Las dudas sobre los contratos en el convenio entre la Cámara de Representantes y la UNP

Aunque no pasó a mayores, en la segunda semana de abril hubo tensión entre la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes y la Unidad Nacional de Protección (UNP), luego de que la primera solicitara, por cuenta del brote del nuevo coronavirus y el trabajo virtual que realizan desde sus casas los congresistas, la excepción del pago de los vehículos que estos tienen asignados para su protección. La razón parecía sencilla: si no se están utilizando, ¿por qué gastar esos recursos? La UNP respondió que no era posible, toda vez que la protección debía continuar aún en medio del estado de emergencia y que dicho servicio podía ser considerado como público.

Eso quedó allí. Pero en una revisión apenas natural de los convenios interadministrativos que rigen el servicio de protección salió a relucir una base de datos de contratos relacionados con la mesa técnica encargada de la supervisión del convenio y que tienen como cabeza al jefe de la División de Servicios de la corporación, Rodolfo Alfonso Cetina. Yendo por pasos, esa mesa apoya al funcionario a cumplir con el convenio. Cetina es el delegado de la Cámara en un comité integrado por él y un delegado de la UNP que evalúa y verifica el cumplimiento de lo pactado.

Conozca el convenio interadministrativo entre la Cámar y la UNP de 2019

Lo que llama la atención es que, por ejemplo, del lado de la UNP, además de dicho delegado, hay cuatro personas más que hacen parte del equipo de apoyo; pero por parte de la Cámara, según la base de datos que conoció El Espectador, en 2018 se contrataron al menos 138 personas, a través de la figura de la mesa técnica. En 2019, el número fue un poco más del doble, con al menos 285 contratos. En ese documento figuran comunicadores, abogados, financieros, técnicos en informática, auxiliares o administrativos, y la totalidad tiene por objetivo “acompañamiento calificado”, “técnico” o “servicios profesionales” para “garantizar el cumplimiento (…) del proyecto, mejoramiento a las condiciones de seguridad y protección en los desplazamientos de los representantes a la Cámara”. [Consulte al final del artículo la base de datos de contratación de 2018 y 2019]

Contexto: ¿Por qué no se suspenden los esquemas de seguridad de los representantes durante la pandemia?

Para 2020, por la situación de crisis que ha desatado el COVID-19 en el país, Carolina Carrillo, directora administrativa de la Cámara, asegura que no se ha adelantado ninguna contratación. “No hay suficientes recursos para hacerlo y el Ministerio de Hacienda se ha demorado muchísimo en entregar los recursos a todas las entidades”, comentó la funcionaria. Sin embargo, subrayó la importancia que tiene ese componente para la ejecución de un convenio que, señala, supera los $ 42.000 millones. Hay varias preguntas al respecto, sobre todo porque algunos de quienes figuran en la base de datos tienen la percepción de que la mesa técnica ha funcionado como un “paraguas” para hacer contrataciones que en el papel tienen funciones relacionadas con el convenio pero que, en la práctica, están desligadas cuando se agota el presupuesto para “gastos generales” en la Cámara.

Llama también la atención que en algunos contratos haya funciones específicas disímiles, como que, bajo el objeto de apoyo a la gestión, un contratista tenga que editar declaraciones e imágenes para medios y, a su vez, revisar cuentas de cobro de otros contratistas. La gran mayoría de contratos en 2018 fueron de dos meses; en 2019, el período de una gran parte osciló entre uno y tres meses, y algunos pocos fueron de seis meses.

Las explicaciones

Cetina, jefe de la División de Servicios de la Cámara, explicó que el convenio es para la contratación de por lo menos 307 vehículos para uso de los representantes. Son el doble de los parlamentarios en esa corporación porque, en su mayoría, utilizan uno en Bogotá y otro en sus regiones. En algunos casos, y dependiendo del nivel de riesgo, se asignan más de dos vehículos. Detalla que la mesa técnica del convenio con la UNP debe hacer seguimiento de la parte financiera, técnica, administrativa o legal, de más de 10 obligaciones que tiene la Cámara respecto a lo firmado.

“¿Quién vigila que los 307 vehículos estén en funcionamiento? Si se estrella un carro debemos garantizar uno adicional para dicho parlamentario. Vigilamos que todo esté en orden, hacemos mínimo una llamada semanal para hacer esa verificación, si se le hizo mantenimiento, si se le fundió el motor. Todo es a través de la mesa técnica. No se trata solo de entregar un carro y desentenderse”, dice Cetina. Asegura que la necesidad de contratar la cantidad de personas que figura en la base de datos tiene que ver con las obligaciones y aclara que ese número de contratistas se relaciona con un convenio de un año que supera los $40.000 o $50.000 millones.

“Contratamos desde un bachiller, que nos haga el archivo de todos los procesos, actas y resoluciones, hasta profesionales”, señala el funcionario, y explica que la alta rotación se debe a las necesidades que surjan. “Puede que contratemos a un comunicador para sacar una información, pero luego necesitamos un diseñador. También las contrataciones se hacen para trabajos dentro de un semestre”, anota. Acepta que podría ser alarmante el número de contratos comparados con los de la UNP, pero plantea una discusión: “¿es mejor contratar más carros o contratar más gente? Estamos dando oportunidades laborales, porque si no, pago 400 carros en vez de 307 y no contrato a nadie”.

Otro asunto que genera inquietud es el tipo de información que se puede estar divulgando desde la mesa técnica, si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el Decreto 1066 de 2015, que regula el Sector Administrativo del Interior, “la información relativa a solicitantes y protegidos del Programa de Prevención y Protección, es reservada. Los beneficiarios de las medidas también están obligados a guardar dicha reserva”. Eso incluye a la mesa técnica de este convenio y así lo confirmaron fuentes de la UNP.

“Hay notas que salen en el Noticiero de la Cámara, que las ve todo el país, pero la información sobre algún parlamentario que tenga problemas con su esquema de seguridad, se maneja entre la UNP y yo. Los periodistas difunden si hay capacitaciones para escoltas o los planes estratégicos de seguridad vial, por ejemplo”, explica Cetina. Sobre la variedad de funciones específicas en un mismo contrato, dice: “el objeto es gestión de apoyo, no prestación de servicios profesionales, no dice brindar acompañamiento como comunicador social. Lo que hacemos es echarles una manito. Si alguien estudia comunicación y está en octavo semestre, por ejemplo, lo traemos a que nos ayude con cuentas de cobro o a entregar un carro. Vienen a trabajar”.

Cetina no desconoce que puede llegar gente que no cabe dentro del presupuesto de gastos generales de la Cámara, pero asegura que no certifica ninguna otra tarea que no tenga relación con la mesa técnica. También recalca que todos los recursos son aprobados por Planeación Nacional y vigilados por la Contraloría. Además, advierte que la contratación no la hace directamente desde la División de Servicios, sino que se crea la necesidad y allá llegan los nuevos contratistas. Sostiene que no hay irregularidades, a pesar de las suspicacias que puedan generar las comparaciones y de los comentarios en los pasillos del Capitolio.

Aunque no pasó a mayores, en la segunda semana de abril hubo tensión entre la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes y la Unidad Nacional de Protección (UNP), luego de que la primera solicitara, por cuenta del brote del nuevo coronavirus y el trabajo virtual que realizan desde sus casas los congresistas, la excepción del pago de los vehículos que estos tienen asignados para su protección. La razón parecía sencilla: si no se están utilizando, ¿por qué gastar esos recursos? La UNP respondió que no era posible, toda vez que la protección debía continuar aún en medio del estado de emergencia y que dicho servicio podía ser considerado como público.

Eso quedó allí. Pero en una revisión apenas natural de los convenios interadministrativos que rigen el servicio de protección salió a relucir una base de datos de contratos relacionados con la mesa técnica encargada de la supervisión del convenio y que tienen como cabeza al jefe de la División de Servicios de la corporación, Rodolfo Alfonso Cetina. Yendo por pasos, esa mesa apoya al funcionario a cumplir con el convenio. Cetina es el delegado de la Cámara en un comité integrado por él y un delegado de la UNP que evalúa y verifica el cumplimiento de lo pactado.

Conozca el convenio interadministrativo entre la Cámar y la UNP de 2019

Lo que llama la atención es que, por ejemplo, del lado de la UNP, además de dicho delegado, hay cuatro personas más que hacen parte del equipo de apoyo; pero por parte de la Cámara, según la base de datos que conoció El Espectador, en 2018 se contrataron al menos 138 personas, a través de la figura de la mesa técnica. En 2019, el número fue un poco más del doble, con al menos 285 contratos. En ese documento figuran comunicadores, abogados, financieros, técnicos en informática, auxiliares o administrativos, y la totalidad tiene por objetivo “acompañamiento calificado”, “técnico” o “servicios profesionales” para “garantizar el cumplimiento (…) del proyecto, mejoramiento a las condiciones de seguridad y protección en los desplazamientos de los representantes a la Cámara”. [Consulte al final del artículo la base de datos de contratación de 2018 y 2019]

Contexto: ¿Por qué no se suspenden los esquemas de seguridad de los representantes durante la pandemia?

Para 2020, por la situación de crisis que ha desatado el COVID-19 en el país, Carolina Carrillo, directora administrativa de la Cámara, asegura que no se ha adelantado ninguna contratación. “No hay suficientes recursos para hacerlo y el Ministerio de Hacienda se ha demorado muchísimo en entregar los recursos a todas las entidades”, comentó la funcionaria. Sin embargo, subrayó la importancia que tiene ese componente para la ejecución de un convenio que, señala, supera los $ 42.000 millones. Hay varias preguntas al respecto, sobre todo porque algunos de quienes figuran en la base de datos tienen la percepción de que la mesa técnica ha funcionado como un “paraguas” para hacer contrataciones que en el papel tienen funciones relacionadas con el convenio pero que, en la práctica, están desligadas cuando se agota el presupuesto para “gastos generales” en la Cámara.

Llama también la atención que en algunos contratos haya funciones específicas disímiles, como que, bajo el objeto de apoyo a la gestión, un contratista tenga que editar declaraciones e imágenes para medios y, a su vez, revisar cuentas de cobro de otros contratistas. La gran mayoría de contratos en 2018 fueron de dos meses; en 2019, el período de una gran parte osciló entre uno y tres meses, y algunos pocos fueron de seis meses.

Las explicaciones

Cetina, jefe de la División de Servicios de la Cámara, explicó que el convenio es para la contratación de por lo menos 307 vehículos para uso de los representantes. Son el doble de los parlamentarios en esa corporación porque, en su mayoría, utilizan uno en Bogotá y otro en sus regiones. En algunos casos, y dependiendo del nivel de riesgo, se asignan más de dos vehículos. Detalla que la mesa técnica del convenio con la UNP debe hacer seguimiento de la parte financiera, técnica, administrativa o legal, de más de 10 obligaciones que tiene la Cámara respecto a lo firmado.

“¿Quién vigila que los 307 vehículos estén en funcionamiento? Si se estrella un carro debemos garantizar uno adicional para dicho parlamentario. Vigilamos que todo esté en orden, hacemos mínimo una llamada semanal para hacer esa verificación, si se le hizo mantenimiento, si se le fundió el motor. Todo es a través de la mesa técnica. No se trata solo de entregar un carro y desentenderse”, dice Cetina. Asegura que la necesidad de contratar la cantidad de personas que figura en la base de datos tiene que ver con las obligaciones y aclara que ese número de contratistas se relaciona con un convenio de un año que supera los $40.000 o $50.000 millones.

“Contratamos desde un bachiller, que nos haga el archivo de todos los procesos, actas y resoluciones, hasta profesionales”, señala el funcionario, y explica que la alta rotación se debe a las necesidades que surjan. “Puede que contratemos a un comunicador para sacar una información, pero luego necesitamos un diseñador. También las contrataciones se hacen para trabajos dentro de un semestre”, anota. Acepta que podría ser alarmante el número de contratos comparados con los de la UNP, pero plantea una discusión: “¿es mejor contratar más carros o contratar más gente? Estamos dando oportunidades laborales, porque si no, pago 400 carros en vez de 307 y no contrato a nadie”.

Otro asunto que genera inquietud es el tipo de información que se puede estar divulgando desde la mesa técnica, si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el Decreto 1066 de 2015, que regula el Sector Administrativo del Interior, “la información relativa a solicitantes y protegidos del Programa de Prevención y Protección, es reservada. Los beneficiarios de las medidas también están obligados a guardar dicha reserva”. Eso incluye a la mesa técnica de este convenio y así lo confirmaron fuentes de la UNP.

“Hay notas que salen en el Noticiero de la Cámara, que las ve todo el país, pero la información sobre algún parlamentario que tenga problemas con su esquema de seguridad, se maneja entre la UNP y yo. Los periodistas difunden si hay capacitaciones para escoltas o los planes estratégicos de seguridad vial, por ejemplo”, explica Cetina. Sobre la variedad de funciones específicas en un mismo contrato, dice: “el objeto es gestión de apoyo, no prestación de servicios profesionales, no dice brindar acompañamiento como comunicador social. Lo que hacemos es echarles una manito. Si alguien estudia comunicación y está en octavo semestre, por ejemplo, lo traemos a que nos ayude con cuentas de cobro o a entregar un carro. Vienen a trabajar”.

Cetina no desconoce que puede llegar gente que no cabe dentro del presupuesto de gastos generales de la Cámara, pero asegura que no certifica ninguna otra tarea que no tenga relación con la mesa técnica. También recalca que todos los recursos son aprobados por Planeación Nacional y vigilados por la Contraloría. Además, advierte que la contratación no la hace directamente desde la División de Servicios, sino que se crea la necesidad y allá llegan los nuevos contratistas. Sostiene que no hay irregularidades, a pesar de las suspicacias que puedan generar las comparaciones y de los comentarios en los pasillos del Capitolio.