La estrategia de la oposición para sacar al ministro de Defensa

Está trazada la estrategia para que Carlos Holmes Trujillo abandone su cargo como ministro de Defensa. La trifulca de argumentos a favor y en contra del funcionario tendrá lugar este jueves en el Senado, a partir de las 10:00 de la mañana. Y aunque se llevará a cabo a través de la virtualidad—para evitar aumentar los contagios por COVID-19—, es claro que el uribismo rodeará la gestión de una de sus fichas más representativas actualmente en el Gobierno, y la oposición espera ponerlo contra las cuerdas.

El ataque será por partida doble: Trujillo enfrenta un debate de control político y una moción de censura en una misma sesión, lo que asegura, al menos, que estarán obligados varias horas a la discusión. Por un lado, con el debate de control político los parlamentarios quieren escuchar respuestas sobre su gestión en torno a la protección a la población “en zonas con mayor afectación del orden público”, particularmente a menores de edad expuestos al reclutamiento forzado. Para ello también invitaron a Lina Arbeláez, directora del ICBF, y de ambos esperan respuestas de las 26 preguntas presentadas por la oposición y 21 elaboradas por el partido de Gobierno.

Para ese primer asunto, el senador Roy Barreras envió un amplio cuestionario que incluye preguntas como cuántos niños, niñas y adolescentes han sido desvinculados de los grupos armados organizados en lo corrido de este año; cuáles son los municipios con mayor riesgo de reclutamiento forzado; cuál es el estimado de miembros del Eln, Clan del Golfo, Epl, Autodenfensas Gaitanistas, Los Puntilleros y los Caparros; quiénes son los responsables de las masacres de este 2020; cuántos miembros de la Fuerza Pública han muerto en combate a grupos delictivos; y cuáles son las cifras oficiales de erradicación de cultivos entre octubre de 2019 y septiembre de 2020.

“¿Ha habido algún cambio en las directrices operacionales que garanticen la aplicación efectiva de los principios del Derecho Internacional Humanitario, así como la protección a los Derechos Humanos de la Población Civil, entre octubre de 2019 y septiembre de 2020?”, "con ocasión de recientes informes de prensa ¿Tiene el Ministerio conocimiento sobre la supuesta filtración de información a la Comisión de Paz en relación con el bombardeo del campamento de alias “Gildardo Cucho”, el 29 de agosto de 2019?", “¿cuáles son los ejes, líneas estratégicas, principales indicadores y principales metas de la política de seguridad ciudadana y convivencia?”, son otras de las preguntas planteadas específicamente a Trujillo.

En ese mismo asunto, Paola Holguín y Ernesto Macías, del Centro Democrático, anotaron interrogantes como: “¿Cuáles son los departamentos con mayor índice de reclutamiento ilegal por parte de grupos criminales?”, “¿de acuerdo con los registros de la entidad, cuántos niños se reportaron en poder de las Farc al final del acuerdo en 2016, y cuántos fueron entregados de manera efectiva por ese grupo terrorista?”, “¿cuántas operaciones ha ejecutado y cuáles la Fuerza Pública en lo corrido del 2020 en contra de estructuras criminales como Farc, Eln y otros grupos delincuenciales?” y “¿qué relación ha evidenciado su despacho entre el asesinato de líderes sociales, la presencia de gaor y los cultivos de coca?”, haciendo énfasis en conocer el vínculo entre los grupos armados y el narcotráfico.

Así mismo, el debate de control político gira en torno al liderazgo que encabezó Trujillo en las protestas del 9, 10 y 11 de septiembre, posteriores al asesinato de Javier Ordóñez a manos de patrulleros de la Policía, y que desencadenaron un choque entre civiles y uniformados durante esas jornadas de protesta. Las actuaciones de la Policía en el contexto de la manifestación social ha sido, como lo ha dicho este diario, un punto de honor para el Gobierno y uno de discordia para una parte de la población.

En ese sentido, Barreras junto con Jorge Robledo, congresista del Polo y citante del debate, quieren saber en qué nivel y qué tipo de decisiones se tomaron en las protestas del 10 y 11 de septiembre, “con respecto a la protección de los protestantes y el control del orden público”, quién fue el encargado de las operaciones policiales de la noche del 10 de septiembre, y si tenía o no Trujillo “conocimiento del origen de la lesión por arma de fuego contra las diez personas que resultaron muertas en las noches del 10 y 11 de septiembre”.

Frente a la responsabilidad de los uniformados en las muertes perpetradas por la institución durante esas jornadas, preguntaron cuántas investigaciones disciplinarias han sido abiertas en contra de policías, qué rango tienen, cuáles son las faltas que se investigan y si a la fecha alguna de las investigaciones ha llegado a instancias penales. Este es uno de los puntos claves. El Centro Democrático en este aspecto no presentó preguntas.

Por otro lado, la moción de censura tiene una acusación de alto calibre como argumento central: “la falta de verdad” del ministro Carlos Holmes Trujillo frente al paso y presencia de tropas extranjeras en territorio nacional. El tema ha dado mucha tela para cortar los últimos meses, después de que a mitad de año la oposición encontrara como violatorias de la ley las decisiones del Ejecutivo de aceptar la llegada y permanencia de una brigada norteamericana en el país.

Para descalificar su mandato, la oposición arguye que Trujillo no solo desconoció la autonomía y el poder del legislativo, sino que “mintió”, “manipuló” y “engañó” al Congreso y a los medios de comunicación. Para afirmar eso, los congresistas aducen que el ministro utilizó una carta firmada por 69 parlamentarios (entre ellos Lidio García, presidente en ese entonces del Congreso), para asegurar que el Senado había avalado el ingreso de los uniformados foráneos. De ser acertada esa lectura, el jefe de la cartera de Defensa habría desconocido la autonomía del Congreso que, para tomar una decisiones de esas, debía votar, cosa que jamás ocurrió.

“Pero el 27 de agosto de 2020, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, citó a rueda de prensa para informarles a los medios de comunicación y a los colombianos que, primero, el presidente Duque había vuelto a autorizar que actuaran en Colombia las tropas norteamericanas relacionadas con este caso. Y, segundo, que este cambio de determinación se había dado porque ya se había cumplido con el trámite de aprobación del Senado, en respuesta a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, manifestaron los firmantes de la moción de censura.

En ese sentido, reviven en el documento la aseveración textual de Trujillo en los medios: “Como la suspensión decidida por el Tribunal tenía lugar, según el propio Tribunal de Cundinamarca, mientras el Senado definía lo relativo al control político, según lo considerara esa alta corporación, una vez se definió ese asunto mediante la comunicación de 69 senadores y la comunicación enviada por el entonces señor presidente del Senado a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el señor Presidente (de la República), en ejercicio de sus competencias constitucionales, autorizó que continuaran las tareas de asesoría y entrenamiento de los soldados americanos”, dijo el funcionario para justificar la noticia.

La oposición considera que el Congreso debe removerlo del cargo porque su actuar comprobaría que desacató el mandato del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que el Senado nunca autorizó la decisión sobre las tropas extranjeras. “Por razones de índole político, Carlos Holmes Trujillo también debe dejar de ser ministro de Estado en Colombia, porque ese cargo les debe estar reservado a quienes no engañan a los medios y a la opinión pública, no mienten –ni emplean argucias retóricas calculadas para parecer que no lo hacen–, no asumen conductas amenazantes contra los congresistas que en su control político los desenmascaran y no son además contumaces en la utilización de estas prácticas”, concluyeron los legisladores.

Con estos argumentos e interrogantes esperan que la moción de censura tenga un futuro político más estruendoso que el que se desarrolló hace un par de semanas en la Cámara, espacio en el que el funcionario salió victorioso. Abusos policiales, acciones frente al reclutamiento forzado y decisiones sobre la permanencia de una brigada extranjera son los temas que, en últimas, hablan de la capacidad de Trujillo para dirigir la cartera de las armas, encargada de proteger a los ciudadanos y respetar los poderes del Estado. Las críticas a esos asuntos son las municiones en su contra.

Está trazada la estrategia para que Carlos Holmes Trujillo abandone su cargo como ministro de Defensa. La trifulca de argumentos a favor y en contra del funcionario tendrá lugar este jueves en el Senado, a partir de las 10:00 de la mañana. Y aunque se llevará a cabo a través de la virtualidad—para evitar aumentar los contagios por COVID-19—, es claro que el uribismo rodeará la gestión de una de sus fichas más representativas actualmente en el Gobierno, y la oposición espera ponerlo contra las cuerdas.

El ataque será por partida doble: Trujillo enfrenta un debate de control político y una moción de censura en una misma sesión, lo que asegura, al menos, que estarán obligados varias horas a la discusión. Por un lado, con el debate de control político los parlamentarios quieren escuchar respuestas sobre su gestión en torno a la protección a la población “en zonas con mayor afectación del orden público”, particularmente a menores de edad expuestos al reclutamiento forzado. Para ello también invitaron a Lina Arbeláez, directora del ICBF, y de ambos esperan respuestas de las 26 preguntas presentadas por la oposición y 21 elaboradas por el partido de Gobierno.

Para ese primer asunto, el senador Roy Barreras envió un amplio cuestionario que incluye preguntas como cuántos niños, niñas y adolescentes han sido desvinculados de los grupos armados organizados en lo corrido de este año; cuáles son los municipios con mayor riesgo de reclutamiento forzado; cuál es el estimado de miembros del Eln, Clan del Golfo, Epl, Autodenfensas Gaitanistas, Los Puntilleros y los Caparros; quiénes son los responsables de las masacres de este 2020; cuántos miembros de la Fuerza Pública han muerto en combate a grupos delictivos; y cuáles son las cifras oficiales de erradicación de cultivos entre octubre de 2019 y septiembre de 2020.

“¿Ha habido algún cambio en las directrices operacionales que garanticen la aplicación efectiva de los principios del Derecho Internacional Humanitario, así como la protección a los Derechos Humanos de la Población Civil, entre octubre de 2019 y septiembre de 2020?”, "con ocasión de recientes informes de prensa ¿Tiene el Ministerio conocimiento sobre la supuesta filtración de información a la Comisión de Paz en relación con el bombardeo del campamento de alias “Gildardo Cucho”, el 29 de agosto de 2019?", “¿cuáles son los ejes, líneas estratégicas, principales indicadores y principales metas de la política de seguridad ciudadana y convivencia?”, son otras de las preguntas planteadas específicamente a Trujillo.

En ese mismo asunto, Paola Holguín y Ernesto Macías, del Centro Democrático, anotaron interrogantes como: “¿Cuáles son los departamentos con mayor índice de reclutamiento ilegal por parte de grupos criminales?”, “¿de acuerdo con los registros de la entidad, cuántos niños se reportaron en poder de las Farc al final del acuerdo en 2016, y cuántos fueron entregados de manera efectiva por ese grupo terrorista?”, “¿cuántas operaciones ha ejecutado y cuáles la Fuerza Pública en lo corrido del 2020 en contra de estructuras criminales como Farc, Eln y otros grupos delincuenciales?” y “¿qué relación ha evidenciado su despacho entre el asesinato de líderes sociales, la presencia de gaor y los cultivos de coca?”, haciendo énfasis en conocer el vínculo entre los grupos armados y el narcotráfico.

Así mismo, el debate de control político gira en torno al liderazgo que encabezó Trujillo en las protestas del 9, 10 y 11 de septiembre, posteriores al asesinato de Javier Ordóñez a manos de patrulleros de la Policía, y que desencadenaron un choque entre civiles y uniformados durante esas jornadas de protesta. Las actuaciones de la Policía en el contexto de la manifestación social ha sido, como lo ha dicho este diario, un punto de honor para el Gobierno y uno de discordia para una parte de la población.

En ese sentido, Barreras junto con Jorge Robledo, congresista del Polo y citante del debate, quieren saber en qué nivel y qué tipo de decisiones se tomaron en las protestas del 10 y 11 de septiembre, “con respecto a la protección de los protestantes y el control del orden público”, quién fue el encargado de las operaciones policiales de la noche del 10 de septiembre, y si tenía o no Trujillo “conocimiento del origen de la lesión por arma de fuego contra las diez personas que resultaron muertas en las noches del 10 y 11 de septiembre”.

Frente a la responsabilidad de los uniformados en las muertes perpetradas por la institución durante esas jornadas, preguntaron cuántas investigaciones disciplinarias han sido abiertas en contra de policías, qué rango tienen, cuáles son las faltas que se investigan y si a la fecha alguna de las investigaciones ha llegado a instancias penales. Este es uno de los puntos claves. El Centro Democrático en este aspecto no presentó preguntas.

Por otro lado, la moción de censura tiene una acusación de alto calibre como argumento central: “la falta de verdad” del ministro Carlos Holmes Trujillo frente al paso y presencia de tropas extranjeras en territorio nacional. El tema ha dado mucha tela para cortar los últimos meses, después de que a mitad de año la oposición encontrara como violatorias de la ley las decisiones del Ejecutivo de aceptar la llegada y permanencia de una brigada norteamericana en el país.

Para descalificar su mandato, la oposición arguye que Trujillo no solo desconoció la autonomía y el poder del legislativo, sino que “mintió”, “manipuló” y “engañó” al Congreso y a los medios de comunicación. Para afirmar eso, los congresistas aducen que el ministro utilizó una carta firmada por 69 parlamentarios (entre ellos Lidio García, presidente en ese entonces del Congreso), para asegurar que el Senado había avalado el ingreso de los uniformados foráneos. De ser acertada esa lectura, el jefe de la cartera de Defensa habría desconocido la autonomía del Congreso que, para tomar una decisiones de esas, debía votar, cosa que jamás ocurrió.

“Pero el 27 de agosto de 2020, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, citó a rueda de prensa para informarles a los medios de comunicación y a los colombianos que, primero, el presidente Duque había vuelto a autorizar que actuaran en Colombia las tropas norteamericanas relacionadas con este caso. Y, segundo, que este cambio de determinación se había dado porque ya se había cumplido con el trámite de aprobación del Senado, en respuesta a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, manifestaron los firmantes de la moción de censura.

En ese sentido, reviven en el documento la aseveración textual de Trujillo en los medios: “Como la suspensión decidida por el Tribunal tenía lugar, según el propio Tribunal de Cundinamarca, mientras el Senado definía lo relativo al control político, según lo considerara esa alta corporación, una vez se definió ese asunto mediante la comunicación de 69 senadores y la comunicación enviada por el entonces señor presidente del Senado a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el señor Presidente (de la República), en ejercicio de sus competencias constitucionales, autorizó que continuaran las tareas de asesoría y entrenamiento de los soldados americanos”, dijo el funcionario para justificar la noticia.

La oposición considera que el Congreso debe removerlo del cargo porque su actuar comprobaría que desacató el mandato del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que el Senado nunca autorizó la decisión sobre las tropas extranjeras. “Por razones de índole político, Carlos Holmes Trujillo también debe dejar de ser ministro de Estado en Colombia, porque ese cargo les debe estar reservado a quienes no engañan a los medios y a la opinión pública, no mienten –ni emplean argucias retóricas calculadas para parecer que no lo hacen–, no asumen conductas amenazantes contra los congresistas que en su control político los desenmascaran y no son además contumaces en la utilización de estas prácticas”, concluyeron los legisladores.

Con estos argumentos e interrogantes esperan que la moción de censura tenga un futuro político más estruendoso que el que se desarrolló hace un par de semanas en la Cámara, espacio en el que el funcionario salió victorioso. Abusos policiales, acciones frente al reclutamiento forzado y decisiones sobre la permanencia de una brigada extranjera son los temas que, en últimas, hablan de la capacidad de Trujillo para dirigir la cartera de las armas, encargada de proteger a los ciudadanos y respetar los poderes del Estado. Las críticas a esos asuntos son las municiones en su contra.