La guerra contra las mujeres les tocó la puerta en las ciudades

Muchas mujeres víctimas del conflicto armado que le huyeron a la guerra en el campo se encontraron de nuevo con la crudeza de esta en la ciudad. Quizá uno de los episodios más dolorosos de la violencia en lo urbano fue el de la Comuna 13, en Medellín. No hay un consolidado acerca de la herida que dejó la Operación Orión, pero la Corporación Jurídica Libertad habla de 71 personas asesinadas por paramilitares, 12 torturadas, 92 desapariciones forzadas, 370 detenciones arbitrarias, 80 heridos y 17 bajas cometidas por la Fuerza Pública.

Muchas mujeres víctimas del conflicto armado que le huyeron a la guerra en el campo se encontraron de nuevo con la crudeza de esta en la ciudad. Quizá uno de los episodios más dolorosos de la violencia en lo urbano fue el de la Comuna 13, en Medellín. No hay un consolidado acerca de la herida que dejó la Operación Orión, pero la Corporación Jurídica Libertad habla de 71 personas asesinadas por paramilitares, 12 torturadas, 92 desapariciones forzadas, 370 detenciones arbitrarias, 80 heridos y 17 bajas cometidas por la Fuerza Pública.

“En esta comuna, las milicias, las guerrillas, el narcotráfico, el paramilitarismo, la policía, el ejército, los combos y las bandas confluyeron a partir de los años ochenta, en una lucha permanente por la periferia, con el objetivo de conseguir el control de los barrios de la ladera. A pesar de ello, ningún actor se consolidó en toda la comuna. Ni siquiera la operación Mariscal, ni la masiva y fuerte intervención con la operación Orión, ni tampoco las posteriores avanzadas del ejército y de la policía, hasta 2018, consiguieron darle fin a la presencia de las bandas y los combos que han mantenido la división de los barrios y las fronteras invisibles de la comuna 13, San Javier”, hace como preámbulo la Comisión de la Verdad en el capítulo de género del informe final.

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La Comuna 13, en el occidente de Medellín, fue el destino de muchas familias víctimas de desplazamiento forzado en Antioquia y departamentos aledaños como Chocó en los años 90, pero también lo fue para estructuras armadas que fueron tomando el control territorial y social que no asumió el Estado. Si bien esta localidad fue receptora de nuevos habitantes, también expulsó a más de 3.500 personas entre los 2000 y 2009, según recoge el libro La huella invisible de la guerra.

“Yo tenía tres hijos jóvenes. El primer desplazamiento fue dos días después de la operación Orión, porque resulta que en ese momento empezaron a llevárselos. La policía y el ejército se llevaban a los jóvenes y a las personas las bajaban de los carros. Los retenes estaban por todas partes y resulta que los jóvenes ya no aparecieron. Hubo jóvenes que no volvieron y otros terminaron presos, acusados de ser guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla”, narró una de las víctimas a la Comisión de la Verdad.

En los 80, a la Comuna que se le conoce como San Javier, llegaron las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, las Milicias América Libre. Una década después se asentaron el Eln, las Farc y los Comandos Armados del Pueblo (CAP). “La miseria, las dificultades de acceso, la carencia de infraestructura y de movilidad, los robos continuos, el expendio y consumo de drogas y la violencia intrafamiliar atrajeron sucesivamente a milicias, guerrillas y paramilitares, cada uno con ofertas de orden y seguridad tentadoras para sus habitantes. En consecuencia, al paso que la población extrañaba la presencia estatal, los actores armados se convirtieron irónicamente en su sustituto funcional”, se lee en el citado libro.

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La ubicación de la comuna es estratégica para los mismos grupos armados. San Javier se conecta con el cordón vial que conduce al Urabá antioqueño, necesario para el transporte de armas. La región bananera ha tenido una gran incidencia guerrillera y paramilitar. Así mismo, las condiciones topográficas de la comuna, asentada en una ladera, hace más difícil la entrada estatal. “Este aspecto ha sido aprovechado por los grupos armados, quienes han tomado a la comuna como lugar de operaciones y corredor estratégico para el transporte de droga, el ingreso de armas, el traslado de integrantes de frentes rurales hacia la ciudad, el refugio de personas buscadas por la justicia y para mantener secuestrados, en muchos casos”, explica el libro.

“La incursión del Eln y las Farc trajo consigo la radicalización en las operaciones militares de la fuerza pública”, destaca la Comisión en su informe. La entrada al nuevo milenio elevó el conflicto armado en la zona y obligó a actuar al Estado que privilegió la acción militar, lo que dejó profundas heridas en San Javier. En el año 2002, antes de dejar la Presidencia, Andrés Pastrana ordenó varios operativos militares como el Mariscal. “Gracias a la resistencia civil de la comunidad, que se organizó para repeler las balas de los grupos armados, con pañuelos, banderas, camisetas y sábanas blancas, esta acción finalizó tras doce horas de combate que dejaron nueve personas asesinadas y numerosas heridos. Ello da una idea de la magnitud de la guerra y, sobre todo, de lo que han sufrido sus habitantes”, destacó la Comisión.

El cambio de administración no supuso una reorientación de la estrategia para recuperar el territorio. Álvaro Uribe Vélez ordenó entre el 16 y 17 de octubre de 2002 la Operación Orión, la respuesta militar urbana más grande del país, con participación de la Fuerza Aérea de Colombia. “No podíamos salir, porque estaban disparando por todas partes, por el aire y por tierra. Por aire nos disparaban los aviones y por la parte del 20 estaban las tanquetas. Por todas partes. No había forma de salir”, fue uno de los relatos que la Comisión de la Verdad recogió.

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La guerra urbana contra las mujeres

“Yo tengo muchos hechos victimizantes y desde que pisé la Comuna 13 he sufrido la guerra y el conflicto. Yo llegué allá en el 86, volví y me fui. Llegué en el 88 y ya me quedé. Allá nació mi último hijo, en el 90, y desde eso salí el año antepasado, en 2018. Llegué allá cuando tuve varios desplazamientos. Desaparecieron al papá de mis hijos y quedé sola en el 91. A principios de 2016 hubo un comentario, que me iban a hacer salir del barrio, que porque yo me mantenía en La Escombrera y allá permanecía la Fuerza Pública”.

Este testimonio de una lideresa de San Javier ratifica el ciclo de violencias a la que las mujeres se han visto abocadas. Un desplazamiento tras otro, un hecho victimizante tras otro. La Comisión de la Verdad, en el informe final, ha reiterado el cómo la violencia ha impacto de forma diferencial a las mujeres: “Millones de mujeres víctimas de desplazamiento forzado tuvieron que afrontar, muchas veces de manera silenciosa, la pérdida de su casa, su tierra, su forma de vida, y tuvieron que resistir y sobrevivir en la pobreza, tratar de evitar o remediar la desmembración familiar, enfrentar las amenazas contra sus hijos, asumir trabajos precarios, ser el único sustento económico y emocional de sus familias, y buscar de apoyo en instituciones del Estado que cumplieron parcialmente sus responsabilidades”.

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Bajo esas circunstancias muchas mujeres víctimas del conflicto armado atestiguaron con horror los operativos militares durante el 2002, en la Comuna 13, y volvieron a vivir con desesperanza lo ya experimentado. Otras se convirtieron en el relato del horror por considerarlas “enemigas”. “Por allá mataron a muchas peladas que fueron novias de muchachos ahí. Y una cosa es que sean novios y otra que sean combatientes. Por ejemplo, en la comuna 13 hubo una vez una bulla de unas muchachas que se robaron y las encontraron en las areneras sin un seno, empaladas. Eran las novias de un guerrillero, las esposas o las madres con sus bebés. Eso en la comuna 13 se vio mucho. A uno le daba mucho miedo andar al pie de la policía cuando había paramilitares, porque fácilmente se robaban a la gente”.

La sevicia contra las “enemigas” fue un factor común que encontró la Comisión en los testimonios aportados, no solo en Medellín, sino a nivel país, así como la estigmatización. Hoy las madres de la Comuna 13, como Mujeres caminando por la verdad, siguen buscando a sus desaparecidos. Se presume que la mayoría están sepultados como NN en la fosa común conocida como La Escombrera. “Al hijo mío me lo mataron el 16 de enero del 2007. Él desapareció y yo lo vine a encontrar a los diez meses de su asesinato, cuando salió su nombre publicado en La Chiva. Porque resulta que, en ese entonces, con tanta violencia, tantos muertos, había 105 personas NN en el Cementerio Universal, y entre esas estaba mi hijo. Pero ya estaba enterrado en una fosa común”, contó otra víctima.

“Las bandas y los combos filiales de la macrocriminalidad se reacomodaron para dominar las extorsiones, el narcotráfico y la vida comunitaria. En este contexto, las mujeres de la Comuna 13 han luchado para alejar a sus hijos del reclutamiento permanente por parte de los grupos armados y continuar con la búsqueda de sus desaparecidos”, destaca el informe sobre la realidad actual de las mujeres que habitan San Javier, que exigen que la búsqueda de sus desaparecidos comience en La Escombrera.

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