La sevicia del DAS

Esta investigación descubre de cuerpo entero todo lo que fueron esos ocho años de dictadura silenciosa y de permanente atropello de las libertades públicas. Lo primero que revela con detalles minuciosos y convincentes el libro que me honro en prologar, es el fraude electoral que con el auspicio de las Autodefensas Unidas de Colombia hizo posible el triunfo en primera vuelta de Álvaro Uribe Vélez. Es posible que convocada una segunda vuelta, también hubiere ganado, pero en todo caso, ahora sabemos que ese triunfo no sólo no fue legítimo sino que estuvo manchado para siempre por el apoyo de unos criminales.

La infame cruzada oficial contra todas las ONG defensoras de derechos humanos, a sus abogados, en particular al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, extravió al régimen de entonces y en vez de ganar la guerra contra los rebeldes alzados en armas, para lo cual había sido elegido, fraguó otra contienda horrorosa contra quienes convivían en el respeto de la Constitución y la ley. Creyó que todo le era permitido con tal de hostigar a quienes convirtió en sus enemigos mortales por la sola circunstancia de que no pensaban igual que el presidente de turno y su peligrosa banda de áulicos.

Para satisfacer a Uribe Vélez, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), esa agencia civil de inteligencia dependiente del presidente cuya razón de ser en el espectro institucional era la de proteger al gobernante de conspiraciones y complots, se transformó en una peligrosa máquina de espionaje y de muerte. No hubo vida privada de alguien “sensible” para el régimen que no despertara el interés de los detectives ni la atención de la inteligencia técnica. Pero, ahora, gracias al libro de Julián F. Martínez, nos enteramos de que el DAS no estuvo solo en esa empresa deshonesta, pues contó con el apoyo —ingenuo o calculado, pero en todo caso apoyo— de organizaciones tan ajenas a los avatares de la guerra y de la política misma como Datacrédito y la Central de Información Financiera (Cifin) y, quién lo creyera, hasta del mismo Banco de la República, sucesos todos que han pasado inadvertidos no obstante su suprema gravedad. Por ese camino lo que revela este libro es que la agencia de inteligencia tuvo acceso a secretos bancarios de personas y compañías que gratuitamente graduó de enemigos sin serlo. Naturalmente, suscita pánico saber que entes de tanto prestigio y credibilidad se hubiesen sumado a esa orgía de ultrajar la vida privada de quienes señalaba el régimen.

Pero allí no pararon las arbitrariedades. Fue tal la sevicia, que el DAS se especializó en la técnica del acoso y la presión sicológica para torturar a través de amenazas cuidadosamente tejidas siguiendo el tenebroso libreto de un instructivo. Aún hoy esa página vergonzosa sigue sin doblarse, porque la justicia investiga a quienes a través de estos mecanismos se empeñaron en desviar la investigación por el crimen del humorista Jaime Garzón.

Y en esa locura desenfrenada de espiar a todos por las razones más nimias, el DAS se atrevió a cruzar las fronteras para hacer inteligencia en países amigos, como en España y Bélgica, asuntos que también hoy siguen pendientes de ser juzgados en esas latitudes. Para no ir muy lejos, Uribe Vélez enfrenta una querella penal por causa de esta “Operación Europa”, que como en las mejores épocas del stalinismo soviético que persiguió a sus críticos en los confines del universo, se desató desde la sede del poder en Colombia.

El trabajo juicioso de Martínez no ahorró esfuerzo a la hora de ocuparse de descubrir la estrategia de la difamación como elemento para debilitar y vencer al contradictor. El complot para desprestigiar a Iván Velásquez, el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia que investigaba la parapolítica tan cercana al grupo político que se sentó en la Casa de Nariño por ocho años, quedará escrito como una de las peores lecciones de inmoralidad política. Lo mismo puede decirse del impresionante relato que trae este libro de cómo el DAS primero intentó aniquilar moralmente al muy distinguido profesor Alfredo Correa de Andreis, a quien con calumnias y falsos testigos hizo prisionero de una justicia venal, pero cuando el ilustre académico derrumbó las falacias, lo ejecutaron en las calles de Barranquilla. Y todo eso en nombre de la “seguridad democrática”. Con la misma sevicia, comunicadores que no estuvieron arrodillados durante este oscuro periplo institucional, como el caso de Daniel Coronell, es comentada con precisión sustentada en este importante libro que estaba haciendo falta en las librerías y en las mesas de los estudiosos.

Las más descaradas e impensables alianzas del gobierno con organizaciones paramilitares, como la de la operación “Ciclón”, son también tratadas con acierto y contundencia en este magnífico trabajo que no deja nada sin saberse del “buen muchacho” Jorge Noguera, el primer director del DAS de un gobierno que, como el de Uribe Vélez, se dio el lujo de que todos y cada uno de quienes dirigieron esa agencia civil de inteligencia durante los ocho años de nefasto gobierno, de una u otra manera están involucrados en severas investigaciones judiciales, cuando no condenados, como en el caso de la tristemente célebre primera mujer en acceder a ese cargo, la señora María del Pilar Hurtado.

Hay una revelación que trae Julián F. Martínez que, he de confesar, me estremeció, como seguramente les ocurrirá a los muchos lectores que tiene asegurados su libro. En efecto, según informe de uno de los implicados en esta época gris y sangrienta, “las interceptaciones ilegales del DAS se ejecutaron con la colaboración permanente de empresas de telefonía celular”, pues el funcionario que rindió este informe se ufanaba de que durante su gestión se fortalecieron “las relaciones institucionales con Movistar y la entonces Comcel (hoy Claro)”.

Es una lástima que los directivos de esas poderosas multinacionales, en vez de explicar en qué consistieron esas relaciones con el DAS, hubieran remitido a Julián F. Martínez a la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), ente gremial de los operadores celulares que tampoco atendió las peticiones del autor de este libro y optó por el silencio. La justicia tiene la palabra y los colombianos el derecho a la verdad.