan Colombia. Una estrategia de financiación y cooperación para la guerra antidrogas que pronto incorporó medidas antisubversivas por la evidente relación económica entre el narcotráfico y la guerrilla. Para la firma del Plan, el Congreso de los Estados Unidos obligó a la creación de un fondo para “los afectados” por las aspersiones. De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos de EE.UU., en 10 años de aplicación fueron reconocidos apenas el 1% de los casos reportados ante ese fondo.

 

Los organismos de control reactivaron el debate sobre el glifosato. Inicialmente, la Contraloría sostuvo que el número de hectáreas erradicadas no correspondía con las inversiones hechas en los planes de aspersión y alertó sobre los daños ambientales ocasionados por las fumigaciones. Luego,  la Defensoría del Pueblo denunció daños en comunidades campesinas e indígenas por cuenta del herbicida y pidió que la erradicación se diera de forma consensuada.

 

Con el respaldo de Estados Unidos, el gobierno de Álvaro Uribe pidió un estudio a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos en el que declaró que el glifosato no revestía peligro alguno. El estudio, tiempo después, provocó una disputa diplomática con Ecuador, que se negó a aceptar los resultados en el marco de reclamos al gobierno colombiano por las aspersiones en zona fronteriza.

 

Se desarrollaron nuevas marchas cocaleras en Policarpa (Nariño), Puerto Rico (Meta) y La Hormiga (Putumayo) en contra de las aspersiones enmarcadas en el Plan Colombia.

Cerca de 8.000 campesinos protagonizaron las movilizaciones, que fueron tildadas por el gobierno Uribe como un acto obligado por la presión armada de las Farc.

 

Después de una disputa diplomática con Ecuador, que comenzó con la implementación del Plan Colombia, el Estado, a través del gobierno de Juan Manuel Santos, reconoció su responsabilidad en daños ambientales y a la salud de la población fronteriza, se comprometió a revisar su política de fumigaciones en la frontera, a indemnizar al Estado ecuatoriano y pactó limites al ejercicio de su soberanía.

 

Aunque ya la Corte Constitucional había obligado al Gobierno a consultar “a los pueblos indígenas y tribales de la Amazonia sobre las decisiones atenientes al Programa de Erradicación de Cultivos que adelantan en sus territorios”, ese año el alto tribunal, y el Consejo de Estado en un fallo sobre los Parques Nacionales, le pidió al Gobierno “dar aplicación del principio de precaución” en caso de que se detectara un riesgo para la salud de las comunidades campesinas.

 

Tras conocer una alerta avalada por la Organización Mundial de la Salud sobre los posibles riesgos cancerígenos del uso de glifosato para la fumigación de cultivos, el Ministerio de Salud elevó una solicitud al Consejo Nacional de Estupefacientes para que suspendiera las fumigaciones, como lo había pedido la Corte Constitucional en caso de un mínimo riesgo. El Consejo acató la recomendación y suspendió el uso del glifosato, únicamente, sobre los cultivos ilícitos. Ahora, un comité técnico de ese organismo deberá formular cambios en el plan de lucha contra las sustancias de uso ilícito del Estado colombiano.

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En poco menos de cuatro décadas en que la guerra contra las drogas se ha desplegado en Colombia, las fumigaciones contra los cultivos ilícitos han estado en el centro de las polémicas entre el Estado y las comunidades agrarias, los defensores de derechos humanos, los ambientalistas, gobiernos de países vecinos e, incluso, con las mismas guerrillas. Un arma de una guerra que no se ha ganado, como ha dicho el Gobierno, y que día a día clama por ser revaluada.

 

De las aspersiones contra los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el ocaso de la década de 1970, a la suspensión de las fumigaciones con glifosato adoptada por el Consejo Nacional de Estupefacientes de la semana pasada, han pasado movilizaciones campesinas, muertos, conflictos entre conceptos científicos, cooperación internacional y conflictos jurídicos del Estado colombiano, entre otros episodios. La historia del glifosato en el país cruza los escenarios del conflicto armado, de la lucha antinarcóticos, de las ideologías, de la pobreza, del choque entre un país tecnocrático y otro desconocido.

 

Durante el gobierno de Julio César Turbay fueron fumigados los cultivos de marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta con diferentes herbicidas. El Consejo Nacional de Plaguicidas dio concepto contrario a la iniciativa gubernamental, pero se impuso la visión del Ejecutivo. El narcotráfico comenzaba a consolidarse como un problema de seguridad.

 

En el período de Belisario Betancur comenzó en pleno el uso del glifosato. Con Jaime Arias como ministro de Salud, el Gobierno pidió a expertos internacionales un estudio sobre la conveniencia de este herbicida. El informe indicó que no era posible establecer las consecuencias de su uso y, por lo tanto, recomendó no implementarlo. Equivalía a “experimentar con seres humanos”, se dijo en su momento, aunque se legalizó su uso por razones de seguridad nacional.

 

El Ministerio de Salud, en el gobierno de César Gaviria, reportó al Ministerio de Justicia y al Consejo Nacional de Estupefacientes las dudas sobre los efectos “colaterales” del glifosato en la salud. El Estado experimentó con otros químicos, pero las aspersiones con glifosato continuaron tras mostrar mayor efectividad que las otras sustancias.

 

Marchas campesinas forzaron al gobierno de Ernesto Samper a negociar en el Guaviare un plan que impedía fumigar sobre cultivos de menos de tres hectáreas. El acuerdo no fue aceptado por la Fiscalía  y la Embajada de los Estados Unidos y, en consecuencia, se cayó.

 

Se dieron “las marchas cocaleras” en Caquetá y Putumayo, sobre todo. Durante tres meses se movilizaron más de 200.000 campesinos, pequeños cultivadores de coca. La movilización campesina más trascendente de la década de los noventa en el país. Después de decenas de manifestantes muertos, las negociaciones con el Ejecutivo terminaron en los “pactos de Orito”, que apuntaron a crear un plan de desarrollo alternativo en esas zonas del sur del país. El Ministerio de Defensa señaló a las Farc como instigadores de la protesta, los pactos no se cumplieron y la presencia paramilitar en ambos departamentos se incrementó.

 

En paralelo a las negociaciones de paz con las Farc, el gobierno de Andrés Pastrana consolidó con los Estados Unidos el Plan Colombia. Una estrategia de financiación y cooperación para la guerra antidrogas que pronto incorporó medidas antisubversivas por la evidente relación económica entre el narcotráfico y la guerrilla. Para la firma del Plan, el Congreso de los Estados Unidos obligó a la creación de un fondo para “los afectados” por las aspersiones. De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos de EE.UU., en 10 años de aplicación fueron reconocidos apenas el 1% de los casos reportados ante ese fondo.

 

Los organismos de control reactivaron el debate sobre el glifosato. Inicialmente, la Contraloría sostuvo que el número de hectáreas erradicadas no correspondía con las inversiones hechas en los planes de aspersión y alertó sobre los daños ambientales ocasionados por las fumigaciones. Luego,  la Defensoría del Pueblo denunció daños en comunidades campesinas e indígenas por cuenta del herbicida y pidió que la erradicación se diera de forma consensuada.

 

Con el respaldo de Estados Unidos, el gobierno de Álvaro Uribe pidió un estudio a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos en el que declaró que el glifosato no revestía peligro alguno. El estudio, tiempo después, provocó una disputa diplomática con Ecuador, que se negó a aceptar los resultados en el marco de reclamos al gobierno colombiano por las aspersiones en zona fronteriza.

 

Se desarrollaron nuevas marchas cocaleras en Policarpa (Nariño), Puerto Rico (Meta) y La Hormiga (Putumayo) en contra de las aspersiones enmarcadas en el Plan Colombia.

Cerca de 8.000 campesinos protagonizaron las movilizaciones, que fueron tildadas por el gobierno Uribe como un acto obligado por la presión armada de las Farc.

 

Después de una disputa diplomática con Ecuador, que comenzó con la implementación del Plan Colombia, el Estado, a través del gobierno de Juan Manuel Santos, reconoció su responsabilidad en daños ambientales y a la salud de la población fronteriza, se comprometió a revisar su política de fumigaciones en la frontera, a indemnizar al Estado ecuatoriano y pactó limites al ejercicio de su soberanía.

 

Aunque ya la Corte Constitucional había obligado al Gobierno a consultar “a los pueblos indígenas y tribales de la Amazonia sobre las decisiones atenientes al Programa de Erradicación de Cultivos que adelantan en sus territorios”, ese año el alto tribunal, y el Consejo de Estado en un fallo sobre los Parques Nacionales, le pidió al Gobierno “dar aplicación del principio de precaución” en caso de que se detectara un riesgo para la salud de las comunidades campesinas.

 

Tras conocer una alerta avalada por la Organización Mundial de la Salud sobre los posibles riesgos cancerígenos del uso de glifosato para la fumigación de cultivos, el Ministerio de Salud elevó una solicitud al Consejo Nacional de Estupefacientes para que suspendiera las fumigaciones, como lo había pedido la Corte Constitucional en caso de un mínimo riesgo. El Consejo acató la recomendación y suspendió el uso del glifosato, únicamente, sobre los cultivos ilícitos. Ahora, un comité técnico de ese organismo deberá formular cambios en el plan de lucha contra las sustancias de uso ilícito del Estado colombiano.