La Registraduría tiene una imagen favorable del 50,9 %, según Invamer

Las inconsistencias en las elecciones legislativas y de consultas presidenciales del pasado 13 de marzo desataron cientos de críticas contra la Registraduría, que desde entonces quedó en el ojo del huracán de la opinión pública. Las fallas en la transmisión de resultados, por las que todavía no se conoce la composición definitiva del Congreso para el periodo 2022-2026, llevaron a las encuestadoras a medir por primera vez la imagen de la autoridad electoral, que desde luego no ha salido bien parada teniendo en cuenta que desde todos los sectores políticos se han planteado dudad sobre su papel y las garantías para los comicios.

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En la encuesta de mayo de Invamer, encomendada por El Espectador, Noticias Caracol y Blu Radio, la Registraduría registro una imagen favorable de 50,9 % y desfavorable de 39,4 %. Los números han variado en promedio dos puntos porcentuales desde la primera medición a la opinión sobre la entidad, que se hizo el pasado mes de abril, cuando marcó un 52,1 % de imagen favorable y un 37,4 % de desfavorabilidad.

Esta es la fotografía de los primeros impactos a la imagen y confianza en la Registraduría, no solo luego del traspié de las pasadas elecciones sino también de las recientes decisiones y movidas que se han hecho para que no vuelva a ocurrir lo mismo en la primera vuelta presidencial, que se realizará el próximo 29 de mayo. El registrador Alexánder Vega prometió que las fallas no se volverán a repetir y anunció varias estrategias que han implementado “para fortalecer los comicios de presidente y vicepresidente”.

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Uno de los primeros cambios que hicieron fue al material electoral, teniendo en cuenta que esa fue una de las quejas más recurrentes entre los testigos electorales y los propios jurados de votación, que coincidían en lo complejo y confuso de diligenciar las boletas electorales. Por eso, entre los cambios más importantes a los tarjetones y formularios están casillas más grandes y las fotografías de los candidatos presidenciales a color.

De acuerdo con la Registraduría, esto es para que a los jurados de votación se les facilite realizar el preconteo y puedan plasmar de forma más adecuada la información. Con esto la idea es evitar los errores en la marcación de las casillas, que derivaron en inconsistencias en 22.255 formularios E-14 (actas de escrutinio), según evidenció la misma entidad.

La Registraduría también resaltó que se han hecho reuniones y mesas técnicas con todos los actores políticos, los organismos de control y las veedurías nacionales e internacionales. Estos encuentros se han venido llevando a cabo desde marzo y su fin es socializar y discutir los diferentes aspectos de las justas venideras.

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A pesar de que la Registraduría asegura tener controlada la situación para evitar nuevos errores que puedan deslegitimar las elecciones, senadores como Rodrigo Lara y Luis Fernando Velasco empezaron a difundir una teoría sobre la posibilidad de que el Gobierno Duque suspenda al registrador Vega y aplace la fecha de las elecciones. De acuerdo con Lara, una de las razones para esa decisión son las constantes denuncias de la bancada oficialista sobre un supuesto fraude y el pedido de que Vega salga del cargo por una posible falta de garantías.

Aunque lo que menciona Lara son básicamente comentarios sueltos de los congresistas que apoyan al presidente Duque, el tema tomó relevancia esta semana cuando Juan Diego Gómez, presidente del Senado, emitió un comunicado en el que aseguró que hubo un fraude electoral e incluso acusó a la Registraduría de haber alterado los resultados de las elecciones para favorecer al Pacto Histórico. Incluso Gómez dijo que hay pruebas “de la manipulación e intervención indebida del software de la Registraduría en el escrutinio”. Las evidencias, no obstante, están en el informe de una organización llamada Colombia Transparente, muy cercana al uribismo.

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Sobre la posible suspensión tanto de Vega como de las elecciones, el Gobierno dijo a través del ministro del Interior, Daniel Palacios, que el Gobierno no lo plantea pues, además, sería algo que le compete a la Procuraduría. “Bajo ninguna circunstancia se está pensando en correr el día de las elecciones presidenciales, eso sería inconstitucional”, dijo Palacios.

A pesar de las cifras y la controversia, la Registraduría es la institución que goza de buena imagen si se compara con otras. Por ejemplo, la Policía cuenta con 49,5 % de favorabilidad y 45,3 % de desfavorabilidad. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuenta con una imagen desfavorable del 47,1 % y a favor del 38,8 %. En los entes de control también prima la imagen negativa: Procuraduría, con una imagen desfavorable del 45,4 %; Contraloría, con 45 %, y la Fiscalía, con un 53,2 %, tiene la peor imagen entre las ías.

Sin embargo, los partidos políticos, el Congreso y el sistema judicial son los que tienen la imagen adversa más preocupante de todas las que consultó la encuesta. Los partidos cuentan con una imagen negativa del 71,5 %. La favorable es de apenas un 18,9 %. En cuanto al Congreso, su imagen negativa es del 67,4 % y la favorables es de 21,8 %. Por su parte, el sistema judicial cuenta con una desfavorabilidad del 64,1 %, mientras que su imagen positiva es del 24,1 %.

Las inconsistencias en las elecciones legislativas y de consultas presidenciales del pasado 13 de marzo desataron cientos de críticas contra la Registraduría, que desde entonces quedó en el ojo del huracán de la opinión pública. Las fallas en la transmisión de resultados, por las que todavía no se conoce la composición definitiva del Congreso para el periodo 2022-2026, llevaron a las encuestadoras a medir por primera vez la imagen de la autoridad electoral, que desde luego no ha salido bien parada teniendo en cuenta que desde todos los sectores políticos se han planteado dudad sobre su papel y las garantías para los comicios.

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En la encuesta de mayo de Invamer, encomendada por El Espectador, Noticias Caracol y Blu Radio, la Registraduría registro una imagen favorable de 50,9 % y desfavorable de 39,4 %. Los números han variado en promedio dos puntos porcentuales desde la primera medición a la opinión sobre la entidad, que se hizo el pasado mes de abril, cuando marcó un 52,1 % de imagen favorable y un 37,4 % de desfavorabilidad.

Esta es la fotografía de los primeros impactos a la imagen y confianza en la Registraduría, no solo luego del traspié de las pasadas elecciones sino también de las recientes decisiones y movidas que se han hecho para que no vuelva a ocurrir lo mismo en la primera vuelta presidencial, que se realizará el próximo 29 de mayo. El registrador Alexánder Vega prometió que las fallas no se volverán a repetir y anunció varias estrategias que han implementado “para fortalecer los comicios de presidente y vicepresidente”.

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Uno de los primeros cambios que hicieron fue al material electoral, teniendo en cuenta que esa fue una de las quejas más recurrentes entre los testigos electorales y los propios jurados de votación, que coincidían en lo complejo y confuso de diligenciar las boletas electorales. Por eso, entre los cambios más importantes a los tarjetones y formularios están casillas más grandes y las fotografías de los candidatos presidenciales a color.

De acuerdo con la Registraduría, esto es para que a los jurados de votación se les facilite realizar el preconteo y puedan plasmar de forma más adecuada la información. Con esto la idea es evitar los errores en la marcación de las casillas, que derivaron en inconsistencias en 22.255 formularios E-14 (actas de escrutinio), según evidenció la misma entidad.

La Registraduría también resaltó que se han hecho reuniones y mesas técnicas con todos los actores políticos, los organismos de control y las veedurías nacionales e internacionales. Estos encuentros se han venido llevando a cabo desde marzo y su fin es socializar y discutir los diferentes aspectos de las justas venideras.

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A pesar de que la Registraduría asegura tener controlada la situación para evitar nuevos errores que puedan deslegitimar las elecciones, senadores como Rodrigo Lara y Luis Fernando Velasco empezaron a difundir una teoría sobre la posibilidad de que el Gobierno Duque suspenda al registrador Vega y aplace la fecha de las elecciones. De acuerdo con Lara, una de las razones para esa decisión son las constantes denuncias de la bancada oficialista sobre un supuesto fraude y el pedido de que Vega salga del cargo por una posible falta de garantías.

Aunque lo que menciona Lara son básicamente comentarios sueltos de los congresistas que apoyan al presidente Duque, el tema tomó relevancia esta semana cuando Juan Diego Gómez, presidente del Senado, emitió un comunicado en el que aseguró que hubo un fraude electoral e incluso acusó a la Registraduría de haber alterado los resultados de las elecciones para favorecer al Pacto Histórico. Incluso Gómez dijo que hay pruebas “de la manipulación e intervención indebida del software de la Registraduría en el escrutinio”. Las evidencias, no obstante, están en el informe de una organización llamada Colombia Transparente, muy cercana al uribismo.

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Sobre la posible suspensión tanto de Vega como de las elecciones, el Gobierno dijo a través del ministro del Interior, Daniel Palacios, que el Gobierno no lo plantea pues, además, sería algo que le compete a la Procuraduría. “Bajo ninguna circunstancia se está pensando en correr el día de las elecciones presidenciales, eso sería inconstitucional”, dijo Palacios.

A pesar de las cifras y la controversia, la Registraduría es la institución que goza de buena imagen si se compara con otras. Por ejemplo, la Policía cuenta con 49,5 % de favorabilidad y 45,3 % de desfavorabilidad. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuenta con una imagen desfavorable del 47,1 % y a favor del 38,8 %. En los entes de control también prima la imagen negativa: Procuraduría, con una imagen desfavorable del 45,4 %; Contraloría, con 45 %, y la Fiscalía, con un 53,2 %, tiene la peor imagen entre las ías.

Sin embargo, los partidos políticos, el Congreso y el sistema judicial son los que tienen la imagen adversa más preocupante de todas las que consultó la encuesta. Los partidos cuentan con una imagen negativa del 71,5 %. La favorable es de apenas un 18,9 %. En cuanto al Congreso, su imagen negativa es del 67,4 % y la favorables es de 21,8 %. Por su parte, el sistema judicial cuenta con una desfavorabilidad del 64,1 %, mientras que su imagen positiva es del 24,1 %.