Las alertas sobre violencia contra liderazgos políticos y sociales de cara a 2023
La MOE presentó su balance sobre violencia política, en un año electoral que se consolidó como uno de los más complejos en este aspecto. También presentó sus recomendaciones para evitar que esto se repita en las elecciones regionales de 2023.
Finaliza el 2022 y con él también una de las épocas electorales más agresivas de los últimos tiempos. El traslado del debate político a las redes sociales, el aumento de la agresividad, los señalamientos, las noticias falsas y otras estrategias con las que se atacaron más a las personas que a los argumentos, fueron las claves de unas inolvidables campañas al Congreso y la Presidencia. Pero la violencia no se quedó ahí. También se materializó contra líderes políticos, sociales y comunales, con 534 hechos reportados.
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Así quedó consignado en el informe que publicó esta semana la Misión de Observación Electoral (MOE) y que recoge los hechos que se denunciaron durante los primeros 11 meses del año, en un balance que, según la MOE, es preocupante teniendo en cuenta que se hicieron más evidentes las acciones y la presencia de grupos armados, sobre todo en los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Arauca, Chocó y Putumayo, donde se registraron el 46,3 % de las agresiones registradas en todo el país y se concentraron además el 56 % de los hechos letales.
Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de Democracia de la MOE, advierte que, con esas cifras, este año se consolidó como el de “mayor cantidad de acciones armadas y amedrentamientos de las estructuras armadas ilegales, desde que la MOE empezó su monitoreo en el 2018, con un total de 1.191. Teniendo lugar esto en 314 municipios de 27 departamentos del país”.
Asimismo, Vela lamentó que justo este año, en el que por primera vez se eligieron las curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, en estos territorios se hayan presentado 183 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales durante los primeros 11 meses del año (el 34,3 % de las acciones registradas en el país. Es decir, las agresiones tuvieron lugar en 74 municipios de 16 regiones, siendo las amenazas, con 100 hechos, lo más recurrente, seguidas de los asesinatos (47) y los atentados (23).
“Es importante hacer énfasis en que el 34.3% de las afectaciones registradas contra liderazgos en el país -entre enero y noviembre-, ocurrieron precisamente en estos territorios y afectaron en mayor medida a los liderazgos sociales”, añade Vela, sobre el fenómeno que se dio principalmente en los departamentos de Nariño Cauca y Valle (38,3 % del total de registros).
La violencia política entre enero y noviembre de 2022
De las 534 agresiones que se registraron en 2022, 276 fueron contra lideresas y líderes políticos, 188 contra liderazgos sociales y 70 comunales. Esto hace que el 2022 se haya consolidado como uno de los años más violentos contra los diferentes tipos de liderazgos, solo después de 2019 cuando se contaron 535 hechos. Es decir, fue el segundo con más agresiones desde la firma del Acuerdo de Paz, solo detrás de aquel 2019, en el que la mayoría de acciones (290) fueron ataques contra líderes sociales.
Eso significa también que este año hubo un aumento de las agresiones contra liderazgos políticos, más que sociales, por lo que de acuerdo con el informe de la MOE resulta “preocupante” teniendo en cuenta las elecciones del próximo año y la perspectiva de violencia que podría darse en dicha coyuntura electoral.
De esos primeros meses del año también inquietan los hechos de violencia contra mujeres. Estos fueron los segundos con mayor cantidad de registros (15), tras las amenazas que estuvieron en el primer rubro (70). Las cifras, para la organización, evidencian que “la mujeres son objeto de una violencia diferencial derivada del ejercicio de sus roles de liderazgo y de su género, la cual tiene manifestaciones e implicaciones que van más allá de lo físico”.
En cuanto a la focalización de las agresiones, 184 de las 534 tuvieron lugar en 184 municipios de 29 departamentos. Esto solo significa que hay una “expansión geográfica” de las acciones contra los distintos liderazgos, pues en un año como 2018 la violencia se registró en 137 municipios. Las amenazas (346 casos), fueron el hecho más recurrente, que se presentaron en su mayoría en Bogotá (68), Cauca (66) y Antioquia (31). No obstante, fue en estos últimos dos departamentos donde hubo mayor registro de asesinatos (13 en Cauca y 10 en Antioquia).
Otro hecho que enciende las alarmas de cara a las elecciones de 2023 es el contexto de inseguridad y violencia que hubo en los primeros 11 meses de 2022, en los que hubo un recrudecimiento de la presencia de grupos armados. Según el informe, este año, con 1.191, fue el que tuvo la mayor cantidad de acciones armadas desde 2018, cuando la MOE empezó a hacer el registro.
Por ejemplo, mientras este año se enumeraron 821 acciones armadas y 370 amedrentamientos, en 2021 hubo 658 acciones armadas y 250 amedrentamientos. Y en 2019, el año con las cifras más bajas, hubo 422 y 205, respectivamente.
En el informe se hacen una serie de recomendaciones para evitar que este tipo de acciones se repitan durante el próximo año, en los que se elegirán a los próximos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles. Lo primero es que desde las autoridades locales se reconozca su papel como principales responsables de la protección y la prevención de la violencia contra los diferentes liderazgos políticos, sociales y comunitarios.
“Son las autoridades locales quienes deben en primer lugar garantizar la protección de la vida de los líderes y lideresas. De la misma forma las autoridades locales tienen el deber de diagnosticar el nivel de riesgo y generar políticas de prevención de violencia contra los liderazgos de su territorio”, señala el documento, en el que piden a las autoridades anticiparse en la definición de políticas públicas para mitigar la violencia contra las personas que ejercen liderazgos.
Eso no implica que las entidades del orden nacional (ministerios del Interior y de Defensa, y Procuraduría) acompañen a las autoridades locales en esa proyección de metodologías para detectar riesgos y ejecutar acciones cuando se presenten. Para esto es clave que todas las entidades estatales brinden la confianza necesaria para el trabajo interinstitucional y también para que la ciudadanía tenga la certeza de que las denuncias sobre hechos de violencia serán tramitadas con diligencia.
Otro punto importante para prevenir la violencia política y social es que se creen rutas de protección municipales y departamentales, que sean socializadas de forma oportuna con las personas que han sufrido amenazas. La idea es que estas alertas se activen para la pronta acción estatal una vez se conozca sobre el riesgo que tiene un líder o lideresa.
“No tener una ruta establecida implica, en primer lugar, que el riesgo latente ante cualquier tipo de amenaza es muy alto para todo líder o lideresa ya que la amenaza puede consumarse y, en segundo lugar, existe un incentivo de los grupos armados ilegales u otros actores a realizar amenazas”, apuntan desde la MOE, que como última recomendación pide no centrarse solo en la protección, sino buscar formas de prevenir los hechos de violencia.
Finaliza el 2022 y con él también una de las épocas electorales más agresivas de los últimos tiempos. El traslado del debate político a las redes sociales, el aumento de la agresividad, los señalamientos, las noticias falsas y otras estrategias con las que se atacaron más a las personas que a los argumentos, fueron las claves de unas inolvidables campañas al Congreso y la Presidencia. Pero la violencia no se quedó ahí. También se materializó contra líderes políticos, sociales y comunales, con 534 hechos reportados.
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Así quedó consignado en el informe que publicó esta semana la Misión de Observación Electoral (MOE) y que recoge los hechos que se denunciaron durante los primeros 11 meses del año, en un balance que, según la MOE, es preocupante teniendo en cuenta que se hicieron más evidentes las acciones y la presencia de grupos armados, sobre todo en los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Arauca, Chocó y Putumayo, donde se registraron el 46,3 % de las agresiones registradas en todo el país y se concentraron además el 56 % de los hechos letales.
Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de Democracia de la MOE, advierte que, con esas cifras, este año se consolidó como el de “mayor cantidad de acciones armadas y amedrentamientos de las estructuras armadas ilegales, desde que la MOE empezó su monitoreo en el 2018, con un total de 1.191. Teniendo lugar esto en 314 municipios de 27 departamentos del país”.
Asimismo, Vela lamentó que justo este año, en el que por primera vez se eligieron las curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, en estos territorios se hayan presentado 183 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales durante los primeros 11 meses del año (el 34,3 % de las acciones registradas en el país. Es decir, las agresiones tuvieron lugar en 74 municipios de 16 regiones, siendo las amenazas, con 100 hechos, lo más recurrente, seguidas de los asesinatos (47) y los atentados (23).
“Es importante hacer énfasis en que el 34.3% de las afectaciones registradas contra liderazgos en el país -entre enero y noviembre-, ocurrieron precisamente en estos territorios y afectaron en mayor medida a los liderazgos sociales”, añade Vela, sobre el fenómeno que se dio principalmente en los departamentos de Nariño Cauca y Valle (38,3 % del total de registros).
La violencia política entre enero y noviembre de 2022
De las 534 agresiones que se registraron en 2022, 276 fueron contra lideresas y líderes políticos, 188 contra liderazgos sociales y 70 comunales. Esto hace que el 2022 se haya consolidado como uno de los años más violentos contra los diferentes tipos de liderazgos, solo después de 2019 cuando se contaron 535 hechos. Es decir, fue el segundo con más agresiones desde la firma del Acuerdo de Paz, solo detrás de aquel 2019, en el que la mayoría de acciones (290) fueron ataques contra líderes sociales.
Eso significa también que este año hubo un aumento de las agresiones contra liderazgos políticos, más que sociales, por lo que de acuerdo con el informe de la MOE resulta “preocupante” teniendo en cuenta las elecciones del próximo año y la perspectiva de violencia que podría darse en dicha coyuntura electoral.
De esos primeros meses del año también inquietan los hechos de violencia contra mujeres. Estos fueron los segundos con mayor cantidad de registros (15), tras las amenazas que estuvieron en el primer rubro (70). Las cifras, para la organización, evidencian que “la mujeres son objeto de una violencia diferencial derivada del ejercicio de sus roles de liderazgo y de su género, la cual tiene manifestaciones e implicaciones que van más allá de lo físico”.
En cuanto a la focalización de las agresiones, 184 de las 534 tuvieron lugar en 184 municipios de 29 departamentos. Esto solo significa que hay una “expansión geográfica” de las acciones contra los distintos liderazgos, pues en un año como 2018 la violencia se registró en 137 municipios. Las amenazas (346 casos), fueron el hecho más recurrente, que se presentaron en su mayoría en Bogotá (68), Cauca (66) y Antioquia (31). No obstante, fue en estos últimos dos departamentos donde hubo mayor registro de asesinatos (13 en Cauca y 10 en Antioquia).
Otro hecho que enciende las alarmas de cara a las elecciones de 2023 es el contexto de inseguridad y violencia que hubo en los primeros 11 meses de 2022, en los que hubo un recrudecimiento de la presencia de grupos armados. Según el informe, este año, con 1.191, fue el que tuvo la mayor cantidad de acciones armadas desde 2018, cuando la MOE empezó a hacer el registro.
Por ejemplo, mientras este año se enumeraron 821 acciones armadas y 370 amedrentamientos, en 2021 hubo 658 acciones armadas y 250 amedrentamientos. Y en 2019, el año con las cifras más bajas, hubo 422 y 205, respectivamente.
En el informe se hacen una serie de recomendaciones para evitar que este tipo de acciones se repitan durante el próximo año, en los que se elegirán a los próximos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles. Lo primero es que desde las autoridades locales se reconozca su papel como principales responsables de la protección y la prevención de la violencia contra los diferentes liderazgos políticos, sociales y comunitarios.
“Son las autoridades locales quienes deben en primer lugar garantizar la protección de la vida de los líderes y lideresas. De la misma forma las autoridades locales tienen el deber de diagnosticar el nivel de riesgo y generar políticas de prevención de violencia contra los liderazgos de su territorio”, señala el documento, en el que piden a las autoridades anticiparse en la definición de políticas públicas para mitigar la violencia contra las personas que ejercen liderazgos.
Eso no implica que las entidades del orden nacional (ministerios del Interior y de Defensa, y Procuraduría) acompañen a las autoridades locales en esa proyección de metodologías para detectar riesgos y ejecutar acciones cuando se presenten. Para esto es clave que todas las entidades estatales brinden la confianza necesaria para el trabajo interinstitucional y también para que la ciudadanía tenga la certeza de que las denuncias sobre hechos de violencia serán tramitadas con diligencia.
Otro punto importante para prevenir la violencia política y social es que se creen rutas de protección municipales y departamentales, que sean socializadas de forma oportuna con las personas que han sufrido amenazas. La idea es que estas alertas se activen para la pronta acción estatal una vez se conozca sobre el riesgo que tiene un líder o lideresa.
“No tener una ruta establecida implica, en primer lugar, que el riesgo latente ante cualquier tipo de amenaza es muy alto para todo líder o lideresa ya que la amenaza puede consumarse y, en segundo lugar, existe un incentivo de los grupos armados ilegales u otros actores a realizar amenazas”, apuntan desde la MOE, que como última recomendación pide no centrarse solo en la protección, sino buscar formas de prevenir los hechos de violencia.