La FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) ha estado envuelta en varias polémicas por sus posiciones y pronunciamientos a favor de una libertad de información que a algunos les parece excesiva. ¿A qué se debe que su actividad, casi pedagógica, haya llegado a ser tan controvertida?
Los cuestionamientos que nos hacen se pueden resumir en dos interrogantes: ¿por qué debe existir libertad de prensa sin restricciones? Y ¿por qué defender a medios de comunicación con marcados intereses políticos o con contenido “basura”? La primera pregunta es la más preocupante porque deja entrever que, para diferentes sectores, ha dejado de tener sentido el acuerdo que, hasta hace unos años, parecía definitivo en el país: la libertad de información es necesaria y debe defenderse. Por eso la FLIP y otras organizaciones que hacen este trabajo en América Latina pasamos a ser blanco de ataques. Conozco a varias personas que han sido férreas defensoras de la libertad de prensa y que hoy respaldan la idea de que haya limitaciones. A mí me cuesta entender esa posición, porque nosotros defendemos los estándares que garantizan el ejercicio periodístico libre.
Aunque es discutible, no es lo mismo que un medio tenga intereses políticos determinados o que difunda contenido “basura”. ¿Qué dice la FLIP en este último caso?
Esa es una discusión más vieja. Hay muchos tipos de periodismos: buenos, malos, amarillistas, intrascendentes o el que tumba ministros. Todos ellos, bajo el principio de libertad de prensa, deben tener garantías para que se ejerzan públicamente. La FLIP no es partidista ni es un gremio. Nuestra misión no consiste en etiquetar a quienes hacen cualquier tipo de periodismo, porque lo que hacemos es defender el ejercicio fundamental del derecho a publicar. Ha habido muchos intentos por ligarnos con una ideología o acusarnos de defender, solamente, los intereses de un sector. La FLIP ha apoyado a miles de periodistas regionales que son particularmente vulnerables. Y formulamos reproches cuando ocurren ataques contra empresas y grandes corporaciones. Únicamente en 2022, atendimos a más de 500 periodistas que sufrieron algún tipo de ataque. Esta cifra indica que no hay preselección ni sesgo.
Uno de los pronunciamientos más controvertidos de la FLIP está relacionado con el presidente Petro, al que ustedes le contaron “34 trinos contra nueve medios de comunicación”: esa “frecuencia... pretende sembrar dudas... sobre la idoneidad de los medios para hacer su trabajo”, dijo la FLIP. Petro contestó que tiene derecho a defenderse y a defender su programa de gobierno. ¿Cómo responde usted ese argumento que parece razonable?
Especialmente a los presidentes pero, también, a todos los demás funcionarios públicos se les exige que toleren los cuestionamientos que hace la prensa. Es una regla del juego democrático como lo han dicho, en reiteradas ocasiones, tanto la Corte Constitucional como la jurisprudencia internacional. Es claro que las críticas de los medios no les gustan a los mandatarios y que, tanto al presidente Petro como a sus antecesores, les incomodan. Todos han rivalizado con la prensa, unos, con métodos más sofisticados, otros, más agresivos, como el expresidente Uribe. No creo que exista un medio al que no se le haya etiquetado con intención de deslegitimarlo. Los han llamado medios “subversivos”, “al servicio de la guerrilla”, del “narcotráfico”, del “establecimiento”, etc.
Es cierto, pero también lo es que un funcionario público, sea presidente, ministro o de rango medio, tiene derecho a la defensa, desde luego, dentro de los límites de la ley y la democracia. ¿Por qué un trino de un presidente cualquiera, que no es lo mismo que hacerle un montaje a un periodista o que ordenar seguimientos en su contra, como ha sucedido en Colombia, no es legítimo en materia de libertad de expresión?
Sobre Petro y sus trinos doy dos ejemplos. El primero, cuando le solicitó rectificar a la revista “Cambio” y el medio procedió a hacerlo porque, efectivamente, tenía una información errónea. Ese es el mecanismo idóneo. El otro, el incorrecto, es cuando el presidente escribe o replica mensajes en su cuenta de Twitter con frases como estas: “¿Qué tendrá nuestra prensa que nos quiere sabotear?” o “hay titulares de prensa que alientan los golpes de Estado”. Mensajes como esos no buscan una defensa: generalizan y confrontan a un sector de la prensa con el Gobierno. En las circunstancias adecuadas, puede ser sana la interacción entre el jefe de Estado y un periodista. Por eso resultan útiles espacios como las ruedas de prensa o los encuentros informales con fines informativos. Sin embargo, cuando, de manera reiterativa, se deja entrever una intención de descrédito o de censura, la ecuación se complica porque es evidente el desbalance entre el poder del presidente y el de un medio o un periodista.
Por sus posiciones, ¿la FLIP ha tenido controversias similares con otros jefes de Estado?
Sí. En el gobierno Duque hubo tensión con la FLIP y sabemos que nos veía como un contrincante, no como una organización de defensa de derechos humanos. Cuando terminó su mandato, publicamos un amplio reportaje en el que hicimos un balance de su gestión y la relación con los medios. No le gustó. Además, revelamos cuánto había gastado en propaganda oficial y publicamos el contrato que firmó la Casa de Nariño con una empresa para etiquetar como “negativos, positivos o neutros” a periodistas e influenciadores. También investigamos otro contrato que firmó el ministro de Defensa, Diego Molano, después del paro nacional del 2021, en el que se simulaba un ciberataque a las Fuerzas Armadas para justificar una campaña en contra de informaciones que circulaban en varios medios y que, a su juicio, eran falsas. Y, por supuesto, denunciamos a Juan Pablo Bieri por haber censurado al periodista Santiago Rivas, siendo Bieri director de RTVC, cuando ordenó eliminar el programa “Los puros criollos”.
La FLIP también hizo público un comunicado en que recuerda, a propósito de la libertad que un juez le otorgó la semana pasada a Jorge Luis Alfonso López (hijo de alias “la Gata”), que ese sujeto fue condenado a 29 años de cárcel por asesinar al periodista Rafael Enrique Prins. Su comentario al respecto, por favor.
La liberación del hijo de alias “la Gata” es un exabrupto. Ojalá que se investigue al juez que emitió la orden. El proceso de Alfonso López es el primero, en Colombia, en el que se condena al autor intelectual del asesinato de un periodista. Él ordenó matar al director del periódico “El Apocalipsis”, de Magangué (Bolívar), Rafael Enrique Prins, en 2005, por las denuncias de corrupción que este hizo sobre los cuestionables contratos entre la Alcaldía, que ejercía en ese entonces el condenado, y las empresas de su madre, Enilse López, también condenada, por homicidio, a 37 años de prisión.
Según los lineamientos de la FLIP, ¿la política de paz total, que es plausible, puede llegar al extremo de llevarse por delante los derechos de los familiares de Rafael Enrique Prins, que mal sobreviven a esa situación de terror?
Esa es la pregunta que queda planteada, porque hasta ahora los familiares no se han pronunciado y entendemos que están en una posición de gran vulnerabilidad. Es fundamental que el Gobierno tome todas las acciones que estén a su alcance para asegurarse de que los derechos de las víctimas no sean vulnerados y que López cumpla su condena. De hecho, él ya ha recibido beneficios porque su pena fue rebajada de 39 a 29 años y puede cumplirla en su casa.
Otra crítica que ha recibido la FLIP, incluso de personas cercanas a su organización, es que ustedes han tomado posición en defensa de quienes pretenden ejercer como periodistas, pero de quienes se sabe que trabajan para un partido, un movimiento político o a sueldo de un empresario o de abogados con intereses muy particulares. ¿Cómo distinguen ustedes entre los verdaderos y falsos reporteros?
Defendemos el término más amplio de periodista, el que usan las relatorías internacionales de libertad de expresión. Buscamos, ante todo, proteger el contenido que consideramos de interés público. Por ejemplo, defendimos a José Alberto Tejada, quien, durante el paro nacional, era director del Canal (local, por cable) 2, en Cali. Muchas personas nos criticaron porque aseguraban que no se trataba de un contenido periodístico porque él tenía intereses políticos. Tejada y su equipo hicieron un gran trabajo y fueron muy valientes: recibieron amenazas y ataques de todo tipo y, pese a ello, publicaron contenido que ningún otro medio incluía. También debo decir que él es, hoy, congresista del Pacto Histórico.
Pero ejercía una tarea típica de periodismo: difundir lo que sucedía en las calles. Me refiero a otros personajes de quienes todo el mundo sabe que desarrollan tareas de difamación por encargo político, económico o simplemente por odio. ¿Cuál es el sustento ético o de derechos humanos que la FLIP esgrime cuando defiende a esos “reporteros” camuflados?
En algunos casos muy puntuales, hemos tomado posición a su favor cuando entendemos que hay decisiones judiciales que van en contravía de derechos constitucionales. Y esto ocurre porque no solo vemos el efecto individual de un acto, sino el potencial efecto nocivo que puede tener contra la colectividad de periodistas y medios.
Y de otro lado, los ataques sin sustento y frecuentemente calumniosos contra periodistas serios que se dedican a temas de investigación y denuncia son pan de cada día, sobre todo en las redes sociales. ¿Cuáles estrategias recomienda activar la FLIP frente a intimidaciones cuyo origen es anónimo o fácil de ocultar?
Ese es un tema clave. Una de las estrategias que emprendimos fue vía litigio estratégico. En octubre del 2020, interpusimos una acción de tutela y expusimos el problema de la violencia en línea por parte de actores políticos y su impacto negativo en la libertad de expresión. La pusimos en representación de nueve periodistas mujeres con diferentes posturas editoriales, pero quienes tenían en común que los ataques que sufrieron fueron difundidos y alentados por líderes políticos como represalia por su oficio. A mediados del año pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció que existe un marcado patrón de violencia ejercido en redes sociales contra las periodistas mujeres. Además, estableció que el Consejo Nacional Electoral y los comités de ética pueden sancionar a partidos y movimientos políticos y políticos por ese motivo. Es un paso tímido todavía, pero, por lo menos, apunta a que los funcionarios que atacan a la prensa tengan un costo político.
El año pasado fueron asesinados, en Colombia, cuatro reporteros. ¿Los ataques en que perdieron la vida tuvieron que ver con el ejercicio de su profesión, según ustedes?
En dos de los cuatro casos tenemos la certeza de que los asesinatos fueron ordenados como represalia por las publicaciones de las víctimas. El primero fue el del periodista Rafael Moreno, director del medio virtual “Voces de Córdoba”, del municipio de Montelíbano, en ese departamento, que fue asesinado en la noche del domingo 16 de octubre del 2022 por sicarios en moto. Rafael venía denunciando la corrupción de congresistas y otros funcionarios estatales de la región. Él había sido amenazado y, sin embargo, la Unidad Nacional de Protección le retiró el esquema de seguridad que tenía asignado, dos meses antes, por lo que fue blanco fácil de los asesinos. El segundo caso es el de Wilder Córdoba, director del canal privado La Unión TV, del municipio nariñense que lleva ese nombre. Wilder era conocido por sus denuncias en materia de seguridad. Estos dos homicidios son gravísimos y dejan profundas consecuencias en el periodismo regional, porque, además de periodistas, ellos eran líderes sociales.
En las ciudades hay otro panorama: es evidente que la vía preferida de quienes quieren atacar la libertad de información es el acoso judicial. ¿Cuántos casos conoce la FLIP de reporteros denunciados, en materia penal, o demandados con pretensiones de sanciones económicas en 2022?
El acoso judicial se usa como una estrategia de desgaste e intimidación. La mayoría de las veces, las acusaciones carecen de sustento jurídico serio. Por eso, los procesos no llegan a etapas de condena. El acoso judicial también sucede por la vía civil: ha habido varios casos con pretensiones que no buscan reparación sino censura o miedo. Normalmente, se termina negociando a puerta cerrada o los casos quedan en el limbo, porque quien acusa desiste. Ahora estamos atentos a saber cómo avanza la propuesta del Ministerio de Justicia de despenalizar la injuria y la calumnia, lo que constituye una buena señal.
Algunas sentencias recientes de la Corte Constitucional han resuelto conflictos a favor de la libertad de información. El fallo a favor del blog de las “Volcánicas”, que denunció al director de cine Ciro Guerra por presunto acoso sexual, favoreció a las periodistas denunciantes.
Es una sentencia muy importante que se suma a otras como la del caso de la serie “Matarife”, que recomiendo leer. Ciro Guerra emprendió una estrategia que incluye acciones penales y civiles en contra del medio de comunicación “Volcánicas” como consecuencia de un reportaje en el que se recogen ocho testimonios en los que se le denuncia por acoso y abuso sexual. En la demanda civil que interpuso en contra de las periodistas, Guerra solicitó US$1’500.000 de indemnización, lo que constituye abuso de poder y acoso judicial. La Corte Constitucional falló en contra de Guerra, porque las periodistas hicieron un trabajo de investigación acorde con los estándares de veracidad exigidos.
“La ‘pasada al paredón’ de los medios no es tarea del Gobierno”
A los periodistas profesionales y a los medios de comunicación nos exigen – y está bien que se haga – altos estándares de veracidad ¿Por qué ese nivel parece que no rigiera para los “influenciadores”, activistas y medios digitales que injurian y no pocas veces calumnian a otros sin que nadie pueda hacer algo ¿Qué piensa la FLIP al respecto?
La responsabilidad legal es exigible respecto del periodismo pero no se han determinado aún, las reglas para los creadores de contenidos en el mundo digital. No obstante y a pesar de que no haya un marco normativo, sigue existiendo la responsabilidad ética, moral y social del autor del contenido que parte de no difundir mentiras o de no publicar piezas con pretensión de hacer daño. Las audiencias y los seguidores de ese tipo de medios son quienes, por ahora, tienen el control si evidencian su reproche. Ahora bien, sigue existiendo el deber del periodismo, de rendirles cuentas a sus audiencias. Nosotros apoyamos esos espacios junto con otras organizaciones como la Fundación Gabo y AMI (Asociación Colombiana de Medios de Información). Pero “la pasada al paredón” de los medios, no puede hacerla el gobierno de turno.
Libertad de expresión Vs. derechos de ciudadanos
En la Constitución colombiana y el Derecho Internacional de Derechos Humanos también queda claro que no hay derechos absolutos ¿Ha leído las interesantes columnas del profesor Mauricio García Villegas, en El Espectador, sobre la denominada “cultura de la cancelación” en las redes (que consiste en “liquidar” la capacidad de defensa de una persona criticada por un grupo)?
Las columnas de Mauricio García Villegas y el libro que van a lanzar él y otros investigadores sociales sobre el fenómeno de la cancelación, son necesarios porque plantean una honda reflexión. Hay que convivir con la idea de que ninguna cultura, país o modo de comunicación es inmune a la existencia o influencia del discurso de odio cuando se deriva en este. Ahora, el hecho de que ese tipo de discurso encontrara un nuevo hábitat en las últimas décadas, en las redes sociales, permitió que ese fenómeno estallara en la cara de todos y provocara reacciones vehementes ¿Cómo encontrar el equilibrio entre el derecho a la dignidad de sus ciudadanos y el derecho a la libertad de expresión? El debate es sumamente complejo, pero lo que sí consideramos es que la última opción debe ser la de crear leyes para regularlo porque por esa vía no se soluciona el problema.