Las muchas lecciones del Plan Colombia

El presidente Juan Manuel Santos viaja hoy a Washington para conmemorar el jueves, junto al presidente Barack Obama, los 15 años del Plan Colombia. Una estrategia que le ha otorgado al país aproximadamente US$9.940 millones en apoyos. De éstos, cerca del 71% ha beneficiado a las Fuerzas Armadas y la Policía. El restante 29% apoyó proyectos productivos en el campo, atención a la población desplazada, fortalecimiento de unidades de la Fiscalía y del sistema de justicia, reintegración de excombatientes, y las unidades de víctimas y de restitución de tierras.

Después de tres lustros, la estrategia ha logrado avances importantes. Pero todavía no se puede hablar de una misión cumplida, y en el transcurso del programa se cometieron errores que jamás deben repetirse. Un acuerdo de paz es el próximo paso obvio, y para seguir adelante es clave revisar, con mirada fría, lo que sucedió.

“Para 2014, la capacidad de las Farc se había degradado en 68% desde su punto más alto en 2002”, informa un artículo reciente del analista y estratega militar del Pentágono, Agustín Domínguez. Reducir el tamaño de un grupo armado en dos terceras partes en 15 años es un avance importante y hoy la ausencia guerrillera de los alrededores de las ciudades y las carreteras principales del país ha brindado tranquilidad a millones de habitantes. Sin embargo, quedan poco más de 7.000 combatientes y las Farc siguen siendo una de las guerrillas más grandes y ricas de la historia de América Latina.

El número de homicidios en el país cayó de 28.837 en 2002 a 12.673 en 2015. Los secuestros cayeron de 2.882 en 2002 a 210 en 2015, y el desplazamiento forzado de 711.000 a 76.000. Todas estas cifras son impresionantes, algo para celebrar, pero hay mucho camino por recorrer. Las tasas nacionales de homicidio y desplazamiento siguen dentro de las 10 o 20 más altas del mundo. Ha aumentado la extorsión (de 2.083 casos en 2002 a 5.304 en 2015) y se ha disparado el fenómeno de la minería ilegal. Esto indica que la delincuencia organizada y los grupos armados, aunque de manera menos violenta por el momento, siguen actuando con demasiada libertad.

En cuanto a la producción de cocaína, el panorama es complicado. Ahora hay menos coca: los cultivos cayeron de 170.000 hectáreas en 2001 a 112.000 en 2014, según las estimaciones del gobierno estadounidense. Aun así, Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína.

De hecho, desde el inicio del Plan Colombia, la trayectoria de la producción ha asumido la forma de la letra W. Al inicio cayó fuertemente con la escalada de la fumigación, pero los cultivadores se adaptaron a la aspersión y para 2007 recuperó sus niveles anteriores. Después se intensificó la erradicación manual y los cultivos volvieron a caer. Pero desde 2013 se redujeron todas las formas de erradicación, sin ningún incremento importante de la gobernabilidad en las zonas cocaleras. Como resultado de ello, la producción está actualmente de nuevo en aumento.

Mientras tanto, no debemos hablar del “éxito” del Plan Colombia sin hacer un reconocimiento a las víctimas que sufrieron los errores que cometieron las Fuerzas Armadas, que tanto fueron fortalecidas por éste y por la política de Seguridad Democrática. Su inacción (y a veces su apoyo activo) ante la arremetida paramilitar contra la población civil, que cobró varios miles de vidas en los años iniciales de la iniciativa, sólo llegó a su fin con la desmovilización de las autodefensas, o, mejor dicho, se convirtió en un problema menor de algunas alianzas corruptas con las llamadas bacrim a nivel local.

Y como han documentado monitores independientes de las elecciones de octubre pasado, la oscura alianza mafias-terratenientes-política sigue siendo potente en muchas regiones, siendo capaz de frenar la restitución de tierras y de aterrorizar a los defensores de derechos humanos. Y esto sin hablar de las más de 3.000 víctimas de “falsos positivos”, los activistas asesinados por el DAS y los cientos de personas ilegalmente chuzadas, seguidas e intimidadas por esa misma agencia.

Durante los 14 años de guerra después de 2001, murieron en combate 25.176 personas y probablemente un número similar de civiles no combatientes. ¿Hubiera podido lograr los mismos (o mejores) resultados otra estrategia menos inclinada hacia la mano dura? ¿No habría sido mejor una estrategia que, por supuesto con un componente importante de seguridad, hubiese buscado establecer en zonas históricamente abandonadas una firme presencia de toda la institucionalidad del Estado?

Es importante reconocer que durante los últimos años ha habido un mayor reconocimiento de que los problemas complejos de la gobernabilidad no se resuelven con balas y batallones. Con apoyo de un gobierno estadounidense que gradualmente enfatiza más el fortalecimiento institucional, el Plan Nacional de Consolidación Territorial y otros esfuerzos deben buscar cimentar los avances, fortaleciendo las capacidades estatales.

Por eso es tan importante ahora un acuerdo de paz con las Farc, y pronto con el Eln. Quitar a las guerrillas del escenario como factor de violencia y convertir a sus miembros en un factor de participación política es un paso clave para la construcción de un Estado que apoya la producción y la buena gobernabilidad de la mano con la sociedad civil, de un sistema de justicia fortalecido en las regiones y de un plan de seguridad que proteja a las poblaciones con un enfoque en desmantelar el paramilitarismo y el crimen organizado.

En las zonas donde siguen operando los grupos violentos y las mafias, y donde florece la coca, construir la buena gobernabilidad en el posconflicto es imprescindible. Pero hacerlo rinde resultados de manera lenta, y es caro. Las necesidades serán muy grandes en los próximos años, en un momento en que el 3% del PIB que contribuía el petróleo al presupuesto nacional se ha desvanecido.

Aunque Colombia tendrá que llevar el grueso del costo, hoy se va a necesitar un “plan” nuevo y final, con un aporte generoso de donantes internacionales actuando en coordinación. En la construcción de éste, que tiene que hacerse de manera muy rápida, es de suma importancia entender bien lo que contribuyó a los éxitos de los últimos 15 años, el porqué de los resultados menos alentadores y cómo garantizar que nunca se repitan los errores que tanto costo humano trajeron.

* Coordinador principal para políticas de seguridad regional, Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

El presidente Juan Manuel Santos viaja hoy a Washington para conmemorar el jueves, junto al presidente Barack Obama, los 15 años del Plan Colombia. Una estrategia que le ha otorgado al país aproximadamente US$9.940 millones en apoyos. De éstos, cerca del 71% ha beneficiado a las Fuerzas Armadas y la Policía. El restante 29% apoyó proyectos productivos en el campo, atención a la población desplazada, fortalecimiento de unidades de la Fiscalía y del sistema de justicia, reintegración de excombatientes, y las unidades de víctimas y de restitución de tierras.

Después de tres lustros, la estrategia ha logrado avances importantes. Pero todavía no se puede hablar de una misión cumplida, y en el transcurso del programa se cometieron errores que jamás deben repetirse. Un acuerdo de paz es el próximo paso obvio, y para seguir adelante es clave revisar, con mirada fría, lo que sucedió.

“Para 2014, la capacidad de las Farc se había degradado en 68% desde su punto más alto en 2002”, informa un artículo reciente del analista y estratega militar del Pentágono, Agustín Domínguez. Reducir el tamaño de un grupo armado en dos terceras partes en 15 años es un avance importante y hoy la ausencia guerrillera de los alrededores de las ciudades y las carreteras principales del país ha brindado tranquilidad a millones de habitantes. Sin embargo, quedan poco más de 7.000 combatientes y las Farc siguen siendo una de las guerrillas más grandes y ricas de la historia de América Latina.

El número de homicidios en el país cayó de 28.837 en 2002 a 12.673 en 2015. Los secuestros cayeron de 2.882 en 2002 a 210 en 2015, y el desplazamiento forzado de 711.000 a 76.000. Todas estas cifras son impresionantes, algo para celebrar, pero hay mucho camino por recorrer. Las tasas nacionales de homicidio y desplazamiento siguen dentro de las 10 o 20 más altas del mundo. Ha aumentado la extorsión (de 2.083 casos en 2002 a 5.304 en 2015) y se ha disparado el fenómeno de la minería ilegal. Esto indica que la delincuencia organizada y los grupos armados, aunque de manera menos violenta por el momento, siguen actuando con demasiada libertad.

En cuanto a la producción de cocaína, el panorama es complicado. Ahora hay menos coca: los cultivos cayeron de 170.000 hectáreas en 2001 a 112.000 en 2014, según las estimaciones del gobierno estadounidense. Aun así, Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína.

De hecho, desde el inicio del Plan Colombia, la trayectoria de la producción ha asumido la forma de la letra W. Al inicio cayó fuertemente con la escalada de la fumigación, pero los cultivadores se adaptaron a la aspersión y para 2007 recuperó sus niveles anteriores. Después se intensificó la erradicación manual y los cultivos volvieron a caer. Pero desde 2013 se redujeron todas las formas de erradicación, sin ningún incremento importante de la gobernabilidad en las zonas cocaleras. Como resultado de ello, la producción está actualmente de nuevo en aumento.

Mientras tanto, no debemos hablar del “éxito” del Plan Colombia sin hacer un reconocimiento a las víctimas que sufrieron los errores que cometieron las Fuerzas Armadas, que tanto fueron fortalecidas por éste y por la política de Seguridad Democrática. Su inacción (y a veces su apoyo activo) ante la arremetida paramilitar contra la población civil, que cobró varios miles de vidas en los años iniciales de la iniciativa, sólo llegó a su fin con la desmovilización de las autodefensas, o, mejor dicho, se convirtió en un problema menor de algunas alianzas corruptas con las llamadas bacrim a nivel local.

Y como han documentado monitores independientes de las elecciones de octubre pasado, la oscura alianza mafias-terratenientes-política sigue siendo potente en muchas regiones, siendo capaz de frenar la restitución de tierras y de aterrorizar a los defensores de derechos humanos. Y esto sin hablar de las más de 3.000 víctimas de “falsos positivos”, los activistas asesinados por el DAS y los cientos de personas ilegalmente chuzadas, seguidas e intimidadas por esa misma agencia.

Durante los 14 años de guerra después de 2001, murieron en combate 25.176 personas y probablemente un número similar de civiles no combatientes. ¿Hubiera podido lograr los mismos (o mejores) resultados otra estrategia menos inclinada hacia la mano dura? ¿No habría sido mejor una estrategia que, por supuesto con un componente importante de seguridad, hubiese buscado establecer en zonas históricamente abandonadas una firme presencia de toda la institucionalidad del Estado?

Es importante reconocer que durante los últimos años ha habido un mayor reconocimiento de que los problemas complejos de la gobernabilidad no se resuelven con balas y batallones. Con apoyo de un gobierno estadounidense que gradualmente enfatiza más el fortalecimiento institucional, el Plan Nacional de Consolidación Territorial y otros esfuerzos deben buscar cimentar los avances, fortaleciendo las capacidades estatales.

Por eso es tan importante ahora un acuerdo de paz con las Farc, y pronto con el Eln. Quitar a las guerrillas del escenario como factor de violencia y convertir a sus miembros en un factor de participación política es un paso clave para la construcción de un Estado que apoya la producción y la buena gobernabilidad de la mano con la sociedad civil, de un sistema de justicia fortalecido en las regiones y de un plan de seguridad que proteja a las poblaciones con un enfoque en desmantelar el paramilitarismo y el crimen organizado.

En las zonas donde siguen operando los grupos violentos y las mafias, y donde florece la coca, construir la buena gobernabilidad en el posconflicto es imprescindible. Pero hacerlo rinde resultados de manera lenta, y es caro. Las necesidades serán muy grandes en los próximos años, en un momento en que el 3% del PIB que contribuía el petróleo al presupuesto nacional se ha desvanecido.

Aunque Colombia tendrá que llevar el grueso del costo, hoy se va a necesitar un “plan” nuevo y final, con un aporte generoso de donantes internacionales actuando en coordinación. En la construcción de éste, que tiene que hacerse de manera muy rápida, es de suma importancia entender bien lo que contribuyó a los éxitos de los últimos 15 años, el porqué de los resultados menos alentadores y cómo garantizar que nunca se repitan los errores que tanto costo humano trajeron.

* Coordinador principal para políticas de seguridad regional, Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA).