La Procuraduría le da la razón a Murillo

Luego de varias contiendas perdidas, Luis Gilberto Murillo, suspendido gobernador del Chocó, acaba de ganar una batalla en el proceso  que se adelanta en su contra y que lo obligó a apartarse de su cargo en julio de 2012, por un problema viejo, un contrato de $5 millones que firmó en 1994 para arreglar una escuela cuando era director de Codechocó.

Ayer se conoció que el procurador séptimo delegado ante el Consejo de Estado, Antonio Eduardo Gómez, presentó en la sección quinta del Consejo de Estado un concepto que favorece la continuidad de Murillo en la Gobernación. Gómez le solicitó al magistrado ponente del caso, Alberto Yepes, que confirme la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó en noviembre de 2012, que negó la demanda que los enemigos políticos de Murillo presentaron para que se anulara su elección como gobernador.

El Ministerio Público argumentó  que el delito por el cual fue condenado Murillo fue derogado por otro artículo del Código Penal de 2000. Es decir, “si la conducta que dio lugar a una sanción de índole penal desapareció, tal evento hace desaparecer igualmente la inhabilidad”, anotó Gómez, y explicó que “no se puede aplicar una inhabilidad que es producto de una sentencia penal, cuando el presupuesto normativo para la configuración del delito ha sido variado”.

Luego de este concepto, el magistrado ponente tendrá que presentar un proyecto de fallo a los magistrados que conforman la Sección Quinta para emitir entencia definitiva. Esta misma corporación fue la que en julio de 2012 ordenó la suspensión temporal de Murillo mientras el tribunal tomaba una decisión de fondo.

El lío que dio paso a la inhabilidad radica en que el dinero que Murillo usó para el arreglo de la escuela se debía destinar exclusivamente al saneamiento ambiental minero. Por eso fue condenado en 1997 a seis meses de prisión por el delito de peculado por asignación diferente, una pequeña multa de $1.000 y una inhabilidad de por vida a cargos de elección popular que lleva 16 años intentando revocar.

Ahora, la Procuraduría le dio la razón y señaló lo que él se ha cansado de decir: el delito por el que lo condenaron ya no existe y por ende la inhabilidad tampoco. Curiosamente, la Viceprocuraduría había dicho que la inhabilidad de Murillo correspondía a una condena penal y, a pesar de la modificación de la ley, no desaparecía la inhabilidad.

Luego de varias contiendas perdidas, Luis Gilberto Murillo, suspendido gobernador del Chocó, acaba de ganar una batalla en el proceso  que se adelanta en su contra y que lo obligó a apartarse de su cargo en julio de 2012, por un problema viejo, un contrato de $5 millones que firmó en 1994 para arreglar una escuela cuando era director de Codechocó.

Ayer se conoció que el procurador séptimo delegado ante el Consejo de Estado, Antonio Eduardo Gómez, presentó en la sección quinta del Consejo de Estado un concepto que favorece la continuidad de Murillo en la Gobernación. Gómez le solicitó al magistrado ponente del caso, Alberto Yepes, que confirme la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó en noviembre de 2012, que negó la demanda que los enemigos políticos de Murillo presentaron para que se anulara su elección como gobernador.

El Ministerio Público argumentó  que el delito por el cual fue condenado Murillo fue derogado por otro artículo del Código Penal de 2000. Es decir, “si la conducta que dio lugar a una sanción de índole penal desapareció, tal evento hace desaparecer igualmente la inhabilidad”, anotó Gómez, y explicó que “no se puede aplicar una inhabilidad que es producto de una sentencia penal, cuando el presupuesto normativo para la configuración del delito ha sido variado”.

Luego de este concepto, el magistrado ponente tendrá que presentar un proyecto de fallo a los magistrados que conforman la Sección Quinta para emitir entencia definitiva. Esta misma corporación fue la que en julio de 2012 ordenó la suspensión temporal de Murillo mientras el tribunal tomaba una decisión de fondo.

El lío que dio paso a la inhabilidad radica en que el dinero que Murillo usó para el arreglo de la escuela se debía destinar exclusivamente al saneamiento ambiental minero. Por eso fue condenado en 1997 a seis meses de prisión por el delito de peculado por asignación diferente, una pequeña multa de $1.000 y una inhabilidad de por vida a cargos de elección popular que lleva 16 años intentando revocar.

Ahora, la Procuraduría le dio la razón y señaló lo que él se ha cansado de decir: el delito por el que lo condenaron ya no existe y por ende la inhabilidad tampoco. Curiosamente, la Viceprocuraduría había dicho que la inhabilidad de Murillo correspondía a una condena penal y, a pesar de la modificación de la ley, no desaparecía la inhabilidad.