La erradicación aérea y manual de coca ha fracasado: director de Indepaz

Mucho debate han ocasionado las declaraciones hechas esta semana por el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, quien le solicitó al Gobierno colombiano reiniciar la aspersión aérea, como medida inmediata para ponerle freno al aumento considerable de cultivos ilícitos. Sobre todo porque según cifras de la Casa Blanca actualmente en Colombia hay cerca de 188 mil hectáreas cultivadas que pueden producir  710 toneladas métricas de cocaína.

Sin embargo, para  Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto, la fumigación aérea no es una opción pues incluso ya fue descartada por la Corte Constitucional.

Aún así, el vicepresidente Óscar Naranjo aseguró, en entrevista con Blu Radio, que si en 2017 no se erradican cien mil hectáreas de coca, “nos veremos obligados a pensar nuevamente el tema de la aspersión aérea”.

 El Espectador habló con Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), quien aseguró que las formas de erradicación de cultivos (aérea o manual) han fracasado en el país y que en la lucha contra el narcotráfico el Gobierno debe combatir a los grandes beneficiarios del negocio y no al “eslabón más débil de la cadena”: los campesinos. 

¿Qué significa el aumento de los cultivos en el país?

Por un lado, la economía campesina y la producción tienen muchísimas dificultades de crédito, mercadeo, transporte, etc., entonces se buscan opciones para obtener beneficios, al menos, para subsistir. También tuvo que ver la caída del precio del oro pues quienes trabajan en esto cambiaron o volvieron a los cultivos ilícitos. El problema es de oportunidades.

La agricultura está en crisis porque el Gobierno se concentró en los grandes monocultivos, que no dan tanto empleo como la economía campesina. Esto tiene unas consecuencias sociales porque la gente se la tiene qué rebuscar haciendo lo que puede.

¿Qué impacto tendría volver a la aspersión aérea de cultivos ilícitos?

Las fumigaciones en cerca de 1,8 millones de hectáreas han demostrado que lo único que se produce es un efecto globo, es decir, la resiembra en otros lugares. Es un procedimiento bárbaro que incluso ha sido calificado por algunos de guerra química, pues tiene un daño en el medio ambiente y en general en la economía de los pequeños productores. Además, varios estudios demuestran que el costo-beneficio es desventajoso: es muy caro, pero poco eficiente y sin una visión social.

En ese sentido, ¿cuáles son las consecuencias de que el presidente Donald Trump pida a Colombia que use de nuevo este método?

Cuando Trump fumigue los cultivos de marihuana, primer producto agrícola de Estados Unidos, podrá pedirles a los demás países que echen químicos sobre sus suelos y su población. No tiene ningún sentido ético que reclamen ese método bárbaro, de echar tóxicos en sus cultivos y su población, cuando ellos no lo aplican.

¿Ha sido efectiva la erradicación manual de los cultivos de coca?

Todas estas prácticas de erradicación, manual o aérea, según análisis de las entidades oficiales, han fracasado. El problema no es arrancar las matas, sino ofrecerles oportunidades a los campesinos. Hay cerca de 200 mil familias directamente vinculadas a estos cultivos y otras 200 mil en las economías asociadas al narcotráfico. Entonces la solución no es erradicar, sino hacer lo que dice el acuerdo de La Habana: desarrollo rural integral. El enfoque no debe ser punitivo, sino social, de salud, de derechos humanos.

¿Se deberían replantear, entonces, las políticas antidroga en el país?

Sí, o por lo menos entender que el problema no está en el eslabón más débil, sino precisamente en las organizaciones macrocriminales internacionales, en el lavado de activos. Se debe atacar donde están las ganancias del negocio, no donde está la pobreza.

¿Qué garantías tendría que dar el Estado para decirle a los campesinos que cambien sus cultivos?

Ya hay un programa que se llama “Plan de acción inmediata”, que busca la sustitución voluntaria. Ya 90 mil familias están inscritas, lo que corresponde a 70 mil hectáreas. Se debe seguir implementando ese plan y generalizarlo. El Gobierno debe dejar de hacer cosas a cuenta gotas.

¿Qué pasa entonces con la lucha contra los grupos ilegales que se dedican al narcotráfico?

También es necesario replantearlo, porque estos grupos se siguen reproduciendo, exportando unas 500 toneladas métricas de cocaína al año. Por eso es necesaria una política que ataque el lavado de activos que genera de seis mil a siete mil millones de dólares. Se debe golpear es donde están las conexiones de los grandes negocios de estos grupos narcoparamilitares y no a los campesinos.

Mucho debate han ocasionado las declaraciones hechas esta semana por el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, quien le solicitó al Gobierno colombiano reiniciar la aspersión aérea, como medida inmediata para ponerle freno al aumento considerable de cultivos ilícitos. Sobre todo porque según cifras de la Casa Blanca actualmente en Colombia hay cerca de 188 mil hectáreas cultivadas que pueden producir  710 toneladas métricas de cocaína.

Sin embargo, para  Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto, la fumigación aérea no es una opción pues incluso ya fue descartada por la Corte Constitucional.

Aún así, el vicepresidente Óscar Naranjo aseguró, en entrevista con Blu Radio, que si en 2017 no se erradican cien mil hectáreas de coca, “nos veremos obligados a pensar nuevamente el tema de la aspersión aérea”.

 El Espectador habló con Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), quien aseguró que las formas de erradicación de cultivos (aérea o manual) han fracasado en el país y que en la lucha contra el narcotráfico el Gobierno debe combatir a los grandes beneficiarios del negocio y no al “eslabón más débil de la cadena”: los campesinos. 

¿Qué significa el aumento de los cultivos en el país?

Por un lado, la economía campesina y la producción tienen muchísimas dificultades de crédito, mercadeo, transporte, etc., entonces se buscan opciones para obtener beneficios, al menos, para subsistir. También tuvo que ver la caída del precio del oro pues quienes trabajan en esto cambiaron o volvieron a los cultivos ilícitos. El problema es de oportunidades.

La agricultura está en crisis porque el Gobierno se concentró en los grandes monocultivos, que no dan tanto empleo como la economía campesina. Esto tiene unas consecuencias sociales porque la gente se la tiene qué rebuscar haciendo lo que puede.

¿Qué impacto tendría volver a la aspersión aérea de cultivos ilícitos?

Las fumigaciones en cerca de 1,8 millones de hectáreas han demostrado que lo único que se produce es un efecto globo, es decir, la resiembra en otros lugares. Es un procedimiento bárbaro que incluso ha sido calificado por algunos de guerra química, pues tiene un daño en el medio ambiente y en general en la economía de los pequeños productores. Además, varios estudios demuestran que el costo-beneficio es desventajoso: es muy caro, pero poco eficiente y sin una visión social.

En ese sentido, ¿cuáles son las consecuencias de que el presidente Donald Trump pida a Colombia que use de nuevo este método?

Cuando Trump fumigue los cultivos de marihuana, primer producto agrícola de Estados Unidos, podrá pedirles a los demás países que echen químicos sobre sus suelos y su población. No tiene ningún sentido ético que reclamen ese método bárbaro, de echar tóxicos en sus cultivos y su población, cuando ellos no lo aplican.

¿Ha sido efectiva la erradicación manual de los cultivos de coca?

Todas estas prácticas de erradicación, manual o aérea, según análisis de las entidades oficiales, han fracasado. El problema no es arrancar las matas, sino ofrecerles oportunidades a los campesinos. Hay cerca de 200 mil familias directamente vinculadas a estos cultivos y otras 200 mil en las economías asociadas al narcotráfico. Entonces la solución no es erradicar, sino hacer lo que dice el acuerdo de La Habana: desarrollo rural integral. El enfoque no debe ser punitivo, sino social, de salud, de derechos humanos.

¿Se deberían replantear, entonces, las políticas antidroga en el país?

Sí, o por lo menos entender que el problema no está en el eslabón más débil, sino precisamente en las organizaciones macrocriminales internacionales, en el lavado de activos. Se debe atacar donde están las ganancias del negocio, no donde está la pobreza.

¿Qué garantías tendría que dar el Estado para decirle a los campesinos que cambien sus cultivos?

Ya hay un programa que se llama “Plan de acción inmediata”, que busca la sustitución voluntaria. Ya 90 mil familias están inscritas, lo que corresponde a 70 mil hectáreas. Se debe seguir implementando ese plan y generalizarlo. El Gobierno debe dejar de hacer cosas a cuenta gotas.

¿Qué pasa entonces con la lucha contra los grupos ilegales que se dedican al narcotráfico?

También es necesario replantearlo, porque estos grupos se siguen reproduciendo, exportando unas 500 toneladas métricas de cocaína al año. Por eso es necesaria una política que ataque el lavado de activos que genera de seis mil a siete mil millones de dólares. Se debe golpear es donde están las conexiones de los grandes negocios de estos grupos narcoparamilitares y no a los campesinos.