Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Vicepresidenta y ministra
Despues de las consultas internas y de las alianzas electorales de este año se anunciaron las fórmulas vicepresidenciales de los principales aspirantes a la Presidencia.
El Pacto Histórico resolvió que Francia Márquez Mina acompañaría a Gustavo Petro en el tarjetón. Su candidatura había tenido un ascenso inusitado y había ganado apoyo de sectores que finalmente la ubicaron en el segundo lugar la consulta del 13 de marzo.
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político
Esta escogencia ocasionó discusiones internas, porque algunos dirigentes del Pacto preferían un nombre que atrajera a los votantes de centro y permitiera alianzas interpartidistas, pues entendían que los votantes de Márquez serían los mismo de Petro.
Sin embargo, la copiosa votación de Márquez y su proyección como personalidad política emergente hicieron imposible subvalorar su peso para que el Pacto Histórico se convirtiera eventualmente en el movimiento de izquierda democrática de mayor éxito electoral en Colombia.
Desde que Petro anunció a Francia como su fórmula vicepresidencial, se aclaró que ella se encargaría además de un nuevo ministerio de la Igualdad.
El ministerio durante la campaña
En principio, no se dieron mayores detalles sobre el propósito y funciones de la entidad. Únicamente se aclaraba en el programa de gobierno Colombia potencia mundial de la vida que “la administración central se encargará de garantizar condiciones de igualdad para grupos históricamente discriminados o sujetos de especial protección constitucional”.
Las prioridades de este programa son eliminar las brechas económicas, políticas y sociales. Se trata de superar las formas de violencias contra las mujeres, la población LGBTIQ+, la infancia, la juventud y la adolescencia mediante un nuevo Sistema Nacional de Cuidado.
En sus varias entrevistas y debates, la entonces candidata Márquez insistió en la necesidad de eliminar las brechas de desigualdad que afectan a los grupos y los territorios golpeados por el conflicto y desfavorecidos por el modelo económico.
En sintonía con ese enfoque, la actual vicepresidenta se esmeró por mencionar de manera recurrente a las poblaciones que entendía que debían ser atendidas, casi como un mantra o un estribillo en sus intervenciones públicas.
Sin embargo, poco se dijo de los pormenores para hacer realidad el nuevo ministerio. Incluso, parecía haber cierto desinterés por parte de periodistas y coordinadores de debate, lo cual a su manera implicaría una tácita subvaloración de la nueva entidad.
Tal vez incluso entre los seguidores de Francia y en su círculo cercano había la idea de que su líder estaba para encargos más importantes, como los de Vargas Lleras o la saliente Martha Lucia Ramírez.
El camino jurídico
El hecho es que las campañas se cerraron y las urnas marcaron el comienzo de la era Petro- Márquez y, con ella, emergió el deber de una concreción en las rutas jurídicas y técnicas para la apuesta ministerial por la igualdad.
El camino jurídico era más bien fácil de adivinar: una ley ordinaria que estableciera la nueva entidad. Aunque se consideró el camino del Ministerio de Ciencias, decretado por el presidente en uso de facultades extraordinarias, la Corte Constitucional invalidó esa posibilidad porque no se corresponde con la unidad de materia en las leyes.
También un artículo de la Silla Vacía aseguró que crear el ministerio necesitaba de un acto legislativo o una reforma constitucional, lo cual por supuesto es incorrecto.
¿Qué va a hacer el ministerio?
Aclarada la ruta de una ley ordinaria —iniciativa de alta prioridad en la agenda legislativa del gobierno y su bancada parlamentaria—, queda en la mesa la pregunta por la ruta técnica, de cuál sector o entidades de la administración pública estarán bajo el naciente ministerio.
Allí tal vez radicaba el general desinterés sobre la iniciativa, pues algunos imaginaban que el ministerio en cuestión sería una entidad menor o secundaria en el conjunto del gobierno nacional.
Pero las declaraciones de varios miembros del gobierno y de otras figuras del Pacto Histórico, lo mismo que un análisis de la actual estructura central del gobierno, hacen pensar que el Ministerio de la Igualdad seguramente reemplazará al Departamento para la Prosperidad Social (DPS) en la cabeza del sector de inclusión social. Así lo han dicho el presidente Petro, la vicepresidenta, el nuevo director del DAPRE e incluso se ha anunciado en la página oficial de la entidad.
Además, el hecho de que la otra parte del sector, esto es, el de reconciliación, igualmente encabezado por el DPS, al que se adscriben la Unidad de Víctimas, el Centro de Memoria y el ICBF, pasaría a ser regentado por el Ministerio de Paz y Reconciliación, refuerza esta posibilidad.
Gran apuesta social
Hay otras dos circunstancias que aconsejan convertir el DPS en el ministerio de Igualdad:
Primero, la reforma que en todo caso requeriría esa entidad según los planes del gobierno Petro, con su anuncio de nuevos subsidios y la simplificación y depuración de otros existentes —la mayoría de los cuales se pagan por intermedio del mismo DPS-.
Segundo, el gobierno propone una entidad con importancia jerárquica y robustez suficiente para corregir la dispersión de unidades institucionales hoy encargadas de atender a poblaciones extensas con grandes necesidades de atención prioritaria.
Tal es el caso de la alta consejería de juventud, de mujeres o de discapacidad, las direcciones y dependencias para grupos étnicos entre otros, que mejor sería que estuvieran concentrados en una entidad de orden ministerial o cuya misionalidad al menos estuviera del todo coordinada por esta.
De estas manera una propuesta que no había despertado mayor atención podría convertirse en la apuesta de política social más importante de este siglo.
Un ministerio ejemplar
El Minigualdad que reemplazaría al DPS, sería el coordinador de la apuesta por cerrar brechas entre poblaciones, atender las necesidades prioritarias de territorios segregados, superar la pobreza y, en suma, hacer posibles el goce del derecho a la igualdad consignado en el artículo 13 de la Constitución.
El Ministerio pretendería ir más más de la simple e incompleta igualdad ante la ley para imponer a la administración el deber de actuar en favor de los grupos en desventaja. El Ministerio de la Igualdad tendría un mandato más amplio que el de sus homólogos en otras latitudes, como el de España o Argentina, pues estos son básicamente un ministerio para la mujer o de equidad de género en sus países.
El camino que le espera a la iniciativa del nuevo ministerio es más bien largo y deberá recorrerlo con celeridad y acierto si quiere producir los efectos esperados. No faltarán obstáculos, aristas y pendientes en su tramitación ante el Congreso y ello se sumará un trabajo enorme para en marcha la nueva institución.
Ese proceso se debe coordinar con la presentación del Plan Nacional de Desarrollo y la ley de presupuesto para este y los años siguientes. Mucho esfuerzo institucional le queda por delante al gobierno para responder a las expectativas de la gente que más necesita los cambios que propuso.
*Abogado en Derechos Humanos experto en Estudios críticos raciales. Aspirante a magistrado de la JEP.