La propuesta económica de Vargas Lleras: descentralización e inequidad tributaria

Esta semana discutimos la propuesta económica de Germán Vargas Lleras. Como hicimos con los otros candidatos, nos basamos en las siguientes propuestas, que están publicadas en su página web oficial: “Nuestra política económica y tributaria”, “Nuestra política de descentralización, ordenamiento y desarrollo territorial”, “Nuestra política pública agropecuaria” y “Nuestra política de ciencia y tecnología”. Acotamos nuestro estudio a estos documentos a pesar de que Vargas presenta propuestas en varios frentes más, incluyendo educación, salud, infraestructura y empleo. Esto porque el espacio de que disponemos no nos permite presentar una revisión de todas las propuestas. Como hicimos en nuestros artículos sobre las propuestas de los otros candidatos, la discusión tiene en cuenta tres aspectos: su alcance (la diversidad de temas que pretende abarcar y la correspondencia entre dichos temas y la problemática económica nacional), su calidad (si ofrece soluciones concretas y precisas) y su factibilidad fiscal (si habrá plata con qué pagarla).

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En términos generales, consideramos que sus planteamientos económica de Germán Vargas tienen un alcance amplio. El candidato promete aumentar el crecimiento económico y la inversión, fomentar la creación de empleo formal, propiciar aumentos de la productividad y diversificar la economía. También incluye propuestas concretas para aumentar las capacidades fiscales, administrativas, de planeación y de ejecución de las entidades territoriales, al igual que una propuesta completa y concreta para el desarrollo del campo. Sin embargo, creemos que su propuesta no incluye instrumentos suficientes para alcanzar todos los propósitos que plantea, y que en muchos casos no existe coincidencia entre las intenciones que anuncia y las políticas que propone. Vargas anuncia, por ejemplo, que en su gobierno el bienestar general primará sobre los intereses particulares, pero propone una política tributaria abiertamente regresiva (es decir, que beneficia más a las personas con mayores ingresos y riqueza). También anuncia que trabajará por la diversificación del aparato productivo, pero su propuesta en este sentido es insuficiente. Por otro lado, encontramos inconveniente que Vargas no proponga ninguna medida para reducir la desigualdad en la tenencia de la tierra, y que su visión del campo sea la de un sector mayoritariamente agroempresarial de productores grandes que se asocian con pequeños y medianos, en el que estos últimos necesariamente tendrían más el rol de trabajadores que el de propietarios eficientes. Dicha visión haría difíciles el crecimiento sostenido y la construcción de paz.

En términos de factibilidad fiscal, resaltamos positivamente que, a diferencia de otros candidatos, Vargas presente claramente el impacto fiscal de su propuesta de reforma tributaria. Sin embargo, consideramos que es muy probable que el impacto de dicha reforma sobre las finanzas públicas sea menos favorable que el que Vargas anuncia. Vargas propone reducir varios impuestos a las empresas y unidades productoras agropecuarias y a los propietarios de estas, y compensar casi todas las pérdidas resultantes de ingresos con un control exhaustivo de la evasión y el contrabando y modernizando la DIAN. En otras palabras, propone compensar pérdidas seguras con recaudos adicionales que ya están comprometidos en alguna medida y que no están garantizados. Adicionalmente, Vargas no presenta propuestas creíbles y concretas para aumentar la eficiencia del gasto, y observamos que varias de sus políticas tendrían un alto costo fiscal. En este sentido, la propuesta de Vargas luce fiscalmente difícil de cumplir, y, por lo tanto, podría poner en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal y encarecer la deuda de la Nación.

La visión general

Vargas Lleras afirma que el país debe retomar la senda del crecimiento a tasas altas, de la que nos alejamos como consecuencia de la pérdida de confianza, la caída en la inversión y las recientes reformas tributarias. Debemos empezar por aclarar que este diagnóstico ignora de tajo la causa principal de la caída en las tasas de crecimiento de Colombia: el país sufrió el peor choque externo de los últimos 80 años por cuenta del descenso abrupto del precio del petróleo. En vista de lo anterior, para cumplir su promesa de crecer a tasas del 5 % debería presentar estrategias creíbles y acertadas para que la economía sea más resistente a esos choques externos. Dichas estrategias deberían apuntar principalmente a diversificar la economía, lo cual requeriría medidas que impulsen la absorción de tecnología, el emprendimiento, la innovación y la diversificación de mercados y de productos exportados. Elegir sectores prioritarios para este propósito puede ser conveniente si se hace siguiendo criterios transparentes y públicos, y si se provee a los sectores “ganadores” únicamente bienes públicos (es decir, bienes que favorezcan a todos los productores de esos sectores y no solo a algunos). Vargas Lleras elige sectores pero desafortunadamente no explica con qué criterios. Además, hace una elección demasiado amplia, pues denomina “sectores clave” a la mitad de los sectores de la economía, con excepción de algunos sectores de servicios (que emplean a casi la mitad de los colombianos). Esto es un contrasentido, pues priorizar todo equivale en términos prácticos a no priorizar nada.

Para él, el crecimiento económico depende principalmente de la inversión, la productividad, la formalidad, el emprendimiento y la confianza. Su propuesta es consistente con esta visión, pues plantea medidas específicas para aumentar la productividad. Dichas medidas apuntan principalmente a fomentar el emprendimiento y la innovación, mejorar y mantener la infraestructura logística y de transporte, y aumentar la pertinencia de las habilidades y destrezas de nuestros trabajadores. No encontramos en sus documentos ninguna propuesta para remover las barreras internas y externas que aumentan los costos de exportar, y que, por lo tanto, reducen la productividad de nuestras empresas.

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Para Vargas, el crecimiento económico se debe traducir en mayor empleo, ingresos fiscales e ingresos de los hogares. Al respecto debemos explicar una vez más (como en anteriores documentos) que en Colombia no todas las formas de crecimiento económico tienen la capacidad de llevar dichos beneficios a todas las regiones. El país demanda un modelo de crecimiento que aproveche al máximo el potencial productivo específico de cada región. Esto les permitiría a los departamentos de la periferia disminuir su rezago económico y social respecto al resto del país y reduciría las necesidades de inversión social. Desafortunadamente, la propuesta de Vargas es ambigua en este sentido. Si bien incluye un diagnóstico acertado acerca de los desbalances regionales en materia de desarrollo, y propone acciones concretas para fortalecer a las entidades territoriales, incluye pocas propuestas encaminadas a regionalizar los instrumentos de política pública para el desarrollo productivo.

En materia económica Vargas presenta dos objetivos, cuatro estrategias y tres pilares. Los objetivos son (i) aumentar el crecimiento e implementar reformas estructurales, y (ii) a partir del crecimiento, aumentar el empleo, las exportaciones, los ingresos fiscales y la inversión pública, mejorando así la calidad de vida de los colombianos. Las cuatro estrategias son (a) impulsar la inversión privada, el emprendimiento y la formalidad; (b) impulsar sectores clave y diversificar el aparato productivo; (c) asegurar los resultados de la inversión social y (d) mejorar la eficiencia del Estado y reformar la justicia. A continuación presentamos nuestra revisión de las dos primeras propuestas, por ser estas las más relacionadas con el desarrollo económico y aquellas en las que Vargas hace un mayor énfasis. Revisamos también su propuesta para profundizar la descentralización.

Las propuestas específicas

La primera estrategia de la propuesta económica es impulsar la inversión privada. Allí Vargas Lleras propone una reforma tributaria. Entre otras cosas, esta fortalecerá la DIAN; reducirá la tasa de renta que pagan las empresas a 30 %; eliminará los impuestos a la adquisición de capital; simplificará los procedimientos; eliminará el impuesto a los dividendos, las exenciones y la renta presuntiva; establecerá una tarifa única de renta de 10 % para todas las empresas agropecuarias que realicen nuevas inversiones productivas; desgravará las inversiones de portafolio realizadas por extranjeros y gravará con IVA la compra de todos los bienes y servicios, con excepción únicamente de los de primera necesidad y de los servicios públicos en los estratos bajos.

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En términos generales, encontramos la propuesta de reforma tributaria de Vargas incompleta y altamente inequitativa. Medidas como simplificar los procedimientos para pagar impuestos, reducir la tasa de renta de las empresas y eliminar las exenciones de renta, contribuyen al propósito de aumentar la competitividad de nuestras empresas. No obstante, la propuesta está incompleta pues el otro gran propósito de una reforma tributaria, que es la equidad, está completamente desatendido. Eliminar el impuesto a los dividendos no tiene ningún sentido, desoye las recomendaciones de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria (CEECT) y reversa uno de los logros del Gobierno actual en materia de equidad tributaria. La discusión debería estar centrada en cómo lograr que las personas jurídicas también paguen un impuesto a los dividendos para disminuir la elusión, y no en cómo eliminar un impuesto progresivo como éste. Lo mismo ocurre con la renta presuntiva: mientras la CEECT recomendó aumentar la tarifa de 3 % a 4 % y el Congreso aprobó fijarla en 3,5 %, Vargas Lleras propone sin ninguna razón reducirla a 0 %. Esta medida es inequitativa, ineficiente y antitécnica, pues el propósito de la renta presuntiva es gravar a los dueños de activos improductivos y reducir la evasión entre quienes tienen más riqueza. Peor aún, resulta contradictorio que anuncie que eliminará exenciones tributarias sin justificación y que su gobierno proveerá principalmente bienes públicos, mientras sus propuestas incluyen varias exenciones

Finalmente, cabe mencionar que la propuesta de Vargas deja de lado temas fundamentales como aumentar la tarifa efectiva de renta que pagan las personas naturales con mayores ingresos en Colombia (quienes increíblemente pagan en promedio una proporción de sus ingresos que es menor que la que pagan los demás colombianos).

Vargas Lleras propone también una reforma del Sistema General de Regalías (SGR). Entre otras cosas, plantea aumentar la participación de las Entidades Territoriales (ET) productoras de 20 % a 30 %, priorizar inversiones en los frentes que él considera prioritarios para la productividad (transporte y logística, educación, agua potable, energía y salud), e incluir criterios de ruralidad y de resultados y desempeño en la fórmula de distribución de recursos. Consideramos desacertada e inequitativa la propuesta de aumentar los recursos de las ET productoras. Desacertada porque la historia del manejo de estos en el antiguo esquema de distribución de regalías (en el que las ET productoras recibían cerca del 80 %) muestra que asignar más plata a las regiones en las que ocurre la explotación no soluciona automáticamente los problemas sociales básicos ni garantiza que los efectos negativos de las exploraciones desaparezcan. Es también inequitativa porque el SGR actual asigna más recursos a las regiones más pobres y más pobladas. Por otro lado, la propuesta de incluir criterios de ruralidad en la distribución de recursos será equitativa si se mantienen la pobreza y la población como determinantes principales. Finamente, consideramos que su propuesta de definir cinco frentes prioritarios para las inversiones ignora la heterogeneidad del país en diferentes dimensiones. Por ejemplo, el Índice Departamental de Innovación calculado por el gobierno actual ha mostrado que los diferentes departamentos tienen necesidades muy distintas en materia de desarrollo productivo. Así, podría ser conveniente usar una parte de los recursos de Bogotá o de Antioquia para financiar la innovación. Una inversión de este tipo estaría por fuera de los frentes prioritarios de Vargas. Mantener el esquema actual en el que las áreas prioritarias son definidas por región en espacios con las autoridades locales evitaría este problema.

Vargas Lleras afirma correctamente en su diagnóstico que no existe suficiente complementariedad entre los recursos del SGR y el Sistema General de Participaciones (SGP). Sin embargo, su propuesta concreta para aumentarla es inconveniente. Plantea focalizar el SGP en usos complementarios al funcionamiento, (gasto corriente que deben hacer siempre las entidades territoriales), con el fin de incentivar a las entidades territoriales para que usen los recursos del SGR para pagar los gastos de funcionamiento. A nuestro juicio, esta propuesta es desacertada porque los ingresos del SGP son permanentes, mientras los del SGR son por definición transitorios. No tiene sentido económico proponer que las entidades financien sus gastos permanentes con los ingresos transitorios y viceversa.

La segunda estrategia es impulsar sectores claves y diversificar el aparato productivo. Allí Vargas propone, entre otras cosas: seguir fortaleciendo sectores como la infraestructura, la construcción y el sector minero-energético, adoptar estrategias para el desarrollo del turismo, el agro y la industria manufacturera, y fomentar la innovación y el emprendimiento.

Vale la pena explicar aquí qué es diversificar el aparato productivo. En pocas palabras es lograr producir más cosas de las que producimos actualmente. Esto es relevante porque de esta forma se reduce la vulnerabilidad a choques externos (como la caída en el precio internacional de un solo producto), y porque así las empresas y consumidores pueden acceder a más bienes. La diversificación requiere, entre otras cosas, mejorar la capacidad de las empresas de absorber conocimiento y tecnología, apoyar el emprendimiento en sus diferentes etapas, aumentar la pertinencia de nuestros trabajadores para que tengan las destrezas y habilidades que los productores requieren y remover barreras internas y externas al comercio internacional. Para conseguir estos propósitos puede ser conveniente priorizar algunos sectores de la economía, usando criterios transparentes y bien definidos.

La propuesta de Vargas en esta materia está incompleta. Su programa presenta propuestas poco novedosas pero acertadas para fomentar la innovación y el emprendimiento, como priorizar la formación técnica, tecnológica y profesional en ingenierías, matemáticas, ciencia y tecnología, impulsar bachilleratos técnicos, dar garantías a emprendedores y Mipymes para inversiones en actualización tecnológica y aumentar los recursos para financiar la innovación. Sin embargo, la escogencia de los que Vargas Lleras llama “sectores claves” es inconveniente desde diversos puntos de vista. Primero, los sectores que prioriza representan cerca del 35 % del total de la producción nacional. Priorizar más de la tercera parte del aparato productivo equivale, en términos prácticos, a no priorizar nada, pues el Estado no tiene capacidad técnica ni recursos para solucionar problemas específicos de tantos sectores. Segundo, los sectores de servicios diferentes del turismo están excluidos de la priorización, pero estos generan cerca de la mitad del empleo total del país. Tercero, Vargas Lleras no explica cómo decidió los sectores prioritarios. En un contexto como el colombiano (en el que algunos sectores capturan rentas y en el que la escogencia “a dedo” ha fracasado), los criterios para elegirlos deben ser transparentes, públicos y técnicos, y la escogencia debe hacerse a nivel departamental, pues las regiones tienen vocaciones productivas muy diferentes entre sí. Priorizar sectores nacionales no tiene mucho sentido en un país como Colombia, y diseñar instrumentos de política bajo una priorización de este tipo sería repetir errores del pasado.

Por considerarla de particular interés, revisamos detalladamente la propuesta para el desarrollo agropecuario. Dicha propuesta tiene siete pilares. El primero es “políticas de Estado para la agricultura y la ruralidad a 2030”, que busca priorizar este sector en la agenda pública con una visión de largo plazo. En esta estrategia, Vargas Lleras propone una ley para promover el agro y los insumos nacionales, otorgando incentivos monetarios (a algunos productos) para la mejora de la productividad y otros fines. Entendemos que los incentivos (algunos de los cuales ya existen) pueden ser una herramienta útil para alcanzar estos propósitos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estos incentivos apoyan a productores o proyectos específicos, lo cual puede ser altamente inequitativo. ¿Debería el Estado financiar a todos los productores, incluyendo a quienes ya tengan ingresos e incentivos necesarios para producir y comercializar? Creemos que no. Además, sin bienes públicos (como vías que beneficien a todos los productores y no solo a algunos) los apoyos directos tendrán un impacto moderado. Finalmente, la historia nos demuestra que los apoyos directos son costosos y vulnerables al clientelismo.

El segundo pilar es “seguridad jurídica de la propiedad privada y legalización de la tierra”. Vargas Lleras propone incluir en la Ley de Tierras fomentos al modelo agroempresarial de gran escala, y articularlo con el mediano y pequeño productor. También plantea modelos de arriendo de tierra para pequeños productores. Si bien esta visión de articulación y complementariedad es adecuada, será fundamental lograr que estos esquemas favorezcan a productores de todos los tipos de forma balanceada. En modelos anteriores similares (como Alianzas Productivas) los beneficios no siempre fueron iguales, y en parte esto explicó que los resultados de este esquema no fueran los esperados.

El tercer pilar es “régimen tributario especial”. Allí, Vargas Lleras propone deducciones tributarias que ya discutimos. En este pilar habla también de “desarrollar una política crediticia de acuerdo con el tamaño del productor, sector y región.” La política ya está segmentada por tamaño de productor. Lo novedoso de esta propuesta es diferenciarla por sector y región. Esto es deseable pero difícil de materializar (esa es la razón por la cual no se ha hecho hasta el momento). Mientras es claro que las tasas de interés para pequeños productores deben ser menores, ¿cómo determinar adecuadamente cuáles productos o regiones deben beneficiarse de menores tasas?

El cuarto pilar es “reforma laboral para el campo”, para tener un régimen flexible y con seguridad social universal y con contrataciones acorde a los ciclos de producción. El quinto es “modernización y rehabilitación del campo”. Aquí, Vargas Lleras argumenta que “a la luz de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, se viene generando una clara estigmatización en contra de los empresarios agroindustriales y ganaderos colombianos que sustentan la agricultura comercial y la seguridad alimentaria nacional”. Esto es una imprecisión, pues el Acuerdo dice que “el desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes: agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala” (pág. 12). El Acuerdo se enfoca en priorizar a la pequeña producción, lo cual tiene sentido económico y social. Esto es muy diferente de estigmatizar a la gran producción. La segunda imprecisión es que quienes sustentan principalmente la seguridad alimentaria son los pequeños productores, no los grandes (más orientados a la agricultura de exportación y a productos para el procesamiento agroindustrial, como el azúcar y el aceite de palma).

Vargas Lleras afirma en este pilar que creará “clústeres productivos donde los trabajadores del campo sean realmente socios de los dueños de la tierra en el proceso productivo”. Esta visión de un campo agroempresarial en el que los grandes productores simplemente se asocian con pequeños y medianos es la imperante en su propuesta en esta materia. Y la encontramos altamente inconveniente, pues aunque no dudamos de los beneficios económicos de las sociedades, no observamos absolutamente ninguna intención de reducir la altísima inequidad en la distribución de la tierra en Colombia (somos uno de los países más desiguales del mundo en esta materia).

El sexto pilar es “priorizar las inversiones del Estado en bienes públicos”, lo cual es acertado. La evidencia muestra que el Estado debe proveer prioritariamente bienes públicos (esto es, bienes que favorezcan a todos los productores en un lugar o de un sector y no solo a algunos), y desafortunadamente esto no ocurre en el campo colombiano (según un estudio del BID del 2013, los apoyos directos en Colombia representan el 90 % de los recursos del sector agropecuario). No obstante, este planteamiento va en contravía de algunas de sus otras propuestas, en las cuales Vargas plantea varios apoyos directos (como incentivos y exenciones). Como resultado de la implementación de este pilar, Vargas Lleras espera reducir a la mitad (22 %) la pobreza rural, cerrando las brechas entre el campo y las ciudades. Para ello propone, entre otras cosas, construir 100.000 viviendas rurales, proveer energía eléctrica a 1,5 millones de ciudadanos, incorporar a 500.000 niños en el sistema educativo y crear sedes regionales de universidades públicas. Estas propuestas son deseables y ambiciosas, pero no vemos de dónde saldrían los recursos para implementarlas.

Finalmente, el séptimo pilar es “la mujer rural será el motor de crecimiento de la familia en el campo”, para lo cual propone capacitar a 200.000 mujeres en prevención de violencia intrafamiliar y empresarización del campo, establecer líneas de crédito específicas y dar capital semilla. Consideramos esta idea progresista y conveniente, pues reconoce que la mujer ha sido dejada de lado históricamente por la política rural.

En materia de descentralización, el candidato presenta una propuesta que consideramos acertada, concreta y conveniente. Vargas Lleras plantea medidas para aumentar las capacidades fiscales de las entidades territoriales, como crear un estatuto tributario territorial que aumente la base sobre la que los municipios y departamentos recaudan impuestos teniendo en cuenta las características específicas de cada territorio, ejecutar un programa nacional de fortalecimiento y apoyo territorial a la actualización catastral, aumentar a 70 billones los recursos del SGP y permitirles a las entidades territoriales usar una mayor proporción de los recursos del SGP para lo que estimen más conveniente (hoy en día la gran mayoría de los recursos tienen una destinación específica). Consideramos inconveniente que el costo de la actualización catastral recaiga en las entidades territoriales (plantea que con ayuda del Gobierno nacional éstas deben conseguir financiación de la banca multilateral). El catastro multipropósito es una demanda urgente del país para definir los derechos de propiedad, aumentar el recaudo local e identificar correctamente las vocaciones productivas de los territorios. En este sentido, su financiación debe ser una prioridad nacional (los municipios difícilmente tendrán la capacidad de financiar el catastro con recursos propios y pocos tendrán capacidad de endeudarse). En concepto de Vargas, entidades territoriales con más ingresos podrán encargarse de más funciones. Estas serían asumidas por dichas entidades gradualmente y de forma voluntaria.

Vargas Lleras propone “ampliar la cobertura del sistema de compras públicas y sus lineamientos a todas las entidades del orden nacional y subnacional”. Consideramos que este tema es fundamental y debería desarrollarse con mayor profundidad (en esta propuesta y en las de los otros candidatos). La mayoría del presupuesto del Estado se ejecuta en el territorio a través de compras y contratos. El país necesita propuestas concretas para mejorar la contratación y la ejecución a nivel local, como que los lineamientos de Colombia Compra Eficiente lleguen a todo el territorio. Esto les permitiría a los responsables directos de la ejecución elaborar contratos bien estructurados, con buenos estudios de mercado y criterios de competencia.

Factibilidad fiscal

Vale la pena explicar aquí brevemente la situación fiscal actual de Colombia. Existe una regla fiscal que limita el déficit en que el Gobierno nacional puede incurrir cada año. Cumplir dicha regla es importante porque les permite a quienes nos prestan recursos tener la certeza de que nuestra deuda no crecerá excesivamente, y, por lo tanto, tendremos con qué pagarles. Esto nos permite acceder a recursos de endeudamiento más baratos. La situación fiscal actual es crítica porque los ingresos crecerán lentamente en los próximos años, (porque la economía también crecerá lentamente) a la vez que se requieren nuevas inversiones en numerosos frentes (como la implementación del Acuerdo de Paz). Además, reemplazar gasto “viejo” por gasto “nuevo” es difícil, pues más del 80 % de los gastos actuales del Gobierno son inflexibles (no se pueden reducir ni eliminar). Que los demás gastos sean flexibles (esto es, que puedan ser eliminados) no quiere decir que sean menos importantes o prescindibles. Simplemente algunos gastos son una obligación legal y otros no. En este contexto, las propuestas de reducir impuestos o de financiar nuevos programas deben ser miradas con lupa, pues a menos que estén acompañadas de medidas concretas y factibles para aumentar los ingresos por otras vías o para eliminar o reducir gastos actuales, serán irrealizables o implicarán una violación de la regla fiscal.

Según Vargas Lleras, la reforma tributaria que él propone tendría un efecto ampliamente positivo sobre las finanzas de la nación, pues si bien las reducciones de impuestos anunciadas disminuirían tales ingresos en cerca de 15 billones por año durante su cuatrienio, las acciones contra la evasión y el contrabando los aumentarían en el doble (cerca de 30 billones al año). Al respecto debemos decir varias cosas. Una buena noticia para el país es que la reforma tributaria de 2016 ya dotó a la DIAN de nuevos instrumentos y, estableció que dicha entidad debe ser modernizada. En consecuencia,, la DIAN mejorará su capacidad de recaudo en los próximos años, lo cual necesariamente pasará por disminuir la evasión y el contrabando. La mala noticia para Vargas es que los ingresos adicionales que recibirá el Gobierno para este fin apenas nos permitirán gastar lo mismo que hoy en día, pues algunos ingresos desaparecerán por ley (como la sobretasa sobre el impuesto de renta) y la regla fiscal se hará más exigente en el futuro próximo. Por lo tanto, una buena parte de los ingresos adicionales de los que depende enteramente la sostenibilidad fiscal de su propuesta no serán del todo nuevos ni estarán disponibles para compensar sus reducciones de impuestos. Adicionalmente, no observamos propuestas concretas y creíbles para reducir gastos o para aumentar la eficiencia del gasto, y, en cambio, sí encontramos muchas propuestas que implicarían gastos nuevos y elevados. En vista de todo lo anterior, concluimos que la viabilidad fiscal de la propuesta del exvicepresidente de Vargas no está garantizada.

*Allison Benson es estudiante de Ph.D. en desarrollo internacional del London School of Economics y Andrés Trejos es estudiante de Ph.D. en economía del University College London.

Esta semana discutimos la propuesta económica de Germán Vargas Lleras. Como hicimos con los otros candidatos, nos basamos en las siguientes propuestas, que están publicadas en su página web oficial: “Nuestra política económica y tributaria”, “Nuestra política de descentralización, ordenamiento y desarrollo territorial”, “Nuestra política pública agropecuaria” y “Nuestra política de ciencia y tecnología”. Acotamos nuestro estudio a estos documentos a pesar de que Vargas presenta propuestas en varios frentes más, incluyendo educación, salud, infraestructura y empleo. Esto porque el espacio de que disponemos no nos permite presentar una revisión de todas las propuestas. Como hicimos en nuestros artículos sobre las propuestas de los otros candidatos, la discusión tiene en cuenta tres aspectos: su alcance (la diversidad de temas que pretende abarcar y la correspondencia entre dichos temas y la problemática económica nacional), su calidad (si ofrece soluciones concretas y precisas) y su factibilidad fiscal (si habrá plata con qué pagarla).

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En términos generales, consideramos que sus planteamientos económica de Germán Vargas tienen un alcance amplio. El candidato promete aumentar el crecimiento económico y la inversión, fomentar la creación de empleo formal, propiciar aumentos de la productividad y diversificar la economía. También incluye propuestas concretas para aumentar las capacidades fiscales, administrativas, de planeación y de ejecución de las entidades territoriales, al igual que una propuesta completa y concreta para el desarrollo del campo. Sin embargo, creemos que su propuesta no incluye instrumentos suficientes para alcanzar todos los propósitos que plantea, y que en muchos casos no existe coincidencia entre las intenciones que anuncia y las políticas que propone. Vargas anuncia, por ejemplo, que en su gobierno el bienestar general primará sobre los intereses particulares, pero propone una política tributaria abiertamente regresiva (es decir, que beneficia más a las personas con mayores ingresos y riqueza). También anuncia que trabajará por la diversificación del aparato productivo, pero su propuesta en este sentido es insuficiente. Por otro lado, encontramos inconveniente que Vargas no proponga ninguna medida para reducir la desigualdad en la tenencia de la tierra, y que su visión del campo sea la de un sector mayoritariamente agroempresarial de productores grandes que se asocian con pequeños y medianos, en el que estos últimos necesariamente tendrían más el rol de trabajadores que el de propietarios eficientes. Dicha visión haría difíciles el crecimiento sostenido y la construcción de paz.

En términos de factibilidad fiscal, resaltamos positivamente que, a diferencia de otros candidatos, Vargas presente claramente el impacto fiscal de su propuesta de reforma tributaria. Sin embargo, consideramos que es muy probable que el impacto de dicha reforma sobre las finanzas públicas sea menos favorable que el que Vargas anuncia. Vargas propone reducir varios impuestos a las empresas y unidades productoras agropecuarias y a los propietarios de estas, y compensar casi todas las pérdidas resultantes de ingresos con un control exhaustivo de la evasión y el contrabando y modernizando la DIAN. En otras palabras, propone compensar pérdidas seguras con recaudos adicionales que ya están comprometidos en alguna medida y que no están garantizados. Adicionalmente, Vargas no presenta propuestas creíbles y concretas para aumentar la eficiencia del gasto, y observamos que varias de sus políticas tendrían un alto costo fiscal. En este sentido, la propuesta de Vargas luce fiscalmente difícil de cumplir, y, por lo tanto, podría poner en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal y encarecer la deuda de la Nación.

La visión general

Vargas Lleras afirma que el país debe retomar la senda del crecimiento a tasas altas, de la que nos alejamos como consecuencia de la pérdida de confianza, la caída en la inversión y las recientes reformas tributarias. Debemos empezar por aclarar que este diagnóstico ignora de tajo la causa principal de la caída en las tasas de crecimiento de Colombia: el país sufrió el peor choque externo de los últimos 80 años por cuenta del descenso abrupto del precio del petróleo. En vista de lo anterior, para cumplir su promesa de crecer a tasas del 5 % debería presentar estrategias creíbles y acertadas para que la economía sea más resistente a esos choques externos. Dichas estrategias deberían apuntar principalmente a diversificar la economía, lo cual requeriría medidas que impulsen la absorción de tecnología, el emprendimiento, la innovación y la diversificación de mercados y de productos exportados. Elegir sectores prioritarios para este propósito puede ser conveniente si se hace siguiendo criterios transparentes y públicos, y si se provee a los sectores “ganadores” únicamente bienes públicos (es decir, bienes que favorezcan a todos los productores de esos sectores y no solo a algunos). Vargas Lleras elige sectores pero desafortunadamente no explica con qué criterios. Además, hace una elección demasiado amplia, pues denomina “sectores clave” a la mitad de los sectores de la economía, con excepción de algunos sectores de servicios (que emplean a casi la mitad de los colombianos). Esto es un contrasentido, pues priorizar todo equivale en términos prácticos a no priorizar nada.

Para él, el crecimiento económico depende principalmente de la inversión, la productividad, la formalidad, el emprendimiento y la confianza. Su propuesta es consistente con esta visión, pues plantea medidas específicas para aumentar la productividad. Dichas medidas apuntan principalmente a fomentar el emprendimiento y la innovación, mejorar y mantener la infraestructura logística y de transporte, y aumentar la pertinencia de las habilidades y destrezas de nuestros trabajadores. No encontramos en sus documentos ninguna propuesta para remover las barreras internas y externas que aumentan los costos de exportar, y que, por lo tanto, reducen la productividad de nuestras empresas.

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Para Vargas, el crecimiento económico se debe traducir en mayor empleo, ingresos fiscales e ingresos de los hogares. Al respecto debemos explicar una vez más (como en anteriores documentos) que en Colombia no todas las formas de crecimiento económico tienen la capacidad de llevar dichos beneficios a todas las regiones. El país demanda un modelo de crecimiento que aproveche al máximo el potencial productivo específico de cada región. Esto les permitiría a los departamentos de la periferia disminuir su rezago económico y social respecto al resto del país y reduciría las necesidades de inversión social. Desafortunadamente, la propuesta de Vargas es ambigua en este sentido. Si bien incluye un diagnóstico acertado acerca de los desbalances regionales en materia de desarrollo, y propone acciones concretas para fortalecer a las entidades territoriales, incluye pocas propuestas encaminadas a regionalizar los instrumentos de política pública para el desarrollo productivo.

En materia económica Vargas presenta dos objetivos, cuatro estrategias y tres pilares. Los objetivos son (i) aumentar el crecimiento e implementar reformas estructurales, y (ii) a partir del crecimiento, aumentar el empleo, las exportaciones, los ingresos fiscales y la inversión pública, mejorando así la calidad de vida de los colombianos. Las cuatro estrategias son (a) impulsar la inversión privada, el emprendimiento y la formalidad; (b) impulsar sectores clave y diversificar el aparato productivo; (c) asegurar los resultados de la inversión social y (d) mejorar la eficiencia del Estado y reformar la justicia. A continuación presentamos nuestra revisión de las dos primeras propuestas, por ser estas las más relacionadas con el desarrollo económico y aquellas en las que Vargas hace un mayor énfasis. Revisamos también su propuesta para profundizar la descentralización.

Las propuestas específicas

La primera estrategia de la propuesta económica es impulsar la inversión privada. Allí Vargas Lleras propone una reforma tributaria. Entre otras cosas, esta fortalecerá la DIAN; reducirá la tasa de renta que pagan las empresas a 30 %; eliminará los impuestos a la adquisición de capital; simplificará los procedimientos; eliminará el impuesto a los dividendos, las exenciones y la renta presuntiva; establecerá una tarifa única de renta de 10 % para todas las empresas agropecuarias que realicen nuevas inversiones productivas; desgravará las inversiones de portafolio realizadas por extranjeros y gravará con IVA la compra de todos los bienes y servicios, con excepción únicamente de los de primera necesidad y de los servicios públicos en los estratos bajos.

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En términos generales, encontramos la propuesta de reforma tributaria de Vargas incompleta y altamente inequitativa. Medidas como simplificar los procedimientos para pagar impuestos, reducir la tasa de renta de las empresas y eliminar las exenciones de renta, contribuyen al propósito de aumentar la competitividad de nuestras empresas. No obstante, la propuesta está incompleta pues el otro gran propósito de una reforma tributaria, que es la equidad, está completamente desatendido. Eliminar el impuesto a los dividendos no tiene ningún sentido, desoye las recomendaciones de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria (CEECT) y reversa uno de los logros del Gobierno actual en materia de equidad tributaria. La discusión debería estar centrada en cómo lograr que las personas jurídicas también paguen un impuesto a los dividendos para disminuir la elusión, y no en cómo eliminar un impuesto progresivo como éste. Lo mismo ocurre con la renta presuntiva: mientras la CEECT recomendó aumentar la tarifa de 3 % a 4 % y el Congreso aprobó fijarla en 3,5 %, Vargas Lleras propone sin ninguna razón reducirla a 0 %. Esta medida es inequitativa, ineficiente y antitécnica, pues el propósito de la renta presuntiva es gravar a los dueños de activos improductivos y reducir la evasión entre quienes tienen más riqueza. Peor aún, resulta contradictorio que anuncie que eliminará exenciones tributarias sin justificación y que su gobierno proveerá principalmente bienes públicos, mientras sus propuestas incluyen varias exenciones

Finalmente, cabe mencionar que la propuesta de Vargas deja de lado temas fundamentales como aumentar la tarifa efectiva de renta que pagan las personas naturales con mayores ingresos en Colombia (quienes increíblemente pagan en promedio una proporción de sus ingresos que es menor que la que pagan los demás colombianos).

Vargas Lleras propone también una reforma del Sistema General de Regalías (SGR). Entre otras cosas, plantea aumentar la participación de las Entidades Territoriales (ET) productoras de 20 % a 30 %, priorizar inversiones en los frentes que él considera prioritarios para la productividad (transporte y logística, educación, agua potable, energía y salud), e incluir criterios de ruralidad y de resultados y desempeño en la fórmula de distribución de recursos. Consideramos desacertada e inequitativa la propuesta de aumentar los recursos de las ET productoras. Desacertada porque la historia del manejo de estos en el antiguo esquema de distribución de regalías (en el que las ET productoras recibían cerca del 80 %) muestra que asignar más plata a las regiones en las que ocurre la explotación no soluciona automáticamente los problemas sociales básicos ni garantiza que los efectos negativos de las exploraciones desaparezcan. Es también inequitativa porque el SGR actual asigna más recursos a las regiones más pobres y más pobladas. Por otro lado, la propuesta de incluir criterios de ruralidad en la distribución de recursos será equitativa si se mantienen la pobreza y la población como determinantes principales. Finamente, consideramos que su propuesta de definir cinco frentes prioritarios para las inversiones ignora la heterogeneidad del país en diferentes dimensiones. Por ejemplo, el Índice Departamental de Innovación calculado por el gobierno actual ha mostrado que los diferentes departamentos tienen necesidades muy distintas en materia de desarrollo productivo. Así, podría ser conveniente usar una parte de los recursos de Bogotá o de Antioquia para financiar la innovación. Una inversión de este tipo estaría por fuera de los frentes prioritarios de Vargas. Mantener el esquema actual en el que las áreas prioritarias son definidas por región en espacios con las autoridades locales evitaría este problema.

Vargas Lleras afirma correctamente en su diagnóstico que no existe suficiente complementariedad entre los recursos del SGR y el Sistema General de Participaciones (SGP). Sin embargo, su propuesta concreta para aumentarla es inconveniente. Plantea focalizar el SGP en usos complementarios al funcionamiento, (gasto corriente que deben hacer siempre las entidades territoriales), con el fin de incentivar a las entidades territoriales para que usen los recursos del SGR para pagar los gastos de funcionamiento. A nuestro juicio, esta propuesta es desacertada porque los ingresos del SGP son permanentes, mientras los del SGR son por definición transitorios. No tiene sentido económico proponer que las entidades financien sus gastos permanentes con los ingresos transitorios y viceversa.

La segunda estrategia es impulsar sectores claves y diversificar el aparato productivo. Allí Vargas propone, entre otras cosas: seguir fortaleciendo sectores como la infraestructura, la construcción y el sector minero-energético, adoptar estrategias para el desarrollo del turismo, el agro y la industria manufacturera, y fomentar la innovación y el emprendimiento.

Vale la pena explicar aquí qué es diversificar el aparato productivo. En pocas palabras es lograr producir más cosas de las que producimos actualmente. Esto es relevante porque de esta forma se reduce la vulnerabilidad a choques externos (como la caída en el precio internacional de un solo producto), y porque así las empresas y consumidores pueden acceder a más bienes. La diversificación requiere, entre otras cosas, mejorar la capacidad de las empresas de absorber conocimiento y tecnología, apoyar el emprendimiento en sus diferentes etapas, aumentar la pertinencia de nuestros trabajadores para que tengan las destrezas y habilidades que los productores requieren y remover barreras internas y externas al comercio internacional. Para conseguir estos propósitos puede ser conveniente priorizar algunos sectores de la economía, usando criterios transparentes y bien definidos.

La propuesta de Vargas en esta materia está incompleta. Su programa presenta propuestas poco novedosas pero acertadas para fomentar la innovación y el emprendimiento, como priorizar la formación técnica, tecnológica y profesional en ingenierías, matemáticas, ciencia y tecnología, impulsar bachilleratos técnicos, dar garantías a emprendedores y Mipymes para inversiones en actualización tecnológica y aumentar los recursos para financiar la innovación. Sin embargo, la escogencia de los que Vargas Lleras llama “sectores claves” es inconveniente desde diversos puntos de vista. Primero, los sectores que prioriza representan cerca del 35 % del total de la producción nacional. Priorizar más de la tercera parte del aparato productivo equivale, en términos prácticos, a no priorizar nada, pues el Estado no tiene capacidad técnica ni recursos para solucionar problemas específicos de tantos sectores. Segundo, los sectores de servicios diferentes del turismo están excluidos de la priorización, pero estos generan cerca de la mitad del empleo total del país. Tercero, Vargas Lleras no explica cómo decidió los sectores prioritarios. En un contexto como el colombiano (en el que algunos sectores capturan rentas y en el que la escogencia “a dedo” ha fracasado), los criterios para elegirlos deben ser transparentes, públicos y técnicos, y la escogencia debe hacerse a nivel departamental, pues las regiones tienen vocaciones productivas muy diferentes entre sí. Priorizar sectores nacionales no tiene mucho sentido en un país como Colombia, y diseñar instrumentos de política bajo una priorización de este tipo sería repetir errores del pasado.

Por considerarla de particular interés, revisamos detalladamente la propuesta para el desarrollo agropecuario. Dicha propuesta tiene siete pilares. El primero es “políticas de Estado para la agricultura y la ruralidad a 2030”, que busca priorizar este sector en la agenda pública con una visión de largo plazo. En esta estrategia, Vargas Lleras propone una ley para promover el agro y los insumos nacionales, otorgando incentivos monetarios (a algunos productos) para la mejora de la productividad y otros fines. Entendemos que los incentivos (algunos de los cuales ya existen) pueden ser una herramienta útil para alcanzar estos propósitos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estos incentivos apoyan a productores o proyectos específicos, lo cual puede ser altamente inequitativo. ¿Debería el Estado financiar a todos los productores, incluyendo a quienes ya tengan ingresos e incentivos necesarios para producir y comercializar? Creemos que no. Además, sin bienes públicos (como vías que beneficien a todos los productores y no solo a algunos) los apoyos directos tendrán un impacto moderado. Finalmente, la historia nos demuestra que los apoyos directos son costosos y vulnerables al clientelismo.

El segundo pilar es “seguridad jurídica de la propiedad privada y legalización de la tierra”. Vargas Lleras propone incluir en la Ley de Tierras fomentos al modelo agroempresarial de gran escala, y articularlo con el mediano y pequeño productor. También plantea modelos de arriendo de tierra para pequeños productores. Si bien esta visión de articulación y complementariedad es adecuada, será fundamental lograr que estos esquemas favorezcan a productores de todos los tipos de forma balanceada. En modelos anteriores similares (como Alianzas Productivas) los beneficios no siempre fueron iguales, y en parte esto explicó que los resultados de este esquema no fueran los esperados.

El tercer pilar es “régimen tributario especial”. Allí, Vargas Lleras propone deducciones tributarias que ya discutimos. En este pilar habla también de “desarrollar una política crediticia de acuerdo con el tamaño del productor, sector y región.” La política ya está segmentada por tamaño de productor. Lo novedoso de esta propuesta es diferenciarla por sector y región. Esto es deseable pero difícil de materializar (esa es la razón por la cual no se ha hecho hasta el momento). Mientras es claro que las tasas de interés para pequeños productores deben ser menores, ¿cómo determinar adecuadamente cuáles productos o regiones deben beneficiarse de menores tasas?

El cuarto pilar es “reforma laboral para el campo”, para tener un régimen flexible y con seguridad social universal y con contrataciones acorde a los ciclos de producción. El quinto es “modernización y rehabilitación del campo”. Aquí, Vargas Lleras argumenta que “a la luz de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, se viene generando una clara estigmatización en contra de los empresarios agroindustriales y ganaderos colombianos que sustentan la agricultura comercial y la seguridad alimentaria nacional”. Esto es una imprecisión, pues el Acuerdo dice que “el desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes: agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala” (pág. 12). El Acuerdo se enfoca en priorizar a la pequeña producción, lo cual tiene sentido económico y social. Esto es muy diferente de estigmatizar a la gran producción. La segunda imprecisión es que quienes sustentan principalmente la seguridad alimentaria son los pequeños productores, no los grandes (más orientados a la agricultura de exportación y a productos para el procesamiento agroindustrial, como el azúcar y el aceite de palma).

Vargas Lleras afirma en este pilar que creará “clústeres productivos donde los trabajadores del campo sean realmente socios de los dueños de la tierra en el proceso productivo”. Esta visión de un campo agroempresarial en el que los grandes productores simplemente se asocian con pequeños y medianos es la imperante en su propuesta en esta materia. Y la encontramos altamente inconveniente, pues aunque no dudamos de los beneficios económicos de las sociedades, no observamos absolutamente ninguna intención de reducir la altísima inequidad en la distribución de la tierra en Colombia (somos uno de los países más desiguales del mundo en esta materia).

El sexto pilar es “priorizar las inversiones del Estado en bienes públicos”, lo cual es acertado. La evidencia muestra que el Estado debe proveer prioritariamente bienes públicos (esto es, bienes que favorezcan a todos los productores en un lugar o de un sector y no solo a algunos), y desafortunadamente esto no ocurre en el campo colombiano (según un estudio del BID del 2013, los apoyos directos en Colombia representan el 90 % de los recursos del sector agropecuario). No obstante, este planteamiento va en contravía de algunas de sus otras propuestas, en las cuales Vargas plantea varios apoyos directos (como incentivos y exenciones). Como resultado de la implementación de este pilar, Vargas Lleras espera reducir a la mitad (22 %) la pobreza rural, cerrando las brechas entre el campo y las ciudades. Para ello propone, entre otras cosas, construir 100.000 viviendas rurales, proveer energía eléctrica a 1,5 millones de ciudadanos, incorporar a 500.000 niños en el sistema educativo y crear sedes regionales de universidades públicas. Estas propuestas son deseables y ambiciosas, pero no vemos de dónde saldrían los recursos para implementarlas.

Finalmente, el séptimo pilar es “la mujer rural será el motor de crecimiento de la familia en el campo”, para lo cual propone capacitar a 200.000 mujeres en prevención de violencia intrafamiliar y empresarización del campo, establecer líneas de crédito específicas y dar capital semilla. Consideramos esta idea progresista y conveniente, pues reconoce que la mujer ha sido dejada de lado históricamente por la política rural.

En materia de descentralización, el candidato presenta una propuesta que consideramos acertada, concreta y conveniente. Vargas Lleras plantea medidas para aumentar las capacidades fiscales de las entidades territoriales, como crear un estatuto tributario territorial que aumente la base sobre la que los municipios y departamentos recaudan impuestos teniendo en cuenta las características específicas de cada territorio, ejecutar un programa nacional de fortalecimiento y apoyo territorial a la actualización catastral, aumentar a 70 billones los recursos del SGP y permitirles a las entidades territoriales usar una mayor proporción de los recursos del SGP para lo que estimen más conveniente (hoy en día la gran mayoría de los recursos tienen una destinación específica). Consideramos inconveniente que el costo de la actualización catastral recaiga en las entidades territoriales (plantea que con ayuda del Gobierno nacional éstas deben conseguir financiación de la banca multilateral). El catastro multipropósito es una demanda urgente del país para definir los derechos de propiedad, aumentar el recaudo local e identificar correctamente las vocaciones productivas de los territorios. En este sentido, su financiación debe ser una prioridad nacional (los municipios difícilmente tendrán la capacidad de financiar el catastro con recursos propios y pocos tendrán capacidad de endeudarse). En concepto de Vargas, entidades territoriales con más ingresos podrán encargarse de más funciones. Estas serían asumidas por dichas entidades gradualmente y de forma voluntaria.

Vargas Lleras propone “ampliar la cobertura del sistema de compras públicas y sus lineamientos a todas las entidades del orden nacional y subnacional”. Consideramos que este tema es fundamental y debería desarrollarse con mayor profundidad (en esta propuesta y en las de los otros candidatos). La mayoría del presupuesto del Estado se ejecuta en el territorio a través de compras y contratos. El país necesita propuestas concretas para mejorar la contratación y la ejecución a nivel local, como que los lineamientos de Colombia Compra Eficiente lleguen a todo el territorio. Esto les permitiría a los responsables directos de la ejecución elaborar contratos bien estructurados, con buenos estudios de mercado y criterios de competencia.

Factibilidad fiscal

Vale la pena explicar aquí brevemente la situación fiscal actual de Colombia. Existe una regla fiscal que limita el déficit en que el Gobierno nacional puede incurrir cada año. Cumplir dicha regla es importante porque les permite a quienes nos prestan recursos tener la certeza de que nuestra deuda no crecerá excesivamente, y, por lo tanto, tendremos con qué pagarles. Esto nos permite acceder a recursos de endeudamiento más baratos. La situación fiscal actual es crítica porque los ingresos crecerán lentamente en los próximos años, (porque la economía también crecerá lentamente) a la vez que se requieren nuevas inversiones en numerosos frentes (como la implementación del Acuerdo de Paz). Además, reemplazar gasto “viejo” por gasto “nuevo” es difícil, pues más del 80 % de los gastos actuales del Gobierno son inflexibles (no se pueden reducir ni eliminar). Que los demás gastos sean flexibles (esto es, que puedan ser eliminados) no quiere decir que sean menos importantes o prescindibles. Simplemente algunos gastos son una obligación legal y otros no. En este contexto, las propuestas de reducir impuestos o de financiar nuevos programas deben ser miradas con lupa, pues a menos que estén acompañadas de medidas concretas y factibles para aumentar los ingresos por otras vías o para eliminar o reducir gastos actuales, serán irrealizables o implicarán una violación de la regla fiscal.

Según Vargas Lleras, la reforma tributaria que él propone tendría un efecto ampliamente positivo sobre las finanzas de la nación, pues si bien las reducciones de impuestos anunciadas disminuirían tales ingresos en cerca de 15 billones por año durante su cuatrienio, las acciones contra la evasión y el contrabando los aumentarían en el doble (cerca de 30 billones al año). Al respecto debemos decir varias cosas. Una buena noticia para el país es que la reforma tributaria de 2016 ya dotó a la DIAN de nuevos instrumentos y, estableció que dicha entidad debe ser modernizada. En consecuencia,, la DIAN mejorará su capacidad de recaudo en los próximos años, lo cual necesariamente pasará por disminuir la evasión y el contrabando. La mala noticia para Vargas es que los ingresos adicionales que recibirá el Gobierno para este fin apenas nos permitirán gastar lo mismo que hoy en día, pues algunos ingresos desaparecerán por ley (como la sobretasa sobre el impuesto de renta) y la regla fiscal se hará más exigente en el futuro próximo. Por lo tanto, una buena parte de los ingresos adicionales de los que depende enteramente la sostenibilidad fiscal de su propuesta no serán del todo nuevos ni estarán disponibles para compensar sus reducciones de impuestos. Adicionalmente, no observamos propuestas concretas y creíbles para reducir gastos o para aumentar la eficiencia del gasto, y, en cambio, sí encontramos muchas propuestas que implicarían gastos nuevos y elevados. En vista de todo lo anterior, concluimos que la viabilidad fiscal de la propuesta del exvicepresidente de Vargas no está garantizada.

*Allison Benson es estudiante de Ph.D. en desarrollo internacional del London School of Economics y Andrés Trejos es estudiante de Ph.D. en economía del University College London.