Las claves para entender la reforma política y no perderse en el debate

El informe de conciliación de la reforma política fue aprobado esta semana en el Senado y en la Cámara de Representantes. Este paso era necesario para que el proyecto del Gobierno continúe con el trámite correspondiente el próximo año (2023). Si bien el texto conciliado intenta dirimir las discrepancias surgidas en la discusión y aprobación, esta vez no fue el caso. Han salido todo tipo de dudas sobre lo que quedó en el documento.

Precisamente, aprobar la conciliación no fue sencillo, especialmente en la Cámara, en donde ayer se abrió el debate entre opositores, pero, también en miembros de la coalición pro Gobierno, quienes se opusieron a algunos puntos. En especial, a uno que daría la posibilidad a los actuales congresistas de asegurar su reelección en 2026, sin tener en cuenta el principio de paridad de género.

No obstante, en medio de esa discusión; el ministro del Interior, Alfonso Prada dijo no era hora de discutir punto por punto. Al proyecto todavía le faltan cuatro debates el próximo año (2023), y, según dice, en ese momento será hora de poner en consideración cada artículo.

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La figura de la conciliación “no abre la posibilidad de reabrir el debate de un artículo. Por eso, no vamos a votar solo un punto en particular (…) ni siquiera se nos permite opinar si el artículo es bueno o malo, jurídico o antijurídico. En ese caso tendríamos que hacerlo con todos”. Agregó que “la conciliación se vota como requisito para que se dé un quinto debate y allí, se revisará la legalidad y constitucionalidad de cada artículo”.

Así las cosas, el próximo año, cuando el Congreso entre del receso legislativo, se reabrirá la discusión sobre lo que quedó de estos primeros cuatro debates. Por eso, acá le contamos, punto a punto, el contenido del texto conciliado y por qué es importante.

¿Procuraduría perdería dientes?

En el texto conciliado quedó que la Procuraduría General de la Nación perdería su competencia para sancionar funcionarios elegidos popularmente. “El ejercicio de los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular solo podrá ser limitado por sentencia judicial proferida por una autoridad judicial competente en un proceso penal o de pérdida de investidura”, es decir, a través de un fallo penal o sanción del Consejo de Estado.

Si bien la Procuraduría ya no tendrá esa posibilidad, se trata de la implementación de un fallo de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la “no afectación de derechos políticos por parte de una autoridad administrativa”, señala la Misión de Observación Electoral (MOE). Esta ha sido una de las banderas del presidente Gustavo Petro, desde su destitución como alcalde de Bogotá por parte del entonces procurador, Alejandro Ordoñez.

Transfuguismo: cambiar de partido

En el texto también quedó la posibilidad de que, por una sola vez, los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular (Congreso, Concejos y Asambleas Departamentales), puedan inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia. Esto aplicaría para los dos meses siguientes después de aprobada la ley.

Esto ha levantado críticas, pues, como en muchos de los artículos, los Congresistas han dicho que estarían “legislando en nombre propio”: la aplicación de la ley, de ser aprobada, podría beneficiarles para cambiar de partido próximamente. “Eso es un irrespeto con el elector, quien lo eligió por un partido y va a terminar en otro”, dice el senado David Luna, de Cambio Radical.

Sin embargo, desde el Gobierno dicen que esto pretende resolver el problema para los integrantes de los partidos políticos que no se identifican con sus posturas. “No necesariamente quienes aspiraron por los partidos hacen parte de su historia, de su ideología, de sus programas”, señala el ministro Prada.

Paridad y listas cerradas

Por un lado, el texto busca que los partidos y movimientos tengan en ceunta mecanismos de democracia interna, “garantizando en todo momento la participación, respetando la paridad de género”. De acuerdo con la MOE, esto es consecuente con el resto de la reforma, pues también incluye que las listas para ocupar curules en corporaciones de elección popular estén “conformadas cumpliendo con los principios de paridad, alternancia y universalidad”.

Esto ha sido visto como algo muy positivo por congresistas y sectores feministas, quienes ven en ello la posibilidad de garantizar la participación de las mujeres. No obstante, también ha recibido críticas, pues, se ha pedido claridad respecto a los mecanismos de democracia interna.

Congresistas dicen que esto podría someterlos a la “dictadura del bolígrafo”. “Una mujer como yo no estaría en el Congreso si no fuera por el voto preferente”, dijo la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde). Igualmente, Juan Carlos Losada (Partido Liberal) dice que los ciudadanos han sido quienes lo han puesto ahí y que, en su partido, podrían excluirlo por sus posturas.

Financiación 100% estatal

Sigue viva la posibilidad de que “las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos con Personería Jurídica, consejos comunitarios o por movimientos y grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas de manera anticipada a la contienda electoral con recursos 100% estatales”.

Actualmente, según la Constitución del 1991 la financiación de las campañas es de carácter mixto (pública y privada). “No es claro cómo operará la financiación estatal, por ejemplo, si es a través de anticipos y cómo se determinan los topes, en relación con qué parte de los recursos de funcionamiento pueden destinar las organizaciones políticas para las campañas”, dice la MOE respecto a este punto, por lo que será algo por resolver el próximo año.

De congresistas a ministros

Quedó abierta la posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros o, que renuncien para ocupar otro cargo público o privado. Eso sería posible con una modificación en las incompatibilidades de los congresistas durante el periodo constitucional, luego de presentar una renuncia a la corporación.

En caso de renuncia, se mantendrían durante el año las incompatibilidades, siguiente a su aceptación. Aquí el cambio: “excepto para el desempeño de cargo o empleo público o privado, caso en el cual solo deberá mediar la renuncia debidamente aceptada. Para el caso de cargos de elección popular, la renuncia deberá ser antes de la correspondiente inscripción”.

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¿Qué es una reforma política?

Generalmente, un país se somete a una reforma política porque algo no está funcionando bien en los procesos de representación política. En esa vía, se propone una modificación de las reglas de juego para la participación institucional: es decir, la forma en la que los ciudadanos llegan al poder del Estado, sea en el Ejecutivo o el Legislativo.

Por eso, en el contexto de la actual de la reforma, estamos hablando de las elecciones de autoridades y miembros de corporaciones regionales de 2023 y, sobre las elecciones al Congreso de 2026.

Esas reglas de juego tienen que ver, entre otras cosas, “con la organización y el funcionamiento de los partidos políticos, el ejercicio de la oposición, el sistema electoral, la equidad en la competencia política y la financiación de las campañas, y, los mecanismos de participación ciudadana; en fin, aspectos todos tendientes a recuperar la credibilidad de la política y la legitimidad institucional”, explica el experto en Ciencia Política y exrepresentante a la Cámara, Jaime Buenahora Febres.

Así pues, en un proyecto de siete artículos, la reforma del Gobierno hace cambios en varios de esos puntos. Muchos de esos parámetros están consagrados en la Constitución Política, por lo que, este proyecto de reforma se trata de un acto legislativo, superior a cualquier otro tipo de ley.