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Usted ha sido analista de la situación política de Colombia durante más de 20 años desde los centros de investigación en que ha trabajado ¿A qué atribuye el estallido social de abril y mayo del 2021, fuera de la coyuntura creada por la pandemia y por un proyecto de reforma tributaria –por decir lo menos– inoportuno?
Podría tratarse del mismo estallido social que comenzó en noviembre de 2019. Si las fiestas de fin de año y luego la pandemia no lo hubieran interrumpido, probablemente estaríamos hablando de 18 meses de agitación social continua. La desesperación económica no desapareció; la rabia por la falta de empatía del gobierno no desapareció; el dolor por la falta de implementación del Acuerdo de Paz en los territorios no desapareció y la masacre de líderes sociales, tampoco. Por el contrario, todo lo anterior se agravó durante la pandemia.
El país no ha sido, como otros latinoamericanos, de protestas masivas y sostenidas durante días y semanas. Tampoco suele tumbar presidentes. Pero en esta ocasión, las manifestaciones pacíficas y los actos violentos después de estas, llevan casi un mes continuo. ¿Qué cambió con respecto a su pasado, para que la gente decidiera salir constantemente pese al riesgo de contagio de COVID y al peligro de ser herido o morir en los disturbios?
El gran cambio llegó con el Acuerdo de Paz de 2016, porque redujo el miedo de la gente a ejercer su libertad de expresión. La desmovilización de las FARC eliminó el estigma que estaba ligado a la protesta pública. Antes de 2016, Colombia tenía una guerrilla muy numerosa, violenta y de carácter nacional que se percibía como una amenaza existencial. Era fácil tachar de “guerrillero” a cualquiera que saliera a protestar para deslegitimarlo y muchas personas no se atrevían a manifestarse debido a esa asociación. Después del Acuerdo, el estigma desapareció o es mucho más débil. Todavía el gobierno Duque trata de presentar a unos manifestantes como vinculados al ELN o a las disidencias de las FARC. Sin embargo, esos son grupos regionales que no representan un gran peligro para las ciudades y por eso no es tan convincente. En resumen, hay mayor espacio político para que la gente salga a la calle y ya no tiene miedo de expresar lo que siente.
Entonces, ¿podría afirmarse que aunque los ciudadanos sabían que podían exigir sus derechos, se reprimían?
Sí. Había temor de expresarse públicamente por la estigmatización de ser tachados como “guerrilleros” y, también, por el desprecio social con que se miraba a los manifestantes.
Personas del partido de gobierno y uniformados sostienen que existe un proceso sistemático: primero, las marchas diurnas masivas, pacíficas. Después, las nocturnas que derivan en disturbios producidos por individuos que destruyen los bienes públicos y privados. ¿Cree que hay un plan “terrorista” de fuerzas contrarias a la administración Duque?
Algo similar se vio en Estados Unidos durante las protestas que surgieron tras el asesinato de George Floyd. En el día, eran pacíficas, masivas, disciplinadas e inspiradoras. En la noche, especialmente en las dos primeras semanas, un pequeño número de personas rompía ventanas, incendiaba propiedades y se enfrentaba a la Policía. En algunas ocasiones, se trataba de jóvenes que se habían radicalizado políticamente y estaban llenos de odio hacia los policías, cuya conducta agresiva los enardecía aún más. En otros, eran delincuentes buscando un beneficio económico, casi siempre mediante el saqueo. En los dos casos, la franja de agitadores nocturnos dio al gobierno Trump la disculpa para desarrollar una retórica en que se deslegitimaba a los manifestantes de Black Lives Matter y sus demandas. Trump centró sus ataques en contra de las manifestaciones en algo llamado “antifa” –apócope de “antifascista”–, que se trata más de una postura política que de un grupo real. Pero jamás existió una coordinación de violencia en Estados Unidos. Una postura similar aparece ahora en Colombia: hay muy poca evidencia de un movimiento nacional de violencia, pero el Gobierno intenta culpar de esa actividad a grupos armados e, incluso, a agitadores internacionales.
A propósito de su mención sobre los “antifa” (supuestos extremistas de izquierda que irían, ciudad tras ciudad, exportando vándalos y vandalismo), ¿la estrategia Trump y la del gobierno colombiano cuando responsabiliza a los “castrochavistas” del vandalismo y los saqueos, es igual y pretende los mismos efectos?
El término “castrochavista” es lo más parecido que hay, al de “antifa”: significa casi lo mismo y es el mismo pretexto para justificar una respuesta oficial violenta y para descalificar a los manifestantes.
Pero, ¿qué obtendría el Gobierno mintiendo? En todo caso, ganar tiempo mientras se deteriora el orden social no parece ser beneficioso para la administración ni para su partido a mediano o largo plazo cuando se descubra que solo se trataba de ocultar su incapacidad de resolver un problema...
Es una distracción que sirve para no enfrentar conversaciones con los manifestantes, por ejemplo, sobre la desigualdad, de la misma manera que Trump no deseaba hablar sobre racismo. Es una manera de postergar las decisiones que no se quieren tomar inventando fantasmas que distorsionan la realidad.
Pronto se iniciará en el país el período electoral. Un escenario de vandalismo callejero, de saqueos y de desorden público sería favorable a quienes tradicionalmente se han nutrido del miedo de los votantes. ¿Esta estrategia del partido de gobierno, exitosa en el pasado, funcionaría en la Colombia de hoy?
El Centro Democrático utilizará las escenas de desorden violento en las calles para movilizar a su base electoral, es decir, al cerca del tercio de los colombianos que son uribistas duros. El partido de gobierno necesita que ese tercio del país vote masivamente. ¿Pero qué sucede con los votantes más moderados, que parecen compartir muchas de las demandas de los manifestantes? Están descontentos con la violencia de las protestas, pero también se escandalizan con los videos de brutalidad policial. Mientras los candidatos no uribistas no propongan nada que asuste a los moderados –tal como el eslogan “desfinanciar a la Policía” asustó a algunos moderados en Estados Unidos–, el atractivo del Centro Democrático puede quedar limitada a su base más rabiosa.
Teniendo en cuenta la situación de agitación social permanente en el país que no parece que cederá de inmediato, y de acuerdo con los análisis de su oficina, ¿ve la posibilidad de que el régimen democrático se pueda interrumpir en Colombia?
Me parece muy poco probable que se produzca una ruptura del orden constitucional en Colombia. Para que eso ocurra, se necesitaría un amplio consenso sobre un candidato, un partido de la oposición o que las fuerzas de seguridad declararan su falta de confianza en el presidente. Pero el panorama es diferente: la oposición está dividida, todas las instituciones siguen apoyando las reglas democráticas actuales, muy pocas personas piden seriamente la renuncia de Duque y la mayoría de los actores políticos están enfocados en la inminente campaña electoral.
¿Y cuál sería la actitud de Estados Unidos si hubiera ruptura total de la democracia, por ejemplo, declarando y ampliando la figura de conmoción interior o suspendiendo las elecciones del año entrante?
En el caso de una declaratoria de conmoción interior, como es un mecanismo constitucional, tal vez mantendría silencio. Pero si se hace una maniobra inconstitucional como la de postergar las elecciones o prolongar el actual período presidencial, creo que el gobierno Biden sí se manifestaría porque, en ese punto, la credibilidad de Estados Unidos estaría en juego: no puede criticar a Venezuela, Nicaragua y El Salvador por lo que sucede en cada uno de esos países, y quedarse callado si su mejor amigo en la región hace lo mismo.
El gobierno Duque y su partido han adelantado una prolongada campaña de temor frente a la supuesta posibilidad de que Colombia se convierta en “otra Venezuela”. ¿En los análisis de oficiales de Washington existe también ese miedo a la popularidad y alta votación de figuras políticas contrarias a Duque y Uribe y se opondrían a un triunfo de la izquierda?
Mi percepción es que Joe Biden se ve a sí mismo como uno de los pocos presidentes “post-populistas” del mundo, que logró sacar del poder a un autoritario ganándole las elecciones. Su gobierno se ha distanciado o se ha opuesto a los populistas de izquierda (Maduro), centro (Bukele) y derecha (Bolsonaro). Es de esperar que muestre la misma incomodidad con un candidato, en Colombia, de derecha o de izquierda, uribista o socialista, que pretenda debilitar las instituciones o derrumbar los contrapesos democráticos. Al tiempo, no creo que el gobierno Biden se oponga a un candidato de izquierda con vocación institucional y que trabaje en el marco de las reglas democráticas.
Líderes del Congreso norteamericano han solicitado suspender o no renovar la ayuda económica a las fuerzas policiales colombianas por las evidencias e informes sobre abusos de poder en el control de los disturbios, y por los manifestantes muertos y heridos por la intervención del Esmad. ¿Cuánta probabilidad hay de que el gobierno Biden no renueve o suspenda sus aportes?
Hemos confirmado que el Esmad no recibe ayuda, aunque compra equipos fabricados en Estados Unidos. En cuanto a la institución, a menos que la situación de los derechos humanos siga empeorando, es poco probable que haya una suspensión total de la ayuda a la Policía Nacional porque –como dije antes– la relación con Estados Unidos es muy estrecha. Se extiende desde la erradicación hasta la interdicción en materias de narcotráfico, pasando por las operaciones de la DEA, el establecimiento de unidades de carabineros y el entrenamiento a fuerzas de otros países. Sin embargo, puede haber algunos cambios importantes. Cuando el general (r) de la Policía Rosso José Serrano despidió a miles de agentes, se creía que esa institución era menos corrupta, más respetuosa con los derechos humanos y más profesional. Los videos y los relatos de abusos en las actuales protestas y las agresivas palabras de los directores de la Policía y del Ministerio de Defensa de Colombia han despertado las alertas de los responsables políticos de Estados Unidos sobre el hecho de que la institución está muy perturbada en la actualidad. Estados Unidos está luchando con su propia necesidad de implementar una reforma de su Policía y los actores políticos en Washington van a examinar la situación en Colombia desde esa perspectiva.
Desde varios centros de pensamiento se escuchan propuestas de diálogo para encontrar salida a la crisis nacional. Entre esas propuestas hay dos dirigidas a Estados Unidos: a. Que exija poner en marcha una reforma inmediata de la Policía. b. Que mientras se revisan los protocolos de actuación del Esmad, se suspenda la venta a Colombia de material “de control de multitudes” (armas de disuasión, gases, tanquetas). ¿Estas peticiones podrían tener buen recibo en Washington?
Creo que ambas propuestas gozan de simpatía entre los funcionarios de la administración Biden. Pero –de nuevo–, debido a la larga y estrecha relación con la Policía colombiana, van a preferir manifestarse en privado. Los oficiales del gobierno de Estados Unidos deberían ser conscientes de que expresar públicamente su preocupación por el comportamiento inaceptable de un socio no significa romper con ese socio.
¿Significa que regañan en privado y piden que corrijan o si no recibirán una reprimenda económica o en materia de prohibición de venta de armas?
Sí. En algunos casos, si, por ejemplo, una unidad militar tiene prohibido recibir ayuda por la ley Leahy (Estados Unidos no proporcionará asistencia militar extranjera a violadores de derechos humanos), tal prohibición se comunicará, en privado, al Estado. Cuando existan listas en el mismo sentido, también son reservadas. Los uniformados que tienen tachas o cuyos nombres se encuentren en el banco de datos de sospechosos de haber incurrido en violación de derechos humanos, tampoco podrán recibir entrenamiento en Estados Unidos ni ingresar al país.
En uno de sus artículos, recientemente publicado por El Espectador, usted afirma que si el gobierno Biden empuja al de Duque a optar por la vía del diálogo para enfrentar la crisis actual, “estaría desarrollando una guía” para toda Latinoamérica en donde varios países enfrentan un “populismo autoritario”. ¿Qué quiere decir con ese término y a cuáles fenómenos políticos se refiere con el mismo?
En el mundo, la democracia se ha debilitado puesto que se están eligiendo líderes que ignoran los controles institucionales, mienten constantemente atacan a los medios de comunicación, llaman a sus oponentes “terroristas” o calificativos peores, y buscan mantenerse en el poder por cualquier medio. Venezuela y Rusia fueron los pioneros, pero sucedió también en Hungría, Turquía, Filipinas, Brasil, El Salvador y muchos otros países. Estados Unidos acaba de tener un presidente de ese corte durante cuatro años, y está liderando uno de nuestros dos principales partidos políticos. Lo que ocurre en Colombia en la actualidad es una gran prueba: se sabrá si las instituciones democráticas pueden canalizar unas demandas sociales desesperadas, derivadas de generaciones de desigualdad, o si no lo hará. El Acuerdo de Paz constituyó un gran voto de confianza en estas instituciones. ¿Puede Colombia resolver esta crisis a través del diálogo sin violencia y sin recurrir a un personaje populista? De hacerlo, Colombia sería un ejemplo asombroso para el resto del mundo en este convulsionado comienzo del siglo XXI.
O si no, ¿ganaría el “populismo autoritario” en las elecciones del 2022?
Es muy posible que gane un candidato populista autoritario, sí. En ambos extremos ideológicos puede haber candidatos que son tan radicales que vean las instituciones como obstáculos o que se vean a sí mismos como los salvadores de su país.
“Se están produciendo violaciones de derechos en un nivel inaceptable”
Usted no solo es experto en materias de seguridad sino, también, de derechos humanos ¿El Estado colombiano podría ser objeto de sanciones promovidas por Washington, por Naciones Unidas y otros organismos por la violación de los derechos de los manifestantes, además de que ya tiene un récord negativo por los asesinatos de defensores, líderes sociales y excombatientes?
Esto depende realmente de la Fiscalía y del sistema de justicia de Colombia. Sabemos que se están produciendo violaciones de los derechos humanos en un nivel inaceptable. ¿Identificarán las instituciones colombianas a los responsables y los harán rendir cuentas? ¿Lo harán de manera eficiente y que las víctimas no tengan que esperar diez años para obtener un resultado? De ser así, sería una esperanzadora ruptura respecto de una historia muy amarga de impunidad en Colombia. Si no, entonces, sí, habrá sanciones. La legislación estadounidense, por ejemplo, prohíbe la ayuda a las unidades (policiales o militares) que cometen abusos con impunidad. Y el Sistema Interamericano y la Corte Penal Internacional también están para los casos en que el sistema judicial de un país se muestre poco dispuesto o incapaz de llevar ante la justicia a los autores de graves violaciones de los derechos humanos.
Prácticas (del Esmad) que empeoran la inestabilidad que preocupa a EE. UU.
Se ha visto que la respuesta del gobierno Duque a las protestas ha sido la represión violenta, incluso, de las manifestaciones pacíficas. Si bien el lenguaje oficial es parcialmente conciliador, los cuerpos de choque (Esmad y otros) tienen autorización de atacar, reducir y capturar ¿Cómo puede calificar el gobierno Biden a la administración nacional por el manejo de los reclamos callejeros?
Aunque el gobierno Biden valora los derechos humanos mucho más que el de Trump, también piensa en la estabilidad y en la realidad geopolítica del subcontinente. Le preocupa cualquier síntoma de inestabilidad en un país considerado como un aliado cercano, en una región que se enfrenta a los desafíos de Rusia y China, a veces, a través de Venezuela. De otro lado, Estados Unidos tiene una larga relación con la Policía de Colombia y no la arriesgaría con críticas públicas. Dicho esto, también hay que reparar en que los funcionarios estadounidenses no han apoyado las tácticas brutales de unidades como el ESMAD, tal vez porque saben que tales tácticas prolongan e intensifican las protestas, innecesariamente. Y porque están conscientes de que esas prácticas siguen empeorando la inestabilidad que tanto les preocupa.