La paz, al borde del naufragio

Al tiempo que corre el reloj del fast track, el Acuerdo de Paz de La Habana hace aguas en el Congreso de la República. Le quedan menos de 48 horas para decidir la suerte de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la reforma política y las circunscripciones especiales de paz. Un escenario que se muestra adverso a tres conceptos sobre los que giró lo pactado entre las Farc y el Gobierno: un sistema de justicia imparcial, la ampliación de la democracia y la paz territorial. Las tres están en vilo, ante un panorama enrarecido por el inicio de la campaña electoral.

Con un agravante: el texto de conciliación de la ley estatutaria de la JEP, que será sometido hoy ante las plenarias de Cámara y Senado, le asesta un golpe casi mortal a la paz. La comisión de conciliación, integrada por los senadores Juan Samy Meregh y Orlando Guerra de la Rosa (conservadores), Horacio Serpa (liberal) y Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical), acogió casi la totalidad del texto elaborado por la Cámara de Representantes —que es el que el Gobierno apoya— salvo cuatro artículos, precisamente los que darían al traste con el trabajo del Comité de Escogencia que definió los nombres de los magistrados de la JEP.

Es evidente que resultaron triunfando las fuerzas políticas que mayor oposición al Acuerdo han ejercido. “Me derrotaron y ahí qué hace uno: aceptar la derrota”, confesó Serpa, corroborando que del resultado de ese encuentro se aprobó uno de los puntos más álgidos: el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los magistrados que harán parte del sistema. En este aspecto, es evidente el objetivo de la redacción: evitar que varios de los electos se posesionen. Se trata, en concreto, de los artículos 100, 101, 103 y 104.

En ellos quedó establecido que, por ejemplo, quienes hayan ejercido la representación judicial o administrativa en actuaciones relacionadas con hechos del conflicto armado, o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido dicha representación en los últimos cinco años, no podrán posesionarse en el cargo. Tampoco quienes hayan litigado contra el Estado en procesos por violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario o al derecho penal internacional. Como tampoco quienes, durante ese mismo tiempo, hayan tramitado acciones similares ante tribunales internacionales.

Todas ellas condiciones que resultan evidentemente aplicables a varios de los magistrados que están a punto de posesionarse. “Esto tendrá que ser llevado a la Corte Constitucional para ser evaluado, y seguramente lo declararán inconstitucional”, dijo el representante del Polo Democrático Alirio Uribe. “Se legisla para el futuro”, agregó Serpa. El problema en todo esto es, por supuesto, la falta de tiempo y la imposibilidad legal que tienen tanto senadores como representantes de hacer ajustes al texto de conciliación, que ya fue radicado.

Primero, porque el tiempo se agotó para el fast track y algunas voces que se declararon conformes con la inclusión del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los magistrados de la JEP están jugando con el cronómetro en la mano. “El tiempo no les da. Si rechazan el texto de conciliación, la JEP se muere”, advirtió un congresista. Y segundo, porque en caso de querer modificarse nuevamente el texto de conciliación, es bastante improbable que se logre un consenso en tiempo exprés, especialmente, porque no sólo la JEP sino otros proyectos claves para la paz también están pendiendo de un hilo: circunscripciones especiales y reforma política.

De esta forma, al Ejecutivo sólo le quedan dos caminos: dejar renca a la JEP aprobando la conciliación y apostándole a que se caiga en la Corte, o dejarla hundir y allanar el camino a un golpe de mano del presidente al Congreso, a través de las medidas de excepción que la Constitución le otorga al mandatario o de una fórmula novedosa que permita al jefe de Estado defender la palabra empeñada en La Habana. Además, porque se avecina la presión de la comunidad internacional, que es garante y acompañante del proceso de paz, incluyendo al máximo organismo multilateral: el Consejo de Seguridad de la ONU. Y las advertencias ya empezaron a llegar. Los presidentes de Senado y Cámara recibieron ayer una misiva del gobierno noruego, país garante del Acuerdo, en la que los insta a cumplir lo acordado.

Y las afugias del Gobierno en el Congreso no sólo están en la JEP, sino que también corren por el hundimiento de la reforma política y la creación de las circunscripciones especiales de paz. En el primer proyecto hubo consenso entre más de 40 senadores para votar negativamente en plenaria por considerar que, con el despedazamiento que sufrió el texto durante el trámite, de reforma había poco. Una postura que comparten la Misión de Observación Electoral (MOE) y el componente de la FARC en la comisión de impulso a la implementación. Es decir, el Congreso modificó de manera sensible el texto inicial de la iniciativa, que prometía una apertura democrática atendiendo al punto 2 del Acuerdo de Cuba, y hoy dice que aprobarla sería inútil.

Quedó aplazado, entonces, el régimen de adquisición progresiva de derechos para movimientos políticos minoritarios. Su funcionamiento estaba pensado para que estos grupos pudieran obtener la personería jurídica sin la necesidad de alcanzar el umbral de votación, un requisito que sólo quedaría para los partidos políticos. De esta manera, los movimientos podrían hacer uso de uno solo de los derechos que tienen las grandes colectividades legalmente constituidas: avalar y postular candidatos a las corporaciones públicas. Ahora, también queda por fuera la libre coalición para todo tipo de colectividades políticas, lo que afecta principalmente a los más pequeños y el transfuguismo político para los miembros de los actuales partidos.

En cuanto a las circunscripciones especiales de paz, no se alcanzaron las mayorías necesarias en el Senado para que hubiera decisión sobre la conciliación, por lo que no fue negada ni aprobada. Una subcomisión creada en la plenaria de ayer decidió que se esperará el concepto de un jurista experto en la materia sobre la posibilidad de reabrir dicha votación y se invitará a la cúpula militar y policial para que se comprometa a hacer una evaluación de seguridad y dar garantías para que en los territorios en donde se ubicarán las circunscripciones se puedan desarrollar procesos electorales con transparencia.

Pero el hundimiento de las circunscripciones, que fueron concebidas para darles representación política a los territorios más sufridos por la violencia, es decir, a las víctimas, es tan complejo que el Ejecutivo ya busca alternativas para salvarlas. El plan B es incluir en la moribunda reforma política un artículo transitorio para asegurar esa participación en la Cámara de Representantes. “Tenemos esos caminos. Lo que eventualmente no se resuelva con el proyecto de circunscripciones tendría la posibilidad de resolverse en la reforma”, señaló el ministro Rivera, quien guarda la esperanza de que se apruebe hoy el texto de la conciliación y se vote mañana, último día del fast track.

Como quien dice, el Acuerdo de Paz está a la deriva tras chocar con el mundo político. El tiempo corre en su contra, la Unidad Nacional ya no tiene fuerza y las iniciativas para implementar lo pactado se han convertido en una criatura de Frankenstein que amenaza con reavivar la guerra. La palabra de un Estado que juró cumplir y recibió a cambio las armas de una guerrilla de medio siglo se está diluyendo con los vientos electorales de esta tierra del Caribe.

Al tiempo que corre el reloj del fast track, el Acuerdo de Paz de La Habana hace aguas en el Congreso de la República. Le quedan menos de 48 horas para decidir la suerte de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la reforma política y las circunscripciones especiales de paz. Un escenario que se muestra adverso a tres conceptos sobre los que giró lo pactado entre las Farc y el Gobierno: un sistema de justicia imparcial, la ampliación de la democracia y la paz territorial. Las tres están en vilo, ante un panorama enrarecido por el inicio de la campaña electoral.

Con un agravante: el texto de conciliación de la ley estatutaria de la JEP, que será sometido hoy ante las plenarias de Cámara y Senado, le asesta un golpe casi mortal a la paz. La comisión de conciliación, integrada por los senadores Juan Samy Meregh y Orlando Guerra de la Rosa (conservadores), Horacio Serpa (liberal) y Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical), acogió casi la totalidad del texto elaborado por la Cámara de Representantes —que es el que el Gobierno apoya— salvo cuatro artículos, precisamente los que darían al traste con el trabajo del Comité de Escogencia que definió los nombres de los magistrados de la JEP.

Es evidente que resultaron triunfando las fuerzas políticas que mayor oposición al Acuerdo han ejercido. “Me derrotaron y ahí qué hace uno: aceptar la derrota”, confesó Serpa, corroborando que del resultado de ese encuentro se aprobó uno de los puntos más álgidos: el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los magistrados que harán parte del sistema. En este aspecto, es evidente el objetivo de la redacción: evitar que varios de los electos se posesionen. Se trata, en concreto, de los artículos 100, 101, 103 y 104.

En ellos quedó establecido que, por ejemplo, quienes hayan ejercido la representación judicial o administrativa en actuaciones relacionadas con hechos del conflicto armado, o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido dicha representación en los últimos cinco años, no podrán posesionarse en el cargo. Tampoco quienes hayan litigado contra el Estado en procesos por violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario o al derecho penal internacional. Como tampoco quienes, durante ese mismo tiempo, hayan tramitado acciones similares ante tribunales internacionales.

Todas ellas condiciones que resultan evidentemente aplicables a varios de los magistrados que están a punto de posesionarse. “Esto tendrá que ser llevado a la Corte Constitucional para ser evaluado, y seguramente lo declararán inconstitucional”, dijo el representante del Polo Democrático Alirio Uribe. “Se legisla para el futuro”, agregó Serpa. El problema en todo esto es, por supuesto, la falta de tiempo y la imposibilidad legal que tienen tanto senadores como representantes de hacer ajustes al texto de conciliación, que ya fue radicado.

Primero, porque el tiempo se agotó para el fast track y algunas voces que se declararon conformes con la inclusión del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los magistrados de la JEP están jugando con el cronómetro en la mano. “El tiempo no les da. Si rechazan el texto de conciliación, la JEP se muere”, advirtió un congresista. Y segundo, porque en caso de querer modificarse nuevamente el texto de conciliación, es bastante improbable que se logre un consenso en tiempo exprés, especialmente, porque no sólo la JEP sino otros proyectos claves para la paz también están pendiendo de un hilo: circunscripciones especiales y reforma política.

De esta forma, al Ejecutivo sólo le quedan dos caminos: dejar renca a la JEP aprobando la conciliación y apostándole a que se caiga en la Corte, o dejarla hundir y allanar el camino a un golpe de mano del presidente al Congreso, a través de las medidas de excepción que la Constitución le otorga al mandatario o de una fórmula novedosa que permita al jefe de Estado defender la palabra empeñada en La Habana. Además, porque se avecina la presión de la comunidad internacional, que es garante y acompañante del proceso de paz, incluyendo al máximo organismo multilateral: el Consejo de Seguridad de la ONU. Y las advertencias ya empezaron a llegar. Los presidentes de Senado y Cámara recibieron ayer una misiva del gobierno noruego, país garante del Acuerdo, en la que los insta a cumplir lo acordado.

Y las afugias del Gobierno en el Congreso no sólo están en la JEP, sino que también corren por el hundimiento de la reforma política y la creación de las circunscripciones especiales de paz. En el primer proyecto hubo consenso entre más de 40 senadores para votar negativamente en plenaria por considerar que, con el despedazamiento que sufrió el texto durante el trámite, de reforma había poco. Una postura que comparten la Misión de Observación Electoral (MOE) y el componente de la FARC en la comisión de impulso a la implementación. Es decir, el Congreso modificó de manera sensible el texto inicial de la iniciativa, que prometía una apertura democrática atendiendo al punto 2 del Acuerdo de Cuba, y hoy dice que aprobarla sería inútil.

Quedó aplazado, entonces, el régimen de adquisición progresiva de derechos para movimientos políticos minoritarios. Su funcionamiento estaba pensado para que estos grupos pudieran obtener la personería jurídica sin la necesidad de alcanzar el umbral de votación, un requisito que sólo quedaría para los partidos políticos. De esta manera, los movimientos podrían hacer uso de uno solo de los derechos que tienen las grandes colectividades legalmente constituidas: avalar y postular candidatos a las corporaciones públicas. Ahora, también queda por fuera la libre coalición para todo tipo de colectividades políticas, lo que afecta principalmente a los más pequeños y el transfuguismo político para los miembros de los actuales partidos.

En cuanto a las circunscripciones especiales de paz, no se alcanzaron las mayorías necesarias en el Senado para que hubiera decisión sobre la conciliación, por lo que no fue negada ni aprobada. Una subcomisión creada en la plenaria de ayer decidió que se esperará el concepto de un jurista experto en la materia sobre la posibilidad de reabrir dicha votación y se invitará a la cúpula militar y policial para que se comprometa a hacer una evaluación de seguridad y dar garantías para que en los territorios en donde se ubicarán las circunscripciones se puedan desarrollar procesos electorales con transparencia.

Pero el hundimiento de las circunscripciones, que fueron concebidas para darles representación política a los territorios más sufridos por la violencia, es decir, a las víctimas, es tan complejo que el Ejecutivo ya busca alternativas para salvarlas. El plan B es incluir en la moribunda reforma política un artículo transitorio para asegurar esa participación en la Cámara de Representantes. “Tenemos esos caminos. Lo que eventualmente no se resuelva con el proyecto de circunscripciones tendría la posibilidad de resolverse en la reforma”, señaló el ministro Rivera, quien guarda la esperanza de que se apruebe hoy el texto de la conciliación y se vote mañana, último día del fast track.

Como quien dice, el Acuerdo de Paz está a la deriva tras chocar con el mundo político. El tiempo corre en su contra, la Unidad Nacional ya no tiene fuerza y las iniciativas para implementar lo pactado se han convertido en una criatura de Frankenstein que amenaza con reavivar la guerra. La palabra de un Estado que juró cumplir y recibió a cambio las armas de una guerrilla de medio siglo se está diluyendo con los vientos electorales de esta tierra del Caribe.