Las deudas del Gobierno con el Acuerdo de Paz para acabar con el asesinato de líderes sociales

La consigna de proteger la vida de los líderes sociales y exguerrilleros amenazados generó que cientos de personas, políticos y el Gobierno mismo se unieran a las movilizaciones del pasado 26 de julio, convocadas por los defensores del Acuerdo de Paz. 

(Le recomendamos: Líderes sociales: ¿cuántos crímenes están en la impunidad?)

Ante el fuerte llamado de los colombianos sobre este tema, el presidente Iván Duque pidió para el próximo 12 de agosto una sesión de la Comisión Nacional de Garantías para examinar la situación de violencia y vulnerabilidad que viven los representantes de los territorios y que, ya en reiteradas ocasiones, el mismo mandatario ha reconocido como difícil la tarea de protegerlos. Defendamos la Paz se pronunció al respecto.

Aunque el movimiento ciudadano celebra la medida de Duque en favor de la vida de líderes y excombatientes, se permitió recordar que el Acuerdo de Paz con las Farc, firmado hace casi tres años en La Habana, contiene varios mecanismos para implementar rutas claras y eficaces que paren la ola de violencia que acecha al país, ahora más en periodo electoral. 

Entre las propuestas, Defendamos la Paz reiteró el mandato constitucional de fortalecer a las instituciones encargadas de la protección de los más de siete millones de personas que el Gobierno identifica por su labor como líderes políticos, sociales, y comunitarios. Entre ellas, está la Comisión Nacional de Garantías y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. 

Así mismo, y según proponen los textos de la Paz, el movimiento pide poner en práctica el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, como también el Pacto Nacional contra la violencia, para que la sociedad civil y los partidos políticos rechacen conjuntamente estos crímenes. Finalmente, los defensores que hacen parte de dicho movimiento insisten en que el Gobierno está en mora no solo en eso, sino en ejecutar los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y los programas de reincorporación, para construir realmente una paz estable y duradera en vasto territorio colombiano. Finalmente, recordaron la deuda de aprobar las 16 circunscripciones de paz, hundidas en el Congreso pasado. 

(Lea: El pacto contra la violencia que no se ha firmado)

Estos son los ocho mecanismos que Defendamos la Paz destacó para ese cometido:  

1. Se requiere dotar a la Comisión Nacional de Garantías de un Plan de Acción Permanente para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y desarrollar sus funciones encaminadas a impulsar la política pública de seguridad para la paz en el plano nacional, departamental y municipal. No basta con citarla de manera esporádica.

2. El Gobierno está en mora de poner en práctica el decreto 660 de 2018 mediante el cual se creó el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, construido con la participación de organizaciones de la sociedad civil. Este decreto puede ayudar a superar el modelo de protección individual, hacer el tránsito a la protección colectiva y posibilitar la participación de las comunidades en el diseño de los planes de protección.

3. Las mesas de garantías departamentales y municipales constituyen instrumentos que, desde 2013, han mostrado su utilidad para la recepción de denuncias y coordinación de acciones y necesitan ser instaladas o reactivadas.

(Le puede interesar: Defendamos la Paz pide que la oficina para los DD.HH. de la ONU permanezca en Colombia)

4. La pronta ejecución de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y de los programas de reincorporación contribuye a asegurar la presencia integral y permanente de todas las instituciones del Estado requeridas para satisfacer los derechos fundamentales de la población.

5. Es necesario el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para desarticular las  estructuras criminales y las mafias en los territorios, y sobre todo para capturar y sancionar a los autores intelectuales de los asesinatos.

6. La consecución del Pacto Político Nacional constituye una urgencia para excluir definitivamente la violencia de la vida social y política, como lo estipula el punto 3.4.2 del Acuerdo.

7. Invitamos a las candidatas y los candidatos a las alcaldías y gobernaciones a hacer un compromiso público para que, durante sus administraciones, diseñen o fortalezcan políticas públicas de protección para líderes sociales y solicitamos a altos funcionarios, autoridades locales y candidatos el uso de un lenguaje que valore su trabajo en los territorios, evitando todo tipo de estigmatización.

8. Una contribución a la política de protección, que dará voz a líderes sociales en el Congreso de la República, es sancionar el Acto Legislativo que crea las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que fueron aprobadas por el Legislativo en noviembre de 2017, una solicitud para cuyo respaldo nuestro movimiento recoge actualmente un millón de firmas.

Como defensores del Acuerdo de Paz, el movimiento ciudadano solicitó al presidente Duque cumplir con lo pactado entre la extinta guerilla de las Farc y el Estado colombiano. Además, se puso a disposición para lograrlo. “Como cuestión prioritaria, el movimiento Defendamos la Paz está comprometido a trabajar en la protección de la vida de las personas que ejercen liderazgo social y están en el proceso de reincorporación. El fin de los asesinatos no se logrará sin el desmantelamiento de las organizaciones militares en los territorios y eso último debe abocarse  de manera prioritaria en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad”. “Estamos listos para contribuir a su labor”, fue el mensaje.

La consigna de proteger la vida de los líderes sociales y exguerrilleros amenazados generó que cientos de personas, políticos y el Gobierno mismo se unieran a las movilizaciones del pasado 26 de julio, convocadas por los defensores del Acuerdo de Paz. 

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Ante el fuerte llamado de los colombianos sobre este tema, el presidente Iván Duque pidió para el próximo 12 de agosto una sesión de la Comisión Nacional de Garantías para examinar la situación de violencia y vulnerabilidad que viven los representantes de los territorios y que, ya en reiteradas ocasiones, el mismo mandatario ha reconocido como difícil la tarea de protegerlos. Defendamos la Paz se pronunció al respecto.

Aunque el movimiento ciudadano celebra la medida de Duque en favor de la vida de líderes y excombatientes, se permitió recordar que el Acuerdo de Paz con las Farc, firmado hace casi tres años en La Habana, contiene varios mecanismos para implementar rutas claras y eficaces que paren la ola de violencia que acecha al país, ahora más en periodo electoral. 

Entre las propuestas, Defendamos la Paz reiteró el mandato constitucional de fortalecer a las instituciones encargadas de la protección de los más de siete millones de personas que el Gobierno identifica por su labor como líderes políticos, sociales, y comunitarios. Entre ellas, está la Comisión Nacional de Garantías y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. 

Así mismo, y según proponen los textos de la Paz, el movimiento pide poner en práctica el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, como también el Pacto Nacional contra la violencia, para que la sociedad civil y los partidos políticos rechacen conjuntamente estos crímenes. Finalmente, los defensores que hacen parte de dicho movimiento insisten en que el Gobierno está en mora no solo en eso, sino en ejecutar los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y los programas de reincorporación, para construir realmente una paz estable y duradera en vasto territorio colombiano. Finalmente, recordaron la deuda de aprobar las 16 circunscripciones de paz, hundidas en el Congreso pasado. 

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Estos son los ocho mecanismos que Defendamos la Paz destacó para ese cometido:  

1. Se requiere dotar a la Comisión Nacional de Garantías de un Plan de Acción Permanente para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y desarrollar sus funciones encaminadas a impulsar la política pública de seguridad para la paz en el plano nacional, departamental y municipal. No basta con citarla de manera esporádica.

2. El Gobierno está en mora de poner en práctica el decreto 660 de 2018 mediante el cual se creó el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, construido con la participación de organizaciones de la sociedad civil. Este decreto puede ayudar a superar el modelo de protección individual, hacer el tránsito a la protección colectiva y posibilitar la participación de las comunidades en el diseño de los planes de protección.

3. Las mesas de garantías departamentales y municipales constituyen instrumentos que, desde 2013, han mostrado su utilidad para la recepción de denuncias y coordinación de acciones y necesitan ser instaladas o reactivadas.

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4. La pronta ejecución de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y de los programas de reincorporación contribuye a asegurar la presencia integral y permanente de todas las instituciones del Estado requeridas para satisfacer los derechos fundamentales de la población.

5. Es necesario el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para desarticular las  estructuras criminales y las mafias en los territorios, y sobre todo para capturar y sancionar a los autores intelectuales de los asesinatos.

6. La consecución del Pacto Político Nacional constituye una urgencia para excluir definitivamente la violencia de la vida social y política, como lo estipula el punto 3.4.2 del Acuerdo.

7. Invitamos a las candidatas y los candidatos a las alcaldías y gobernaciones a hacer un compromiso público para que, durante sus administraciones, diseñen o fortalezcan políticas públicas de protección para líderes sociales y solicitamos a altos funcionarios, autoridades locales y candidatos el uso de un lenguaje que valore su trabajo en los territorios, evitando todo tipo de estigmatización.

8. Una contribución a la política de protección, que dará voz a líderes sociales en el Congreso de la República, es sancionar el Acto Legislativo que crea las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que fueron aprobadas por el Legislativo en noviembre de 2017, una solicitud para cuyo respaldo nuestro movimiento recoge actualmente un millón de firmas.

Como defensores del Acuerdo de Paz, el movimiento ciudadano solicitó al presidente Duque cumplir con lo pactado entre la extinta guerilla de las Farc y el Estado colombiano. Además, se puso a disposición para lograrlo. “Como cuestión prioritaria, el movimiento Defendamos la Paz está comprometido a trabajar en la protección de la vida de las personas que ejercen liderazgo social y están en el proceso de reincorporación. El fin de los asesinatos no se logrará sin el desmantelamiento de las organizaciones militares en los territorios y eso último debe abocarse  de manera prioritaria en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad”. “Estamos listos para contribuir a su labor”, fue el mensaje.