“La gente opta por morir de hambre o por salir a la calle”

¿Por cuáles razones el Comité del Paro Nacional decidió convocar a los manifestantes a marchar a partir del 28 de abril pasado, pese al tercer pico de la pandemia que todavía se siente gravemente en el país?

El Comité del Paro Nacional interpretó el momento correcto no solo porque recogió la indignación cívica que se expresó en 2019 y cuyas aspiraciones se frustraron por el confinamiento de la pandemia, sino por la reciente propuesta del presidente Duque, de reforma tributaria: no se resolvieron los problemas que se habían expresado hace dos años y, hoy, signos evidentes de agotamiento. Entonces, la copa se rebosó. ¿Por qué? Porque 17 millones de personas se acuestan con algún grado de hambre, 12 millones se encuentran en la informalidad laboral, 4 millones están desempleadas, los jóvenes sin empleo doblan el promedio nacional, 500 mil medianas y pequeñas empresas quebraron, y, además, están las cifras del DANE que indican que 21 millones de personas se encuentran en estado de pobreza monetaria, es decir, más del 40 % de la población total de Colombia. Y en medio de esta situación el Gobierno propone una reforma tributaria que exprimiría hasta el último centavo del bolsillo de las clases medias y bajas. Ese hecho colmó la paciencia de los ciudadanos. Y se manifestó en el paro del 28 de abril y días siguientes.

El recién caído proyecto tributario despertó la ira de la gente, está claro. Pero otras reformas similares fueron aprobadas antes, a pesar de la oposición de las centrales obreras y de otros sindicatos. Además del agotamiento producido por la pandemia, ¿qué otros factores cambiaron para lograr que esta reforma se cayera antes de su debate en el Congreso?

Ya en 2019 los ciudadanos mostraron masivamente preocupación por la reforma presentada ese año. Hay que recordar que la protesta del 21 de noviembre, hace dos años, se extendió hasta el último día en que el Congreso de la República aprobó el proyecto: la plaza de Bolívar estuvo copada de manifestantes exigiéndoles a los parlamentarios que no lo aprobaran. Y después siguieron las movilizaciones varios días para manifestar su rechazo a la aprobación. Eso y la persistencia de las protestas de este año demuestran que la ciudadanía está, ahora, más enterada de unos temas claves que se debaten en el Capitolio, como el de impuestos. En otras palabras, la sociedad de hoy tiene mayor cultura política que las anteriores.

Las exigencias que el Comité pone sobre la mesa son muchas, pero no acepta revisión de impuestos, venta de activos o reformas a sistemas que tienen gran carga presupuestal. ¿De dónde saldrá, entonces, el dinero para que los beneficios sean sostenibles? Por ejemplo, la renta básica para 10 millones de personas valdría algo más de $9 billones al mes, lo que equivale a $108 billones anuales. Y El presupuesto general de la nación de este año es de $313 billones. Siendo justas sus peticiones, no son viables en un Estado pobre como el nuestro.

Existen varias fuentes de financiamiento: una, la emisión de dinero por parte del Banco de la República, que ya demostró que puede hacerlo. Dos, la monetización de una parte de las reservas internacionales. Tres, otra fuente de financiamiento es que el Gobierno acoja la propuesta de los empresarios en el sentido de que ellos devuelvan los $12 billones que les regaló el Congreso y el Gobierno en la pasada reforma tributaria.

Da la impresión de que quienes salen a manifestarse desde hace dos semanas son muchos más que los trabajadores que ustedes representan. ¿El Comité del Paro Nacional tiene control sobre las marchas y sobre los activistas? Le formuló la pregunta porque el movimiento social que hemos presenciado es tan amplio, diverso y multitudinario que nadie parece liderarlo ni poder desactivarlo.

En el Comité del Paro participan muchos colectivos sociales y muchos otros sectores de las regiones que se han vinculado a las protestas porque el Gobierno les ha incumplido los acuerdos que han hecho con ellos. Quiero decir que el movimiento nacional se complementa con el territorial, pues esta vez están actuando con mucha fuerza, los habitantes de Buenaventura, los de Quibdó, los de otras zonas apartadas, los campesinos y más. Ellos han salido a las manifestaciones porque se conjugó el incumplimiento del Gobierno respecto de unos acuerdos regionales con la protesta nacional. Región y nación se han articulado en este paro del 28 de abril. Tal vez es una particularidad que lo diferencia del movimiento del 21 de noviembre (de 2019).

Le insisto en que si nadie lidera el paro, nadie puede garantizar que un eventual acuerdo con el Gobierno sea acatado. ¿Podríamos estar frente a una situación de caos y anarquía?

No creo. Primero es necesario iniciar, en serio, la negociación con el Gobierno. En la medida en que se defina la agenda de trabajo, se establecerán los temas y a quiénes cobijarán estos, de tal manera que se definirán también los sectores que estarán representados. A su pregunta le respondo que no nos encontramos frente a una situación de anarquía. Puede parecerlo, pero lo que en realidad sucede -como dije antes- es que los movimientos regionales se han apoderado de sus reivindicaciones y de sus protestas al tiempo que acompañan las reivindicaciones nacionales. Esto puede dar la impresión de muchos movimientos separados e independientes, pero, y aunque tienen sus particularidades, todos confluyen en uno.

La situación de zozobra por lo que ha ocurrido estas dos semanas, que realmente asusta mucho, ha llevado, según se rumora, a que algunos megaempresarios y megapropietarios se sientan tan inseguros del futuro del país, que estarían trasladando masivamente sus fortunas y negocios al exterior. ¿Qué opina al respecto?

Que a nadie le interesa que se vayan del país ni que cierren, aquí, sus empresas. Como dijo el expresidente de Uruguay Pepe Mujica, lo que sería útil y bueno es que los grandes empresarios e industriales pagaran las tasas reales de impuestos que les corresponden a sus capitales.

Los integrantes del Comité de Paro, y usted como presidente de la CUT entre ellos, ¿qué piensan de la extrema violencia que han desatado los vándalos que aprovechan las marchas para camuflarse y atacar todo y a todos?

Desde el paro del 21N hemos condenado la violencia y el vandalismo. Esos procedimientos son completamente ajenos a nuestras prácticas y a nuestros métodos de lucha. Del mismo modo, condenamos los excesos en el uso de la Fuerza Pública por parte del Esmad y del Ejército que, en esta coyuntura, han incidido en que haya más de 30 muertos por disparos y ataques ocurridos en medio de las protestas. Además de los que perdieron la vida, hay desaparecidos y miles de personas que han sido agredidas y cuyos derechos no han sido respetados. Condenamos el uso de la fuerza y los excesos de todos los lados.

Es inocultable que el vandalismo en muchas ciudades ha tenido mayor alcance y crueldad que antes. Aun en medio de esa catástrofe, ustedes citaron a marchar el 1° de mayo y después el 5. ¿Hacer caso omiso de las condiciones críticas de orden público no fue osado?

Hoy, en medio de la pandemia, ¿por qué ha cobrado tanta fuerza la movilización? Porque, literalmente, la gente se está muriendo de hambre. Y la gente opta por morirse de hambre o por salir a la calle. Creo que ha optado por su dignidad: salir a la calle a exigir sus derechos, a exigir comida, a exigir renta básica.

Le insisto: con todas las razones que asisten a los manifestantes y cuyas causas y reclamos son compartidos por muchos ciudadanos (y me incluyo), ¿convocar a nuevas protestas, en medio del vandalismo salvaje que se ha desatado en las noches, no es irreflexivo por no decir irresponsable?

Cuando la gente está en la calle acogiendo la convocatoria a la movilización pacífica, subrayo, pacífica, no se puede decir que esa movilización sea irresponsable. Siempre estamos repitiendo y resaltando que la movilización debe ser cívica, pacífica y que hay que respetar las medidas de bioseguridad para evitar mayores efectos de la pandemia. El momento de la protesta no fue seleccionado, aisladamente, por el Comité del Paro. Lo propusimos, pero lo adoptó la gente con sus angustias. No basta la convocatoria a unas marchas, sino que se necesita la respuesta de la gente. Y usted ya ha visto cómo ha sido.

Las medidas de represión del vandalismo mediante cuerpos oficiales de choque, principalmente del Esmad, han llevado al empeoramiento y no a la solución del restablecimiento del orden público. Hay evidencia contundente de que algunos uniformados han disparado contra los manifestantes. Pero, del otro lado, también existen grabaciones de grupos de civiles cuando hieren, patean o intentan matar a policías. Esta degradación de la protesta, ¿qué reflexión le suscita a usted?

Sacar a la Fuerza Pública, al Esmad en concreto, contra las protestas sociales es una suerte de provocación que no ayuda. A esto hay que sumarles múltiples denuncias, múltiples videos que muestran cómo integrantes de la Fuerza Pública se camuflan, vestidos de civil, en las marchas para vandalizar edificaciones, objetos y bienes. Es un hecho que debería ser investigado seriamente por la Procuraduría y la Fiscalía, porque pretenden deslegitimar la protesta, pero a la vez les hacen daño al patrimonio público y al privado.

Entonces, ¿usted está entre quienes creen que hay vandalismo “oficial” disfrazado y mezclado con el vandalismo real para dañar las manifestaciones legítimas y pacíficas?

No se trata de que lo crea: muchos videos demuestran que es así. Y los videos no se pueden inventar.

¿Qué opina de los ataques contra la Policía, por ejemplo contra un CAI al que le prendieron fuego con 10 patrulleros adentro y a quienes la turba incitaba a salir para poder atacarlos?

Condenamos absolutamente los actos atentatorios de la vida de cualquier ser humano. Aunque piensen diferente a nosotros, no podemos terminar actuando igual que aquellos cuya conducta rechazamos.

Los ciudadanos que no participan en las marchas pueden tener mucha simpatía con los manifestantes y sus peticiones, pero esa simpatía se diluye y se transforma en rabia cuando bloquean las carreteras, impiden que la gente vaya a trabajar, que la comida llegue a los mercados, etc. ¿No hay alternativas de protesta que no impliquen afectar a quienes son iguales que los manifestantes?

En varias regiones del país se han establecido pasos humanitarios que permiten que alimentos perecederos, ambulancias y carros con oxígeno puedan circular en medio de las protestas. Esas instrucciones están escritas desde las primeras comunicaciones del Comité del Paro Nacional.

Sin embargo, no todos obedecen al Comité. Los productos básicos de la canasta familiar valen hoy tres, cuatro y diez veces más que lo ordinario, por la escasez. Ya se han desperdiciado centenares de litros de leche, cajas de huevos, verduras... Y ni hablar de Cali, prácticamente desabastecida. Hasta cobro de peajes por parte de los manifestantes se han denunciado.

Aunque pueden haberse presentado problemas en los sitios de las manifestaciones, también es cierto que hay quienes han aprovechado las protestas para especular con los precios de los alimentos. Hay que examinar, con cuidado, los casos.

El Comité del Paro puede dialogar muy pronto con el presidente, pues este, después de la renuencia total, se ha mostrado más accesible. ¿Cuáles son las peticiones inamovibles que presentarán en ese encuentro para levantar las protestas?

El pliego de emergencia tiene seis puntos que hemos enunciado, y a estos habría que sumarle la desmilitarización de las ciudades. El Ejército ha sido entrenado para el combate, para la lucha contrainsurgente y no para controlar la protesta social. Para que la negociación del pliego de emergencia se pueda desarrollar en mejores condiciones, es necesaria la desmilitarización.

Al tiempo que la Casa de Nariño se ha mostrado más flexible y dispuesta al diálogo, también anuncia medidas de mayor fuerza como la que usted menciona: asistencia militar, además de otras como la posibilidad de decretar conmoción interior y una que es más represiva, y a mi juicio ilegal e inconstitucional: extinción de dominio y expropiación de los camiones que participen en los bloqueos, anunciada por Barbosa. ¿Qué piensa sobre estas condiciones antes de la negociación?

El peor escenario para pretender controlar la protesta social es el de la amenaza de medidas como la de conmoción interior. Se ha visto que la militarización de la protesta no ha dado resultado, pues la gente sigue en las calles exigiendo sus derechos. Proponer, insinuar o contemplar medidas más extremas como la de conmoción no solucionará los problemas y, sin duda, podría agudizar la movilización social. El anuncio de expropiación de camiones por parte de la Fiscalía, que hoy parece actuar como la Policía del Ejecutivo, está en la misma línea de otras amenazas o advertencias: al que proteste, le quitó el carro, y si se trata del Esmad, es que a quien proteste le disparó o a quien proteste le sacó el ojo. Creo que el Gobierno está jugando mal sus cartas mostrando una arrogancia que podría ser castigada con mayores movilizaciones pacíficas de los ciudadanos.

“Expresión (ciudadana) mayor que la del paro de 2019”

¿El Comité Nacional de Paro está integrado por quiénes y en representación de cuáles organizaciones sociales?

El Comité Nacional de Paro está integrado por todas las organizaciones sociales que hay en Colombia. Están las centrales sindicales CUT, CTC, CGT pero también la Confederación General de Pensionados y la Confederación Democrática de Pensionados; los estudiantes de ACREES, UNEES, las poblaciones campesinas de Dignidad Agropecuaria y Cumbre Agraria; múltiples colectivos de negritudes, de mujeres, colectivos LGTBI, y camioneros y transportistas independientes. Los que están representados en el Comité, son sectores de amplio espectro.

¿El Comité de Paro de este 2021 es el mismo del año 2019 cuando hubo, también, grandes movilizaciones, o representa a nuevas organizaciones?

Se han sumado nuevas organizaciones. Sobre todo, hay más transportadores independientes, pequeños transportistas, colectivos LGTBI y de negritudes. Estos importantes sectores se han venido sumando, sucesivamente, al Comité y al paro, así como muchos colectivos de víctimas. En suma, esta es una expresión mayor de la que hubo en 2019.

Exigencias justas pero billonarias.

¿El proyecto de reforma fue la chispa, pero no es la única causa para la explosión social que vive Colombia. Retirado este proyecto, ¿cuáles otros temas constituyen ejes de estas protestas?

El pliego de emergencia que presentamos cubre a todos los sectores de la sociedad. Estamos pidiendo renta básica universal, de un salario mínimo. Así quedarían cubiertos desplazados por las violencias, trabajadores que han perdido el empleo y los sectores intermedios de la población con altos niveles educativos pero sin empleo formal, que viven del rebusque. La renta básica cubriría a 10 millones de personas que equivale, si se incluyen sus núcleos familiares (de 3.2 personas, según el DANE) a 32 millones de habitantes, aproximadamente. Estamos pidiendo subsidio para las pequeñas y medianas empresas con el pago de sus trabajadores de salario mínimo. Matrícula cero y la no privatización de los activos públicos. Estos puntos, ligados a la solicitud de hundimiento del proyecto de Ley 010 que acabaría con el sistema público de salud y a la derogatoria del Decreto 1174 que constituye una reforma laboral y pensional ejecutada por la puerta de atrás, constituyen los ejes principales del movimiento. Y, por supuesto, la exigencia de la vacuna para todos y a cargo del Estado.

¿Por cuáles razones el Comité del Paro Nacional decidió convocar a los manifestantes a marchar a partir del 28 de abril pasado, pese al tercer pico de la pandemia que todavía se siente gravemente en el país?

El Comité del Paro Nacional interpretó el momento correcto no solo porque recogió la indignación cívica que se expresó en 2019 y cuyas aspiraciones se frustraron por el confinamiento de la pandemia, sino por la reciente propuesta del presidente Duque, de reforma tributaria: no se resolvieron los problemas que se habían expresado hace dos años y, hoy, signos evidentes de agotamiento. Entonces, la copa se rebosó. ¿Por qué? Porque 17 millones de personas se acuestan con algún grado de hambre, 12 millones se encuentran en la informalidad laboral, 4 millones están desempleadas, los jóvenes sin empleo doblan el promedio nacional, 500 mil medianas y pequeñas empresas quebraron, y, además, están las cifras del DANE que indican que 21 millones de personas se encuentran en estado de pobreza monetaria, es decir, más del 40 % de la población total de Colombia. Y en medio de esta situación el Gobierno propone una reforma tributaria que exprimiría hasta el último centavo del bolsillo de las clases medias y bajas. Ese hecho colmó la paciencia de los ciudadanos. Y se manifestó en el paro del 28 de abril y días siguientes.

El recién caído proyecto tributario despertó la ira de la gente, está claro. Pero otras reformas similares fueron aprobadas antes, a pesar de la oposición de las centrales obreras y de otros sindicatos. Además del agotamiento producido por la pandemia, ¿qué otros factores cambiaron para lograr que esta reforma se cayera antes de su debate en el Congreso?

Ya en 2019 los ciudadanos mostraron masivamente preocupación por la reforma presentada ese año. Hay que recordar que la protesta del 21 de noviembre, hace dos años, se extendió hasta el último día en que el Congreso de la República aprobó el proyecto: la plaza de Bolívar estuvo copada de manifestantes exigiéndoles a los parlamentarios que no lo aprobaran. Y después siguieron las movilizaciones varios días para manifestar su rechazo a la aprobación. Eso y la persistencia de las protestas de este año demuestran que la ciudadanía está, ahora, más enterada de unos temas claves que se debaten en el Capitolio, como el de impuestos. En otras palabras, la sociedad de hoy tiene mayor cultura política que las anteriores.

Las exigencias que el Comité pone sobre la mesa son muchas, pero no acepta revisión de impuestos, venta de activos o reformas a sistemas que tienen gran carga presupuestal. ¿De dónde saldrá, entonces, el dinero para que los beneficios sean sostenibles? Por ejemplo, la renta básica para 10 millones de personas valdría algo más de $9 billones al mes, lo que equivale a $108 billones anuales. Y El presupuesto general de la nación de este año es de $313 billones. Siendo justas sus peticiones, no son viables en un Estado pobre como el nuestro.

Existen varias fuentes de financiamiento: una, la emisión de dinero por parte del Banco de la República, que ya demostró que puede hacerlo. Dos, la monetización de una parte de las reservas internacionales. Tres, otra fuente de financiamiento es que el Gobierno acoja la propuesta de los empresarios en el sentido de que ellos devuelvan los $12 billones que les regaló el Congreso y el Gobierno en la pasada reforma tributaria.

Da la impresión de que quienes salen a manifestarse desde hace dos semanas son muchos más que los trabajadores que ustedes representan. ¿El Comité del Paro Nacional tiene control sobre las marchas y sobre los activistas? Le formuló la pregunta porque el movimiento social que hemos presenciado es tan amplio, diverso y multitudinario que nadie parece liderarlo ni poder desactivarlo.

En el Comité del Paro participan muchos colectivos sociales y muchos otros sectores de las regiones que se han vinculado a las protestas porque el Gobierno les ha incumplido los acuerdos que han hecho con ellos. Quiero decir que el movimiento nacional se complementa con el territorial, pues esta vez están actuando con mucha fuerza, los habitantes de Buenaventura, los de Quibdó, los de otras zonas apartadas, los campesinos y más. Ellos han salido a las manifestaciones porque se conjugó el incumplimiento del Gobierno respecto de unos acuerdos regionales con la protesta nacional. Región y nación se han articulado en este paro del 28 de abril. Tal vez es una particularidad que lo diferencia del movimiento del 21 de noviembre (de 2019).

Le insisto en que si nadie lidera el paro, nadie puede garantizar que un eventual acuerdo con el Gobierno sea acatado. ¿Podríamos estar frente a una situación de caos y anarquía?

No creo. Primero es necesario iniciar, en serio, la negociación con el Gobierno. En la medida en que se defina la agenda de trabajo, se establecerán los temas y a quiénes cobijarán estos, de tal manera que se definirán también los sectores que estarán representados. A su pregunta le respondo que no nos encontramos frente a una situación de anarquía. Puede parecerlo, pero lo que en realidad sucede -como dije antes- es que los movimientos regionales se han apoderado de sus reivindicaciones y de sus protestas al tiempo que acompañan las reivindicaciones nacionales. Esto puede dar la impresión de muchos movimientos separados e independientes, pero, y aunque tienen sus particularidades, todos confluyen en uno.

La situación de zozobra por lo que ha ocurrido estas dos semanas, que realmente asusta mucho, ha llevado, según se rumora, a que algunos megaempresarios y megapropietarios se sientan tan inseguros del futuro del país, que estarían trasladando masivamente sus fortunas y negocios al exterior. ¿Qué opina al respecto?

Que a nadie le interesa que se vayan del país ni que cierren, aquí, sus empresas. Como dijo el expresidente de Uruguay Pepe Mujica, lo que sería útil y bueno es que los grandes empresarios e industriales pagaran las tasas reales de impuestos que les corresponden a sus capitales.

Los integrantes del Comité de Paro, y usted como presidente de la CUT entre ellos, ¿qué piensan de la extrema violencia que han desatado los vándalos que aprovechan las marchas para camuflarse y atacar todo y a todos?

Desde el paro del 21N hemos condenado la violencia y el vandalismo. Esos procedimientos son completamente ajenos a nuestras prácticas y a nuestros métodos de lucha. Del mismo modo, condenamos los excesos en el uso de la Fuerza Pública por parte del Esmad y del Ejército que, en esta coyuntura, han incidido en que haya más de 30 muertos por disparos y ataques ocurridos en medio de las protestas. Además de los que perdieron la vida, hay desaparecidos y miles de personas que han sido agredidas y cuyos derechos no han sido respetados. Condenamos el uso de la fuerza y los excesos de todos los lados.

Es inocultable que el vandalismo en muchas ciudades ha tenido mayor alcance y crueldad que antes. Aun en medio de esa catástrofe, ustedes citaron a marchar el 1° de mayo y después el 5. ¿Hacer caso omiso de las condiciones críticas de orden público no fue osado?

Hoy, en medio de la pandemia, ¿por qué ha cobrado tanta fuerza la movilización? Porque, literalmente, la gente se está muriendo de hambre. Y la gente opta por morirse de hambre o por salir a la calle. Creo que ha optado por su dignidad: salir a la calle a exigir sus derechos, a exigir comida, a exigir renta básica.

Le insisto: con todas las razones que asisten a los manifestantes y cuyas causas y reclamos son compartidos por muchos ciudadanos (y me incluyo), ¿convocar a nuevas protestas, en medio del vandalismo salvaje que se ha desatado en las noches, no es irreflexivo por no decir irresponsable?

Cuando la gente está en la calle acogiendo la convocatoria a la movilización pacífica, subrayo, pacífica, no se puede decir que esa movilización sea irresponsable. Siempre estamos repitiendo y resaltando que la movilización debe ser cívica, pacífica y que hay que respetar las medidas de bioseguridad para evitar mayores efectos de la pandemia. El momento de la protesta no fue seleccionado, aisladamente, por el Comité del Paro. Lo propusimos, pero lo adoptó la gente con sus angustias. No basta la convocatoria a unas marchas, sino que se necesita la respuesta de la gente. Y usted ya ha visto cómo ha sido.

Las medidas de represión del vandalismo mediante cuerpos oficiales de choque, principalmente del Esmad, han llevado al empeoramiento y no a la solución del restablecimiento del orden público. Hay evidencia contundente de que algunos uniformados han disparado contra los manifestantes. Pero, del otro lado, también existen grabaciones de grupos de civiles cuando hieren, patean o intentan matar a policías. Esta degradación de la protesta, ¿qué reflexión le suscita a usted?

Sacar a la Fuerza Pública, al Esmad en concreto, contra las protestas sociales es una suerte de provocación que no ayuda. A esto hay que sumarles múltiples denuncias, múltiples videos que muestran cómo integrantes de la Fuerza Pública se camuflan, vestidos de civil, en las marchas para vandalizar edificaciones, objetos y bienes. Es un hecho que debería ser investigado seriamente por la Procuraduría y la Fiscalía, porque pretenden deslegitimar la protesta, pero a la vez les hacen daño al patrimonio público y al privado.

Entonces, ¿usted está entre quienes creen que hay vandalismo “oficial” disfrazado y mezclado con el vandalismo real para dañar las manifestaciones legítimas y pacíficas?

No se trata de que lo crea: muchos videos demuestran que es así. Y los videos no se pueden inventar.

¿Qué opina de los ataques contra la Policía, por ejemplo contra un CAI al que le prendieron fuego con 10 patrulleros adentro y a quienes la turba incitaba a salir para poder atacarlos?

Condenamos absolutamente los actos atentatorios de la vida de cualquier ser humano. Aunque piensen diferente a nosotros, no podemos terminar actuando igual que aquellos cuya conducta rechazamos.

Los ciudadanos que no participan en las marchas pueden tener mucha simpatía con los manifestantes y sus peticiones, pero esa simpatía se diluye y se transforma en rabia cuando bloquean las carreteras, impiden que la gente vaya a trabajar, que la comida llegue a los mercados, etc. ¿No hay alternativas de protesta que no impliquen afectar a quienes son iguales que los manifestantes?

En varias regiones del país se han establecido pasos humanitarios que permiten que alimentos perecederos, ambulancias y carros con oxígeno puedan circular en medio de las protestas. Esas instrucciones están escritas desde las primeras comunicaciones del Comité del Paro Nacional.

Sin embargo, no todos obedecen al Comité. Los productos básicos de la canasta familiar valen hoy tres, cuatro y diez veces más que lo ordinario, por la escasez. Ya se han desperdiciado centenares de litros de leche, cajas de huevos, verduras... Y ni hablar de Cali, prácticamente desabastecida. Hasta cobro de peajes por parte de los manifestantes se han denunciado.

Aunque pueden haberse presentado problemas en los sitios de las manifestaciones, también es cierto que hay quienes han aprovechado las protestas para especular con los precios de los alimentos. Hay que examinar, con cuidado, los casos.

El Comité del Paro puede dialogar muy pronto con el presidente, pues este, después de la renuencia total, se ha mostrado más accesible. ¿Cuáles son las peticiones inamovibles que presentarán en ese encuentro para levantar las protestas?

El pliego de emergencia tiene seis puntos que hemos enunciado, y a estos habría que sumarle la desmilitarización de las ciudades. El Ejército ha sido entrenado para el combate, para la lucha contrainsurgente y no para controlar la protesta social. Para que la negociación del pliego de emergencia se pueda desarrollar en mejores condiciones, es necesaria la desmilitarización.

Al tiempo que la Casa de Nariño se ha mostrado más flexible y dispuesta al diálogo, también anuncia medidas de mayor fuerza como la que usted menciona: asistencia militar, además de otras como la posibilidad de decretar conmoción interior y una que es más represiva, y a mi juicio ilegal e inconstitucional: extinción de dominio y expropiación de los camiones que participen en los bloqueos, anunciada por Barbosa. ¿Qué piensa sobre estas condiciones antes de la negociación?

El peor escenario para pretender controlar la protesta social es el de la amenaza de medidas como la de conmoción interior. Se ha visto que la militarización de la protesta no ha dado resultado, pues la gente sigue en las calles exigiendo sus derechos. Proponer, insinuar o contemplar medidas más extremas como la de conmoción no solucionará los problemas y, sin duda, podría agudizar la movilización social. El anuncio de expropiación de camiones por parte de la Fiscalía, que hoy parece actuar como la Policía del Ejecutivo, está en la misma línea de otras amenazas o advertencias: al que proteste, le quitó el carro, y si se trata del Esmad, es que a quien proteste le disparó o a quien proteste le sacó el ojo. Creo que el Gobierno está jugando mal sus cartas mostrando una arrogancia que podría ser castigada con mayores movilizaciones pacíficas de los ciudadanos.

“Expresión (ciudadana) mayor que la del paro de 2019”

¿El Comité Nacional de Paro está integrado por quiénes y en representación de cuáles organizaciones sociales?

El Comité Nacional de Paro está integrado por todas las organizaciones sociales que hay en Colombia. Están las centrales sindicales CUT, CTC, CGT pero también la Confederación General de Pensionados y la Confederación Democrática de Pensionados; los estudiantes de ACREES, UNEES, las poblaciones campesinas de Dignidad Agropecuaria y Cumbre Agraria; múltiples colectivos de negritudes, de mujeres, colectivos LGTBI, y camioneros y transportistas independientes. Los que están representados en el Comité, son sectores de amplio espectro.

¿El Comité de Paro de este 2021 es el mismo del año 2019 cuando hubo, también, grandes movilizaciones, o representa a nuevas organizaciones?

Se han sumado nuevas organizaciones. Sobre todo, hay más transportadores independientes, pequeños transportistas, colectivos LGTBI y de negritudes. Estos importantes sectores se han venido sumando, sucesivamente, al Comité y al paro, así como muchos colectivos de víctimas. En suma, esta es una expresión mayor de la que hubo en 2019.

Exigencias justas pero billonarias.

¿El proyecto de reforma fue la chispa, pero no es la única causa para la explosión social que vive Colombia. Retirado este proyecto, ¿cuáles otros temas constituyen ejes de estas protestas?

El pliego de emergencia que presentamos cubre a todos los sectores de la sociedad. Estamos pidiendo renta básica universal, de un salario mínimo. Así quedarían cubiertos desplazados por las violencias, trabajadores que han perdido el empleo y los sectores intermedios de la población con altos niveles educativos pero sin empleo formal, que viven del rebusque. La renta básica cubriría a 10 millones de personas que equivale, si se incluyen sus núcleos familiares (de 3.2 personas, según el DANE) a 32 millones de habitantes, aproximadamente. Estamos pidiendo subsidio para las pequeñas y medianas empresas con el pago de sus trabajadores de salario mínimo. Matrícula cero y la no privatización de los activos públicos. Estos puntos, ligados a la solicitud de hundimiento del proyecto de Ley 010 que acabaría con el sistema público de salud y a la derogatoria del Decreto 1174 que constituye una reforma laboral y pensional ejecutada por la puerta de atrás, constituyen los ejes principales del movimiento. Y, por supuesto, la exigencia de la vacuna para todos y a cargo del Estado.