El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, lanzó esta semana su estrategia de “seguridad” consistente en la conformación de un grupo de 100 exmilitares y expolicías -hoy civiles - con armas, uniformes negros, cascos y motos, asignados a tareas de vigilancia ¿Qué opina sobre esa “solución”?
Tras esa decisión del alcalde de Sincelejo, hay una historia de horror que no se puede ignorar: en los años 90 del siglo pasado, se crearon multitud de organizaciones similares a las que ahora impulsa Acuña. Las llamaron Convivir. 420 de ellas, que tuvieron asiento en el Caribe, agruparon a cerca de 8.000 integrantes. Como se ha establecido con suficiencia, las Convivir se transformaron en bandas paramilitares bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y sus dirigentes, empezando por Carlos Castaño y Mancuso, aparecieron, después, como miembros de esa cúpula criminal. En resumen, los paramilitares que masacraron pueblos y asesinaron a miles de personas, primero constituyeron una fuerza legal y, luego pasaron a ser una tenebrosa organización ilegal.
¿Implica que la historia podría repetirse? Eso mismo parece creer el ministro de Defensa quien, en cuanto se conocieron las perturbadoras imágenes de civiles armados en potentes motos, publicó un mensaje en que dice que el alcalde “debe desmontar de inmediato este ‘frente de seguridad’ que nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo”…
La declaración del ministro fue oportuna y contundente y la decisión del alcalde de Sincelejo huele mal por todos los lados. Acuña aparece desde hace muchos años, en las investigaciones académicas realizadas por la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), con nexos con fuerzas ilegales. Hace poco, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema lo vinculó formalmente a una investigación por su presunta relación con grupos armados ilícitos. Estamos ante una película muy parecida a la de los 90. En 1997, eran de tal magnitud los excesos de las Convivir que la Corte Constitucional intervino para limitar sus actividades y prohibir el porte de armas. Fue cuando tuvieron que desenmascararse y se vincularon, abiertamente, al paramilitarismo.
En defensa de esa medida, Acuña ha dicho que ese tipo de grupos está autorizado por Constitución y ley ¿Cuáles fueron los lineamientos que dio la Corte sobre civiles armados que asumen las funciones de agentes del Estado?
Redujo cualquier posibilidad de organizar grupos civiles armados, a labores de vigilancia privada con todas las limitaciones. Es un servicio reducido a organizar flujos de personas, a controlar movimientos y circulación en lugares privados y a la protección de unas personas determinadas pero como digo, sometido a normas estrictas. Es claro que los llamados vigilantes no pueden ejecutar patrullajes en las calles ni realizar acciones ofensivas contra la delincuencia. Esta acciones están asignadas exclusivamente a funcionarios del Estado.
El comandante (e) de la Policía de Sucre, coronel Jorge Alejandro Murcia, no solo estuvo de acuerdo con el alcalde sino que defendió su medida afirmando que el grupo de hombres de negro está “debidamente registrado en la Superintendencia de Vigilancia”; que la Policía “no tiene la capacidad” de poner agentes fijos y que, por eso, “ese componente de seguridad” es bienvenido. Entonces el coronel Murcia ¿estaría delegando funciones oficiales?
La posición del comandante de Policía de Sucre me recuerda una declaración del jefe paramilitar Ever Veloza, alias HH, ante el Tribunal de Justicia y Paz. Veloza señaló que las Convivir actuaron, desde el principio, al amparo de las Fuerzas Militares y que los atropellos que cometieron, tenían el visto bueno oficial. Puso el ejemplo de la Convivir Papagayo, con asiento en Urabá, vinculada a la maquinaria paramilitar dirigida por los Castaño Gil. En su declaración, alias HH dijo que “”En el Urabá Antioqueño (las Convivir) eran parte de las autodefensas, a tal punto que con la plata que ellas (las AUC) recogían, se pagaban las armas y a los muchachos (de las Convivir)”. Crear esto tipo de organizaciones es una estrategia que siempre ha dado malos resultados y que ha sido fuente de graves violaciones a los derechos humanos.
Entonces, el primer llamado a desautorizar al comandante de Sucre es el director nacional de la Policía pero, que se sepa, no lo ha hecho ¿Debería hacerlo?
Claro que sí porque el coronel Murcia está bajo su mando y él - el general William Salamanca -, es subordinado del ministro y del propio presidente. Hay que actuar en sentido contrario a lo que pretende Acuña: la fuerza pública debe y puede golpear el crimen organizado pero la primera medida para derrotarlo, es romper los nexos de sectores policiales y militares con los grupos criminales porque esas relaciones los han fortalecido y los sostiene en el tiempo. Precisamente en Sucre, hoy en día, hay presencia de grandes mafias que se manifiestan en forma de diferentes bandas protegidas por algunos sectores públicos.
La costa Atlántica, Sucre incluido, sufrieron un fuerte sometimiento paramilitar ¿Ese fenómeno podría asimilarse de algún modo al grupo armado de motociclistas de Sincelejo?
Sucre, especialmente en la región de Montes de María, ha sido y sigue siendo centro de disputa y control territorial de las autodenominadas Autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Desde 2018 diversos centros de pensamiento, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos hemos alertado sobre la presencia y control de esa organización armada en los centros urbanos y rurales de municipios como San Onofre, Ovejas, Majagual, entre otros. Al igual que en otras regiones del Caribe, el Clan del Golfo ejerce un fuerte control en Sucre a través de la ejecución de diferentes formas de violencia y de la cooptación de organizaciones e instituciones civiles y oficiales. Eso le ha permitido abrirse espacio en elecciones locales mediante el apoyo de candidaturas, la cooptación de mandatarios locales y de organizaciones de la región. En ese contexto, la aparición de grupos de civiles armados recorriendo las calles, es todavía más peligrosa.
Se dice que quien no conoce la historia, la repite ¿Qué ocurrió específicamente en esa región durante el auge del paramilitarismo original?
Sucre fue clave para el proyecto paramilitar, especialmente por su potencial ganadero, las cualidades de la tierra y su posición estratégica de conexión con el Atlántico. Para los años 90′s con la llegada de las autodefensas, los repertorios de violencia aumentaron. Perpetraron al menos 42 masacres, entre el 96 y el 2003. La consolidación de ese proyecto criminal en la zona sucreña fue producto de la articulación entre grupos ganaderos, políticos locales y comandantes paramilitares, como lo ha sentenciado la Corte Suprema, y lo han confirmado Mancuso y otros. Todo lo anterior les permitió producir acciones articuladas, identificar líderes locales, cooptarlos y, por supuesto, asegurarse victorias electorales.
¿El Clan del Golfo, Los Rastrojos y otros cuerpos armados ilegales de hoy también participan en política?
En Pares los llamamos herederos de los paramilitares y herederos de la parapolítica. Ahora el mecanismo principal es la financiación de las campañas. Antes era el terror. Todavía hay terror, pero el dinero ilegal juega un papel central. La gran desgracia de Colombia es que los mafiosos adquirieron un espíritu político y una parte importante de los políticos adquirieron un espíritu mafioso. Por eso ha sido imposible, hasta ahora, romper los lazos entre políticos y mafiosos.
Casos como el del alcalde de Sincelejo ¿pueden, entonces, dar pie para pensar que la parapolítica (nexos entre paramilitares y políticos) todavía existe, que nunca se cerró ese capítulo vergonzoso de nuestra historia?
La parapolítica vive. Quienes investigamos académicamente ese fenómeno hace veinte años, acabamos de publicar el libro La parapolítica, historia del mayor asalto a la democracia en Colombia, como un caso único en el mundo: 86 congresistas fueron condenados por parapolítica y otros 50 estuvieron o están bajo investigación judicial. Acuña es uno de ellos. La Corte Suprema hizo la tarea a nivel nacional, pero la base de la pirámide en las regiones, es decir, los concejales, diputados, alcaldes y gobernadores, fue muy poco investigada. Lo que es peor: muchos ascendieron en la escala política y ahora siguen en la actividad con base en los clanes, sus familiares y sus operadores y con nuevas alianzas, ahora con el Clan del Golfo y las otras bandas.
Tal vez se perpetúan a través de sus familiares por el axioma de que no se les puede cobrar a estos lo que hicieron sus padres, tíos, hermanos o abuelos…
Los partidos grandes y pequeños cierran los ojos a la hora de las elecciones, con tal de obtener mayor número de votos, vengan de donde vengan, con la disculpa de que a X no lo han condenado sino que apenas está siendo investigado; o que no hay delitos de sangre o que por encima de todo está la presunción de inocencia. Es el mismo aparato político el que cubre los delitos de sus miembros. Luego, los electores votan por ellos. Esto es lo que se llama, impunidad social.
Cierta proclividad y hasta admiración hacia quienes son violentos, traspasan los límites de ley y privilegian la fuerza sobre la razón, parece ser un mal colombiano ¿Esta afirmación es exagerada o real?
Lastimosamente, no es exagerada. Cuando la justicia enfrentó, investigó y sancionó a los responsables del fenómeno de la parapolítica, hace unos 17 años, cumplió su papel pero la sociedad no rechazó mayoritariamente a los delincuentes, sobre todo en el plano político porque volvieron a votar por los condenados o sus sucesores a pesar de que se demostraron sus nexos con las mafias. Eso también ocurre, en parte, porque compran la dignidad de las personas con dinero y con presión armada. La impunidad social hace tanto daño o más que la impunidad judicial.
¿En cuáles otras regiones de Colombia hay indicios preocupantes del regreso del paramilitarismo y de la parapolítica?
La gran retaguardia del Clan del Golfo está en el cordón que va desde Chocó hasta el Bajo Cauca antioqueño, pasando por Urabá y Córdoba. Luego existen una multitud de estructuras locales y regionales que trabajan en red, de manera acordada y coordinada, con el Clan del Golfo y otras bandas. Nosotros hemos contabilizado 52 grupos de alguna relevancia. El azote en el suroccidente del país proviene de las disidencias de las antiguas FARC.
Respecto de estos grupos, ¿también se puede predicar de ellos que son “herederos” de Manuel Marulanda Vélez, de Jacobo Arenas y otros jefes guerrilleros o simplemente han usurpado la identidad de las FARC?
Las disidencias usurparon la sigla de las FARC. Cuando se desmovilizaron en 2016, se rearmaron unos 26 grupos que actuaban cada uno por su lado, sin proyecto político y dedicados al narcotráfico. Creo que el gobierno Petro cometió el error al permitirles reagruparse con su política de paz que, a mi modo de ver, es equivocada e ingenua. Hoy expanden sus actividades de narcotráfico pero con pretensiones de control territorial y de dominio social. Gústenos o no, Marulanda tenía un proyecto político al punto que Semana lo incluyó, en su momento, entre los diez personajes más influyentes del país. Jacobo Arenas era un hombre muy bien formado. Los disidentes de hoy son delincuentes que golpean a la población civil.
Una de las críticas más frecuentes al gobierno Petro es la supuesta debilidad de la Policía y las Fuerzas Armadas ante todos los grupos ilegales. Pero esa impresión generalizada, ¿puede debilitar más al Estado y hacer imposible cualquier intento de control?
El gobierno Petro llegó con dos tareas que, si se quiere, parecen contradictorias: una, depurar la fuerza pública de corruptos y de violadores de derechos humanos. Esa es la razón de ser del nombramiento del actual ministro de Defensa. Y, dos, combatir el crimen organizado y a las guerrillas. Los contradictores del gobierno ven en la depuración militar y policial, un signo de debilidad. Pero si la administración ejecuta bien las dos tareas y es exitoso en el combate a las organizaciones armadas ilegales, al final el resultado será el fortalecimiento de la fuerza pública porque cobraría mayor legitimidad ante la sociedad.
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, no obstante ser conocido como político moderado, propuso reactivar los bombardeos aéreos para combatir a las guerrillas, estrategia de combate suspendida para evitar matar a los civiles que estén cerca, entre estos, a niños reclutados a la fuerza ¿Hay alguna fórmula para darle seguridad al país sin sacrificar los derechos civiles?
La violencia ha cambiado dramáticamente en Colombia. No existe, ya, una amenaza guerrillera contra el Estado. Incluso el ELN no está en fase ofensiva con la intención de tomarse el poder: más bien, desarrolla una estrategia de resistencia local y regional. Los demás grupos, disidencias y fuerzas del crimen organizado tienen como propósito y función los negocios ilegales y legales, el control del territorio y el ataque a la población civil. Ante un tipo de violencia tan diferente, es obligatorio hacer cambios drásticos en inteligencia y replantear las estrategias militares contra esas organizaciones. Ya no sirve repetir las fórmulas del pasado cuando las guerrillas tenían campamentos y grandes concentraciones de fuerza, y preparaban y realizaban tomas de instalaciones militares y de pueblos. Estamos en otro mundo.
“La disputa presidencial después de Petro, será entre reformistas (no extremistas)”
Es un hecho que la extrema derecha está ganando elecciones en varios continentes. Así han sido elegidos presidentes estrambóticos como Bukele y Milei ¿Cree posible que la era posPetro sea comandada por un extremista?
El modelo de seguridad de Bukele se está expandiendo por la región a costa de la violación fragante de los derechos humanos, y de llevarse por delante el Estado de Derecho. Es necesario y urgente encontrar una alternativa humanista de seguridad. En cuanto a la que usted denomina “era posPetro”, tengo otra hipótesis: la competencia presidencial en 2026 y 2030 va a ser entre candidatos reformistas. En mi opinión, estamos en un momento de transición política: esta es la primera vez que llega al Gobierno, la izquierda. Este hecho constituye la verdadera alternancia democrática del poder, no la que ha ocurrido entre partidos similares y de la misma ideología durante tantos años. Segundo, con Petro el país entró en la discusión sobre las reformas de fondo que requiere la nación y esa discusión no concluye con este gobierno. Ya no se podrá ignorar. Por eso creo que la disputa para la presidencia, después de Petro, será entre reformistas de derecha y de izquierda pero en todo caso, reformistas.
Clan del Golfo, sucesores de los paramilitares pero sin estructura ni discurso
El Clan del Golfo, ¿es el sustituto de los paramilitares de hace 20 años?
Sí. Se parece mucho en sus acciones al paramilitarismo pero con dos diferencias importantes: los jefes mafiosos agrupados en las AUC mantuvieron un discurso antisubversivo con el cual lograron conseguir el apoyo de importantes sectores de la sociedad, y, además, conformaron una gran estructura nacional federada. El Clan del Golfo es una fuerza atomizada que trabaja con acuerdos con bandas locales que tienen diferentes nombres y formas de organización. Y no existe una cúpula única y centralizada. Esto no los hace menos peligrosos sobre todo porque han traído ese tipo de violencia armada a las ciudades. Hoy tienen en jaque a los dos puertos más importantes del país: Barranquilla y Buenaventura.