La Procuraduría presentó un proyecto que burla la sentencia de la Corte IDH: alternativos

El proyecto que reforma el Código Disciplinar presentado por la Procuraduría no tiene riesgos de hundirse si no se aprueba antes del 20 junio, pero, bajo la excusa del mensaje de urgencia, las mesas directivas de Senado y Cámara lo han agendado por encima de otras iniciativas que si requieren un trámite antes del cierre de las sesiones ordinarias.

Este martes, la plenaria de la Cámara lo comenzó a discutir, pero se suspendió para retomar hoy, cuando el Senado también lo tiene priorizado, luego de votar las conciliaciones. En el marco de este ambiente, senadores alternativos escribieron una carta abierta exponiendo sus argumentos sobre por qué la iniciativa va en contravía de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Gustavo Petro contra el Estado, luego de ser destituido, en 2013, como alcalde de Bogotá por el entonces procurador Alejandro Ordóñez.

Para más contexto: El espinoso debate de la reforma a la Procuraduría.

“La Procuraduría aprovechando el mandato de la Corte IDH presentó un proyecto de ley que burla la sentencia de la Corte, en la medida en que lo que hace no es garantizar que un juez imparcial tome las decisiones, sino que decidió convertir a sus propios procuradores en jueces súper poderosos, que además serían los únicos jueces de Colombia que no tienen control alguno, porque ni siquiera podrían ser disciplinados por la Comisión de Disciplina Judicial, que fue recién creada”, exponen como su primer argumento en contra.

Los senadores recuerdan que el fallo de la Corte determina que “un órgano como la Procuraduría o un funcionario no elegido (popularmente) no tiene autoridad para sancionar y destituir a un servidor público de origen popular”. Es decir, el tribunal interamericano señaló que Ordóñez no tenía competencias para destituir a Petro en 2013 y que, si la Constitución y la ley colombiana lo permitía, el Estado debía corregir esos vacíos. Por ese llamado, la Procuraduría radicó el proyecto que, a juicio de los firmantes de la carta, está distorsionado.

Agregan los alternativos: “como si fuera poco, la Procuraduría especifica una serie de poderes jurisdiccionales que pueden ser ejercicios sin previa orden de un juez, tales como allanamientos, seguimientos de personas, interceptación de comunicaciones electrónicas y físicas, que, como se ha visto, se convertirían en un poderoso instrumentos de persecución política, que ya ha ejercido sin pudor este órgano de control, al abrir investigaciones formales a varios congresistas solo 12 horas antes de que iniciara este debate (en comisiones primeras) con el claro propósito de inhabilitarlos e impedir que se opusieran a este leviatán”.

Esto lo manifestaron en referencia a la apertura de investigaciones disciplinarias contra María José Pizarro, Inti Asprilla y Ángela María Robledo por faltarle al respeto a la Policía durante el debate de moción de censura a Diego Molano, ministro de Defensa; y a los senadores Alexánder Maya y Wilson Arias por supuestamente interceder en procesos policiales.

Lea más: Paro nacional: polémica por congresistas en la mira de la Procuraduría.

Los senadores firmantes continuaron sus críticas hacia el proyecto enfocándose también en la creación de nuevos puestos que, a sus ojos, se convertirán en “una gran cuota de mermelada burocrática para que muchos de los congresistas de bancada de gobierno cierren los ojos y aprueben esta norma suicida que, seguramente, se volteará contra ellos, en la medida en que quien es hoy gobierno puede ser mañana oposición”.

Por eso, le hacen un llamado a sus compañeros de la coalición de gobierno que no tienen asegurada su permanencia en el poder para las elecciones de 2022. “(Este proyecto está) preparado para diezmar a la oposición e inhabilitar a alcaldes alternativos, gobernadores independientes y congresistas de la oposición pretendiendo con ello debilitar la opción de cambio en el año 2022”.

“Cualquier proyecto de ley que pretenda crear funcionario con súper poderes sin control alguno y que viole los derechos constitucionales de la oposición y de cualquier otro funcionario de elección popular debe ser rechazado por cualquier demócrata ene l Congreso”, concluyeron.

Los firmantes son Roy Barreras; Angélica Lozano y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; Iván Cepeda, Alexánder López, Wilson Arias y Alberto Castilla, del Polo; Gustavo Bolívar, del MAIS; Guillermo García Realpe, del Partido Liberal; y Roosvelt Rodríguez, de la U.

Le puede interesar: MOE pidió que se hunda el proyecto de reforma a la Procuraduría.

La mayoría de los firmantes pertenecen a la Comisión Primera del Senado, de la que se retiraron y dejaron constancia en el trámite en primer debate. Pese a la decisión de entonces, manifestaron que “daremos la batalla política y jurídica contra este proyecto en la plenaria y ante la Corte Constitucional”.

El proyecto que reforma el Código Disciplinar presentado por la Procuraduría no tiene riesgos de hundirse si no se aprueba antes del 20 junio, pero, bajo la excusa del mensaje de urgencia, las mesas directivas de Senado y Cámara lo han agendado por encima de otras iniciativas que si requieren un trámite antes del cierre de las sesiones ordinarias.

Este martes, la plenaria de la Cámara lo comenzó a discutir, pero se suspendió para retomar hoy, cuando el Senado también lo tiene priorizado, luego de votar las conciliaciones. En el marco de este ambiente, senadores alternativos escribieron una carta abierta exponiendo sus argumentos sobre por qué la iniciativa va en contravía de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Gustavo Petro contra el Estado, luego de ser destituido, en 2013, como alcalde de Bogotá por el entonces procurador Alejandro Ordóñez.

Para más contexto: El espinoso debate de la reforma a la Procuraduría.

“La Procuraduría aprovechando el mandato de la Corte IDH presentó un proyecto de ley que burla la sentencia de la Corte, en la medida en que lo que hace no es garantizar que un juez imparcial tome las decisiones, sino que decidió convertir a sus propios procuradores en jueces súper poderosos, que además serían los únicos jueces de Colombia que no tienen control alguno, porque ni siquiera podrían ser disciplinados por la Comisión de Disciplina Judicial, que fue recién creada”, exponen como su primer argumento en contra.

Los senadores recuerdan que el fallo de la Corte determina que “un órgano como la Procuraduría o un funcionario no elegido (popularmente) no tiene autoridad para sancionar y destituir a un servidor público de origen popular”. Es decir, el tribunal interamericano señaló que Ordóñez no tenía competencias para destituir a Petro en 2013 y que, si la Constitución y la ley colombiana lo permitía, el Estado debía corregir esos vacíos. Por ese llamado, la Procuraduría radicó el proyecto que, a juicio de los firmantes de la carta, está distorsionado.

Agregan los alternativos: “como si fuera poco, la Procuraduría especifica una serie de poderes jurisdiccionales que pueden ser ejercicios sin previa orden de un juez, tales como allanamientos, seguimientos de personas, interceptación de comunicaciones electrónicas y físicas, que, como se ha visto, se convertirían en un poderoso instrumentos de persecución política, que ya ha ejercido sin pudor este órgano de control, al abrir investigaciones formales a varios congresistas solo 12 horas antes de que iniciara este debate (en comisiones primeras) con el claro propósito de inhabilitarlos e impedir que se opusieran a este leviatán”.

Esto lo manifestaron en referencia a la apertura de investigaciones disciplinarias contra María José Pizarro, Inti Asprilla y Ángela María Robledo por faltarle al respeto a la Policía durante el debate de moción de censura a Diego Molano, ministro de Defensa; y a los senadores Alexánder Maya y Wilson Arias por supuestamente interceder en procesos policiales.

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Los senadores firmantes continuaron sus críticas hacia el proyecto enfocándose también en la creación de nuevos puestos que, a sus ojos, se convertirán en “una gran cuota de mermelada burocrática para que muchos de los congresistas de bancada de gobierno cierren los ojos y aprueben esta norma suicida que, seguramente, se volteará contra ellos, en la medida en que quien es hoy gobierno puede ser mañana oposición”.

Por eso, le hacen un llamado a sus compañeros de la coalición de gobierno que no tienen asegurada su permanencia en el poder para las elecciones de 2022. “(Este proyecto está) preparado para diezmar a la oposición e inhabilitar a alcaldes alternativos, gobernadores independientes y congresistas de la oposición pretendiendo con ello debilitar la opción de cambio en el año 2022”.

“Cualquier proyecto de ley que pretenda crear funcionario con súper poderes sin control alguno y que viole los derechos constitucionales de la oposición y de cualquier otro funcionario de elección popular debe ser rechazado por cualquier demócrata ene l Congreso”, concluyeron.

Los firmantes son Roy Barreras; Angélica Lozano y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; Iván Cepeda, Alexánder López, Wilson Arias y Alberto Castilla, del Polo; Gustavo Bolívar, del MAIS; Guillermo García Realpe, del Partido Liberal; y Roosvelt Rodríguez, de la U.

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La mayoría de los firmantes pertenecen a la Comisión Primera del Senado, de la que se retiraron y dejaron constancia en el trámite en primer debate. Pese a la decisión de entonces, manifestaron que “daremos la batalla política y jurídica contra este proyecto en la plenaria y ante la Corte Constitucional”.