“La ley de sometimiento es la zanahoria y la acción militar es el garrote”

La ponencia del proyecto de ley de sometimiento a la justicia, que busca que organizaciones crimínales de alto impacto vinculadas a economías ilegales, como el Clan del Golfo o los Rastrojos, entreguen las armas a cambio de una reducción de las sanciones, será radicado esta semana para que pueda comenzar su discusión en la Comisión Primera del Senado. Se presupuestaba, en un primer momento, que se radicara la ponencia en Senado este miércoles 24 de mayo.

La ponencia del proyecto de ley de sometimiento a la justicia, que busca que organizaciones crimínales de alto impacto vinculadas a economías ilegales, como el Clan del Golfo o los Rastrojos, entreguen las armas a cambio de una reducción de las sanciones, será radicado esta semana para que pueda comenzar su discusión en la Comisión Primera del Senado. Se presupuestaba, en un primer momento, que se radicara la ponencia en Senado este miércoles 24 de mayo.

La iniciativa fue liderada por el Gobierno, por el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Y tuvo una participación amplia del senador Iván Cepeda; el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda; del representante Alirio Uribe, ponente en la Cámara; y del senador de la Alianza Verde Ariel Ávila, ponente en Senado. “El proyecto se presentó al Consejo de Política Criminal y acogimos sus recomendaciones. Ahí está el fiscal general y la procuradora”, anota Uribe. Él y Ávila contaron cómo ven el trámite del proyecto de ley en el Congreso.

¿Cómo ve el ambiente en el Congreso para la radicación y debate de la ley de sometimiento a la justicia?

Ariel Ávila: Hay una crisis de gobernabilidad por el tema de mayorías en el Congreso. Lo que se ha hecho en estos días es una pedagogía, yo he estado personalmente reunido con varios senadores uno a uno, toda vez que la situación de la coalición de gobierno es imposible. En ese sentido, yo le hago un llamado al gobierno de reconstruir las mayorías. Tal vez en Cámara la cosa es un poco más suave, pero lo cierto es que en Senado el gobierno no las ha reconstruido y mientras no lo haga, ningún proyecto va a pasar.

Alirio Uribe: Cada día hay más dificultad para lograr mayorías, esa es la realidad, pero pienso yo que frente a temas de paz todas las bancadas quieren apoyar el proceso de paz del gobierno. Sin duda, la ley de sometimiento va a tener mucho debate.

¿Considera que eventos como el cese al fuego con el Clan del Golfo en abril o con el Estado Mayor Central esta semana afectan la manera como puede ser recibido este proyecto en el Congreso?

Ariel Ávila: Hay una crisis exógena a la paz total que, obviamente, pega en la legitimidad, pero que cuando se entiende a fondo, no existe. Esto es como una moneda: la cara de la zanahoria, que es la ley de sometimiento y la ley de orden público aprobada el año pasado; y la cara del garrote, que es el plan Ayacucho de las fuerzas militares, lanzado hace poco más de una semana. En lo fundamental, una política de paz total no es contradictoria con una política de seguridad dura. Estos eventos como el acontecido en Tibú en las últimas horas o el del asesinato de los niños en Putumayo da un golpe a la legitimidad muy grande, pero a su vez se trata de una crisis de seguridad, no de la paz total. En cambio, lo que pasa en Buenaventura con los Espartanos y Chotas demuestra la necesidad de la ley. Estos grupos estaban dispuestos a someterse, pero la ley se prometió desde diciembre y el gobierno no fue capaz de avanzar y ahora por eso se prendió la guerra otra vez en Buenaventura.

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Hablemos un poco del proceso de construcción de este proyecto. ¿Cuál es la esencia de esta ley?

Ariel Ávila: La ley de sometimiento a la justicia es una ley de cuatro pilares: primero, no hay nuevos tribunales, jueces o procedimientos, es la justicia ordinaria; segundo, no hay reconocimiento político; tercero, habrá cárcel de seis a ocho años de cárcel más cuatro años de pena supervisada afuera para un total de 10 a 12 años de pena; cuarto, el tratado de extradición no se toca. Es una ley lo suficientemente fuerte para garantizar el estado de derecho y lo suficientemente benévola para que las organizaciones criminales se sometan a la justicia.

Alirio Uribe: El fin es que los grupos armados de alto impacto dejen de existir y para eso se está haciendo una oferta con unas penas sustitutivas y unos beneficios legales, pero bajo la manifestación expresa del deseo de desmonte del grupo: el listado de todos sus miembros y patrones de crímenes, entrega de niños reclutados, el desmantelamiento de fuentes económicas, entre otras condiciones. Esto es complementario a la Ley de Paz Total, que tiene un marco jurídico para los diálogos políticos, pero para este tipo de grupos es necesaria una ley de sometimiento colectivo. Estamos en la fase de acercamiento, con 22 grupos de alto impacto, la mayoría urbanos.

¿Cómo se lograron los balances en términos de castigos y recompensas?

Ariel Ávila: Uno aprende de su experiencia. Lo que hicimos fue revisar el proceso de sometimiento de las FARC y el proceso de Justicia y Paz. Por eso para muchos expertos esta ley es muy dura, creen que muy poca gente se va a someter, nosotros creemos lo contrario.

Alirio Uribe: Toda ley de sometimiento tiene que tener unos beneficios y unas condiciones. Esta ley cumple los estándares internacionales en materia de verdad, justicia, penas efectivas en cárceles.

¿Qué dificultades o cuestionamientos podría enfrentar el proyecto de ley de sometimiento a la justicia?

Alirio Uribe: Esta ley puede tener dificultades en el tema de quienes no han cometido delitos graves, que pueden tener un principio de oportunidad. Creo que ese tema puede ser muy criticado, pero lo que yo señalaría es que ese tema no es nuevo. Esto ya se hizo con los paramilitares y se hizo con las FARC. Es decir, hubo más de 30.000 paramilitares que no fueron nunca a Justicia y Paz, que se limitaron a decir el nombre y el rango y la Fiscalía verificaba qué crímenes habían cometido. Si solo tenían el delito de pertenecer al grupo, de portar armas y concierto para delinquir, esas personas no pagaban penas. Es decir, se sometían a un principio de oportunidad. Lo que nosotros queremos es que los máximos líderes respondan, los que han cometido crímenes de lesa humanidad.

¿Qué lecciones se pueden traer de la Ley 418 (Ley de Orden Público o Paz Total) y el trámite que se le dio a esta en el Congreso?

Ariel Ávila: Cuando se aprobó la Ley 418 había mayorías, era el primer semestre del gobierno. Aquí va a ser muy difícil porque no prima la racionalidad de si la ley es buena o no, sino que es una racionalidad política. Por eso repito: es el gobierno el que debe ajustar las mayorías.

¿Cómo ve los tiempos para los debates de la ley de sometimiento a la justicia?

Alirio Uribe: La ley no va a tener mensaje de urgencia por el momento, eso significa que en el mejor de los casos se va a debatir en Comisión Primera de Senado y en plenaria de Senado. Comisión Primera y plenaria de Cámara quedarían para el próximo semestre, después del 20 de julio.

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