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Justo cuando se celebran los 30 años de la constituyente y la Constitución de 1991, nuevamente hay pedidos de convocar a la ciudadanía para hacer una nueva carta magna. La idea es de distintos sectores, tanto del uribismo como de partícipes del paro nacional. Estos últimos están inspirados en el caso chileno, que, tras múltiples jornadas de protestas -muy parecidas a lo que se está viviendo en varias ciudades del país-, el gobierno abrió la puerta a un proceso constituyente para reemplazar el texto vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet.
En medio de este debate, El Espectador dialogó con cinco miembros de la asamblea constituyente de 1991 de distintas listas para discutir este planteamiento que cobra fuerza. Entre los entrevistados estuvo el exprocurador Fernando Carrillo, que llegó a la constituyente como representación de los jóvenes que idearon la Séptima Papeleta. En su criterio, es muy riesgoso convocar a una constituyente porque su producto puede ser retardatario. También mencionó el caso chileno para decir que lo que se está viviendo al sur del continente fue lo mismo que ocurrió en Colombia hace 30 años.
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Ha comenzado a sonar la propuesta de una nueva constitución, ¿qué piensa?
Es absolutamente innecesaria e inconveniente. Es innecesaria porque todas las conquistas que la calle está buscando en este momento ya están en la constitución colombiana. Lo que pasa es que no ha tenido desarrollo legislativo. Es inoportuna la propuesta y peligrosa porque barajar toda la arquitectura institucional en este momento, en un país tan polarizado, es un riesgo muy alto. Podríamos incluso terminar en una constitución mucho más regresiva y se podría producir un gran retroceso democrático. La gran revolución que reclaman en este momento desde el descontento social, que hay que capitalizar ese descontento social, no son reformas de la constitución. Las reformas a la salud, a la educación, a la política, e incluso a la Policía no necesitan cambiar la constitución de 1991. Esta es tan suficientemente democrática, amplia y participativa, garantista en materia de derechos, que no necesita ser reformada. Lo que hay que cambiar son las normas, por lo que hay que pensar en un paquete de reformas legislativas -no constitucionales- para materializar esa agenda reformista que necesita Colombia.
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Bajo esa mirada, si se plantea una constituyente limitada para esas reformas que menciona, ¿también sería inconveniente?
Ahí está el punto, Colombia lleva una cantidad de reformas políticas y la gran conclusión es que la verdadera reforma en el país es de las costumbres y de la cultura política y no del sistema político como tal, eso ya se hizo en el 91. No necesitamos afectar el sistema constitucional para reformar la política. Ese fue un error que tuvimos en el 91: pensamos que, por incorporar unas instituciones muy modernas desde el punto de vista del sistema político, se iba a reformar la política del día a día, de los partidos y el respeto a la participación ciudadana.
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Lo que se necesitan son normas de cultura política que no implican una reforma a la constitución. Tampoco se necesita una nueva constituyente para reformar a la justicia, lo que tenemos que hacer es aumentar los mecanismos de acceso a ella y descentralizarla. Se debe desconcentrar y aumentar la relación del ciudadano con la justicia. Eso no necesita una nueva constitución. Entonces no entiendo cuáles son las reformas que son indispensables para modernizar a Colombia tocando la constitución más progresistas y garantista de América Latina. He dicho, Chile llegó 30 años después a lo que nosotros hicimos en 1991. Lo revolucionario es cumplir con ese texto, no reformarlo ni demolerlo.
¿Qué puede resultar de una constituyente en este momento?
No creo que se pueda llegar a los consensos del 91. Nosotros teníamos en ese año un esquema de un país unido contra la violencia y el narcotráfico. Ese fue el gran denominador. Tanto que cuando se eligió la constituyente, los dos partidos nuevos que llegaron -Alianza Democrática M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional- encontraron con los liberales un denominador común y se logró un gran consenso ciudadano que ya venía creándose con la Séptima Papeleta. Nunca hubo un escenario de extremismo, polarización y de discurso de odio como se está viviendo hoy en Colombia. Hay que buscar un consenso para reformas legislativas pero no se debe reformar la constitución.
¿Entonces, el problema no es del texto constitucional sino de quienes lo están aplicando?
Exactamente. El problema es de acatamiento. Hay instituciones constitucionales que fueron letra muerta. Por eso no hay que modificarla sino ponerla en marcha. Por ejemplo, se tuvieron unos 10 primeros años donde la tutela tuvo una fuerza tremenda en la garantía de los derechos. Los problemas de derechos humanos de las últimas semanas se resuelven con la constitución de 1991. No hay problema de todos los que están en la calle que escape a la constitución. Esta tiene todas las respuestas: participación ciudadana, derechos de las nuevas ciudadanía, el estado social de derecho y las políticas de juventudes.
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Usted habla de que los primeros 10 años hubo una amplia fuerza proveniente de la constitución, ¿qué pasó para que 20 años después se esté hablando de cambiarla?
Son fuerzas retrógradas las que están pidiendo que se cambie la constitución del 91. Ninguna fuerza progresista que crea en los derechos humanos y en la participación ciudadana puede proponer una constitución nueva. Hay que tener cuidado sobre quiénes están pidiendo una reforma y para qué. La constitución de 1991 no es ningún obstáculo para esas reformas que necesita Colombia.