Esta es la red que se tejió entre los esmeralderos y el poder político

Una bala disparada por un francotirador desde los cerros orientales de Bogotá asesinó al esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, conocido como Pedro Pechugas, cuando estaba parado en la puerta de su casa el pasado 7 de agosto. Poco después de su homicidio, que aún es motivo de investigación, se conoció que Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones de la administración de Gustavo Petro, era cercana al empresario, de quien recibió respaldo en varios frentes cuando se lanzó a la política electoral: la apoyó para llegar a la Cámara en 2014 y luego para dar el salto al Senado en 2018.

Una bala disparada por un francotirador desde los cerros orientales de Bogotá asesinó al esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, conocido como Pedro Pechugas, cuando estaba parado en la puerta de su casa el pasado 7 de agosto. Poco después de su homicidio, que aún es motivo de investigación, se conoció que Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones de la administración de Gustavo Petro, era cercana al empresario, de quien recibió respaldo en varios frentes cuando se lanzó a la política electoral: la apoyó para llegar a la Cámara en 2014 y luego para dar el salto al Senado en 2018.

Ese vínculo no se reduce solo al origen boyacense de ambos. Es, también, una muestra de un panorama mucho más grande del que todos saben, pero pocos quieren hablar: la marcada relación entre los esmeralderos y el poder político del departamento andino. Se trata de un fenómeno que se entreteje desde la década de los 60, varios años antes de la llegada de Víctor Carranza, un nombre que emerge inevitablemente cuando se habla de las esmeraldas.

Ha habido momentos en la historia reciente del departamento en el que separar a políticos de esmeralderos parece imposible. Es una relación tan innegable y tan cercana al poder, que el senador Iván Cepeda -duro crítico de esas relaciones- publicó, junto con el jesuita y defensor de Derechos Humanos Javier Giraldo, el libro ‘Víctor Carranza, alias El Patrón’, una biografía del esmeraldero más famoso y polémico. Al mirar congresistas, gobernadores y candidatos a ese cargo, diputados, concejales y alcaldes, no es difícil encontrar los rastros de una relación de décadas, aunque los hilos se entreveran y sea difícil comprender la complejidad del panorama.

Aunque en la política nacional son pocos los que referencian nombres como William Nandar o Diosdé González, ambos hacen parte de la clase empresarial boyacense que ha participado en la política y que tiene nexos con las esmeraldas.

Por ejemplo, Nandar fue, en los años 90, alcalde de Muzo, a la vez que ha tenido títulos esmeralderos. González, por su parte, llegó a ser diputado de Boyacá y, en la actualidad, de acuerdo con el catastro minero de la Agencia Nacional de Minería de 2024, tiene dos títulos mineros en el municipio de Maripí.

Como esos hay varios ejemplos. Sin embargo, cuando se consultan fuentes en territorio, pocos se atreven a referenciar nombres y relaciones actuales entre políticos boyacenses y esmeralderos.

Lo que sí es común escuchar es que Boyacá es un departamento que se ha construido, en parte, con la plata de los esmeralderos y se podría decir que de ahí se desprende su inevitable y fuerte influencia en la política. Hay municipios, dicen algunas fuentes de la región, que fueron construidos por los esmeralderos e, incluso, hay quienes señalan que es difícil que un político, aún hoy, llegue al poder sin el respaldo de estos empresarios.

“En esos municipios hay líderes políticos y líderes mineros y ellos han tenido una relación de toda la vida”, dice un político boyacense que conoce de primera mano las dinámicas de su región. Y agrega: “Lo que llamamos los jefes de la esmeralda, muchos también han tenido que ver con la política. Es inevitable que haya esas relaciones, sin que eso signifique algún tipo de influencia o algo así”.

No obstante, ese poder político, dicen otros conocedores de la dinámica en el departamento y que prefieren hablar en reserva, se ha diluido. Un ejemplo de ello es que, para 2019, la Asamblea de Boyacá tuvo tres diputados originarios del occidente: Antonio Quiñones, Darío Mahecha y Jonathan Sánchez. Sin embargo, para la actual asamblea, elegida en 2023, solo repitió Quiñones. Los otros dos, Mahecha y Sánchez, que renunciaron a la Asamblea para dar el salto a la política nacional, se quemaron al lanzarse a la Cámara de Representantes.

Pero igual, y pese a las versiones, esmeralderos siguen influenciando el destino político boyacense.

Una persona de la campaña a la gobernación de Carlos Amaya en 2023, que pidió no ser citada, señaló que a su contrincante, el exrepresentante liberal y hoy diputado por el estatuto de oposición, Rodrigo Rojas, lo respaldaron esmeralderos.

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Hay casos que, a su vez, resultan más evidentes. El 31 de octubre de 2023, Ximena Castañeda de Molina obtuvo el 38,85 % de los votos, convirtiéndose en la alcaldesa de Muzo, que está en la zona de influencia de la mina más grande del departamento. Castañeda es esposa y madre de dos grandes esmeralderos: Carlos Julio Molina y Edwin Bayardo Molina, respectivamente. Ambos son representantes legales de Coexmina. Y, por cuenta propia, Edwin Bayardo es el representante legal de Tecminas. Dichas compañías hacen parte del mapa de las empresas mineras.

Los dos Molina respaldaron la candidatura de Ximena Castañeda. Según Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, la alcaldesa de Muzo recibió casi $50 millones de su familia para financiar su campaña. Y pese a que los Molina habrían apoyado a Rojas, Castañeda y Amaya trabajaron de la mano en las elecciones pasadas. Una relación que, según dijo el gobernador a El Espectador, no es por plata sino por fe: ambos se conocieron por ser cristianos.

Lo cierto es que es posible seguir el rastro de cómo son las dinámicas electorales en la región. De los 15 municipios del Occidente de Boyacá, solo en uno, Briceño, ganó Rojas. Todos los demás votaron en su mayoría por Amaya, esto incluye a Castañeda quien, pese a sus lazos familiares, hizo campaña en Muzo con Amaya. El actual gobernador, en todo caso, niega cualquier relación con los esmeralderos y dice que ese respaldo lo recibió, sobre todo, por “mi trabajo como gobernador” (entre 2015 y 2019).

A ese trabajo le aduce también el respaldo que le brindó el representante Eduard Triana en la campaña. Triana hace parte de las familias esmeralderas, aunque niega cualquier vínculo con dichos negocios.

Su padre, Horacio Triana, fue uno de los grandes nombres del sector esmeraldero a comienzos de los 2000 teniendo una importante participación en Esmeraldas Santa Rosa -compañía que aún existe-, pero también ha sido acusado de haber llevado grupos paramilitares a la zona en esa época. En todo caso, fue extraditado en 2019 a Estados Unidos por narcotráfico. El otro hijo de Triana, Yerson Istiben, fue relacionado con varios homicidios en Bogotá y como cabeza del “Clan Triana”. Por el nexo fue detenido, pero quedó en libertad por vencimiento de términos.

Eduard Triana, quien ha hecho carrera política y ahora es representante a la Cámara, respaldó en 2023 la candidatura de Carlos Amaya a la Gobernación, pese a ser ambos de partidos disímiles como el Centro Democrático y Alianza Verde. Según Amaya, esto se dio por la relación que tuvieron cuando estuvo en su primera gobernación, en la que coincidió con Triana como alcalde de Maripí. Otro cruce de camino entre Maripí y Amaya es el de Imer Murcia, quien sucedió a Triana en la Alcaldía entre 2020 y 2023 y ahora funge como secretaria de Minas del gobernador.

Hay también versiones que dicen que el único de la familia Triana en apoyar a Amaya fue el hoy representante, mientras que otros esmeralderos cercanos al grupo se fueron con Rojas.

Hablando de este último, él respaldó la candidatura en Chivor -que queda en el oriente de Boyacá, pero también es municipio esmeraldero- a la alcaldesa electa en 2023, Viviana Paola Martín, quien fue avalada por el Partido Conservador. Este, a su vez, avaló la candidatura de Ingrid Sogamoso, electa también en 2022 como representante a la Cámara por la misma colectividad.

Cuando estaba en campaña, se supo que varios familiares de Sogamoso, quien proviene de una familia esmeraldera, tenían líos con la justicia, como su tío Germán Sogamoso, detenido por el delito de homicidio en persona protegida y porte ilegal de armas. Hubo también otros candidatos en los municipios mineros occidentales que recibieron el respaldo de Sogamoso y de Rojas. Es el caso, por ejemplo, de Jhon Feiber Urrea (Puerto Boyacá) y Carlos Castellano (San Pablo de Borbur).

Otro representante que aparece en el mapa es el liberal Héctor Chaparro. Incluso en fotos de este año -pero también de la campaña- aparece compartiendo con Rojas. Ambos respaldaron la candidatura de César Palacio a la Alcaldía de La Victoria, pero se quemó por apenas 16 votos contra Alcides Pabón, el candidato de Amaya.

El Espectador buscó por distintos medios a Sogamoso, Chaparro, Triana y Rojas, así como a la alcaldesa Marín y a los demás políticos mencionados. Sin embargo, al cierre de esta edición, ninguno había respondido las solicitudes de este medio. Los mencionados son solo ejemplos de cómo operaría aún esa relación que parece indisoluble entre la minería y la política boyacense.

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Similar es la posición del diputado Antonio Quiñones, quien resalta que “hay esmeralderos que son alcaldes, como Diosdé González”. Ahora, dice que “no le consta” si en la actualidad hay financiación de esmeralderos a políticos, pero sí dice que no se puede hablar del desarrollo del departamento sin que se dialogue con estos empresarios. “Cada uno tiene su oficio. Nunca nadie me ha dado plata, pero sí los conozco y soy amigo de ellos”, precisa.

Terceras generaciones

Hoy en día, son los herederos los que dirigen el destino del principal producto del occidente de Boyacá. Volviendo al caso de la alcaldesa de Muzo, Carlos Julio Molina, esposo de Ximena Castañeda, es el hijo de Gilberto Molina, uno de los más notables esmeralderos del siglo XX. En febrero de 1989 hombres armados entraron a la finca de este cuando celebraba su cumpleaños y lo asesinaron, un crimen que se le atribuye a Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘El Mexicano’, quien hizo parte del Cartel de Medellín, pero antes, se hizo un nombre en el mundo de las esmeraldas, precisamente, como jefe de seguridad de Molina.

En todo caso, quien hoy dirige el negocio familiar, Edwin Bayardo Molina, se ha alejado de los ruidos de los fusiles. Y así como la familia Molina ha buscado alejarse de la herencia de sangre de las esmeraldas boyacenses, también lo han hecho otras empresas. Aunque hay familias que mantienen su influencia, en los últimos años también han llegado empresas extranjeras que se abstraen de esas dinámicas.

El caso más notable se remonta a 2009 cuando un grupo de estadounidenses conformaron las empresas Minería Texas Colombia (MTC) y Colombiano Texas Transformadora (CTT), que empezaron a explotar los títulos mineros de Coexminas. En 2014, MTC se hizo con la totalidad de los títulos de Puerto Arturo y dio paso a lo que es hoy Compañías Muzo de Colombia.

Hoy en día, Compañías Muzo está conformada por Esmeraldas Mining Services (EMS) y la Fundación Muzo que operan en Muzo y Quípama, Boyacá; Furatena Cacao en Chiquinquirá; en Bogotá, Esmeraldas De Los Andes en Zona Franca, y Colombian Shared Services que maneja la administración centralizada. Resaltan, además, dos nombres: el de Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, y el de Camilo Acero, quien fue jefe del gabinete del Ministerio del Interior entre 2015 y 2017.

Santos es líder del crecimiento del fondo dueño de Compañías Muzo de Colombia en América Latina y supervisa las diferentes inversiones en la región. Y Acero es el vicepresidente de Asuntos Corporativos. Este medio consultó a este último, sin embargo, fue remitido a la agencia de comunicaciones, que señaló que la única influencia que busca se relaciona con “inversión social” y “protección ambiental”, así como con la formalización de los trabajos. Además, que no da financiación a ningún político.

También es el caso de Edwin Molina, heredero del poder de su familia. Es también de la Asociación Colombiana de Productores de Esmeraldas (Aprecol). El Espectador lo buscó por distintos medios, pero no obtuvo respuestas. Desde Coexminas señalaron que no tenía disponibilidad para atender preguntas.

Lazos antiguos

La cercanía de las esmeraldas y la política es posible evidenciarla desde mediados del siglo XX. Desde esa época ya era notable el potencial económico de la región.

En la actualidad, la región del occidente, un conjunto de 15 municipios donde se encuentran las principales minas y de donde, año a año, salen más de dos millones de quilates y generan ingresos anuales por entre 140 millones de dólares y 150 millones de dólares, es decir, más de medio billón de pesos (con una TRM de $3.800). Para ese entonces, la tecnología impedía llegar a esa magnitud de dinero, pero eso no evitó que la ambición de poder estuviera presente.

Uno de los ejemplos más significativos se remonta a la década de los 70, cuando Misael Pastrana hacía campaña para ser el último presidente del Frente Nacional. Según reportes de la época, el candidato conservador, que se enfrentó a Gustavo Rojas Pinilla, recibió el respaldo de los esmeralderos. Aunque no es posible determinar el nivel de influencia de los mineros para el polémico triunfo de Pastrana, este les habría retribuido.

En julio de 1973, el presidente cerró las minas del occidente de Boyacá y abrió una licitación pública para su explotación legal. Tres empresas fueron beneficiarias de la concesión. La primera fue Esmeracol, que recibió los títulos de las minas de Coscuez. Y las otras dos ya fueron mencionadas: Coexminas, que se hizo cargo de Peñas Blancas, y Tecminas, encargada de la explotación del sector de Quípama. Dos hombres fuertes participaban en ellas: Gilberto Molina y Víctor Carranza. En ambas empresas, además, había otro nombre clave como socio: Juan Beetar Dow, un abogado y senador, quien ayudó a contactar a Carranza con las grandes esferas del poder nacional.

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Pero la violencia dio un golpe duro sobre la mesa. La década de los 80, marcada por la aproximación de muchos caciques de las esmeraldas al narcotráfico y el paramilitarismo, estuvo marcada por la sangre y las traiciones, en un intento de unos y otros de hacerse con el poder de las minas y, por tanto, con el control del departamento.

No fue sino hasta 1990, después de la muerte de Molina, que Carranza decidió juntar a socios y contrincantes en una mesa, en lo que se convirtió en un proceso de paz sui géneris, en el que el Estado no participó. El hoy presidente de la Asamblea de Boyacá, Antonio Quiñones, que en esos diálogos sirvió como secretario general de la mesa, recuerda que “ese proceso de paz no le costó nada al país ni a los gobiernos nacional y departamental, sino que fueron las voluntades de quienes estaban en conflicto”.

Fue en esas negociaciones que entró otro importante poder, uno que es reconocido en todo el país. Chiquinquirá, además de ser el municipio donde se habría aparecido la Virgen -según la tradición católica- en Colombia, es la capital de la esmeralda boyacense. Ubicado en el occidente, es el municipio más relevante de los esmeralderos. Y fue también donde, el 12 de julio de 1991, el obispo de Chiquinquirá, monseñor Álvaro Raúl Jarro Tobos, hizo de mediador con los capos de las esmeraldas para que acabara la violencia, mediante un acuerdo de doce puntos.

Más allá de las dinámicas electorales y de las transformaciones de las empresas, la influencia de los esmeralderos también va en el día a día. En abril de 2024 hubo una reunión en San Pablo de Barbur, otro de los municipios claves de la región minera. En ese lugar se dieron cita Carlos Amaya, Sandra Ortiz -quien un mes después renunciaría a la Consejería Presidencial para las Regiones- y mineros.

El presidente Gustavo Petro, quien nombró a Ortiz y quien hoy es aliado del gobernador Amaya -luego de ser oponentes en 2022-, obtuvo 264.270 votos. En los 15 municipios del Occidente sacó 19.797 sufragios. Es de anotar que tanto en el departamento como en la región minera ganó Rodolfo Hernández.

La visita fue duramente criticada porque se dijo que el helicóptero había sido puesto por Juan Sebastián Aguilar, el minero asesinado en Bogotá hace apenas unos días. Amaya le dijo a El Espectador que esto no era cierto. Por el contrario, aseguró que la gobernación había alquilado la aeronave.

Pero más allá de la polémica del viaje, lo que mostró esa cita, que no fue la única porque antes también hubo reuniones en Bogotá para hablar del tema minero en Boyacá, es que los mineros son una viva voz en el departamento.

Eso es algo que el mismo Amaya no niega: “Yo con todos tengo buena relación, con Eduard Triana, con Edwin Molina, con los estadounidenses, con todos tengo buena relación y he tratado de ayudar a sostener esa paz que es tan débil”.

Sobre esa influencia política, Compañías Muzo de Colombia negó cualquier existencia: “La compañía no interviene en campañas políticas a nivel nacional y regional. Le apuesta a que la mejor manera de contribuir al futuro de Boyacá es a través del trabajo honesto, transparente y enfocado en el bienestar común”. Señalaron, además, que la influencia se centra en programas con “inversión social” y que buscan la “protección ambiental”.

Carlos Amaya sabe, pues, que los esmeralderos no dejarán de ser una voz de peso en su departamento y las decisiones que tome, también deberán incluirlos. Por eso, como le confirmó a El Espectador, espera en las próximas semanas citar a un concilio con los principales esmeralderos, motivado por el asesinato de Aguilar. Dice que, más que hablar de política, conversará con ellos sobre paz. Pero, como se ha confirmado una y otra vez en Colombia, son temas inseparables.

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