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El camino al fin de la guerra
En Colombia, la política de Paz Total, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, ha buscado poner fin a décadas de violencia a través del diálogo y acuerdos con diversos grupos armados.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es uno de los actores centrales de este esfuerzo, aunque el proceso no ha estado exento de obstáculos significativos. Tras años de intentos fallidos de negociación, la administración Petro ha logrado avances notables, aunque la situación actual de las negociaciones revela limitaciones estructurales y desafíos persistentes.
En este artículo se exploran los logros y las dificultades del proceso de paz, destacando las lecciones aprendidas y algunas consideraciones de cara a la reanudación de los diálogos acordada por ambas partes en Caracas la semana pasada.
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Estrategia humanitaria con retos estructurales
La política de Paz Total se basa en una visión humanitaria orientada a reducir los efectos inmediatos de la violencia. Enmarcada en la idea de Colombia como una “potencia mundial de la vida”, esta política busca disminuir las agresiones contra la población civil y promover el diálogo como herramienta principal para alcanzar una paz sostenible.
Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por priorizar logros a corto plazo y desatender aspectos de fondo, como la necesidad de la desmovilización y reincorporación del ELN y la consolidación de un entorno democrático y respetuoso de los derechos humanos.
Uno de los principales obstáculos que enfrenta el proceso de negociación es la falta de un foco preciso en la agenda pactada. Tanto el ELN como el gobierno han intentado abordar múltiples problemas en la mesa de diálogo, sin considerar cómo la correlación de fuerzas políticas y militares delimita la naturaleza y alcance de los acuerdos.
Esta situación ha propiciado un avance lento y ha abierto la puerta para que el ELN continúe ejerciendo su presión armada, con el argumento de que no abandonará las armas hasta que se logren transformaciones profundas que permitan una paz estable.
Además, la falta de una estrategia integral para abordar la problemática del conflicto armado ha dificultado la consecución de acuerdos duraderos. Si bien la voluntad de paz ha sido un elemento constante en las negociaciones, los desencuentros entre las partes y las crisis recurrentes en el proceso revelan que la intención no es suficiente para materializar una paz estable.
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Este contexto hace evidente la necesidad de plantear objetivos precisos que permitan transformar la estructura de la guerrilla y garantizar la convivencia pacífica en el territorio colombiano.
Lo que dejó el cese al fuego
Con el objetivo de reducir el impacto de la violencia en las comunidades afectadas por el conflicto, el gobierno y el ELN acordaron un cese al fuego bilateral entre el 3 de agosto de 2023 y la misma fecha de 2024.
Este acuerdo permitió disminuir la confrontación directa entre el ELN y la fuerza pública, sin embargo, las afectaciones humanitarias no cesaron. Por el contrario, en algunos territorios, se intensificaron debido a los enfrentamientos entre el ELN y otros grupos armados por el control de economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal.
Durante este periodo, las comunidades vieron un aumento en amenazas, desplazamientos, secuestros y asesinatos selectivos, elementos que complicaron aún más el panorama de seguridad y evidenciaron la falta de cohesión dentro de las filas del ELN.
La comandancia de esta guerrilla, el Comando Central (COCE), mostró una capacidad limitada para mantener el control sobre sus frentes de guerra. Esta situación, sumada a la persistencia de acciones violentas, fue un factor que obstaculizó la continuidad del proceso de paz.
Sin duda, uno de los mayores desafíos para el proceso de paz es la fragmentación interna del ELN, ejemplificada recientemente en la escisión del frente Comuneros del Sur, que se desvinculó de la organización y se sumó a una iniciativa de diálogo regional promovida por el Gobierno nacional y la Gobernación de Nariño.
La estructura descentralizada del ELN y la autonomía operativa de sus frentes de guerra han restringido la capacidad del COCE para alinear la conducta de sus miembros. Como resultado, cada frente actúa según sus propios intereses, recurriendo a métodos violentos para lograr objetivos específicos, tanto territoriales como económicos.
Durante el cese al fuego, esta autonomía se tradujo en la continuación de las agresiones contra la población civil, lo que puso en evidencia la insuficiencia de los mecanismos de verificación y control.
A pesar de los compromisos asumidos por el ELN en la mesa de negociación, varios frentes mantuvieron sus actividades de extorsión, secuestro y desplazamiento, consolidando su control sobre zonas estratégicas y sus fuentes de financiación.
Este contexto plantea un gran desafío para el gobierno, que debe encontrar la forma de negociar con una organización que no parece estar dispuesta a acatar de manera unánime los acuerdos alcanzados.
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Efectos de la Paz Total en el conflicto
La implementación de la política de Paz Total ha permitido observar un cambio en la dinámica del conflicto armado en Colombia. Como se advierte en la Figura 1, durante los primeros dos años de la administración Petro, se registró una disminución de los combates directos entre el ELN y la fuerza pública, mientras que los enfrentamientos entre esta guerrilla y otros grupos armados aumentaron proporcionalmente.
Este cambio sugiere que el ELN ha reorientado su esfuerzo militar hacia disputas territoriales con otros actores ilegales, con el objetivo de fortalecer su control sobre zonas estratégicas.
Este reacomodo en el conflicto ha tenido un impacto en la distribución geográfica de las acciones violentas. En el gobierno anterior, las afectaciones causadas por el ELN se concentraron en regiones como el Nororiente y el Oriente, particularmente en los departamentos de Norte de Santander y Arauca.
Sin embargo, bajo el gobierno Petro, el patrón de violencia se ha desplazado hacia el suroccidente del país, en los departamentos de Cauca y Nariño, así como al occidente en Chocó y Valle.
Este cambio parece estar vinculado a la intención de los frentes de guerra del ELN que buscan consolidar su presencia en estos territorios, en medio de sus enfrentamientos con grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.
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Adicionalmente, la experiencia del cese al fuego acordado entre el gobierno Petro y el ELN subraya la importancia de una estrategia de seguridad que proteja a la población civil. Aunque el acuerdo temporal permitió reducir los combates entre el ELN y la fuerza pública, los habitantes de zonas bajo la influencia de esta guerrilla siguieron sufriendo graves violaciones a sus derechos.
Como se observa en la Figura 2, durante el cese al fuego, las infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) aumentaron en al menos 65 municipios, principalmente en aquellos afectados por la disputa territorial entre el ELN y otros grupos armados.
Este panorama pone de relieve la necesidad de desarrollar una estrategia de seguridad que, más allá de la confrontación militar, contemple la protección de los civiles en todas las etapas del proceso de paz.
En particular, la implementación de un cese al fuego efectivo requiere de mecanismos de verificación robustos y de la concentración de las estructuras armadas en zonas específicas, con el fin de evitar que el ELN siga empleando la violencia para expandir su influencia y garantizar sus fuentes de financiación.
Lecciones y desafíos para retomar las conversaciones
La experiencia del gobierno Petro tras dos años de negociaciones con el ELN deja importantes lecciones para el futuro de la Paz Total.
En primer lugar, el éxito de las conversaciones dependerá de la capacidad del Estado en abordar las transformaciones necesarias para superar el conflicto y responder a la fragmentación interna del ELN, la cual dificulta la implementación de los acuerdos. La estrategia de paz debe adaptarse a la realidad territorial y organizativa de la guerrilla, para así reducir la violencia de manera efectiva.
En segundo lugar, la historia de las negociaciones con el ELN muestra que este grupo tiende a intensificar la violencia como mecanismo de presión en el contexto de los diálogos. Para evitar que esta tendencia se repita, el gobierno debe garantizar que la política de Paz Total no represente una concesión que permita al ELN alcanzar sus objetivos por medio de la acción armada.
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Esto necesita un equilibrio entre el avance de las negociaciones y el cumplimiento de lo acordado, de manera que el cese al fuego sea una herramienta real de desescalamiento de las hostilidades y no un medio para el fortalecimiento de las estructuras de la guerrilla.
La continuación del proceso de paz con el ELN es un gran reto para el gobierno. A pesar de los avances significativos logrados hasta el momento, la falta de un foco preciso en la agenda de negociación y la resistencia de los frentes más belicistas a desmovilizarse constituyen obstáculos serios para alcanzar la paz.
La implementación de un cese al fuego sin un sistema de verificación efectivo, sumada a la ausencia de una estrategia de seguridad integral que garantice la protección de la población, complica aún más el panorama.
En definitiva, para que la reanudación de las conversaciones sea exitosa, será fundamental que el gobierno adopte medidas que aborden las realidades territoriales del conflicto, reduzcan las violaciones a los derechos humanos y fomenten una paz que fortalezca la democracia.
Solo mediante un esfuerzo constante y comprometido de ambas partes orientado a enfrentar los múltiples desafíos surgidos en el proceso de negociación se podrá alcanzar el objetivo primordial de la política de Paz Total.
*Profesores investigadores del CIPE de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
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