Las afugias del Gobierno con la reforma tributaria

Si es que no la retiran, posibilidad que, dicen, comenzó a ser considerada por la Casa de Nariño, al gobierno del presidente Iván Duque le va a quedar “de para arriba” sacar adelante en el Congreso su recién radicada reforma tributaria, la tercera de su mandato, aquella que llaman “de transformación social solidaria”. Nadie duda que se necesita para la sostenibilidad de las finanzas del Estado y la permanencia y el fortalecimiento de los programas sociales, ante las afugias que trajo la pandemia. El Ejecutivo habla además de retomar la senda del crecimiento económico sostenido y avanzar en las metas de reducción de la pobreza, pues no se puede seguir incubando “una bomba de tiempo”. Pero también el sacrificio que se pide con la expansión de la base gravable en un sector de la población -la clase media-, mientras se mantienen los privilegios -léase exenciones- a otros, pone sobre la iniciativa una pesada carga que nadie en el Legislativo está dispuesto a asumir en plena campaña preelectoral.

Si el Gobierno insiste, el temor es que la reforma salga remendada y que parte de lo que se apruebe sea producto de una “negociación” con “mermelada” de por medio y obedeciendo a intereses particulares. El lío es que retirarla, como lo piden algunos, implica un costo político grande para el primer mandatario, con rebote en su partido, el Centro Democrático, que si bien ha expresado reparos al proyecto, es visto como su impulsor en el Capitolio. Una encrucijada que el expresidente Álvaro Uribe, máximo líder de esa colectividad, viene tratando de zanjar pidiendo un acuerdo político en el que se abra la puerta a modificaciones que se crean convenientes. “Se insistió mucho en presentar la reforma previamente consensuada con las mayorías del Congreso. Es urgente un acuerdo de modificación de textos que se exprese en la ponencia. Por favor, la mayor atención de la pobreza y la necesidad de ahorro burocrático no dan tiempo”, escribió en Twitter.

Puede ver: Gaviria mantuvo el no a la reforma tributaria en reunión con Uribe

Palabras que, al menos hasta ahora o por encima de la mesa, no han tenido eco. Porque aunque ayer se conoció de un diálogo virtual entre Uribe y el también expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, tratando de buscar esos consensos, la posición de la colectividad roja sigue siendo de rechazo, además con duros señalamientos de por medio. “La operación mermelada que hay hoy es gigantesca, como no la ha habido nunca (…) y el señor Carrasquilla no me va a manejar el partido a punta de mermelada”, declaró el exmandatario, quien acusó al ministro de Hacienda de haber “regalado” la reforma de 2018 “a los poderosos”. Y el lío para el Gobierno es que Gaviria no está solo en su cruzada, pues lo acompaña el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, con quien igualmente habló esta semana para unir fuerzas. “Pueden intentar convencer a los congresistas, pero por eso Gaviria se fue más allá y amenazó: el que no la vote en contra, no va a la lista de elecciones”, contó una fuente cercana al jefe liberal.

El asunto se pone más cuesta arriba cuando la U, partido oficialista, enfatizó a través de su directora, Dilian Francisca Toro, que no va a votar la reforma “si no se eliminan los gravámenes que afectan a los asalariados, a los pensionados y a la clase media”. Así las cosas, las cuentas no cuadran para sacarla adelante. Sin el liberalismo, Cambio Radical y la U, más toda la oposición, el gobierno Duque se queda con 39 senadores: 19 del Centro Democrático, 13 del Partido Conservador, seis de los partidos cristianos (aunque Colombia Justa-Libres ha dicho “no”), más Jhonatan Tamayo, conocido como Manguito. De ahí que el ministro del Interior, Daniel Palacios, responsable del manejo político de los temas del Ejecutivo, trate de dar justificaciones: “No teníamos ninguna intención de radicar ninguna nueva reforma tributaria, pero el año pasado tuvimos todo el impacto de la pandemia, lo que implica no solo un bajón del recaudo para las finanzas del Estado, sino una inversión de $60 billones para diferentes programas (…) lo que se busca es atender a la población más vulnerable y estabilizar las finanzas públicas”.

Puede ver: Más oposición a la tributaria: Cambio Radical también dice no a la reforma

Ahora, es claro que apenas estamos en las primeras de cambio y que el trámite es largo, lo que da para muchas movidas. “Era bastante predecible que una reforma de este tipo no tuviera de entrada apoyo mayoritario en el Congreso, estando a menos de un año de elecciones. Los congresistas no van a poner en juego su capital político por esta reforma, que además es bastante difícil que la ciudadanía la acepte en las condiciones en las que estamos. Los problemas de desigualdad social, pobreza, falta de educación, garantías y oportunidades se han vuelto más evidentes en la pandemia”, recalcó Claudia Ospina, experta en actualidad política colombiana. En su concepto, los escenarios posibles muestran al Gobierno retirando el proyecto para presentar otro más alineado con lo que plantean los líderes de los partidos. “Puede también pasar que se juegue muchísimo el lobby para convencer a los congresistas que están en la mitad, y al final se termine aprobando no todo, pero sí algo de la reforma. El camino es largo y el ambiente político está crítico”, agregó.

La analista Patricia Muñoz, docente de la Universidad Javeriana, cree que tal y como se está dando la discusión, es posible que el Gobierno acepte hacer modificaciones y ajustes que puedan llevar a que, con el paso de los días, se logre un consenso alrededor de unos puntos. Eso sí, advirtió, eventuales diálogos al menudeo, es decir, por fuera de la institucionalidad de los partidos, podrían traer consecuencias en la unidad de las colectividades, con costos ante la opinión pública. “Se supone que los congresistas deben someterse al régimen de bancadas, pero nuca se sabe (…) en la opinión pública hay un rechazo generalizado a buena parte de la reforma porque se ha concluido que grava especialmente a la clase media. Al Gobierno le toca convencer a congresistas y ciudadanía que su proyecto va es a beneficiar a los sectores más desfavorecidos y vulnerados por la pandemia, y que se necesitan los recursos para hacer la inversión social”, explicó. Y sobre el diálogo Uribe-Gaviria, dijo: “Se podría estar enviando un mensaje de falta de coherencia, que los partidos defienden hoy una posición y mañana otra”. Eso sí, se sabe que en la reunión con Uribe, Gaviria se mantuvo firme en el “no”.

Si es que no la retiran, posibilidad que, dicen, comenzó a ser considerada por la Casa de Nariño, al gobierno del presidente Iván Duque le va a quedar “de para arriba” sacar adelante en el Congreso su recién radicada reforma tributaria, la tercera de su mandato, aquella que llaman “de transformación social solidaria”. Nadie duda que se necesita para la sostenibilidad de las finanzas del Estado y la permanencia y el fortalecimiento de los programas sociales, ante las afugias que trajo la pandemia. El Ejecutivo habla además de retomar la senda del crecimiento económico sostenido y avanzar en las metas de reducción de la pobreza, pues no se puede seguir incubando “una bomba de tiempo”. Pero también el sacrificio que se pide con la expansión de la base gravable en un sector de la población -la clase media-, mientras se mantienen los privilegios -léase exenciones- a otros, pone sobre la iniciativa una pesada carga que nadie en el Legislativo está dispuesto a asumir en plena campaña preelectoral.

Si el Gobierno insiste, el temor es que la reforma salga remendada y que parte de lo que se apruebe sea producto de una “negociación” con “mermelada” de por medio y obedeciendo a intereses particulares. El lío es que retirarla, como lo piden algunos, implica un costo político grande para el primer mandatario, con rebote en su partido, el Centro Democrático, que si bien ha expresado reparos al proyecto, es visto como su impulsor en el Capitolio. Una encrucijada que el expresidente Álvaro Uribe, máximo líder de esa colectividad, viene tratando de zanjar pidiendo un acuerdo político en el que se abra la puerta a modificaciones que se crean convenientes. “Se insistió mucho en presentar la reforma previamente consensuada con las mayorías del Congreso. Es urgente un acuerdo de modificación de textos que se exprese en la ponencia. Por favor, la mayor atención de la pobreza y la necesidad de ahorro burocrático no dan tiempo”, escribió en Twitter.

Puede ver: Gaviria mantuvo el no a la reforma tributaria en reunión con Uribe

Palabras que, al menos hasta ahora o por encima de la mesa, no han tenido eco. Porque aunque ayer se conoció de un diálogo virtual entre Uribe y el también expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, tratando de buscar esos consensos, la posición de la colectividad roja sigue siendo de rechazo, además con duros señalamientos de por medio. “La operación mermelada que hay hoy es gigantesca, como no la ha habido nunca (…) y el señor Carrasquilla no me va a manejar el partido a punta de mermelada”, declaró el exmandatario, quien acusó al ministro de Hacienda de haber “regalado” la reforma de 2018 “a los poderosos”. Y el lío para el Gobierno es que Gaviria no está solo en su cruzada, pues lo acompaña el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, con quien igualmente habló esta semana para unir fuerzas. “Pueden intentar convencer a los congresistas, pero por eso Gaviria se fue más allá y amenazó: el que no la vote en contra, no va a la lista de elecciones”, contó una fuente cercana al jefe liberal.

El asunto se pone más cuesta arriba cuando la U, partido oficialista, enfatizó a través de su directora, Dilian Francisca Toro, que no va a votar la reforma “si no se eliminan los gravámenes que afectan a los asalariados, a los pensionados y a la clase media”. Así las cosas, las cuentas no cuadran para sacarla adelante. Sin el liberalismo, Cambio Radical y la U, más toda la oposición, el gobierno Duque se queda con 39 senadores: 19 del Centro Democrático, 13 del Partido Conservador, seis de los partidos cristianos (aunque Colombia Justa-Libres ha dicho “no”), más Jhonatan Tamayo, conocido como Manguito. De ahí que el ministro del Interior, Daniel Palacios, responsable del manejo político de los temas del Ejecutivo, trate de dar justificaciones: “No teníamos ninguna intención de radicar ninguna nueva reforma tributaria, pero el año pasado tuvimos todo el impacto de la pandemia, lo que implica no solo un bajón del recaudo para las finanzas del Estado, sino una inversión de $60 billones para diferentes programas (…) lo que se busca es atender a la población más vulnerable y estabilizar las finanzas públicas”.

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Ahora, es claro que apenas estamos en las primeras de cambio y que el trámite es largo, lo que da para muchas movidas. “Era bastante predecible que una reforma de este tipo no tuviera de entrada apoyo mayoritario en el Congreso, estando a menos de un año de elecciones. Los congresistas no van a poner en juego su capital político por esta reforma, que además es bastante difícil que la ciudadanía la acepte en las condiciones en las que estamos. Los problemas de desigualdad social, pobreza, falta de educación, garantías y oportunidades se han vuelto más evidentes en la pandemia”, recalcó Claudia Ospina, experta en actualidad política colombiana. En su concepto, los escenarios posibles muestran al Gobierno retirando el proyecto para presentar otro más alineado con lo que plantean los líderes de los partidos. “Puede también pasar que se juegue muchísimo el lobby para convencer a los congresistas que están en la mitad, y al final se termine aprobando no todo, pero sí algo de la reforma. El camino es largo y el ambiente político está crítico”, agregó.

La analista Patricia Muñoz, docente de la Universidad Javeriana, cree que tal y como se está dando la discusión, es posible que el Gobierno acepte hacer modificaciones y ajustes que puedan llevar a que, con el paso de los días, se logre un consenso alrededor de unos puntos. Eso sí, advirtió, eventuales diálogos al menudeo, es decir, por fuera de la institucionalidad de los partidos, podrían traer consecuencias en la unidad de las colectividades, con costos ante la opinión pública. “Se supone que los congresistas deben someterse al régimen de bancadas, pero nuca se sabe (…) en la opinión pública hay un rechazo generalizado a buena parte de la reforma porque se ha concluido que grava especialmente a la clase media. Al Gobierno le toca convencer a congresistas y ciudadanía que su proyecto va es a beneficiar a los sectores más desfavorecidos y vulnerados por la pandemia, y que se necesitan los recursos para hacer la inversión social”, explicó. Y sobre el diálogo Uribe-Gaviria, dijo: “Se podría estar enviando un mensaje de falta de coherencia, que los partidos defienden hoy una posición y mañana otra”. Eso sí, se sabe que en la reunión con Uribe, Gaviria se mantuvo firme en el “no”.