Las indirectas a López

“General Gómez Méndez, hay congresistas que en el pasado lideraron la destrucción de Emcali. Deberían estar en la cárcel. Y ahora son los mismos que estimulan, tras bambalinas, la violencia de los invasores. Judicialícelos y métalos a la cárcel. Esto es claro ante el pueblo colombiano”. Esa fue la orden que le dio el presidente Álvaro Uribe al comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el sábado pasado durante el consejo comunal en Florida (Valle). Un pronunciamiento que pasó inadvertido frente a la entonces incierta noticia de la muerte de Tirofijo y el sismo que ese día sacudió a gran parte del país.

El Primer Mandatario se refería, sin nombrarlo, al senador del Polo Democrático Alexánder López, quien entre 1997 y 2002 fue presidente del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali –Sintraemcali–, y quien acompaña hoy en día la lucha de las comunidades indígenas del norte del Cauca en sus reclamaciones por el incumplimiento de los acuerdos suscritos sobre la adjudicación de tierras.

Una confrontación que nació desde el mismo momento en que Uribe llegó a la Presidencia, en 2002, y dos días después se fue a la capital vallecaucana a plantear la capitalización de la empresa, es decir, su privatización. López, recién posesionado como representante a la Cámara, asumió en la Comisión Sexta de esa Corporación la oposición a la postura gubernamental, argumentado “la defensa del patrimonio de los caleños y vallecaucanos”. En enero de 2003, la Superintendencia de Servicios Públicos expidió la resolución 141 de intervención de Emcali con fines liquidatorios.

Ese mismo año, el choque entre Uribe y López se agudizó por cuenta de la liquidación de Telecom y una denuncia penal que por prevaricato instauró el congresista contra el Primer Mandatario en la Comisión de Acusaciones. Según López, Uribe no había seguido el proceso legal, ya que primero tenía que haber intervenido la empresa para luego proceder a liquidarla, teniendo en cuenta que Telecom pertenecía al sector de los servicios públicos y había sido creada por una ley de la República.

En agosto de 2004, el enfrentamiento  aumentó con las denuncias de López sobre la llamada “Operación Dragón”. Según reveló, había un plan para asesinarlo a él y a otros líderes sindicales, miembros de ONG y congresistas. La Fiscalía allanó dos inmuebles en Cali y Medellín, el primero del teniente coronel retirado del Ejército Julián Villate Leal, donde fueron encontrados documentos de inteligencia militar con los nombres de personas, números telefónicos y cédulas de miembros de Sintraemcali e información sobre la sede de campaña del congresista.

Villate dijo que los documentos eran de carácter reservado de Emcali y que habían sido entregados por el coronel Huertas, jefe del Departamento de Seguridad de la empresa. Asimismo, reconoció la existencia de otros papeles secretos, elaborados por inteligencia militar y afirmó que el trabajo era de pleno conocimiento y apoyo de las directivas de Emcali, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el DAS, la Policía y el Ministerio del Interior. López denunció penalmente a la superintendente Eva María Uribe, en un proceso que aún continúa.

Efectivamente, desde el 22 de septiembre de 2005, López ha hecho suya la causa de la Univalle. Ese día, en medio de las protestas estudiantiles contra el TLC y la incursión de las autoridades al campus universitario, resultó muerto de un disparo el estudiante del programa de química Johny Silva. La Policía negó su responsabilidad y el presidente Uribe dijo estar de acuerdo con la represión a los “infiltrados terroristas en las universidades públicas”. Pero hace poco la Fiscalía acusó formalmente a la Policía y el caso está pendiente de juicio. López, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ha acompañado las denuncias e hizo parte de una comisión de la verdad conformada para aclarar el crimen de Silva.

En cuanto al tema de los indígenas, bien es sabido que en su campaña al Senado, López recibió el apoyo de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y que durante la concentración indígena en La María, en mayo de 2006, condenó los abusos de las autoridades en las acciones de desalojo. El 2 de noviembre, durante una sesión en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el congresista denunció el asesinato de 500 líderes indígenas en todo el país. El ministro del Interior, Carlos Holguín, estaba invitado a la sesión pero no fue. 

Luego, en 2007, Alexánder López fue protagonista de un fuerte debate por la prórroga de la licitación para el manejo del puerto de Buenaventura, que debe firmarse hoy, que le entrega al sector privado del Valle del Cauca dicha potestad durante los siguientes 20 años. Según el senador del Polo, hay una serie de irregularidades en torno al tema de las tarifas y la situación laboral de los trabajadores del puerto. López insiste en que son los mismos gremios vallecaucanos los que actúan como juez y parte, teniendo en cuenta que son sus principales usuarios y a la vez quieren quedarse con la licitación.

Ya en 2008, la nueva bandera de López ha sido el tema de los biocombustibles. El congresista convocó al Senado a una audiencia pública, el próximo 14 de junio en el municipio de Pradera (Valle), para evaluar el modelo de desarrollo de los cultivos intensivos de caña de azúcar en la región, destinados a la producción de agrocombustibles. La convocatoria propone evaluar los impactos de orden social, ambiental, laboral y económico del cultivo de la caña, vinculados al modelo de producción de agrocombustibles y las políticas públicas del Gobierno en la materia.

Eso, según el mismo Alexánder López, es lo que tiene enfurecido al presidente Uribe. “El Presidente me puso la lápida en la espalda y tengo el temor de que suceda lo que le pasó al alcalde de El Roble, que en un consejo comunal dijo que lo iban a matar y después lo mataron”, señaló el congresista, quien además denunció montajes en su contra y “seguimientos extraños” los últimos días. Lo cierto es que no es la primera vez que en pleno consejo comunal el Primer Mandatario da la orden de detener a alguien. Ya había pasado con el secretario de Gobierno de Buenaventura, en 2006. Pero ahora se trata nada más ni nada menos que de un congresista de la oposición.

El tema pasó ‘de agache’. López se pronunció el martes en el Senado. Algunos analistas creen que el trasfondo es muy delicado, que el Jefe del Estado se está atribuyendo funciones que le competen a otra rama del poder público –la judicial– y que lo que está en entredicho es nada más ni nada menos que el Estado de derecho.

‘Detengan al funcionario indigno’: Uribe

El 26 de octubre de 2006, en medio de un Consejo Comunal, el presidente Álvaro Uribe Vélez tomó el micrófono ofuscado y ordenó públicamente la detención del secretario de Gobierno de la administración de Buenaventura, Adolfo Chipantisa. “Usted es indigno de ejercer sus funciones. Usted visitó hace pocas noches a un alto oficial a pedirle que cambiaran una coca” , le dijo.

Chipantisa quedó sin palabras. Pero ahí no paró la arremetida del Presidente, quien le ordenó al comandante de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina Número Dos, capitán de Navío Héctor Pachón, que expusiera su denuncia. Tras escucharlo, la orden presidencial concluyó así: “Que los jueces dispongan lo que deben disponer, que es capturarlo, porque nosotros tenemos una batalla contra el narcotráfico”. Ese día, miembros de seguridad del Gobierno llevaron a Chipantisa hasta las instalaciones de la Fiscalía.

“General Gómez Méndez, hay congresistas que en el pasado lideraron la destrucción de Emcali. Deberían estar en la cárcel. Y ahora son los mismos que estimulan, tras bambalinas, la violencia de los invasores. Judicialícelos y métalos a la cárcel. Esto es claro ante el pueblo colombiano”. Esa fue la orden que le dio el presidente Álvaro Uribe al comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el sábado pasado durante el consejo comunal en Florida (Valle). Un pronunciamiento que pasó inadvertido frente a la entonces incierta noticia de la muerte de Tirofijo y el sismo que ese día sacudió a gran parte del país.

El Primer Mandatario se refería, sin nombrarlo, al senador del Polo Democrático Alexánder López, quien entre 1997 y 2002 fue presidente del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali –Sintraemcali–, y quien acompaña hoy en día la lucha de las comunidades indígenas del norte del Cauca en sus reclamaciones por el incumplimiento de los acuerdos suscritos sobre la adjudicación de tierras.

Una confrontación que nació desde el mismo momento en que Uribe llegó a la Presidencia, en 2002, y dos días después se fue a la capital vallecaucana a plantear la capitalización de la empresa, es decir, su privatización. López, recién posesionado como representante a la Cámara, asumió en la Comisión Sexta de esa Corporación la oposición a la postura gubernamental, argumentado “la defensa del patrimonio de los caleños y vallecaucanos”. En enero de 2003, la Superintendencia de Servicios Públicos expidió la resolución 141 de intervención de Emcali con fines liquidatorios.

Ese mismo año, el choque entre Uribe y López se agudizó por cuenta de la liquidación de Telecom y una denuncia penal que por prevaricato instauró el congresista contra el Primer Mandatario en la Comisión de Acusaciones. Según López, Uribe no había seguido el proceso legal, ya que primero tenía que haber intervenido la empresa para luego proceder a liquidarla, teniendo en cuenta que Telecom pertenecía al sector de los servicios públicos y había sido creada por una ley de la República.

En agosto de 2004, el enfrentamiento  aumentó con las denuncias de López sobre la llamada “Operación Dragón”. Según reveló, había un plan para asesinarlo a él y a otros líderes sindicales, miembros de ONG y congresistas. La Fiscalía allanó dos inmuebles en Cali y Medellín, el primero del teniente coronel retirado del Ejército Julián Villate Leal, donde fueron encontrados documentos de inteligencia militar con los nombres de personas, números telefónicos y cédulas de miembros de Sintraemcali e información sobre la sede de campaña del congresista.

Villate dijo que los documentos eran de carácter reservado de Emcali y que habían sido entregados por el coronel Huertas, jefe del Departamento de Seguridad de la empresa. Asimismo, reconoció la existencia de otros papeles secretos, elaborados por inteligencia militar y afirmó que el trabajo era de pleno conocimiento y apoyo de las directivas de Emcali, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el DAS, la Policía y el Ministerio del Interior. López denunció penalmente a la superintendente Eva María Uribe, en un proceso que aún continúa.

Efectivamente, desde el 22 de septiembre de 2005, López ha hecho suya la causa de la Univalle. Ese día, en medio de las protestas estudiantiles contra el TLC y la incursión de las autoridades al campus universitario, resultó muerto de un disparo el estudiante del programa de química Johny Silva. La Policía negó su responsabilidad y el presidente Uribe dijo estar de acuerdo con la represión a los “infiltrados terroristas en las universidades públicas”. Pero hace poco la Fiscalía acusó formalmente a la Policía y el caso está pendiente de juicio. López, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ha acompañado las denuncias e hizo parte de una comisión de la verdad conformada para aclarar el crimen de Silva.

En cuanto al tema de los indígenas, bien es sabido que en su campaña al Senado, López recibió el apoyo de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y que durante la concentración indígena en La María, en mayo de 2006, condenó los abusos de las autoridades en las acciones de desalojo. El 2 de noviembre, durante una sesión en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el congresista denunció el asesinato de 500 líderes indígenas en todo el país. El ministro del Interior, Carlos Holguín, estaba invitado a la sesión pero no fue. 

Luego, en 2007, Alexánder López fue protagonista de un fuerte debate por la prórroga de la licitación para el manejo del puerto de Buenaventura, que debe firmarse hoy, que le entrega al sector privado del Valle del Cauca dicha potestad durante los siguientes 20 años. Según el senador del Polo, hay una serie de irregularidades en torno al tema de las tarifas y la situación laboral de los trabajadores del puerto. López insiste en que son los mismos gremios vallecaucanos los que actúan como juez y parte, teniendo en cuenta que son sus principales usuarios y a la vez quieren quedarse con la licitación.

Ya en 2008, la nueva bandera de López ha sido el tema de los biocombustibles. El congresista convocó al Senado a una audiencia pública, el próximo 14 de junio en el municipio de Pradera (Valle), para evaluar el modelo de desarrollo de los cultivos intensivos de caña de azúcar en la región, destinados a la producción de agrocombustibles. La convocatoria propone evaluar los impactos de orden social, ambiental, laboral y económico del cultivo de la caña, vinculados al modelo de producción de agrocombustibles y las políticas públicas del Gobierno en la materia.

Eso, según el mismo Alexánder López, es lo que tiene enfurecido al presidente Uribe. “El Presidente me puso la lápida en la espalda y tengo el temor de que suceda lo que le pasó al alcalde de El Roble, que en un consejo comunal dijo que lo iban a matar y después lo mataron”, señaló el congresista, quien además denunció montajes en su contra y “seguimientos extraños” los últimos días. Lo cierto es que no es la primera vez que en pleno consejo comunal el Primer Mandatario da la orden de detener a alguien. Ya había pasado con el secretario de Gobierno de Buenaventura, en 2006. Pero ahora se trata nada más ni nada menos que de un congresista de la oposición.

El tema pasó ‘de agache’. López se pronunció el martes en el Senado. Algunos analistas creen que el trasfondo es muy delicado, que el Jefe del Estado se está atribuyendo funciones que le competen a otra rama del poder público –la judicial– y que lo que está en entredicho es nada más ni nada menos que el Estado de derecho.

‘Detengan al funcionario indigno’: Uribe

El 26 de octubre de 2006, en medio de un Consejo Comunal, el presidente Álvaro Uribe Vélez tomó el micrófono ofuscado y ordenó públicamente la detención del secretario de Gobierno de la administración de Buenaventura, Adolfo Chipantisa. “Usted es indigno de ejercer sus funciones. Usted visitó hace pocas noches a un alto oficial a pedirle que cambiaran una coca” , le dijo.

Chipantisa quedó sin palabras. Pero ahí no paró la arremetida del Presidente, quien le ordenó al comandante de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina Número Dos, capitán de Navío Héctor Pachón, que expusiera su denuncia. Tras escucharlo, la orden presidencial concluyó así: “Que los jueces dispongan lo que deben disponer, que es capturarlo, porque nosotros tenemos una batalla contra el narcotráfico”. Ese día, miembros de seguridad del Gobierno llevaron a Chipantisa hasta las instalaciones de la Fiscalía.