Informe Final: La participación de 12 gobiernos en la guerra en Colombia
La Comisión de la Verdad analizó los efectos de las decisiones de los 12 jefes de Estado en 58 años de guerra. Así fue como sus administraciones contribuyeron a que se perpetuara y degradara la violencia.
Jhordan C. Rodríguez
El Informe Final de la Comisión de la Verdad construyó el relato más completo sobre el conflicto armado en Colombia. Comprende la violencia, sus causas y efectos, entre 1958 y 2016, año en que se firmó el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc. Durante ese período, 58 años exactamente, el país estuvo en manos de 12 presidentes, quienes, con sus decisiones, en mayor o menor medida, hicieron que el Estado, como lo señaló la Comisión, fuera uno de los grandes responsables del nacimiento, continuación interrumpida y degradación de la guerra. Si bien esta no concluyó con el Acuerdo de La Habana, la semana pasada ocurrió un hecho histórico: la entrega por parte de la Comisión de los hallazgos y las recomendaciones sobre esta confrontación armada. En el documento, la entidad estatal menciona cómo cada uno de estos mandatarios, Guillermo León Valencia hasta Juan Manuel Santos, fueron partícipes de que la violencia en el país se prolongara.
Aunque la responsabilidad de la guerra no es solamente del Estado, pues guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública participaron en el conflicto interno, el hecho de fungir como institucionalidad, con legitimidad para actuar, agravó la situación. En palabras de la Comisión, estas violaciones a los derechos humanos son “aún más graves para el caso del Estado que también perdió. Los métodos ilegítimos son doblemente condenables si los practican las instituciones legalmente constituidas, porque los ciudadanos han depositado en ellas su confianza”. El Espectador revisó las menciones que la Comisión de la Verdad le hizo a cada gobierno y los elementos (ya fuere por acción u omisión) que en ellos fueron combustible para que el derramamiento de sangre no cesara.
Guillermo León Valencia (1962-1966): el inicio de la inteligencia militar
A partir de su gobierno, “se institucionalizó la vinculación de civiles al conflicto armado”. La base para que, más adelante, nacieran y proliferaran los grupos paramilitares. También en su gobierno se crearon los primeros reglamentos y manuales de acción del Ejército, así como los primeros servicios militares de inteligencia, como la Brigada de Institutos Militares (BIM) y el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano (BINCI). Se suma en su administración la implementación del operativo Plan Lazo, con la ayuda de EE. UU. para contrarrestar incipientes guerrillas comunistas en el Tolima, Huila y Cauca.
Carlos Lleras Restrepo (1966-1970): la reforma agraria que fue saboteada
En el gobierno liberal del presidente Carlos Lleras Restrepo, según el informe de la CEV, integrantes influyentes de los partidos Liberal y Conservador, del régimen bipartidista, se unieron para sabotear la reforma agraria que había impulsado el entonces mandatario. El malestar que causó esta fallida reforma en el campesinado, según este documento, no fue resuelta de forma democrática. En cambio, a partir de la represión y el estado de sitio, se intentaron apaciguar los ánimos reformistas: de los 16 años que duró el Frente Nacional, diez transcurrieron bajo estado de excepción.
Según estos hallazgos, la represión dio pie a la entrega de facultades del gobierno civil al poder militar y, con esto, se derivó en graves violaciones de derechos humanos. Así fue el caso de la Alianza Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que había sido creada en el intento de reforma agraria de Lleras Restrepo y después fue reprimida por las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Misael Pastrana.
Misael Pastrana (1970-1974): la contrareforma
Elegido en medio de denuncias de fraude electoral, el gobierno del conservador Misael Pastrana (1970-1974) echó para atrás cualquier apertura democrática. El 9 de enero de 1972 se firmó entre los partidos tradicionales y los gremios el Pacto de Chicoral, que puso fin a la reforma agraria. “Desde entonces, la política estatal hacia el campo abandonó la redistribución y en su lugar privilegió el ‘statu quo’ de la propiedad de la tierra, aun cuando esta fuera improductiva”: dice el informe. Fue además el gobierno “que más veces amplió las competencias de la justicia penal militar”.
Alfonso López Michelsen (1974-1978): financiación del narcotráfico
Los dineros calientes en las campañas presidenciales fueron una de las grandes causas del conflicto. La Comisión pudo evidenciar, con testimonios y documentos del gobierno de EE. UU, que hay indicios de que ingresó dinero del narcotráfico a la campaña que ganó Alfonso López Michelsen en 1974. También a la de 1982, cuando López Michelsen compitió por su reelección, luego del período presidencial de Turbay.
Parte de esas evidencias indican que el expresidente López, en 1984, se citó con narcotraficantes en Panamá. Allí, según el documento, dijo que ellos “confirmaron rumores que circulan acerca de cheques que comprometían a funcionarios públicos, recibidos durante la pasada campaña presidencial”.
Julio César Turbay (1978-1982): el auge de la violencia estatal
El mandato de Julio César Turbay, dice la Comisión, fue el período en el que prácticas como la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y la impunidad fueron el común denominador por parte del Estado. De acuerdo con los hallazgos del Informe, existió también una complicidad con la Fuerza Pública para que acabara con la insurgencia por cualquier medio. El documento reza que esa Presidencia “otorgó a la Fuerza Pública el poder y la libertad (acompañada de la impunidad) para frenar el campo insurgente con el Estatuto de Seguridad, lo que ocasionó graves violaciones de los DD. HH.”.
Algunos de los testimonios recolectados por la Comisión dan cuenta de que “la violencia del Estado de Turbay Ayala, que significó la tortura y el asesinato de mucha gente, hizo que muchos se fueran para el proyecto armado”, agravando así el conflicto con las guerrillas. La guerra de Turbay, apoyada por la Fuerza Pública como brazo armado, propició “la tortura y la violencia sexual, y como eliminación del enemigo, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales”, hechos que quedaron mayormente impunes, pues, como consta en el Informe, “las garantías de derechos quedaron a merced de tribunales militares y leyes de excepción”.
Belisario Betancur (1982-1986): la alternativa que terminó apoyando a los paras
En el Informe, Belisario Betancur aparece como un mandatario con una “ruta hacia la paz”, pero cerca del fin de su mandato dio origen a un cuestionado grupo militar. La Brigada XX del Ejército tuvo su origen en 1985 como una alternativa a las demás unidades milicianas que se vieron envueltas en casos de violaciones a los derechos humanos. Aun así, la brigada tuvo que ser desmantelada después, porque, como consta en el documento de la Comisión de la Verdad, el gobierno de Estados Unidos enfatizó en que el grupo se involucró “en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas y por su relación con grupos paramilitares”.
Virgilio Barco (1986-1990): la eliminación de grupos autodefensas
Virgilio Barco llegó al poder luego del episodio de la toma y retoma del Palacio de Justicia (1985). “Durante el gobierno de Barco era evidente que la violencia (no solo la guerra) era el mayor mal de la sociedad colombiana. Por esto, poco a poco, se fue construyendo un consenso alrededor de que era necesaria una mayor democratización como antídoto contra ella”, señala el Informe Final, como preámbulo a la base que dejó Barco sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente que se vio materializada en la administración de César Gaviria. Para abonar a la amplitud democrática y pacífica, que se vivió en 1991, Barco derogó el decreto que permitió los grupos de autodefensas.
El Estado en este punto, dice la Comisión, “adoptó una estrategia de negación de la responsabilidad del Estado en el apoyo y crecimiento de los grupos paramilitares, así como del involucramiento de la Fuerza Pública y los organismos de seguridad en su funcionamiento”.
César Gaviria (1990-1994): la salida militar y el poco control sobre la Fuerza Pública
El Informe Final de la CEV destaca que el gobierno de César Gaviria (1990-1994) nombró al primer civil como ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda, y desde entonces se abandonó la práctica de tener ministros de Defensa militares. Sin embargo, reconoció que este cambio no logró la prevalencia de la autoridad civil del Gobierno sobre las Fuerzas Militares, ni un cambio de mentalidad. El documento resaltó también que Gaviria se la jugó por la salida militar, al rechazar la propuesta realizada por la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (CNGSB), de que algunos de sus miembros participaran en la Constituyente como parte del proceso de negociación. Y esa negativa profundizó la guerra interna. Al final, también subrayó la responsabilidad de la administración de Gaviria, en medio del accionar paramilitar desbordado en contra de sectores como la Unión Patriótica, en la promulgación del Decreto-ley 356 de 1994 para regular los “servicios especiales de seguridad privada” en regiones violentas.
Ernesto Samper (1994-1998): los tentáculos del narcotráfico en el Estado
El mandato de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) estuvo cargado con censuras a la prensa, relaciones con el paramilitarismo y, más que nada, con dinero del narcotráfico en el poder. El Informe final da cuenta de que la campaña que dejó a Samper como presidente fue el “boom” por su financiación ilegal, pero solo fue la revelación de algo que el gobierno de Estados Unidos había vislumbrado tiempo atrás. “Desde 1977, en los cables enviados por su embajada al gobierno de los Estados Unidos, se informaba de las posibles relaciones con narcotraficantes de campañas presidenciales”, sostiene el documento.
A pesar del conocido proceso 8.000, donde se destapó el escándalo de la campaña, esta Presidencia también fue, según la Comisión, un momento propicio para el crecimiento de los grupos paramilitares, los cuales aprovecharon la crisis de gobernabilidad del cuestionado mandatario. De la misma manera, dice el documento, la consolidación de estos grupos estuvo respaldada por el Estado. Uno de los casos que el Informe tuvo como argumento fue la masacre de Trujillo (Valle), marcada “por episodios de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas” por parte de paras y miembros de la Fuerza Pública. La culpa de esta masacre fue reconocida por el mismo Samper años después.
La administración de Samper, asegura el texto de la Comisión, en 1995 dio cierta vía libre a los grupos paramilitares, a los cuales, mediante “una resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, les otorgó a dichos nuevos servicios el nombre de Convivir”. El respaldo de ese gobierno y de otros posteriores permitió el funcionamiento de esos grupos armados de manera legal hasta 1999. Aun así, todos los años de actividad legal, e incluso la ilegal que vino después, contaron con “los apoyos ideológicos y materiales que este poseía en amplias capas del Estado —incluyendo, desde luego, a la Fuerza Pública— y sectores económicos y políticos de la sociedad”, dice el Informe.
Andrés Pastrana (1998-2002): el conflicto de la paz inconclusa
“Durante los gobiernos de Samper y Pastrana hubo tanto avances en pro de la democracia y la paz como decisiones que profundizaron la guerra”, asegura la Comisión de la Verdad en su Informe Final. Para la entidad, el mandato de Pastrana (1998-2002), aunque tuvo intentos loables por alcanzar la paz con la entonces guerrilla de las Farc y con el aún activo Ejército de Liberación Nacional (Eln), también fue el período en el que el paramilitarismo consolidó su poderío en Colombia.
Dice el informe que en los años en los que Pastrana estuvo al mando del país “los paramilitares consolidaron su poder militar, económico y político por todo el país, y la política de seguridad se mantuvo bajo la tutela de Estados Unidos con el Plan Colombia”. En el texto también se reconoce que los paramilitares llevaron “a que alcanzaran los mayores niveles de violaciones de los derechos humanos e infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario: secuestros, masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violencias sexuales, en las que la población civil fue la mayor víctima”.
Igualmente, Pastrana, según explicó la Comisión, hizo un doble juego, pues mientras se sentaba a dialogar con los grupos armados para alcanzar la paz, “no renunciaron a sus objetivos militares y políticos de derrotar al adversario”. Asimismo, afirma el texto, “el Gobierno no descartó la derrota militar de los grupos insurgentes, lo cual se plasmó en el Plan Colombia”.
Álvaro Uribe (2002-2010): el deterioro de la democracia
El expresidente Álvaro Uribe Vélez gobernó entre 2002 y 2010. Sobre su administración, la Comisión de la Verdad expone que quizás el mayor desafío para el país fue el deterioro del clima democrático. Esto se dio desde antes del año 2002, propiciado por un ambiente pesimista en una población que había perdido la fe en la paz.
“Hizo carrera la noción de que una solución militar, así no tuviera un desenlace democrático, era deseable. De ese modo, se impuso la idea de sacrificar, sin más, democracia por ‘seguridad’”, describió la entidad en su Informe Final. Ese panorama fue el caldo de cultivo para varios elementos que profundizaron la guerra (como el paramilitarismo, la parapolítica y el narcotráfico), pero también para profundizar los señalamientos, la persecución y la estigmatización. Así lo explica la Comisión: “Las instituciones quedaron afectadas por la forma en que las lógicas y los intereses de la guerra entraron en ellas o se profundizaron. Un ejemplo es el Congreso, que nunca ha logrado hacer un pare o un examen autocrítico sobre las prácticas oscuras en las que han incurrido tantos de sus miembros. Esta es hoy una de las instituciones con menos credibilidad del país. La Fuerza Pública, los partidos políticos y algunos tribunales que no llegaron al fondo del problema tampoco reconocieron completamente lo sucedido”.
La entidad explica que en la era Uribe las fuerzas del Estado ganaron la ventaja de la guerra, pero “rompieron el equilibrio negativo de esta” con las ejecuciones extrajudiciales, el entramado entre militares y paramilitares que sirvió a esa idea de que cada guerrillero muerto reflejaba mayor seguridad. Este testimonio de coronel (r) Julio César Prieto da cuenta de eso: “Le entrego el informe, le explico todo, le explico que el gobernador había sido elegido por los paracos, que los senadores tal, que los alcaldes tal, que todo, todo, y mi general me dice: “Mire, Prieto, usted se ha convertido en una papa caliente la berraca, hermano; el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, me ha dado tres veces la orden de relevarlo a usted”.
Juan Manuel Santos (2010-2018): rupturas con parte de la élite del poder
El expresidente Juan Manuel Santos gobernó entre 2010 y 2018. En su Informe Final, la Comisión de la Verdad señala que si bien Santos no detuvo la ofensiva militar contra las guerrillas, en especial contra las Farc, le tendió un “ramo de olivo a las víctimas y, por medio de este, formó una coalición diferente a la que lo había elegido”. Esto, como se sabe, generó el divorcio con su mentor, el expresidente Uribe, y dio paso a una paz pactada en medio de un ambiente político polarizado. En esa línea es que se dio la ruptura con algunas élites del poder: “La alianza política con la que gobernó Uribe era para ganar la guerra contra las Farc-Ep y legalizar el “statu quo” de la coalición contrainsurgente de la que muchos habían sido parte directa o indirectamente. Al cambiar esa coalición, Santos indujo una ruptura necesaria en las élites en el poder”, indica la entidad.
A partir de ello, la Comisión de la Verdad enfatiza en que la ruptura entre Santos y Uribe no fue solo ideológica y narrativa, sino que, sobre todo, supuso una bifurcación del modelo de Estado y de la democracia. Esto porque el expresidente Santos reconoció el problema del despojo de tierras y la existencia del conflicto armado, algo que no tuvo lugar en la era Uribe.
“En la guerra en Colombia se habían cometido tantos y tan horrorosos crímenes, que Santos entendió que ninguna victoria sería legítima si no se reconocían o resarcían parte de ellos. La acumulación de tierras a partir del fraude, la corrupción y la violencia ocupaban un espacio especial en ese ramillete. En esa medida, la restitución de tierras fue un reconocimiento institucional de que ese robo sí se produjo y se produjo con sangre”, dice el documento.
Finalmente, la Comisión de la Verdad repasó la transición que intentó hacer el expresidente Santos a la doctrina militar para adaptarla a un contexto de paz y distanciarse de la idea del enemigo interno”: Estas iniciativas muestran la toma de conciencia en este caso del entonces presidente y una parte de la cúpula militar involucrada en ese momento en estos cambios, como la vía en que Colombia puede dejar atrás esa doctrina que ha sido la causa de una buena parte del sufrimiento social y de la violencia contra la población civil, con un compromiso de Estado y de las Fuerzas militares”, dice la CEV.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad construyó el relato más completo sobre el conflicto armado en Colombia. Comprende la violencia, sus causas y efectos, entre 1958 y 2016, año en que se firmó el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc. Durante ese período, 58 años exactamente, el país estuvo en manos de 12 presidentes, quienes, con sus decisiones, en mayor o menor medida, hicieron que el Estado, como lo señaló la Comisión, fuera uno de los grandes responsables del nacimiento, continuación interrumpida y degradación de la guerra. Si bien esta no concluyó con el Acuerdo de La Habana, la semana pasada ocurrió un hecho histórico: la entrega por parte de la Comisión de los hallazgos y las recomendaciones sobre esta confrontación armada. En el documento, la entidad estatal menciona cómo cada uno de estos mandatarios, Guillermo León Valencia hasta Juan Manuel Santos, fueron partícipes de que la violencia en el país se prolongara.
Aunque la responsabilidad de la guerra no es solamente del Estado, pues guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública participaron en el conflicto interno, el hecho de fungir como institucionalidad, con legitimidad para actuar, agravó la situación. En palabras de la Comisión, estas violaciones a los derechos humanos son “aún más graves para el caso del Estado que también perdió. Los métodos ilegítimos son doblemente condenables si los practican las instituciones legalmente constituidas, porque los ciudadanos han depositado en ellas su confianza”. El Espectador revisó las menciones que la Comisión de la Verdad le hizo a cada gobierno y los elementos (ya fuere por acción u omisión) que en ellos fueron combustible para que el derramamiento de sangre no cesara.
Guillermo León Valencia (1962-1966): el inicio de la inteligencia militar
A partir de su gobierno, “se institucionalizó la vinculación de civiles al conflicto armado”. La base para que, más adelante, nacieran y proliferaran los grupos paramilitares. También en su gobierno se crearon los primeros reglamentos y manuales de acción del Ejército, así como los primeros servicios militares de inteligencia, como la Brigada de Institutos Militares (BIM) y el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano (BINCI). Se suma en su administración la implementación del operativo Plan Lazo, con la ayuda de EE. UU. para contrarrestar incipientes guerrillas comunistas en el Tolima, Huila y Cauca.
Carlos Lleras Restrepo (1966-1970): la reforma agraria que fue saboteada
En el gobierno liberal del presidente Carlos Lleras Restrepo, según el informe de la CEV, integrantes influyentes de los partidos Liberal y Conservador, del régimen bipartidista, se unieron para sabotear la reforma agraria que había impulsado el entonces mandatario. El malestar que causó esta fallida reforma en el campesinado, según este documento, no fue resuelta de forma democrática. En cambio, a partir de la represión y el estado de sitio, se intentaron apaciguar los ánimos reformistas: de los 16 años que duró el Frente Nacional, diez transcurrieron bajo estado de excepción.
Según estos hallazgos, la represión dio pie a la entrega de facultades del gobierno civil al poder militar y, con esto, se derivó en graves violaciones de derechos humanos. Así fue el caso de la Alianza Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que había sido creada en el intento de reforma agraria de Lleras Restrepo y después fue reprimida por las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Misael Pastrana.
Misael Pastrana (1970-1974): la contrareforma
Elegido en medio de denuncias de fraude electoral, el gobierno del conservador Misael Pastrana (1970-1974) echó para atrás cualquier apertura democrática. El 9 de enero de 1972 se firmó entre los partidos tradicionales y los gremios el Pacto de Chicoral, que puso fin a la reforma agraria. “Desde entonces, la política estatal hacia el campo abandonó la redistribución y en su lugar privilegió el ‘statu quo’ de la propiedad de la tierra, aun cuando esta fuera improductiva”: dice el informe. Fue además el gobierno “que más veces amplió las competencias de la justicia penal militar”.
Alfonso López Michelsen (1974-1978): financiación del narcotráfico
Los dineros calientes en las campañas presidenciales fueron una de las grandes causas del conflicto. La Comisión pudo evidenciar, con testimonios y documentos del gobierno de EE. UU, que hay indicios de que ingresó dinero del narcotráfico a la campaña que ganó Alfonso López Michelsen en 1974. También a la de 1982, cuando López Michelsen compitió por su reelección, luego del período presidencial de Turbay.
Parte de esas evidencias indican que el expresidente López, en 1984, se citó con narcotraficantes en Panamá. Allí, según el documento, dijo que ellos “confirmaron rumores que circulan acerca de cheques que comprometían a funcionarios públicos, recibidos durante la pasada campaña presidencial”.
Julio César Turbay (1978-1982): el auge de la violencia estatal
El mandato de Julio César Turbay, dice la Comisión, fue el período en el que prácticas como la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y la impunidad fueron el común denominador por parte del Estado. De acuerdo con los hallazgos del Informe, existió también una complicidad con la Fuerza Pública para que acabara con la insurgencia por cualquier medio. El documento reza que esa Presidencia “otorgó a la Fuerza Pública el poder y la libertad (acompañada de la impunidad) para frenar el campo insurgente con el Estatuto de Seguridad, lo que ocasionó graves violaciones de los DD. HH.”.
Algunos de los testimonios recolectados por la Comisión dan cuenta de que “la violencia del Estado de Turbay Ayala, que significó la tortura y el asesinato de mucha gente, hizo que muchos se fueran para el proyecto armado”, agravando así el conflicto con las guerrillas. La guerra de Turbay, apoyada por la Fuerza Pública como brazo armado, propició “la tortura y la violencia sexual, y como eliminación del enemigo, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales”, hechos que quedaron mayormente impunes, pues, como consta en el Informe, “las garantías de derechos quedaron a merced de tribunales militares y leyes de excepción”.
Belisario Betancur (1982-1986): la alternativa que terminó apoyando a los paras
En el Informe, Belisario Betancur aparece como un mandatario con una “ruta hacia la paz”, pero cerca del fin de su mandato dio origen a un cuestionado grupo militar. La Brigada XX del Ejército tuvo su origen en 1985 como una alternativa a las demás unidades milicianas que se vieron envueltas en casos de violaciones a los derechos humanos. Aun así, la brigada tuvo que ser desmantelada después, porque, como consta en el documento de la Comisión de la Verdad, el gobierno de Estados Unidos enfatizó en que el grupo se involucró “en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas y por su relación con grupos paramilitares”.
Virgilio Barco (1986-1990): la eliminación de grupos autodefensas
Virgilio Barco llegó al poder luego del episodio de la toma y retoma del Palacio de Justicia (1985). “Durante el gobierno de Barco era evidente que la violencia (no solo la guerra) era el mayor mal de la sociedad colombiana. Por esto, poco a poco, se fue construyendo un consenso alrededor de que era necesaria una mayor democratización como antídoto contra ella”, señala el Informe Final, como preámbulo a la base que dejó Barco sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente que se vio materializada en la administración de César Gaviria. Para abonar a la amplitud democrática y pacífica, que se vivió en 1991, Barco derogó el decreto que permitió los grupos de autodefensas.
El Estado en este punto, dice la Comisión, “adoptó una estrategia de negación de la responsabilidad del Estado en el apoyo y crecimiento de los grupos paramilitares, así como del involucramiento de la Fuerza Pública y los organismos de seguridad en su funcionamiento”.
César Gaviria (1990-1994): la salida militar y el poco control sobre la Fuerza Pública
El Informe Final de la CEV destaca que el gobierno de César Gaviria (1990-1994) nombró al primer civil como ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda, y desde entonces se abandonó la práctica de tener ministros de Defensa militares. Sin embargo, reconoció que este cambio no logró la prevalencia de la autoridad civil del Gobierno sobre las Fuerzas Militares, ni un cambio de mentalidad. El documento resaltó también que Gaviria se la jugó por la salida militar, al rechazar la propuesta realizada por la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (CNGSB), de que algunos de sus miembros participaran en la Constituyente como parte del proceso de negociación. Y esa negativa profundizó la guerra interna. Al final, también subrayó la responsabilidad de la administración de Gaviria, en medio del accionar paramilitar desbordado en contra de sectores como la Unión Patriótica, en la promulgación del Decreto-ley 356 de 1994 para regular los “servicios especiales de seguridad privada” en regiones violentas.
Ernesto Samper (1994-1998): los tentáculos del narcotráfico en el Estado
El mandato de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) estuvo cargado con censuras a la prensa, relaciones con el paramilitarismo y, más que nada, con dinero del narcotráfico en el poder. El Informe final da cuenta de que la campaña que dejó a Samper como presidente fue el “boom” por su financiación ilegal, pero solo fue la revelación de algo que el gobierno de Estados Unidos había vislumbrado tiempo atrás. “Desde 1977, en los cables enviados por su embajada al gobierno de los Estados Unidos, se informaba de las posibles relaciones con narcotraficantes de campañas presidenciales”, sostiene el documento.
A pesar del conocido proceso 8.000, donde se destapó el escándalo de la campaña, esta Presidencia también fue, según la Comisión, un momento propicio para el crecimiento de los grupos paramilitares, los cuales aprovecharon la crisis de gobernabilidad del cuestionado mandatario. De la misma manera, dice el documento, la consolidación de estos grupos estuvo respaldada por el Estado. Uno de los casos que el Informe tuvo como argumento fue la masacre de Trujillo (Valle), marcada “por episodios de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas” por parte de paras y miembros de la Fuerza Pública. La culpa de esta masacre fue reconocida por el mismo Samper años después.
La administración de Samper, asegura el texto de la Comisión, en 1995 dio cierta vía libre a los grupos paramilitares, a los cuales, mediante “una resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, les otorgó a dichos nuevos servicios el nombre de Convivir”. El respaldo de ese gobierno y de otros posteriores permitió el funcionamiento de esos grupos armados de manera legal hasta 1999. Aun así, todos los años de actividad legal, e incluso la ilegal que vino después, contaron con “los apoyos ideológicos y materiales que este poseía en amplias capas del Estado —incluyendo, desde luego, a la Fuerza Pública— y sectores económicos y políticos de la sociedad”, dice el Informe.
Andrés Pastrana (1998-2002): el conflicto de la paz inconclusa
“Durante los gobiernos de Samper y Pastrana hubo tanto avances en pro de la democracia y la paz como decisiones que profundizaron la guerra”, asegura la Comisión de la Verdad en su Informe Final. Para la entidad, el mandato de Pastrana (1998-2002), aunque tuvo intentos loables por alcanzar la paz con la entonces guerrilla de las Farc y con el aún activo Ejército de Liberación Nacional (Eln), también fue el período en el que el paramilitarismo consolidó su poderío en Colombia.
Dice el informe que en los años en los que Pastrana estuvo al mando del país “los paramilitares consolidaron su poder militar, económico y político por todo el país, y la política de seguridad se mantuvo bajo la tutela de Estados Unidos con el Plan Colombia”. En el texto también se reconoce que los paramilitares llevaron “a que alcanzaran los mayores niveles de violaciones de los derechos humanos e infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario: secuestros, masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violencias sexuales, en las que la población civil fue la mayor víctima”.
Igualmente, Pastrana, según explicó la Comisión, hizo un doble juego, pues mientras se sentaba a dialogar con los grupos armados para alcanzar la paz, “no renunciaron a sus objetivos militares y políticos de derrotar al adversario”. Asimismo, afirma el texto, “el Gobierno no descartó la derrota militar de los grupos insurgentes, lo cual se plasmó en el Plan Colombia”.
Álvaro Uribe (2002-2010): el deterioro de la democracia
El expresidente Álvaro Uribe Vélez gobernó entre 2002 y 2010. Sobre su administración, la Comisión de la Verdad expone que quizás el mayor desafío para el país fue el deterioro del clima democrático. Esto se dio desde antes del año 2002, propiciado por un ambiente pesimista en una población que había perdido la fe en la paz.
“Hizo carrera la noción de que una solución militar, así no tuviera un desenlace democrático, era deseable. De ese modo, se impuso la idea de sacrificar, sin más, democracia por ‘seguridad’”, describió la entidad en su Informe Final. Ese panorama fue el caldo de cultivo para varios elementos que profundizaron la guerra (como el paramilitarismo, la parapolítica y el narcotráfico), pero también para profundizar los señalamientos, la persecución y la estigmatización. Así lo explica la Comisión: “Las instituciones quedaron afectadas por la forma en que las lógicas y los intereses de la guerra entraron en ellas o se profundizaron. Un ejemplo es el Congreso, que nunca ha logrado hacer un pare o un examen autocrítico sobre las prácticas oscuras en las que han incurrido tantos de sus miembros. Esta es hoy una de las instituciones con menos credibilidad del país. La Fuerza Pública, los partidos políticos y algunos tribunales que no llegaron al fondo del problema tampoco reconocieron completamente lo sucedido”.
La entidad explica que en la era Uribe las fuerzas del Estado ganaron la ventaja de la guerra, pero “rompieron el equilibrio negativo de esta” con las ejecuciones extrajudiciales, el entramado entre militares y paramilitares que sirvió a esa idea de que cada guerrillero muerto reflejaba mayor seguridad. Este testimonio de coronel (r) Julio César Prieto da cuenta de eso: “Le entrego el informe, le explico todo, le explico que el gobernador había sido elegido por los paracos, que los senadores tal, que los alcaldes tal, que todo, todo, y mi general me dice: “Mire, Prieto, usted se ha convertido en una papa caliente la berraca, hermano; el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, me ha dado tres veces la orden de relevarlo a usted”.
Juan Manuel Santos (2010-2018): rupturas con parte de la élite del poder
El expresidente Juan Manuel Santos gobernó entre 2010 y 2018. En su Informe Final, la Comisión de la Verdad señala que si bien Santos no detuvo la ofensiva militar contra las guerrillas, en especial contra las Farc, le tendió un “ramo de olivo a las víctimas y, por medio de este, formó una coalición diferente a la que lo había elegido”. Esto, como se sabe, generó el divorcio con su mentor, el expresidente Uribe, y dio paso a una paz pactada en medio de un ambiente político polarizado. En esa línea es que se dio la ruptura con algunas élites del poder: “La alianza política con la que gobernó Uribe era para ganar la guerra contra las Farc-Ep y legalizar el “statu quo” de la coalición contrainsurgente de la que muchos habían sido parte directa o indirectamente. Al cambiar esa coalición, Santos indujo una ruptura necesaria en las élites en el poder”, indica la entidad.
A partir de ello, la Comisión de la Verdad enfatiza en que la ruptura entre Santos y Uribe no fue solo ideológica y narrativa, sino que, sobre todo, supuso una bifurcación del modelo de Estado y de la democracia. Esto porque el expresidente Santos reconoció el problema del despojo de tierras y la existencia del conflicto armado, algo que no tuvo lugar en la era Uribe.
“En la guerra en Colombia se habían cometido tantos y tan horrorosos crímenes, que Santos entendió que ninguna victoria sería legítima si no se reconocían o resarcían parte de ellos. La acumulación de tierras a partir del fraude, la corrupción y la violencia ocupaban un espacio especial en ese ramillete. En esa medida, la restitución de tierras fue un reconocimiento institucional de que ese robo sí se produjo y se produjo con sangre”, dice el documento.
Finalmente, la Comisión de la Verdad repasó la transición que intentó hacer el expresidente Santos a la doctrina militar para adaptarla a un contexto de paz y distanciarse de la idea del enemigo interno”: Estas iniciativas muestran la toma de conciencia en este caso del entonces presidente y una parte de la cúpula militar involucrada en ese momento en estos cambios, como la vía en que Colombia puede dejar atrás esa doctrina que ha sido la causa de una buena parte del sufrimiento social y de la violencia contra la población civil, con un compromiso de Estado y de las Fuerzas militares”, dice la CEV.