La propuesta de Claudia López para que jefes de las Farc no lleguen al Congreso

Durante el tercer día de discusión sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, que avanza en las comisiones primeras de Senado y Cámara, sorprendió la propuesta que, en medio del debate, radicó la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, en torno a la participación en política del partido surgido de las Farc. Según explicó la congresista, el objetivo es evitar que quienes hayan cometido los más graves crímenes de guerra y de lesa humanidad lleguen al Congreso sin haberse sometido a la JEP.

La senadora y candidata presidencial argumentó que es necesario que, antes de que quienes combatieron durante estos más de 50 años de guerra recuperen sus derechos políticos, es necesario que la JEP haya proferido una condena en su contra para que respondan por sus actos. “Seguramente, como en las elecciones de 2018 la JEP no habrá tomado decisiones sobre juzgamiento o condena, los responsables de los crímenes más graves no podrán ser candidatos, pero sí miembros de su organización”, señaló López.

En ese sentido, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Timoleón Jiménez “Timochenko”, Iván Márquez y Carlos Antonio Losada estarían impedidos para ocupar las 10 curules que, con base en el Acuerdo de Paz, tienen garantizadas para las elecciones de marzo de 2018. “Sólo después de haber sido sancionados y establecida la pena, podrá progresivamente recuperar sus derechos”, agregó la senadora.

Sin embargo, el Gobierno nacional anunció su desacuerdo con la propuesta insistiendo en que dicha posibilidad significaría ir en contra de lo pactado en La Habana. “Si bien las sanciones emanadas de la JEP no podrán afectar el derecho político a ser elegido, lo que sí podría ocurrir es que quienes comparezcan y no ofrezcan verdad ni reparen corren el riesgo de que sean sancionados bajo la modalidad de las sanciones ordinarias”, dijo Rivera. Además, explicó que, si dichas sanciones son impuestas, podría incluir pena privativa de la liberta, lo que implicaría la afectación de los derechos políticos de quienes sean condenados.

La postura de Cambio Radical

Frente a la propuesta de la senadora de la Alianza Verde, Cambio Radical anunció su postura a favor. Según dijo el senador Germán Varón, la legitimidad en torno a lo pactado trasciende de lo jurídico a lo político. “Para la opinión pública no va a ser sencillo encontrar a sus victimarios recorriendo los mismos sectores sobre los cuales tuvieron injerencia, haciendo proselitismo, sin haberse sometido a la JEP”, dijo Varón.

El congresista, dijo que esa idea “repugnaría” al colombiano del común y que, si bien no pretende modificar el elemento esencial del Acuerdo de Paz que, indudablemente, es la participación en política de la desarmada guerrilla, sí debe ponerse un límite a la recuperación de sus derechos ante escenarios como el Congreso. “Si quieren participar en política bienvenidos, pero tiene que hacerlo una vez se sometan a la JEP”, concluyó. La congresista, al final, retiró la proposición.

Durante el tercer día de discusión sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, que avanza en las comisiones primeras de Senado y Cámara, sorprendió la propuesta que, en medio del debate, radicó la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, en torno a la participación en política del partido surgido de las Farc. Según explicó la congresista, el objetivo es evitar que quienes hayan cometido los más graves crímenes de guerra y de lesa humanidad lleguen al Congreso sin haberse sometido a la JEP.

La senadora y candidata presidencial argumentó que es necesario que, antes de que quienes combatieron durante estos más de 50 años de guerra recuperen sus derechos políticos, es necesario que la JEP haya proferido una condena en su contra para que respondan por sus actos. “Seguramente, como en las elecciones de 2018 la JEP no habrá tomado decisiones sobre juzgamiento o condena, los responsables de los crímenes más graves no podrán ser candidatos, pero sí miembros de su organización”, señaló López.

En ese sentido, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Timoleón Jiménez “Timochenko”, Iván Márquez y Carlos Antonio Losada estarían impedidos para ocupar las 10 curules que, con base en el Acuerdo de Paz, tienen garantizadas para las elecciones de marzo de 2018. “Sólo después de haber sido sancionados y establecida la pena, podrá progresivamente recuperar sus derechos”, agregó la senadora.

Sin embargo, el Gobierno nacional anunció su desacuerdo con la propuesta insistiendo en que dicha posibilidad significaría ir en contra de lo pactado en La Habana. “Si bien las sanciones emanadas de la JEP no podrán afectar el derecho político a ser elegido, lo que sí podría ocurrir es que quienes comparezcan y no ofrezcan verdad ni reparen corren el riesgo de que sean sancionados bajo la modalidad de las sanciones ordinarias”, dijo Rivera. Además, explicó que, si dichas sanciones son impuestas, podría incluir pena privativa de la liberta, lo que implicaría la afectación de los derechos políticos de quienes sean condenados.

La postura de Cambio Radical

Frente a la propuesta de la senadora de la Alianza Verde, Cambio Radical anunció su postura a favor. Según dijo el senador Germán Varón, la legitimidad en torno a lo pactado trasciende de lo jurídico a lo político. “Para la opinión pública no va a ser sencillo encontrar a sus victimarios recorriendo los mismos sectores sobre los cuales tuvieron injerencia, haciendo proselitismo, sin haberse sometido a la JEP”, dijo Varón.

El congresista, dijo que esa idea “repugnaría” al colombiano del común y que, si bien no pretende modificar el elemento esencial del Acuerdo de Paz que, indudablemente, es la participación en política de la desarmada guerrilla, sí debe ponerse un límite a la recuperación de sus derechos ante escenarios como el Congreso. “Si quieren participar en política bienvenidos, pero tiene que hacerlo una vez se sometan a la JEP”, concluyó. La congresista, al final, retiró la proposición.