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Una de las banderas del Pacto Histórico ha sido siempre las garantías para ejercer la protesta social. Los representantes Alirio Uribe, Pedro Suárez Vacca y Eduard Sarmiento radicaron este miércoles un proyecto que levantó ampolla en la oposición porque pretende ofrecer garantías para ejercer las protestas en Colombia, con parámetros que establezcan los límites del uso de la fuerza.
La iniciativa es un proyecto de ley estatutaria que contiene 44 artículos. Fue radicado en la Comisión Primera de la Cámara, por lo que deberá superar cuatro debates para convertirse en Ley de la República. La representante Mafe Carrascal, también de la bancada petrista, aseguró que lo que buscan es “dar un paso importante para garantizar los derechos de las y los ciudadanos que desean participar de la protesta sin temor a represalias, y con los mecanismos plenos”.
Lo que no le gustó a la oposición fue que en el documento radicado en el Congreso se habla del manejo de la protesta, poniendo límites a las intervenciones de la Policía. Hernán Cadavid, del Centro Democrático, calificó la iniciativa como “peligrosa” y aseguró que “prohíben que en ningún caso haya presencia de Policía Militar, por lo que anulará por completo que el Ejército haga presencia”.
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Por su parte, el representante Pedro Suárez Vacca, uno de los autores, afirmó que lo que se busca es regular es el abuso del poder de la Fuerza Pública en las manifestaciones. “Una cosa son los delitos, otra cosa es el terrorismo mismo y una cosa muy diferente es el ejercicio del derecho a la protesta, que no se puede seguir confundiendo y que no se pueden ver esas líneas en donde se excuse el ejercicio arbitrario de la fuerza pública frente quien ejerce su derecho fundamental”.
Lo que tampoco le sonó a la oposición es que, en uno de los articulados, se plantea que en caso de necesitar intervención de Policía para contener delitos en las protestas, esa fuerza del Estado deberá avisar previamente su ingreso a las personas que estén participando de la manifestación.
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Eso, para evitar que personas que estén participando pacíficamente de la misma, puedan verse perjudicadas. Para Cadavid, “esto es una anulación de la seguridad y manejo del orden público. Un ciudadano pacífico no necesita anticipar acción de la Policía”.
Pero desde la bancada de Gobierno defienden la iniciativa porque, entre otras cosas, dicen que fue construida con estándares internacionales, como explicó el representante Alirio Uribe. “Este proyecto regula cómo se da la protesta, también cuando hay protestas que no son válidas, por ejemplo aquellas que promueven la violencia o que promueven la discriminación”, explicó.
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