La oposición se organizó para estancar las reformas y afianzar apuestas para el 2026

En la semana en la que cinco ministros— Educación, Salud, Agricultura, Hacienda y Defensa— del gobierno de Gustavo Petro fueron citados a debates de control político, la oposición preparaba una de sus cartas para dilatar las reformas del Ejecutivo, a menos de tres semanas de la fecha límite para que puedan ser tramitadas: mociones de censura contra las cabezas de los Ministerios de Salud, Igualdad, Minas, Interior y Defensa. Con los motores, y las apuestas, calentándose para las elecciones del 2026 en momentos en los que se habla de una constituyente y extender el periodo presidencial, el Centro Democrático y Cambio Radical, así como otros partidos de este sector, todavía no tienen claro cómo darle un manejo a su candidatura presidencial para los próximos comicios.

En la semana en la que cinco ministros— Educación, Salud, Agricultura, Hacienda y Defensa— del gobierno de Gustavo Petro fueron citados a debates de control político, la oposición preparaba una de sus cartas para dilatar las reformas del Ejecutivo, a menos de tres semanas de la fecha límite para que puedan ser tramitadas: mociones de censura contra las cabezas de los Ministerios de Salud, Igualdad, Minas, Interior y Defensa. Con los motores, y las apuestas, calentándose para las elecciones del 2026 en momentos en los que se habla de una constituyente y extender el periodo presidencial, el Centro Democrático y Cambio Radical, así como otros partidos de este sector, todavía no tienen claro cómo darle un manejo a su candidatura presidencial para los próximos comicios.

El tiempo se acaba para las reformas pensional y a la educación, que todavía tendrán que superar uno y dos debates, respectivamente, para salir ilesas de esta legislatura. Los intentos para que no lo logren no han sido escondidos por la oposición, cuyas mociones de censura tendrán que ser agendadas antes del 20 de junio, después de cumplir el plazo perentorio de 10 días para poder llegar al orden del día, y que atrasarían las discusiones. Dicho esto, medidas similares nunca han prosperado en el Legislativo. Tanto el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, como el de Defensa, Iván Velásquez, ya habían ido al tablero en marzo, pero la votación estuvo a su favor: el primero tuvo 55 votos para que se mantuviera en el puesto contra 28 y, el segundo, 96 contra los 36 que respaldaron su destitución.

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“Hoy, que el Gobierno está más concentrado por querer tramitar sus inconvenientes e ilegales reformas, pues lo que queremos es decirle al país que son muchos los ministros que tienen que responder por todos estos escándalos [en los] que está hoy inmerso el Gobierno nacional, ante la incompetencia de los ministros de estas carteras”, afirmó la representante Carolina Arbeláez (Cambio Radical).

Al estancado proceso legislativo, que no juega a favor de las iniciativas del Gobierno, se suma otro proyecto del Ejecutivo que lleva mensaje de urgencia desde el pasado 7 de mayo: la iniciativa que busca ampliar el cupo de la deuda hasta los US$17.607 millones (un poco más de $68 billones). Así, lo único claro es que el Congreso tendrá que tener sesiones extraordinarias, lo que, de todas formas, no asegura el trámite exitoso de las reformas.

La oposición no esconde que estas medidas sean para atrasar los debates y asegura que se trata de uno de los “mecanismos legales” que pueden usar frente al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la crisis de seguridad en los departamentos del pacífico colombiano, la baja ejecución presupuestal del Gobierno. Todos esos han sido puntos de debate en un diálogo cada vez más distante entre la Casa de Nariño y el Legislativo.

Los congresistas de la oposición aseguran que el Gobierno ha perdido toda la credibilidad para tramitar las reformas, pues esta red de corrupción en la Ungrd involucra presuntamente a altos funcionarios del gobierno Petro. En esa lista están el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco— el último en ser citado a una moción de censura justamente por este tema—, la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quienes fueron señalados por el exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla de haber ofrecido a Andrés Calle (Partido Liberal), el presidente de la Cámara, y a Iván Name (Alianza Verde), el presidente del Senado, sumas de dinero para apoyar el paso de sus iniciativas. Todos ellos han negado su participación en el entramado y tanto el ministro como el secretario se mantienen en sus cargos.

Esta unión entre la oposición ha sido clave en estos años de Gobierno, pero está buscando desde ya afianzarse para las elecciones del 2026. Desde el Centro Democrático están en el ramillete de posibles presidenciables los congresistas Paola Holguín, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y Andrés Guerra, y, desde Cambio Radical, el exvicepresidente y excandidato, Germán Vargas Lleras.

La clave será construir puentes más resistentes que les permitan llevar un candidato que le haga frente al progresismo y que no les ocurra lo mismo que en el 2022, cuando Rodolfo Hernández, quien no estaba entre las apuestas, superó al entonces candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, ahora alcalde de Medellín. Aunque con algunas figuras que han hecho su nombre en el Congreso, el proyecto político todavía no es claro. La oposición a la figura del presidente es más que clara, pero, hasta ahora, sus aspiraciones se mantienen en “en contener las malas iniciativas que presenta el Gobierno nacional ante el Congreso de la República y defender la democracia”, como señaló Juan Espinal, representante del Centro Democrático.

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Para responder a esto, el oficialismo no se ha quedado quieto. En medio del debate de una propuesta de constituyente del mandatario que causó una ola de indignación y rechazo, así como una negativa por parte de Petro a buscar la reelección, están buscando unificar el proyecto político que plantearán para garantizar la continuidad del progresismo en el poder.

Una de sus iniciativas para tratar de concretar esta apuesta para las próximas elecciones fue la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad, que se realizaría en la Universidad Nacional, que pasa por una agitación por cuenta de la elección de su rector, y que estaba programada para el 31 de mayo y 1 de junio. Sin embargo, esa fecha tuvo que ser aplazada mes y medio para el 18, 19 y 20 de julio “ante la ampliación de las inscripciones, la necesidad de contar y garantizar las mejores condiciones logísticas y la importancia de avanzar en la preparación desde todos los territorios y sectores”.

El cambio no sería menor, pues fuentes confirmaron a este diario que los ruidos de la constituyente y de la reelección motivaron ese cambio de fechas. Así, el cierre del evento coincidirá con una fecha clave: el 20 de julio. En todo caso, en esa convención de tres días, se espera que los participantes, que desde el oficialismo se calculan en cerca de 10.000, lleven “propuestas concretas”.

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“En esos nueve temas lo que queremos es tener una agenda política y de movilización desde ahora hasta el 2026. Es un proceso organizativo, entre ellos el proceso unitario del movimiento social, pero también el proceso unitario de cara al 2026 desde el punto de vista político, porque ya los partidos que éramos minoritarios en el 2022 ya somos mayoritarios, y ya no podemos ir en coaliciones”, indicó el representante Alirio Uribe (Pacto Histórico), quien señaló que han perdido varios de sus integrantes en el Legislativo por doble militancia, como Roy Barreras y Alexander López, que hoy ocupan los cargos de embajador en Londres y director del Departamento de Planeación Nacional (DNP), respectivamente.

En el mismo día que fue anunciado que la fecha se cambiaría, salió David Racero, representante por el Pacto Histórico y un asistente asiduo de los comités políticos en la Casa de Nariño, a decir que, si bien no apoya la idea de una reelección, sí está de acuerdo con ampliar en dos años el mandato presidencial. El comentario generó críticas y el mismo congresista aseguró que esta idea no aplicaría para el actual jefe de Estado.

El comentario también habría levantado las cejas de varios integrantes del Pacto, según fuentes en el interior del partido, que afirmaron que este tema nunca se ha discutido en la bancada y que deberá ser puesto en la mesa si esa es la intención. Lo cierto es que no todos compartirían la opinión de Racero e incluso tienen heridas con el Gobierno, que los citó a una reunión este viernes a las 8:30 a. m. en Palacio.

Los congresistas de la bancada no se sentirían tan a gusto con el presidente que, al parecer, no entabla tanto diálogo con ellos como con otras bancadas, con las que sí o sí tiene que negociar para asegurar los votos para sus reformas. En estos dos años que quedan de mandato, tanto la oposición como el oficialismo tendrán que ajustar cuentas y unificar sus diferencias para derrotar al otro en los comicios, en los que, como en el 2022, podría ascender una figura inesperada que les arrebate a ambos sus aspiraciones al poder.

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