La resolución del CNE que relajaría la rendición de cuentas de candidatos para 2023

Este miércoles se celebrará una sala plena en el Consejo Nacional Electoral (CNE) que será fundamental para las elecciones de 2023. La razón es que allí se discutirá el texto final de la resolución que establecerá los parámetros mínimos para el proceso electoral venidero. Aunque normalmente es un acto rutinario, esta vez viene cargado de un debate que ha pasado un tanto desapercibido por la opinión pública, pero que es sumamente importante para el desarrollo de las justas.

Este miércoles se celebrará una sala plena en el Consejo Nacional Electoral (CNE) que será fundamental para las elecciones de 2023. La razón es que allí se discutirá el texto final de la resolución que establecerá los parámetros mínimos para el proceso electoral venidero. Aunque normalmente es un acto rutinario, esta vez viene cargado de un debate que ha pasado un tanto desapercibido por la opinión pública, pero que es sumamente importante para el desarrollo de las justas.

El proyecto de resolución tiene dos versiones, una del magistrado César Lorduy y otra de Cristian Ricardo Quiroz, pero ambas tienen puntos que pueden llegar a ser controvertidos. El texto debatido por la sala plena tiene 15 apartados y en la mayoría coinciden, puesto que son una reiteración de lo que ha dicho el CNE en ocasiones pasadas, y que se ajusta a la ley. No obstante, el debate viene por dos puntos que se meten con la financiación de las campañas y la forma en que se revisarán.

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El primer punto del que se ha hablado, y que ya tuvo voto positivo en una presala, señala que los candidatos ya no tendrían el deber de informar al sistema de Cuentas Claras cada 8 días sobre los recursos que reciben y que invierten, sino que únicamente tendrían que hacer este reporte a los partidos y son estos últimos los que harían el reporte al Consejo Nacional Electoral al final de las elecciones. Dicha propuesta estaría en el texto de Quiroz y Lorduy, pero este último sería el que más habría defendido el tema.

El segundo punto en discusión vendría en la propuesta de Quiroz y apunta a que se subiría el mínimo de votos para entrar a investigar las finanzas de una campaña. Mientras que se venía acostumbrando que se revisara los números de los que alcanzaron el 1% de votación del certamen electoral, esta cifra subiría hasta el 4%, para así solo entrar a revisar a aquellos que tuvieron un margen de votación considerable.

Los dos puntos han generado un poco de controversia y resistencia, sobre todo el primero. Tanto así que varios de los magistrados consultados no han querido hablar del tema puntualmente y han tratado de desligarse de la situación. Una de las togadas se limitó a decir que en la sala plena se han abordado múltiples temas, incluyendo este. Pero aclaró que no se ha tomado ninguna decisión de base sobre este asunto: “aparte de la discusión y el debate filosófico, no existe una determinación”.

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Otro de los magistrados consultados, que comulga con la tesis expuesta en el proyecto de resolución, le comentó a este diario que no se ha aprobado nada, contrario a lo que equivocadamente dijo un medio periodístico sobre la propuesta. Sin embargo, entró a defender la propuesta que ha abanderado con sus compañeros del CNE.

“No se estaría aprobado nada en contra de la ley, ni tampoco exigiremos lo que la ley no dispone. La ley no dice lo que uno quiere todas las veces. No es un tema de deseos, es lo que dice la ley, y lo contrario se llama prevaricato”, expresó este magistrado, que considera que no se debería exigir el reporte directo de los candidatos en Cuentas Claras puesto que en la ley 1475 de 2011 no está consagrado este tema.

En esta ley únicamente se establece que “los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos presentarán ante el Consejo Nacional Electoral los informes consolidados de ingresos y gastos de las campañas electorales en las que hubiere participado dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la votación”.

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Aunque hay que añadir que dicha ley sí establece que el CNE “el procedimiento para la presentación de informes de ingresos y gastos de las campañas, en el que establecerá las obligaciones y responsabilidades individuales de los partidos, movimientos, candidatos o gerentes, el cuál permitirá reconocer la financiación estatal total o parcialmente de acuerdo con los informes presentados”.

Este último punto es el que toma otro magistrado del Consejo Nacional Electoral para oponerse a la propuesta de Lorduy. Para este, se estaría perdiendo el principio constitucional con el que se han constituido los informes de gastos. Además, expresó que este cambio sería muy grave asumirlo para las próximas elecciones: “Por la cantidad de candidatos, los partidos no tienen los sistemas de información para abordar esos informes”.

Este magistrado, que pidió reserva de su identidad, señaló que es un “vaciamiento de las funciones del CNE”. Además, comentó que estaría riñendo con los tipos penales en los que se consagra que hay consecuencia para los candidatos que violen los topes y máximos de financiación establecidos. Incluso advirtió que la Procuraduría entraría a actuar en contra de este punto en caso de que la sala plena lo apruebe este miércoles.

El debate más allá del CNE

Por fuera del Consejo Nacional Electoral se rechazó ambos puntos por varias razones, sobre todo que sus implicaciones podrían ser funestas para el control de la transparencia de las elecciones que se avecina. “Sería inadmisible que ad portas a elecciones regionales este consejo tome una decisión tan regresiva”, expresó Alejandra Barrios, directora de la misión de Observación Electoral (MOE).

Barrios señaló que sería una medida en contra de la transparencia del proceso electoral. “Hoy en este país no se conoce que se tiene que informar cada 8 días las cuentas. Los candidatos no cumplen eso. Si tuvieran que cumplirlo los partidos, eso no pasaría”, expresó la experta en el tema electoral.

De igual manera, comentó que en este país sería un hazmerreír tener leyes de financiación, pues no habría forma de hacerlas cumplir. “Sin Cuentas Claras no sabríamos el monto, origen y destino de los recursos”, expresó Barrios, que reiteró que sería irresponsable quitarles la responsabilidad a los candidatos de reportar sus cuentas.

“Es irresponsable y poco serio. Va en contra de la transparencia. Es meter a los partidos en problemas, porque los partidos tendrían que responder con la personería por los reportes financieros que inscriban”, declaró Barrios, que añadió que no habría herramientas verdaderas de vigilancia. “Apagan la luz para que no se vea nada”, concluyó en este punto la cabeza de la MOE.

En otro tema, Alejandra Barrios también cuestionó la propuesta de que solo se entre a revisar las campañas que superen el 4% de la votación. “¿Cómo se fortalece la democracia cuando hay tantos actores ilegales? Hoy tenemos una deficiencia gigante, no sabemos bien cuánto valen las elecciones”, expresó Barrios, que señaló que debería aplicarse la lupa a todas las campañas puesto que estas a veces son usadas para el lavado de dineros y esta excepción de hasta el 4% podría ser aprovechada para estos fines.

Desde Transparencia por Colombia también prendieron las alarmas. Es más, estos fueron los primeros en expresar sus preocupaciones, pero hasta el momento no han tenido respuesta alguna del CNE. Estos aseguraron que las dos propuestas “causarían un retroceso y vacío que sería terrible”. Para Andrés Hernández, cabeza de dicha organización, se estaría violando el principio constitucional de transparencia: “el CNE no puede emitir una resolución contraria a la Constitución”.

En un sentido, el experto anticorrupción señaló que dicha tarea de centralización de las cuentas sería casi imposible para los partidos. “Estaríamos pidiendo a los partidos que hagan los que tendría que hacer más de 1.600 candidatos. Es inviable que los partidos tengan que recopilar la información. Si no se hace a través de Cuentas Claras, van a hacer un gran cuello de botella. Si se pierde el detalle de la declaración de las campañas, se perdería la acción de la reposición por votos y de los entes de control”, expresó Hernández.

“El punto de la controversia es en el nivel de detalle de rendición de cuentas en las campañas. No nos imaginamos retroceder 10 años en un libre contable lleno de soportes”, concluyó Hernández frente a la propuesta de Lorduy. Por otro lado, expresó que tampoco ve conveniente la propuesta del 4%: “no se puede mandar la señal de que no se va fiscalizar ciertas campañas de cierta votación para abajo. Hay un riesgo de lavado de activos muy alta”.

El exmagistrado del CNE Armando Novoa, que hace un pormenorizado seguimiento al ente del que hizo parte, señaló que va a ser mucho más difícil seguir las cuentas, en un procedimiento que de por sí ya es bastante dispendioso y hasta irregular: “Cuando no hay una centralización en el manejo de las cuentas, tratando de listas de voto preferente, cada candidato tiene su propio gerente de campaña, su propio contador. Eso significa que las listas de voto preferente deben presentar un informe por cada candidato. Si se suprime ese primer paso, va a ser mucho más difícil la revisión de la financiación”.

Para Novoa, se está retrocediendo en importantes logros que se alcanzaron mediante resoluciones y va directamente en contra de la transparencia y controles a tiempo. Este señaló que la propuesta viene de políticos que han tenido una pretensión desde hace mucho tiempo de que sus cuentas no sean revisadas. Luego concluyó: “el punto les quita transparencia a los procedimientos para presentar las cuentas. Les quita dientes a los controles del Consejo Electoral. Lo debilita aún más. No sé debería aprobar una norma de ese tipo”.