La polémica tras la derogación del decreto de Duque sobre multas a la dosis personal
La oposición señaló al gobierno Petro de favorecer a criminales con la derogación del Decreto 1844 de 2018, que imponía sanciones al porte de dosis mínima de drogas. El oficialismo aclaró y habló de desinformación.
El gobierno del presidente Gustavo Petro derogó un decreto de la administración de Iván Duque que facultaba a la Policía para imponer sanciones a quien ejerza “comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con el porte de sustancias estupefacientes o sicotrópicas”.
La sanción era aplicada a “las presuntas infracciones derivadas del porte y tenencia de las cantidades de dichas sustancias”. Es decir, permitía sancionar, de acuerdo con la normativa, cuando se portara o excediera la dosis mínima, medida que ya había sido declarada inconstitucional.
(Lea: “Petro radicó denuncia penal contra Andrés Pastrana por asociar a su gobierno con narcos”)
La derogación fue ampliamente criticada por la oposición, pues, según dijeron, la medida le “despeja el camino de la criminalidad que implica mayor inseguridad para los ciudadanos”, señaló el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez.
Y agregó que “por cuenta de esta decisión, los alcaldes electos del país tenemos que prepararnos para enfrentar un aumento del microtráfico, de la violencia urbana, del crimen general , y de la destrucción de más familias por cuenta de este delito. (...) Le pido al Presidente Petro, que por bien del país, reconsidere esa equivocada decisión. Le entrega nuestros hijos a los peores criminales. Deja a las familias Colombianas en total desprotección”.
Al tiempo, desde el Partido Conservador afirmaron que es “inaceptable que el Gobierno Nacional derogue el decreto que facultaba a la Policía para decomisar estupefacientes y multar a los portadores de droga en el espacio público. Con esta decisión, el microtráfico queda con patente de corso para actuar con plena libertad, lo cual disparará el consumo poniendo en grave peligro a jóvenes y niños”. Además, anunciaron que radicarían un proyecto en el Congreso para “restituir lo derogado”.
Por su parte, el expresidente Iván Duque señaló que con la derogación van a “premiar” a jíbaros y “afectar parques, espacios públicos y entornos seguros, además de debilitar más la acción de las autoridades. (...) El decreto derogado buscaba decomisar drogas en las calles, no criminalizar consumidores. Era una medida contra los jíbaros para garantizar entornos seguros. Con las nuevas deposiciones, les llegó su diciembre a los delincuentes”, señaló en su cuenta de X.
Tras esos comentarios, el gobierno de Gustavo Petro aclaró que se derogó “una sanción de multa que había puesto el gobierno anterior para el porte de dosis personal. No elimina la prohibición de comercio, ni de tráfico ni de microtráfico, ni ningún comercio de drogas. Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana. No nos llamemos a engaños”, dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Por otro lado, Petro respondió a Fico Gutiérrez y le dijo: “Con todo respeto, ‘o no leen o se hacen los...’ La Corte constitucional ya dijo que son las autoridades locales son las que determinan los sitios públicos de prohibición de consumo de estupefacientes. Así que le toca a Federico Gutiérrez y al concejo de Medellín hacerlo para su distrito”, aclaró.
Igualmente la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) dijo que los opositores están “desinformando y mintiendo”, pues “el decreto derogado por el Gobierno no tenía nada que ver con el control de microtráfico (...) nada tenía que ver con la judicialización. Solo permitía imponer comparendos a quienes tuvieran o portaran sustancias, dentro de la dosis mínima, lo que va en contravía de la jurisprudencia constitucional”.
El representante liberal Juan Carlos Losada también habló de desinformación y argumentó que el decreto derogado “ignoraba la jurisprudencia y violaba derechos fundamentales. Además, la norma facilitaba extralimitaciones por parte de algunos miembros de la fuerza pública, quienes abusaban de su autoridad bajo la vigencia de este decreto”.
Analistas como León Valencia, director de la fundación Pares, calificaron la derogación como “consecuente”. “Al derogar el decreto sobre porte de drogas en el espacio público, el gobierno de Petro es consecuente con la idea de que el camino para acabar con la violencia ligada a las drogas psicoactivas y alucinógenas es la regularización primero y la legalización después en todo el mundo”, puntualizó.
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👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.
El gobierno del presidente Gustavo Petro derogó un decreto de la administración de Iván Duque que facultaba a la Policía para imponer sanciones a quien ejerza “comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con el porte de sustancias estupefacientes o sicotrópicas”.
La sanción era aplicada a “las presuntas infracciones derivadas del porte y tenencia de las cantidades de dichas sustancias”. Es decir, permitía sancionar, de acuerdo con la normativa, cuando se portara o excediera la dosis mínima, medida que ya había sido declarada inconstitucional.
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La derogación fue ampliamente criticada por la oposición, pues, según dijeron, la medida le “despeja el camino de la criminalidad que implica mayor inseguridad para los ciudadanos”, señaló el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez.
Y agregó que “por cuenta de esta decisión, los alcaldes electos del país tenemos que prepararnos para enfrentar un aumento del microtráfico, de la violencia urbana, del crimen general , y de la destrucción de más familias por cuenta de este delito. (...) Le pido al Presidente Petro, que por bien del país, reconsidere esa equivocada decisión. Le entrega nuestros hijos a los peores criminales. Deja a las familias Colombianas en total desprotección”.
Al tiempo, desde el Partido Conservador afirmaron que es “inaceptable que el Gobierno Nacional derogue el decreto que facultaba a la Policía para decomisar estupefacientes y multar a los portadores de droga en el espacio público. Con esta decisión, el microtráfico queda con patente de corso para actuar con plena libertad, lo cual disparará el consumo poniendo en grave peligro a jóvenes y niños”. Además, anunciaron que radicarían un proyecto en el Congreso para “restituir lo derogado”.
Por su parte, el expresidente Iván Duque señaló que con la derogación van a “premiar” a jíbaros y “afectar parques, espacios públicos y entornos seguros, además de debilitar más la acción de las autoridades. (...) El decreto derogado buscaba decomisar drogas en las calles, no criminalizar consumidores. Era una medida contra los jíbaros para garantizar entornos seguros. Con las nuevas deposiciones, les llegó su diciembre a los delincuentes”, señaló en su cuenta de X.
Tras esos comentarios, el gobierno de Gustavo Petro aclaró que se derogó “una sanción de multa que había puesto el gobierno anterior para el porte de dosis personal. No elimina la prohibición de comercio, ni de tráfico ni de microtráfico, ni ningún comercio de drogas. Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana. No nos llamemos a engaños”, dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Por otro lado, Petro respondió a Fico Gutiérrez y le dijo: “Con todo respeto, ‘o no leen o se hacen los...’ La Corte constitucional ya dijo que son las autoridades locales son las que determinan los sitios públicos de prohibición de consumo de estupefacientes. Así que le toca a Federico Gutiérrez y al concejo de Medellín hacerlo para su distrito”, aclaró.
Igualmente la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) dijo que los opositores están “desinformando y mintiendo”, pues “el decreto derogado por el Gobierno no tenía nada que ver con el control de microtráfico (...) nada tenía que ver con la judicialización. Solo permitía imponer comparendos a quienes tuvieran o portaran sustancias, dentro de la dosis mínima, lo que va en contravía de la jurisprudencia constitucional”.
El representante liberal Juan Carlos Losada también habló de desinformación y argumentó que el decreto derogado “ignoraba la jurisprudencia y violaba derechos fundamentales. Además, la norma facilitaba extralimitaciones por parte de algunos miembros de la fuerza pública, quienes abusaban de su autoridad bajo la vigencia de este decreto”.
Analistas como León Valencia, director de la fundación Pares, calificaron la derogación como “consecuente”. “Al derogar el decreto sobre porte de drogas en el espacio público, el gobierno de Petro es consecuente con la idea de que el camino para acabar con la violencia ligada a las drogas psicoactivas y alucinógenas es la regularización primero y la legalización después en todo el mundo”, puntualizó.
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