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Ante el hueco fiscal, que llevó a radicar una reforma tributaria, la propuesta del partido de Gobierno pasa por la austeridad. En línea con este planteamiento, miembros del Centro Democrático radicaron dos propuestas con la que buscan ajustar el cinturón de los congresistas al disminuirles los equipos de trabajo.
Por ley, las unidades de trabajo legislativo (UTL) deben estar conformadas por máximo 10 empleados y/o contratistas y el valor del sueldo de toda esa planta no puede superar los 50 salarios mínimos legales mensuales. Pero en este momento hay dos proyectos, uno del representante Gabriel Santos y otro del senador Ernesto Macías, que buscan reducir este monto y por ende reducir las UTL de los congresistas.
Ambas propuestas, independientes entre sí, plantean que se establezca como tope máximo para todos los sueldos 30 salarios mínimos legales mensuales. Esto indudablemente implica una reducción de los equipos, pues ambos proyectos mantienen la escala salaria actual, que va desde los $2′633.409 (asistente I) hasta los $13′167.045 (asesor VIII).
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Según comentó el representante Santos, aunque las UTL son necesarias para la labor del congresista, resulta desproporcionado el monto destinados a esta pues anualmente se gasta $ 147.470.904.000 para mantenerlas. Además, señaló que no corresponden con la realidad colombiana cuando el 63,8% de colombianos no ganan más de un mínimo y apenas el 11,4% de la población gana más dos salarios mínimos.
Santos le comentó a este diario que su intención inicial, que incluso propuso en campaña, apuntó a que las UTL no fuera por congresista sino por grupo parlamentario, como ocurre en España. Sin embargo, después de trabajar la propuesta por más de un año, se encontró que la iniciativa más viable pasaba por reducir el monto destinado para los equipos de trabajo de cada congresista.
En un sentido muy similar, los argumentos en el proyecto del senador Macías apuntan a que se necesita ahorrar y que parte de estos recursos recortados deben ser de las UTL. Además, señaló que en ningún momento se afectaría la eficiencia del trabajo de los congresistas, pues “se mantiene la facultad de vincular a la actividad personas capaces de apoyarlos en sus múltiples labores políticas, legislativas y técnicas”.
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Esta última iniciativa no solo contempla la reducción en los recursos destinados a los equipos de los congresistas. De igual manera busca establecer que la contratación por prestación de servicio que haga Cámara y Senado no pueda superar el 30% de la de planta. Esto debido a que por la ley quinta la planta del Congreso no puede superar los 700 cargos pero actualmente se usa la contratación por prestación de servicio para superar estos topes.
Además de estos puntos, la propuesta del senador Ernesto Macías también busca ajustarle el cinturón al Congreso prohibiendo los planes de celulares pagados con el erario. “Por ningún motivo, el Senado o la Cámara destinarán recursos del presupuesto de gastos para el pago de líneas de celular de los congresistas”, sería la adición a la ley quinta con la que el proyecto busca reducir gastos, pues, según la justificación del proyecto, solo en Cámara se gastan poco menos de $27 millones para cubrir este rubro.